SOCIEDADES MERCANTILES. EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, ES APLICABLE A TODAS ELLAS, INCLUSIVE A LA ANÓNIMA, POR LA OBLIGACIÓN QUE TIENEN LOS ACCIONISTAS HASTA EL MONTO DE SUS APORTACIONES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 25 DE ABRIL DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: MERCEDES VERÓNICA SÁNCHEZ MIGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.
No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y actualmente establece que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia debe hacerse ante el Pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer; esta reforma entró en vigor el cuatro de octubre pasado, por disposición del artículo segundo transitorio del referido decreto.
Sin embargo, lo anterior no implica que a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el presente asunto, ya que a juicio de esta Primera Sala, las Salas de este Alto Tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.
Ello es así porque si bien es cierto que las contradicciones de tesis no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en potencial contradicción, se generaron con la resolución de juicios de amparo; de ahí que realizando una interpretación armónica, sea posible establecer que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de tesis, cuyas demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto, se presentaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional, máxime que a la fecha no se ha integrado, ni formal ni materialmente, el Pleno del Primer Circuito.
La anterior interpretación es acorde a la garantía de tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual implica que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica como consecuencia de la unificación de criterios; por lo que, de considerar que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución de los asuntos de esa naturaleza estaría supeditado a la creación formal y material de los Plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefinición de los criterios potencialmente contradictorios.
En tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal vigente, estatuye la competencia exclusiva de los Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especializado o especializados en una misma materia), empero, acorde al artículo tercero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación y ante la inexistencia material y legal de los Plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al Primer Circuito, es que esta Primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, en tanto que las demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto, fueron presentadas con anterioridad a la entrada en vigor al decreto de reforma constitucional, además de que fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el apartado siguiente) y se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción XIII, de la Ley Fundamental, -antes de su reforma-; y con la competencia legal que todavía prevén a su favor los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, pues fue realizada por la presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo civil **********, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito al emitirlos, lo que se realiza de la siguiente manera:
1. Origen del juicio de amparo directo ********** del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y criterio que en él se sostiene.
A) Origen. El asunto deriva de un juicio ordinario civil, en el que se demandó a una sociedad anónima el pago de diversas prestaciones, demanda que con fundamento en el artículo 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se hizo extensiva a dos de sus accionistas.
Al contestar la demanda instaurada en su contra, tanto la sociedad como los socios enjuiciados, opusieron como excepción la derivada de la inaplicación del artículo 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, argumentando al respecto que como la sociedad demandada es anónima los socios no pueden ser condenados a realizar algún pago.
El Juez del conocimiento acogió la pretensión de pago de la actora, y en cuanto a la responsabilidad de los socios determinó que conforme al artículo 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la sentencia se ejecutaría en primer término en los bienes de la sociedad demandada y, sólo ante la falta o insuficiencia de éstos, en los bienes de los socios enjuiciados, hasta el monto insoluto exigible.
Inconforme con lo anterior, la actora promovió demanda de amparo directo, de la cual tocó su conocimiento al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien la radicó con el número **********.
B) Criterio. En lo que al tema interesa, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito señaló lo siguiente:
"QUINTO. Estudio de los conceptos de violación.
"Los motivos de inconformidad no admiten servir de sustento para conceder el amparo.
"Cuestión a dilucidar
"Conforme al análisis de las alegaciones planteadas en los conceptos de violación se obtiene, que la cuestión que debe determinarse en el presente negocio es si el artículo 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (que trata sobre los efectos, en cuanto a los socios, de la sentencia que condena a una sociedad mercantil al cumplimiento de obligaciones respecto de tercero) es aplicable a las sociedades anónimas, en las que, según lo aseverado por la quejosa, la única obligación de la persona asociada se limita al pago de sus acciones.
"Lo anterior, porque a decir de la impetrante del amparo, el precepto referido sólo debe atenderse respecto de las sociedades en las que, por su propia naturaleza, los socios respondan de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria frente a la propia sociedad, como a consideración de la quejosa sucede con las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple o en comandita por acciones.
"Sobre la base de la conclusión obtenida se estará en aptitud de resolver si, tal como lo estimó la Sala responsable, ********** puede ser condenada, en su calidad de socia demandada (conjuntamente con la sociedad de la que forma parte, **********) al pago de las obligaciones adquiridas frente a terceros por dicha sociedad mercantil, hasta por el monto de sus aportaciones en la sociedad.
"Aplicación del artículo 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en cuanto a las sociedades anónimas
"Contrariamente a lo que aduce la quejosa, el artículo 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles sí es aplicable a las sociedades anónimas.
"Dicho numeral estatuye:
"‘Artículo 24.’ (se transcribe)
"Como se ve de la transcripción anterior, el artículo 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se refiere a los efectos que, respecto de los socios, tiene un fallo que condena a una sociedad mercantil al cumplimiento de obligaciones respecto de un tercero, cuando las personas asociadas sean demandadas conjuntamente.
"En la segunda parte del precepto se precisa, que en los supuestos de responsabilidad limitada de los socios, la ejecución de la sentencia atenderá al ‘monto insoluto exigible’.
"Para la quejosa, la hipótesis contenida en el artículo 24 citado no puede admitirse en los casos de las obligaciones contraídas por una sociedad anónima, toda vez que, en su dicho, la vinculación de los socios a la sentencia condenatoria sólo podría tener cabida si conforme la naturaleza de la sociedad a la que pertenecen dichas personas asociadas, éstas se encuentran facultadas para responder de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria, para con la propia sociedad (lo cual ocurre a decir de la quejosa, en la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple o en comandita por acciones).
"De ahí que dicha impetrante asuma, que en el caso de las sociedades anónimas, el supuesto indicado sea inaplicable, porque la obligación de los socios se limita al pago de sus aportaciones.
"Tales premisas son inexactas.
"En primer término debe quedar claramente establecido, que contrariamente a lo que aduce la quejosa, la responsabilidad de los socios no necesariamente requiere ser ilimitada para que éstos se vinculen a la responsabilidad de dar cumplimiento al fallo condenatorio emitido con relación a las obligaciones contraídas por la sociedad mercantil.
"Acerca de esto se destaca, como primer punto, que la atribución de personalidad a las sociedades mercantiles no implica en sí, la desaparición del interés propio de los socios ni, por ende, de la responsabilidad que les corresponde en la sociedad de la cual forman parte. La personalidad de la sociedad moral sólo es un medio para que los socios realicen los fines constitutivos de la sociedad. Salvo disposición legal que limite o que exonere de responsabilidad a los socios, éstos responden personalmente, en mayor o menor grado, limitada, o ilimitadamente, de las obligaciones a cargo de la sociedad.
"La atribución de personalidad determina que el sujeto respectivo que contrae obligaciones y que adquiere derechos, deba ejercerlos. Por otra parte también implica, que debe asumir con su patrimonio propio, como deudor principal y directo, el cumplimiento de sus obligaciones. En cuanto a esto, el socio debe responder subsidiariamente en forma limitada (hasta el monto de su aportación) sin limitación alguna por aquella parte del adeudo de la sociedad que ésta no hubiera podido satisfacer.
"En cuanto al grado de responsabilidad de los socios en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la sociedad, éste es limitado o ilimitado.
"En los casos de la responsabilidad ilimitada, las personas asociadas responden con su propio patrimonio de las deudas sociales, en ocasiones, incluso, respecto de la totalidad de las deudas de la sociedad. En la responsabilidad limitada, ésta se determina en el acto constitutivo de la sociedad.
"En nuestro sistema, en el tema específico de la sociedad anónima se tiene, que todos los socios limitan su responsabilidad (frente a la sociedad, frente a los demás socios y frente a terceros) al pago de las acciones que suscriben los propios asociados. De ahí que no puedan exigirse a los socios, por pacto o estipulación, pagos adicionales a los que corresponden a sus aportaciones (como cuotas, aportaciones suplementarias, obligación de suscribir aumentos de capital).
"Con relación al tema de las responsabilidades de los socios frente a terceros, ********** considera, en el caso de la responsabilidad limitada de los socios, que éstos quedan exentos de responsabilidad una vez que han cumplido la obligación de aportar, o han cubierto deudas sociales por una suma igual al límite preestablecido y que:
"‘... En todo caso, la responsabilidad de los socios es subsidiaria respecto de la sociedad, y no puede hacerse efectiva mientras no se haya hecho exclusión en los bienes de ésta (artículo 24, parte final de su primer párrafo, de la Ley General de Sociedades Mercantiles).’
"En este mismo sentido, el jurista Joaquín Rodríguez y Rodríguez considera:
"‘... Cuando se habla de la responsabilidad limitada del socio en la anónima, debe entenderse ello en un doble sentido: uno, en cuanto se hace referencia al deber de aportación limitada; otro, en cuanto concierne a la responsabilidad limitada del accionista frente a terceros por las deudas sociales.
"‘En el primer aspecto, puede decirse que los accionistas tienen la obligación de efectuar la aportación prometida, una vez, sólo una vez y precisamente en los bienes prometidos. El accionista no puede ser obligado a aportar más de lo que prometió, ni cosa distinta de lo prometido, y ello constituye un principio de carácter imperativo que no puede ser derogado ni modificado por la voluntad de los socios; es decir, no cabe ni sería lícita la cláusula que estableciese que los socios de una sociedad anónima tendrían obligación de efectuar aportaciones complementarias o distintas de las que resulten estrictamente del valor de las acciones suscritas.
"‘En otro aspecto, el socio sólo responde frente a terceros, por las deudas sociales, por la cuantía de su aportación; esto es, si el socio tiene desembolsado el importe total de sus acciones, los acreedores de la sociedad no podrán exigirle en ningún caso prestaciones para enjugar las deudas de la sociedad pero, si parte de dicha aportación estuviese aún por realizar, los acreedores de la sociedad podrán demandar a los accionistas para que efectúen las exhibiciones pendientes. Así lo establece el artículo 24 de la ley (Ley General de Sociedades Mercantiles).’
"Conforme a lo anterior se tiene, que aun en los casos en que existe responsabilidad limitada de los socios, ello no implica que exista una desvinculación de las obligaciones de la sociedad con las de las propias personas asociadas.
"Al respecto, la anotación de que la vinculación de los socios existe en las hipótesis en que éstos sólo responden por el monto de sus aportaciones (responsabilidad limitada) se prevé claramente en el artículo 24 in fine, que dice, que la ejecución de la sentencia (condenatoria por el incumplimiento de obligaciones contraídas por la sociedad) en esos supuestos se reducirá al monto insoluto exigible.
"Lo anterior implica, que para determinar el monto insoluto exigible, deban atenderse al ejecutar el fallo, en primer lugar, las aportaciones del socio con relación al capital social y si éste se encuentra efectivamente aportado. Empero, como se precisó anteriormente, esa circunstancia no es determinante para desvincular a los socios de los efectos del fallo condenatorio que deriva del incumplimiento de obligaciones celebradas por la sociedad.
"De esa manera, el artículo 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles es aplicable también a las sociedades anónimas, aun cuando en éstas los socios respondan sólo hasta el límite del pago de sus aportaciones. Lo anterior porque, como ya se expuso, los efectos del fallo condenatorio referido no dependen de la responsabilidad ilimitada de los socios, además de que en todo caso, la responsabilidad de los socios (aún limitada) es subsidiaria con la de la propia sociedad.
"Lo expuesto acerca de la aplicación del artículo 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles a las sociedades mercantiles anónimas tiene sustento además, en la interpretación sedes (sic) materia del precepto.
"Conforme a dicho criterio, la ubicación de las disposiciones legales dentro de la organización estructural de un ordenamiento, puede constituir en factor importante para la asignación de su sentido y extensión normativa.
"En este sentido se atiende, que el artículo 24 referido se encuentra dentro del capítulo I de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que se denomina: ‘De la constitución y funcionamiento de las sociedades en general’ lo que refuerza las consideraciones obtenidas acerca de que dicho precepto también es aplicable a la sociedad anónima.
"Ante las conclusiones arribadas se obtiene, que aun cuando en términos del artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones, lo contundente es que tal circunstancia no puede imponer como consecuencia, la desvinculación de los socios respecto del cumplimiento de la condena derivada de la obligación contraída por la sociedad mercantil, sin que al respecto deje de considerarse, que la ejecución de la sentencia en esos supuestos, debe atender a si los socios ya cubrieron eficazmente sus acciones, a efecto de determinar si existe un remanente aún exigible en cuanto a dichos socios. De ahí que quepa desestimar lo aseverado por la quejosa, en cuanto a que el artículo 24 de la ley mercantil citada, es inaplicable a las sociedades mercantiles.
"Las anteriores consideraciones permiten además, desestimar lo alegado por la peticionaria del amparo, en cuanto a que la Juez responsable dejó de atender los lineamientos básicos de la personalidad jurídica, conforme a los cuales dicha juzgadora debió distinguir la correspondiente a la persona moral y la relativa a los socios integrantes de dicho ente mercantil. Lo anterior, porque como ya quedó patentizado, la circunstancia de que la sociedad mercantil haya contraído obligaciones, no implica que éstas no vinculen, en mayor o menor medida, a los socios integrantes."
2. Origen del juicio de amparo directo ********** del índice del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y criterio que en él se sostiene.
A) Origen. El asunto deriva de un juicio ordinario mercantil radicado en el Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil, en el que se demandó a una sociedad anónima el pago de diversas prestaciones, demanda que con fundamento en el artículo 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles también se entabló en contra de dos de sus socios.
El Juez del conocimiento admitió la demanda de referencia y ordenó emplazar a los demandados, quienes contestaron, oponiendo las defensas y excepciones que estimaron convenientes. Seguidos los trámites procesales el Juez resolvió que era procedente la vía en la que la actora acreditó parcialmente su acción, y que los socios codemandados no se encuentran legitimados pasivamente.
En contra de esa determinación, la demandada y los codemandados interpusieron recurso de apelación del que tocó conocer a la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien revocó la sentencia de primer grado, al considerar en lo que aquí interesa, que los socios codemandados sí estaban legitimados, pero debían ser absueltos dada la improcedencia de las prestaciones reclamadas por la actora.
Inconforme con lo anterior, la actora promovió demanda de amparo directo, de la cual tocó su conocimiento al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
B) Criterio. En lo que al tema interesa, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consideró lo siguiente:
"QUINTO. Los argumentos contenidos en el único concepto de violación son sustancialmente fundados y suficientes para conceder al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita, como se demostrará a continuación:
"El punto de debate de acuerdo con las consideraciones de la sentencia reclamada y el único motivo de inconformidad que la controvierte, se centra en determinar, si en el caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, existe legitimación pasiva para haber demandado del ahora quejoso en su carácter de socio de la sociedad anónima demandada, el pago de diversas prestaciones derivadas del contrato de comisión mercantil base de la acción.
"A este respecto debe decirse lo siguiente:
"«La» Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce seis especies de sociedad, a saber: sociedad en nombre colectivo; sociedad en comandita simple; sociedad de responsabilidad limitada; sociedad anónima; sociedad en comandita por acciones y sociedad cooperativa.
"En efecto, el artículo 1o. de dicho ordenamiento legal prevé:
"‘Artículo 1o.’ (se transcribe)
"Ahora bien, los artículos 25, 51, 58, 87 y 207 de la citada ley que regula a las sociedades mercantiles, establecen:
"‘Artículo 25.’ (se transcribe)
"‘Artículo 51.’ (se transcribe)
"‘Artículo 58.’ (se transcribe)
"‘Artículo 87.’ (se transcribe)
"‘Artículo 207.’ (se transcribe)
"La sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues sólo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la propia ley;
"La sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones; y,
"La sociedad en comandita por acciones es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responde de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditados que únicamente están obligados al pago de sus acciones.
"Por último, conforme a lo señalado en el artículo 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las sociedades cooperativas se regirán por su legislación especial.
"Así, en términos de lo previsto por los artículos 2o. y 14 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, dicha sociedad es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
"Dichas cooperativas podrán adoptar el régimen de responsabilidad limitada o suplementada de los socios; siendo la responsabilidad limitada, cuando los socios solamente se obliguen al pago de los certificados de aportación que hubieren suscrito y suplementada, cuando los socios respondan a prorrata por las operaciones sociales, hasta por la cantidad determinada en el acta constitutiva.
"Ciertamente, los citados artículos de la Ley General de Sociedades Cooperativas disponen:
"‘Artículo 2o.’ (se transcribe)
"‘Artículo 14.’ (se transcribe)
"Ahora bien, de una interpretación sistemática de los anteriores preceptos legales deriva, que solamente tratándose de sociedades en nombre colectivo, en comandita simple y en comandita por acciones, los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales.
"Ello es así, ya que a través de la primera especie de sociedad (en nombre colectivo) todos los socios responden, de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales; mientras que en las sociedades en comandita simple y por acciones, algunos de los socios comanditados responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente, de tales obligaciones sociales.
"Por su parte, tratándose de sociedades de responsabilidad limitada y anónimas, la obligación de los socios se limita al pago de sus aportaciones.
"En tal virtud, se concluye que lo establecido por el artículo 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en cuanto a que la sentencia que se pronuncie contra la sociedad condenándola al cumplimiento de obligaciones respecto de tercero, tendrá fuerza de cosa juzgada contra los socios, cuando éstos hayan sido demandados conjuntamente con la sociedad, supuesto en el cual, la sentencia se ejecutará primero en los bienes de la sociedad y sólo a falta o insuficiencia de éstos, en los bienes de los socios demandados; sólo es aplicable tratándose de sociedades en nombre colectivo, en comandita simple y en comandita por acciones donde los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales; no así en el caso de sociedades de responsabilidad limitada y anónimas, en donde la obligación de los socios se limita al pago de sus aportaciones.
"Ello debe ser así, ya que no debe perderse de vista que la nota predominante del negocio constitutivo de una sociedad, es la vinculación recíproca de las partes para la realización de un fin común; de ahí que todos los que persiguen dicho fin habrán de poner, cada uno dentro de su propia esfera, los medios necesarios, que constituyen las técnicamente llamadas ‘aportaciones’, y que no son otra cosa, que una masa de bienes fácilmente considerados como una unidad o como un patrimonio.
"Así, el patrimonio de la sociedad se constituye por el conjunto de bienes y derechos de la misma, con deducción de sus obligaciones, y se forma, inicialmente, con el conjunto de aportaciones de los socios.
"De ahí que como se ha dejado establecido los socios responden con su propio patrimonio respecto de las deudas sociales; unas veces de modo ilimitado, de manera que pueden verse constreñidos a pagar todas las deudas de la sociedad, y otras veces hasta el límite de una cantidad, determinada en el acto constitutivo y, que generalmente, es su aportación; supuesto en el cual, quedan exentos de toda responsabilidad una vez que han cumplido la obligación de aportar, o han cubierto deudas sociales por una suma igual al límite preestablecido.
"Por tanto, es inconcuso que si en tratándose de sociedades anónimas, la obligación de los socios se limita al pago de sus acciones (aportación); satisfecha ésta, no cobra aplicación lo previsto por el artículo 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
"En consecuencia, si de la copia certificada de la escritura pública número **********, otorgada ante la fe del Notario Público número ********** del distrito de Bravos, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en que se hizo constar la constitución de la sociedad mercantil denominada ********** y a la que se le concede pleno valor probatorio en términos del artículo 1292 del Código de Comercio, al tratarse de una documental pública, se advierte, que dicha persona moral fue constituida por los señores ********** y **********, quienes al momento de su constitución pagaron totalmente el capital conforme a su aportación respectiva; es evidente, que al tratarse de una sociedad anónima donde los socios cubrieron el total de su aportación, lo establecido por el artículo 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, no tiene aplicación.
"Efectivamente, en la documental pública de referencia, se asentó en la parte que interesa, lo siguiente: (se transcribe).
"En tales condiciones, tal como lo afirma el inconforme, al considerar lo contrario la Sala del conocimiento, dejó de tomar en cuenta la naturaleza jurídica de la sociedad anónima, en la cual, como se ha dejado establecido, la obligación de los socios se limita al pago de sus acciones (aportación), la que satisfecha, exenta a los socios de toda responsabilidad al haber cumplido su única obligación de aportar.
"Orienta a todo lo expuesto y en su parte conducente, la tesis VI.3o.C.92 C sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 925, cuyo rubro y contenido son:
"‘ACCIONISTAS DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA, NO TIENEN EL DEBER DE RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR LA SOCIEDAD.’ (se transcribe)
"No es óbice a lo considerado, la cita que la Sala del conocimiento realizó de la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro: ‘SOCIEDADES MERCANTILES. SENTENCIAS DICTADAS CONTRA LAS, QUE PRODUCEN COSA JUZGADA RESPECTO A LOS SOCIOS.’, ya que basta imponerse del contenido de dicho criterio, para advertir que si bien en su título se hizo referencia de manera genérica a las sociedades mercantiles, su contenido se refiere de manera expresa a una sociedad en comandit
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23777-abf5b9be/sociedades-mercantiles-el-articulo-24-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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