CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN IMPEDIDOS PARA REVISAR LA REGULARIDAD DE LOS ACUERDOS QUE EXPIDE Y, POR TANTO, DEBEN OBSERVAR LOS QUE AUTORIZAN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 467/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO, EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 2 DE JUNIO DE 2014. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: YAREMY PATRICIA PENAGOS RUIZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dos de junio de dos mil catorce.
VISTOS; Y, RESULTANDO:
PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Por oficio número **********, de cuatro de octubre de dos mil doce, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el ocho de octubre siguiente, el subprocurador fiscal federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de reclamación **********, y los diversos sostenidos por el Séptimo y el Octavo Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, al fallar los recursos de revisión ********** y ********** (expedientes principales ********** y **********) respectivamente, y por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al decidir el recurso de revisión **********.
SEGUNDO. Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de once de octubre de dos mil doce, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis con el número 467/2012 y, a fin de integrar el expediente, en el propio auto solicitó a los presidentes de los Tribunales Colegiados antes detallados, que informaran si **********, subprocurador fiscal federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene reconocida su personalidad en el recurso de reclamación ********** y en los recursos de revisión ********** (expediente auxiliar **********); ********** y ********** (expediente auxiliar **********) de sus índices, respectivamente; asimismo, para que remitieran copias certificadas de las ejecutorias relativas, así como el envío electrónico de dichas sentencias.
TERCERO. Integración del asunto. Mediante proveído de treinta y uno de octubre de dos mil doce, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por cumplimentados los requerimientos detallados en el resultando que antecede, por lo que admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis de que se trata; asimismo, solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados antes detallados, copias certificadas de las ejecutorias mencionadas y ordenó turnar los autos a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para la formulación del proyecto de resolución correspondiente y enviarlos a la Sala a la que se encuentra adscrita, a fin de que su presidente dictara el acuerdo de radicación respectivo y, por último, ordenó dar vista a la entonces procuradora general de la República para que en el plazo de treinta días, si lo consideraba pertinente, emitiera el pedimento correspondiente.
CUARTO. Radicación del asunto en la Segunda Sala. Mediante proveído de doce de noviembre de dos mil doce, el Ministro presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el avocamiento de dicha Sala respecto del presente asunto; asimismo, requirió a los presidentes de los Tribunales Colegiados contendientes, para que remitieran copias certificadas de los escritos de expresión de agravios que dieron origen a las ejecutorias antes detalladas, y mediante autos de veintidós y veintisiete de noviembre de dos mil doce, se tuvieron por cumplimentados los requerimientos mencionados.
QUINTO. Opinión de la Procuraduría General de la República. El agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló pedimento, mediante oficio número **********, en el sentido de declarar existente la contradicción de tesis planteada. Sosteniendo que debe prevalecer el criterio referente a que la autoridad sí está facultada para promover un recurso de revisión vía electrónica con firma FESE (Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes), de conformidad con los Acuerdos Generales 21/2007 y 43/2008, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
SEXTO. Sesión de la Segunda Sala. En sesión de seis de febrero de dos mil trece, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, por unanimidad de votos, que el asunto fuera remitido al Tribunal Pleno para su resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100, párrafo octavo y 107, fracción XIII, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que el tema sobre el que versa la posible contradicción de criterios denunciada implica analizar la validez de dos acuerdos generales emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y, constitucionalmente, la facultad para revisar dichos acuerdos generales corresponde ejercerla exclusivamente al Pleno de este Alto Tribunal.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que se hizo valer por **********, en su carácter de subprocurador fiscal federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien actuó en representación del presidente de la República, esta última autoridad señalada como responsable en los asuntos de donde derivan los criterios participantes en este asunto; de ahí que es patente que quien promueve tiene legitimación para actuar en el mencionado sentido, según lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece:
"Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas:
"...
"II. Las contradicciones a las que se refiere la fracción II del artículo anterior podrán ser denunciadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los Ministros, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el procurador general de la República, los Jueces de Distrito, o las partes en los asuntos que los motivaron."
Máxime que el subprocurador fiscal federal de Amparos se encuentra autorizado para suplir al secretario de Hacienda y Crédito Público, y esta última para actuar en representación del presidente de la República, en términos de lo dispuesto por los artículos 14 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 105, primer párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que establecen:
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
"Artículo 14. Al frente de cada secretaría habrá un secretario de Estado, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los subsecretarios, oficial mayor, directores, subdirectores, jefes y subjefes de departamento, oficina, sección y mesa, y por los demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales.
"En los juicios de amparo, el presidente de la República podrá ser representado por el titular de la dependencia a que corresponde el asunto, según la distribución de competencias. Los recursos administrativos promovidos contra actos de los secretarios de Estado serán resueltos dentro del ámbito de su secretaría en los términos de los ordenamientos legales aplicables."
"Artículo 18. En el reglamento interior de cada una de las secretarías de Estado que será expedido por el presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias."
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
"Artículo 105. El secretario de Hacienda y Crédito Público será suplido en sus ausencias por los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos; por el oficial mayor; por el procurador fiscal de la Federación; por el subprocurador fiscal federal de Amparos; por el subprocurador fiscal federal de Legislación y Consulta; por el subprocurador fiscal federal de Asuntos Financieros; por el subprocurador fiscal federal de Investigaciones o por el jefe de la unidad de coordinación con entidades federativas, en el orden indicado."
TERCERO. Posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito. Como cuestión previa y con el propósito de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester destacar las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al emitir las ejecutorias respectivas.
• El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en sesión de veinticuatro de mayo de dos mil doce, resolvió por mayoría de votos, el recurso de reclamación **********, interpuesto por el subprocurador fiscal federal de Amparos, en representación del presidente de la República y otras autoridades.
De dicha ejecutoria se advierte que los antecedentes en el juicio de origen fueron los siguientes:
A) El Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, -en auxilio de las labores del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey-, emitió sentencia el catorce de diciembre de dos mil nueve, por el cual, resolvió el juicio de amparo **********, sobreseyendo en el juicio, en otra parte, negó el amparo y, en una más, concedió el amparo a la parte quejosa, en contra del Decreto por el que se expidió la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete.
B) Dicha sentencia, se notificó a las autoridades responsables, a través del sistema de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE, folio 162 del presente toca).
C) Inconformes con dicha resolución, el director general de Asuntos Jurídicos Administrativos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; el subprocurador fiscal federal de Amparos, en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, por sí y en representación del presidente de la República, y el director general de Asuntos Jurídicos, en su carácter de representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente, interpusieron sendos recursos de revisión, los cuales fueron presentados de manera digitalizada, en términos del numeral séptimo del Acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y el punto segundo bis, del Acuerdo General 15/2008 del citado órgano colegiado (excepto el escrito de expresión de agravios interpuesto por la Cámara de Senadores).
D) De dichos recursos conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, cuyo Magistrado presidente, por acuerdo de dos de marzo de dos mil once, ordenó registrarlo con el número de toca ********** y, por una parte, admitió el recurso de revisión interpuesto por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y, por otra, desechó por improcedentes los recursos de revisión interpuestos por el director general de Asuntos Jurídicos, en su carácter de representante de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y por el subprocurador fiscal federal de Amparos, en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público por sí y en representación del presidente de la República, en virtud de que carecían de firma autógrafa, al haber sido enviados vía electrónica, en contravención a lo dispuesto por los artículos 3o., 86 y 88 de la Ley de Amparo, que disponen que todas las promociones deberán hacerse por escrito y que los recursos de revisión deberán presentarse de esa misma forma, por conducto del Juez de Distrito o de la autoridad que conozca del juicio.
E) En contra de lo anterior, el subprocurador fiscal federal de Amparos, en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público y en representación del presidente de la República y de otras autoridades, interpuso recurso de reclamación.
El Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento declaró infundado el recurso de reclamación que hizo valer la autoridad, al estimar, en la parte que interesa, lo siguiente:
"SEXTO. Los agravios propuestos por la autoridad recurrente son infundados y otros inoperantes, con base en la siguiente argumentación fáctica y jurídica:
"En efecto, se estima que el acuerdo que desechó los recursos de revisión presentados vía electrónica, se encuentra ajustado a derecho, ya que se estableció que carecían de la firma autógrafa de las autoridades recurrentes, en contravención de lo dispuesto por los artículos 3o., 86 y 88 de la Ley de Amparo, que establecen que los recursos de revisión deben interponerse por escrito, por conducto del Juez de Distrito y que con el escrito de agravios, el recurrente debe exhibir una copia de él para el expediente y una para cada una de las otras partes.
"Para dar sustento a la premisa anterior, es conveniente traer a cuenta los artículos 3o., 86 y 88 de la Ley de Amparo, así como los Acuerdos Generales 21/2007 y 43/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el medio de difusión oficial el siete de junio de dos mil siete y once de septiembre de dos mil ocho. (se transcribe)
"...
"Ahora bien, de la interpretación armónica y sistemática de las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo, en correlación con los Acuerdos Generales 21/2007 y 43/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que el procedimiento contenido en cuanto al trámite del recurso de revisión va más allá de la voluntad del legislador, ya que existe una contravención evidente entre lo que establece la ley y los aludidos acuerdos.
"Lo anterior, porque si bien los aludidos acuerdos no suprimen la obligación de que los documentos lleven firma de quien promueve, lo cierto es que implementa un aspecto que no se encuentra contemplado en la Ley de Amparo, como lo es la promoción de un recurso de revisión mediante vía electrónica e, incluso, que la firma autógrafa se sustituya de igual manera electrónicamente, dejando en desuso la diversa disposición de que se aportaren las copias para cada una de las partes; supuestos jurídicos que, como se vio, no se encuentran contemplados en la ley reglamentaria.
"En el caso, la litis se constriñe a analizar la aplicabilidad o validez de los Acuerdos Generales 21/2007 y 43/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en ese análisis debe atenderse que la tarea de vigilancia que atañe al Consejo de la Judicatura Federal no comprende funciones jurisdiccionales y, por consiguiente, no debe establecer procedimientos para el trámite de los recursos en el juicio de amparo, dada la naturaleza jurisdiccional de éstos.
"...
"Así, al contener los Acuerdos Generales 21/2007 y 43/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, disposiciones contrarias a las que se establecen en los artículos 3o., 86 y 88 de la Ley de Amparo para la promoción de los recursos de revisión, corresponde al Tribunal Colegiado analizar la validez de tales acuerdos, pues ante su discrepancia con la ley, no resultan obligatorios sólo por haberse emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del que se reconoce superioridad en el orden administrativo.
"...
"Al respecto, cabe señalar que no se está en desacuerdo con el avance tecnológico y que por dicho motivo el Consejo de la Judicatura Federal se preocupe, que ante situaciones extraordinarias, como lo son la presentación de gran cantidad de recursos, trate de dar cierta atención especial, prioridad, si es el caso, y expeditez, empero, dichos acuerdos no deben alterar el procedimiento establecido en la Ley de Amparo, ya que, con ello, dicho órgano administrativo asume funciones de orden legislativo que no le corresponden y, peor aún, jurisdiccional.
"Cierto, en el acuerdo de desechamiento se hizo referencia a que el Acuerdo General 21/2007 se refería a la promoción dentro del incidente, pero no a la presentación de recursos, además de que en el Acuerdo General 43/2008 se hace referencia a que éste sí lo permite; empero, se insiste en que no se supera el argumento fundamental hecho valer en el acuerdo desechatorio, consistente en que el recurso debe presentarse directamente ante el Juez de Distrito, por escrito, debidamente firmado, con las copias para todas las partes ... los Acuerdos Generales 21/2007 y 43/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sí van más allá de la voluntad del legislador, pues establecen el uso de la firma electrónica y permiten que los recursos de revisión se interpongan de esta manera, en contravención a lo dispuesto en los artículos 3o., 86 y 88, todos de la Ley de Amparo, conforme a los cuales, en los juicios de amparo el recurso de revisión se interpondrá por escrito en el que se expresen los agravios que le cause la resolución impugnada; por conducto del Juez de Distrito, y ‘el recurrente deberá exhibir una copia de él para el expediente y una para cada una de las otras partes’.
"Dice el precepto: (se transcribe).
"En cuanto al primer requisito, consistente en que el escrito de agravios se presente por escrito, como se destacó en el auto impugnado, la firma autógrafa constituye una formalidad que debe darse a todo acto jurídico que debe constar por escrito. Ello, en razón de que la expresión clara de la voluntad, por parte de quien lo suscribe, se expresa a través de la firma autógrafa y en términos de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de garantías se sustanciará y decidirá con arreglo a las formas y procedimientos que se determinan en la propia ley.
"Aunado a lo anterior, el artículo 3o. de la Ley de Amparo claramente prevé que todas las promociones tendrán que presentarse por escrito y el diverso 87 de la citada legislación indica que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se reclama, por tanto, era indispensable la expresión de desacuerdo de la autoridad mediante la presentación por escrito de su recurso, conteniendo firma autógrafa como expresión de voluntad, al estar en desacuerdo con la resolución constitucional.
"En relación con el segundo requisito, consistente en que el escrito de agravios se presente por conducto del Juez de Distrito, debe atenderse que conforme al artículo 277 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2o. de la Ley de Amparo, los interesados pueden presentar una copia más de sus escritos, para que se les devuelva firmada y sellada por el secretario, con anotación de la hora y fecha de presentación, lo que, en el caso, no aconteció, porque el escrito de agravios se presentó vía electrónica y no por escrito y por conducto del Juez de Distrito.
"En los acuerdos generales que se invocan se desatiende que conforme al artículo 88, tercer párrafo, de la Ley de Amparo ‘el recurrente deberá exhibir una copia de él para el expediente y una para cada una de las otras partes’, requisito que no se cumplió, al presentar el escrito de agravios vía electrónica.
"...
"Por tanto, es evidente que el contenido de los acuerdos generales aludidos no complementan las disposiciones legales invocadas, pues por las razones expuestas, es evidente que no solamente van más allá de lo establecido en ellas, sino que las contrarían.
"...
"Bien, como se sostiene en el acuerdo impugnado, los recursos de revisión deben interponerse de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3o., 86 y 88 de la Ley de Amparo, por escrito ante el Juzgado de Distrito y un hecho insoslayable lo constituye que el recurso de revisión no cumplió con tales requisitos indispensables para tenerlo por interpuesto, ya que no se hizo llegar por escrito y, al remitirse por vía electrónica, no se acompañaron las copias para cada una de las partes contendientes en el juicio de garantías, como lo exige el artículo 88 de la Ley de Amparo.
"Se reitera que se está de acuerdo con el avance tecnológico para implementar éste y mejores métodos para expeditar los procedimientos; sin embargo, mientras el legislador no modifique la ley, no puede hacerse mediante acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, ya que no pueden incorporarse a la ley circunstancias que so pretexto de una mejor impartición de justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal, crear figuras que no se encuentran previstas específicamente en la Ley de Amparo, máxime si con ello se deja de atender el ordenamiento aplicable, como es, en el caso de que no se remiten las copias suficientes para correr traslado a las demás partes.
"...
"En esos términos, las reglas respecto a la promoción de los recursos que impone el Consejo de la Judicatura Federal conlleva una actuación radicalmente distinta al contenido de los artículos 3o., 86 y 88 de la Ley de Amparo, que establecen de manera categórica que en los juicios de amparo el recurso de revisión se interpondrá por escrito en el que se expresen los agravios que le cause la resolución impugnada; por conducto del Juez de Distrito; del mismo modo ‘el recurrente deberá exhibir una copia de él para el expediente y una para cada una de las otras partes. ...’
"...
"Por tanto, aun cuando en el Acuerdo 43/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula, entre otras cuestiones vinculadas con el ejercicio propio de la función jurisdiccional de los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, se invocó como fundamento para su emisión el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que dicho acuerdo no hace alusión alguna a que, conforme a la ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya solicitado al Consejo de la Judicatura Federal, regulara lo atinente a la oportunidad de presentar recursos de revisión por medios electrónicos, a través del uso de la firma electrónica, sin atender a lo dispuesto en los artículos 3o., 86 y 88 de la Ley de Amparo, que regulan la forma en que debe interponerse tal recurso.
"...
"Finalmente, es en una parte infundado y en otra más inoperante el agravio tercero.
"Lo anterior, porque adversamente a lo que se sostiene, no se hace nugatorio el acceso a un medio de defensa, ni se crea incertidumbre en cuanto a su tramitación, porque la legislación de amparo es muy clara en cuanto a la interposición del recurso de revisión, como se observa de lo dispuesto en los artículos 3o., 86 y 88, y si bien se emitieron acuerdos generales por el Consejo de la Judicatura Federal en los que se destaca el procedimiento del recurso por vía electrónica, lo cierto es que, como ya se vio, éstos van más allá de lo previsto por la Ley de Amparo, porque para la presentación del medio de defensa por vía electrónica no existe disposición expresa en la ley reglamentaria.
"...
"ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de reclamación."
De dicha ejecutoria derivó la tesis aislada IV.1o.A.16 A (10a.), consultable en el Libro XI, Tomo 2, del mes de agosto de dos mil doce, materia constitucional, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1595, que establece:
"ACUERDOS GENERALES 21/2007 Y 43/2008, AMBOS DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. VAN MÁS ALLÁ DE LO QUE ESTABLECE LA LEY DE AMPARO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS RECURSOS. En el Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se establece que la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; y en el Acuerdo General 43/2008, se autorizó la utilización de dicha firma electrónica para facilitar la notificación de las sentencias que se emitan, así como la interposición de los recursos, tratándose de juicios de amparo indirecto promovidos contra la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. Sin embargo, el procedimiento contenido en los mencionados acuerdos, en cuanto al trámite del recurso de revisión, va más allá de la voluntad del legislador contenida en los artículos 3o., 86 y 88 de la Ley de Amparo, porque si bien no suprimen la obligación de que los documentos lleven firma de quien promueve, lo cierto es que implementan un aspecto que no se encuentra contemplado en la Ley de Amparo, como lo es la promoción de un recurso de revisión mediante vía electrónica; e, incluso, que la firma autógrafa se sustituya de igual manera electrónicamente, dejando en desuso la diversa disposición de que se aportaren las copias para cada una de las partes; supuestos jurídicos que no se encuentran contemplados en la ley reglamentaria. Así, los aludidos acuerdos, van más allá de la voluntad del legislador, pues establecen el uso de la firma electrónica y permiten que los recursos de revisión se interpongan de esta manera, en contravención a la Ley de Amparo."
Así como la diversa tesis aislada IV.1o.A.17 A (10a.), consultable en el Libro XI, Tomo 2, del mes de agosto de dos mil doce, materia constitucional, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1596, que señala:
"CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CARECE DE FACULTADES PARA ESTABLECER, EN ACUERDOS GENERALES, REQUISITOS QUE NO PREVÉ LA LEY DE AMPARO. En el Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; y en el Acuerdo General 43/2008, se autorizó la utilización de esa firma para facilitar la notificación de las sentencias que se emitan, así como la interposición de los recursos, tratándose de juicios de amparo indirecto promovidos contra la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. Sin embargo, dada su naturaleza meramente administrativa, el Consejo de la Judicatura Federal no tiene funciones jurisdiccionales y, por consiguiente, no se encuentra facultado para establecer procedimientos para el trámite de los recursos en el juicio de amparo. En efecto, las facultades que se le otorgan en los artículos 94, párrafo segundo y 100, párrafos primero y octavo, de la Carta Magna; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para expedir acuerdos generales, sólo atañen a aquellas cuestiones que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones. De ahí que le está vedado inmiscuirse en la tarea jurisdiccional. Más aún, en el trámite de los asuntos que son competencia de los órganos jurisdiccionales, sus titulares se encuentran constreñidos a observar las disposiciones legales aplicables, pero de ninguna manera subordinados al Consejo de la Judicatura Federal en el desarrollo de la actividad jurisdiccional y, por tanto, el Consejo de la Judicatura Federal no puede, so pena de inmiscuirse en cuestiones jurisdiccionales, establecer formas o métodos para llevar a cabo ese trabajo. Lo anterior, sin desconocer el avance tecnológico y la presentación de gran cantidad de recursos que trata de considerar el Consejo de la Judicatura Federal; empero, dichos acuerdos no deben alterar el procedimiento establecido en la Ley de Amparo, ya que con ello, dicho órgano administrativo asume también funciones de orden legislativo que no le corresponden. Por tanto, el Consejo de la Judicatura Federal no puede, mediante acuerdos generales, crear figuras que no se encuentran previstas específicamente en la Ley de Amparo, pues la facultad que se le otorga en el artículo 100, octavo párrafo, de la Carta Magna, invariablemente se encuentra supeditada a lo que establezcan las leyes y los artículos 3o., 86 y 88 de la Ley de Amparo, prevén de manera categórica que en los juicios de amparo el recurso de revisión se interpondrá por escrito en el que se expresen los agravios que le cause la resolución impugnada; por conducto del Juez de Distrito; y con una copia para cada una de las partes."
• Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en sesión de quince de diciembre de dos mil once, resolvió el amparo en revisión **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, interpuesto por las quejosas **********.
De dicha ejecutoria se advierte que los antecedentes son:
1) El Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, -en auxilio de las labores del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara-, dictó sentencia el diecisiete de marzo de dos mil diez, en el juicio de amparo indirecto ********** y sus acumulados ********** y **
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25560-04b3c4c5/consejo-de-la-judicatura-federal-los-tribunales-colegiados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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