ACUERDOS DE PRESIDENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. NO VIOLAN GARANTÍAS.
RECLAMACIÓN 6/2012. 18 DE MAYO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: RAÚL ARMANDO PALLARES VALDEZ. SECRETARIO: RAÚL ÁNGEL NÚÑEZ SOLORIO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Los agravios son en parte inoperantes y en otra infundados.
La primera calificativa de los agravios obedece a que la parte recurrente atribuye al presidente de este Tribunal Colegiado la transgresión a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política Federal, pero en el recurso de reclamación no es técnicamente conducente el análisis de tal planteamiento, en tanto que el único medio de defensa para reclamar actos de autoridad que violen garantías individuales es el juicio de amparo, mientras que el recurso de reclamación no es un medio de control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, sino un instrumento técnico de impugnación en contra de los acuerdos de trámite dictados por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito, en el trámite de los asuntos en materia de amparo que son de su competencia, de manera que es impropia la atribución de que vulneró garantías individuales, aunado a que en caso de aceptar esa posibilidad quedaría desnaturalizada la vía establecida para impugnar la inconstitucionalidad de actos de autoridad; de ahí la inoperancia de la parte de los agravios en que se señala que el auto recurrido vulneró el contenido de los preceptos constitucionales señalados.
Es aplicable, al respecto, la tesis sostenida por este Tribunal Colegiado, al resolver los recursos de reclamación 2/1990, 5/2011, 13/2011 y 1/2012, publicada en la página 394, Tomo XIV, julio de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, consultable también en el Sistema IUS con número de registro 211013, que establece: "-Los acuerdos que pronuncie la presidencia de un Tribunal Colegiado de Circuito durante la tramitación de los juicios de amparo o de los recursos que al respecto concede la ley, no pueden ser considerados conculcatorios de garantías individuales, pues jurídicamente provienen de la representación de un órgano que tiene a su cargo el control constitucional, teniendo tales proveídos el propósito de resolver acerca de la sustanciación de los medios que otorga la Constitución y la Ley de Amparo, para preservar los derechos públicos subjetivos de todo gobernado; de ahí que, en todo caso, los preceptos que dejara de observar aquella presidencia al dictar los acuerdos de que se trata, no podrían ser otros que los relativos a la Ley de Amparo, ordenamiento legal al cual debe sujetar su actuación."
Asimismo, las anteriores consideraciones se sustentan, por igualdad de razón, en la jurisprudencia P./J. 2/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo V, enero de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual también es localizable en el sistema IUS con el número de registro 199492, cuyos rubro y texto son: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
En diversa vertiente, los agravios son infundados, porque ciertamente es improcedente el recurso de revisión que la parte recurrente interpuso, en virtud de que lo hizo en contra de una omisión de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto que ningún agravio le puede irrogar, ya que dicha omisión no está sustentada en algún derecho sustantivo o procesal previsto a favor de la ahora parte recurrente, quien tuvo el carácter de parte quejosa en el juicio de garantías.
Lo anterior es así, porque el recurso de revisión es interpuesto en contra de la pretendida omisión del Juez Federal al no imponer una multa a la parte tercera perjudicada por el hecho de no haber acreditado la objeción de documentos que formularon en el juicio de garantías, lo que se intenta sustentar en el contenido del artículo 153 de la Ley de Amparo, pero la imposición de la multa es discrecional para el Juez Federal, como lo revela la propia hipótesis normativa, misma que dispone que el Juez de Distrito "podrá" aplicar una multa en salarios mínimos al promovente de la objeción de documentos prevista en el mismo precepto de referencia, en el supuesto de que dicha objeción sea desestimada; de ahí que la referida hipótesis legal no establece algún derecho procesal a la imposición de la multa a favor de la contraparte de quien formule la objeción y menos alguno de índole sustantiva sino que, en todo caso el vínculo jurídico se actualizaría cuando el juzgador en uso de su facultad discrecional impone la multa a quien realizó la objeción que es desechada, pero este vínculo se establece únicamente entre el Juez y el afectado por la imposición de la multa, pero no así en relación con la contraparte de dicho afectado. De manera que al no tratarse de un derecho procesal y menos sustantivo a favor de la contraparte del objetante ni encontrarse vinculado de alguna manera con la imposición de la multa, ningún agravio le puede ocasionar la omisión que intentó impugnar y, por ello, carece de interés jurídico para interponer la revisión, por lo que fue correcto que se desechara el medio de impugnación interpuesto solamente con base en la falta de imposición de la multa a la contraparte de la recurrente, máxime que la sanción económica se aplicaría a favor del erario de la Federación y no en beneficio de la revisionista.
Por lo demás, ningún agravio ocasiona a la parte recurrente el hecho de que el sentido del auto recurrido se apoye en un criterio judicial sustentado en el artículo 81 de la Ley de Amparo y no así en el numeral 153 de la misma ley pues, en la parte conducente, ambos preceptos establecen la discrecionalidad de la imposición de la multa por el juzgador federal, de manera que la interpretación que se dio al primero es igualmente aplicable al segundo, al tratarse de disposiciones legales que contienen enunciados normativos de la misma índole y frente a un mismo contexto jurídico.
Por lo anterior, debe declararse infundado el presente recurso.
Por lo expuesto y, con fundamento en los artículos 103 de la Ley de Amparo y 35 y 37, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.-Se declara infundado el presente recurso de reclamación.
Notifíquese; personalmente a la parte recurrente y agréguense estos autos al expediente correspondiente.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Raúl Armando Pallares Valdez, Ma. Elisa Tejada Hernández y Gustavo Calvillo Rangel. Fue ponente el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23790-8e31b46e/acuerdos-de-presidencia-de-los-tribunales-colegiados-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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