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Modo: Corpus Pro

FIRMA. PARA DETERMINAR SU FALSEDAD SE REQUIERE DE LA PERICIAL RELATIVA EN GRAFOSCOPIA Y CALIGRAFÍA AUN CUANDO SEA NOTORIA SU DISCREPANCIA CON LA AUTÉNTICA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 128/2011. · Registro digital (IUS): 23805
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3, Pág. 1747.

AMPARO DIRECTO 128/2011. 4 DE MAYO DE 2011. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ENRIQUE ZAYAS ROLDÁN. PONENTE: ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO. SECRETARIO: CIRO CARRERA SANTIAGO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Los conceptos de violación hechos valer son inoperantes en parte y esencialmente fundados en otra.

El acto reclamado lo constituye la sentencia de tres de enero de dos mil once, dictada por la ********** Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del toca de apelación número **********, en donde se revocó la diversa de siete de junio de dos mil diez, emitida por la Jueza de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, en el expediente número **********, relativo a un juicio ordinario mercantil promovido por ********** y **********, el primero como presidente del comité de padres de familia de la escuela ********** número ********** y la segunda como directora de dicha institución, en contra de **********, sucursal Atlixco, a través de su apoderado.

Ahora bien, en los conceptos de violación primero y segundo, aduce la parte quejosa, que la sentencia reclamada es violatoria de las garantías individuales consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con los diversos numerales 1252, 1253, 1254, 1255 y 1301 del Código de Comercio, pues si bien es cierto que la autoridad responsable revocó el fallo de primera instancia, también lo es que fue omisa en estudiar las excepciones que opuso en su escrito de contestación de demanda, en especial la de "carencia de acción por falta de legitimación activa", mismas que transcribe en su integridad.

El anterior motivo de inconformidad resulta inoperante.

Para justificar dicho calificativo, es necesario tener presente lo que expuso la Jueza de primera instancia en el considerando V de su fallo, después de hacer alusión a los hechos narrados por las partes -actor y demandada-, así como las pruebas ofrecidas por éstas; dicho considerando a la letra dice:

"V. De las actuaciones practicadas y de las pruebas aportadas, esta autoridad llega a la convicción de que el señor ********** y la maestra **********, el primero como presidente del comité de padres de familia de la escuela ********** y la segunda como directora de dicha escuela, no probaron su acción ejercitada por los siguientes razonamientos de orden legal: Es menester precisar que los actores básicamente fundan su acción en el hecho de que aperturaron una cuenta de cheques con el número ********** a nombre de la escuela **********, en la institución financiera ********** México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **********, Puebla, que en dicha cuenta aparecen como cotitulares de la citada cuenta los señores **********, la maestra ********** y el C.P. **********, estando facultados para firmar dos de tres de las personas anteriormente mencionadas para retirar fondos de dicha cuenta de cheques, y que se percataron que la institución financiera ********** México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **********, Puebla, pagó cheques en forma indebida de los meses de marzo, abril, julio y agosto del año dos mil siete, puesto que las firmas de los cheques que a continuación se mencionan no son de ellos (no se transcribe la tabla referente a número, cantidad, fecha y número de referencia de los documentos base de la acción por estimarse innecesaria). De lo anterior, la suscrita juzgadora advierte que, en efecto, dichos títulos de crédito sí fueron librados por la institución financiera ********** México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **********, Puebla, pues el representante legal de dicha institución ********** así lo reconoce en su escrito de contestación de demanda, sin embargo, no se acredita en autos con ningún medio de prueba que las firmas que calzan dichos títulos de crédito hayan sido falsificadas o, en su defecto, no se acreditó que esas firmas no hayan sido estampadas por los hoy actores, incumpliendo estos últimos con la carga de la prueba que les impone el artículo 1194 de Código de Comercio, consistente en que los actores deben acreditar los hechos constitutivos de su acción, además resulta sospechoso para la suscrita juzgadora el hecho de que los actores, teniendo bajo su resguardo las chequeras de la escuela ********** de esta ciudad, se hayan extendido los cheques antes citados sin que se haya dado aviso a la institución bancaria demandada de la desaparición o pérdida de los esqueletos o talonarios de los cuales se libraron los cheques citados, en ese sentido, dichos cheques fueron pagados porque cumplían con los requisitos propuestos en la ley de la materia (artículo 176 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito); ahora, si bien los actores exhibieron el dictamen técnico de fecha tres de junio de dos mil nueve, expedido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en donde se determinó que se presumía la procedencia de lo reclamado por haber pagado dos cheques suscritos con firmas notoriamente distintas a las personas autorizadas en las cuentas, no obstante de contar con un registro de éstas, dicho dictamen no les beneficia a los actores en razón de que el mismo es una presunción solamente, el cual tuvo que haber estado robustecido con pruebas contundentes como lo era con la pericial en grafoscopia, con la que se determinara que las firmas de los cheques antes citados habían sido falsificadas, en razón de que no eran las mismas firmas de las personas que estaban autorizadas para librar dichos documentos que las que aparecían en los mismos, bajo la anterior tesitura queda demostrada la excepción de carencia de acción opuesta por la demandada; por tanto, debe absolverse a la institución financiera ********** México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **********, Puebla, de la acción y de las prestaciones que le fueron reclamadas, resultando infructuoso entrar al estudio de las demás excepciones opuestas por la demandada ..."

De la lectura a la transcripción realizada se constata que la Jueza de origen fue omisa en estudiar las excepciones opuestas por la parte demandada, aquí quejosa, es decir, se ocupó del estudio del fondo del asunto declarando no probada la acción; lo anterior, con independencia de que, en la parte conducente, del multicitado considerando haya señalado que "... queda demostrada la excepción de carencia de acción opuesta por la demandada ...", en atención a que dicha defensa, también llamada sine actione agis, no constituye propiamente una excepción, sino la negación del derecho ejercitado cuya consecuencia consiste en arrojar la carga de la prueba al actor.

Al respecto, se cita la tesis sustentada por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1204 del Tomo CXI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dispone:

"SINE ACTIONE AGIS, NATURALEZA DE LA. El que hace valer una excepción, reconoce que existen los hechos invocados por el demandante y que, en principio, tales hechos serían de por sí constitutivos de la acción, pero si el demandado invoca la carencia de la acción, porque no existen todos los hechos que le dan nacimiento, se dice que opone la defensa denominada ‘sine actione agis’, que no es una verdadera excepción."

Asimismo es de invocarse la jurisprudencia número VI.2o. J/203, del actual Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, que se comparte, visible en la página 62 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 54, de junio de 1992, publicada en la Octava Época, que reza de la siguiente manera:

"SINE ACTIONE AGIS. La defensa de carencia de acción o sine actione agis, no constituye propiamente hablando una excepción, pues la excepción es una defensa que hace valer el demandado, para retardar el curso de la acción o para destruirla, y la alegación de que el actor carece de acción, no entra dentro de esa división. Sine actione agis no es otra cosa que la simple negación del derecho ejercitado, cuyo efecto jurídico, solamente puede consistir en el que generalmente produce la negación de la demanda, o sea, el de arrojar la carga de la prueba al actor, y el de obligar al Juez a examinar todos los elementos constitutivos de la acción."

Precisado lo anterior, es dable concluir que los argumentos vertidos a título de conceptos de violación antes mencionados, debieron ser materia del recurso de apelación adhesiva que en el momento procesal oportuno interpusiera la parte quejosa, al estimar que, si bien es cierto que la parte resolutiva le favoreció en tanto se declaró no probada la acción, también lo es que era que las consideraciones vertidas en el fallo primigenio resultaban deficientes al incurrir en la omisión que destaca, lo anterior, en términos del artículo 1337, fracción III, del Código de Comercio, que dice:

"Artículo 1337. Pueden apelar una sentencia: ... III. La parte que venció puede adherirse a la apelación interpuesta al notificársele la admisión de ésta, o dentro de tres días siguientes a esa notificación. En este caso la adhesión al recurso sigue la suerte de éste, y."

Sobre el particular se cita, por las razones que la informan, el criterio jurisprudencial número XX.2o. J/19 del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que se comparte, localizable en la página 2355 del Tomo XXIX, enero de 2009 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto establecen:

"APELACIÓN ADHESIVA EN MATERIA MERCANTIL. DEBE INTERPONERLA EL VENCEDOR CUANDO LA PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA LE FAVOREZCA, PERO LA CONSIDERATIVA SE ESTIME DEFICIENTE (CÓDIGO DE COMERCIO POSTERIOR A LAS REFORMAS DEL 24 DE MAYO DE 1996). De la interpretación de la fracción III del artículo 1337 del Código de Comercio, adicionada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 1996, se advierte que la parte vencedora en un procedimiento mercantil debe interponer la apelación adhesiva cuando el punto resolutivo de la sentencia impugnada le favorezca, pero estime deficiente la considerativa, pues si tal determinación perjudicó al vencedor y la contraparte apeló, debe adherirse a ese recurso para que en el caso de que resultaran fundados los motivos de inconformidad de su adversario, la Sala esté en aptitud de estudiar los expuestos por el recurrente adhesivo tomando en consideración que sólo puede actuar en virtud de agravio expreso, excepto cuando se haya omitido estudiar y resolver una cuestión determinada y concreta."

Cabe destacar que la excepción relativa a la falta de personalidad de la parte actora, por su propia naturaleza es de estudio preferente al tratarse de un presupuesto procesal; por lo que, en principio, la Jueza a quo debió ocuparse de ella, previo al estudio de fondo y que concluyó con sentencia absolutoria.

Por ende, al haber apelado la parte actora, sin duda alguna, la demandada debió adherirse a la apelación, combatiendo la omisión de la Jueza natural de estudiar una excepción de estudio preferente, a fin de que el ad quem estuviera en posibilidad de abordar ese tema, pues como es bien sabido, el límite de la litis ante el tribunal de alzada lo constituyen los agravios expresados por las partes, sin que esté en posibilidad de abundar temas no propuestos en la apelación o en su adhesión.

De ahí que la Sala responsable no haya tenido oportunidad ni obligación de ocuparse de las excepciones cuyo estudio omitió la a quo, pues al respecto el demandado no se adhirió a la apelación; consecuentemente, la falta de adhesión al recurso de apelación torna a los conceptos de violación materia de estudio en inoperantes, como ya se dijo, por proponer un tema que no fue materia de aquélla.

Al respecto se invoca, en lo conducente, la jurisprudencia número VI.2o.C. J/299, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, que se comparte, localizable en la página 2047 del Tomo XXVIII, octubre de 2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece lo siguiente:

"APELACIÓN ADHESIVA EN MATERIA CIVIL. CUANDO EL QUE OBTIENE SENTENCIA FAVORABLE EN PRIMERA INSTANCIA, ESTIMA INCORRECTAS O DEFICIENTES LAS CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN ESE FALLO, Y NO SE ADHIERE AL RECURSO DEL VENCIDO, LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN QUE PRETENDA COMBATIR LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE SEGUNDO GRADO, QUE POR ESE MOTIVO NO SE PRONUNCIÓ SOBRE TALES CUESTIONES, DEBEN DESESTIMARSE POR INOPERANTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De la interpretación relacionada de los artículos 490 a 492 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, se concluye que si aquel que obtiene sentencia favorable en primera instancia, estima incorrectas o deficientes las consideraciones que sustentan ese fallo, debe adherirse a la apelación interpuesta por su contraparte, para así proponer ante el tribunal de alzada el análisis de los agravios en que se aduzcan consideraciones de mayor solidez a aquellas en las que se sustenta el fallo primario, pues ante el evento de que éstas devengan endebles o incompletas, o bien, sucumban ante el embate del apelante, a efecto de obtener la confirmación o, en su caso, la modificación de esa resolución, debe proponer el análisis de aquellas cuestiones que brinden un soporte más sólido y eficaz a la aludida decisión jurisdiccional. En tal virtud, si el que obtiene sentencia favorable en primera instancia omite adherirse a la apelación del vencido y con tal postura no incorpora al trámite de alzada los agravios que tengan por objeto reforzar o corregir la parte considerativa de ese fallo, los conceptos de violación en que se pretenda combatir la sentencia del tribunal de segundo grado, partiendo de argumentos respecto de los cuales dicha autoridad no tuvo oportunidad de pronunciarse, deben desestimarse por inoperantes, dada su novedad."

En otro tenor, señala el apoderado de la impetrante lo siguiente:

1) Que la responsable no hace una valoración exhaustiva de las pruebas ofrecidas y desahogadas de su parte en el juicio de origen, en donde se demostró con prueba idónea, como fue la pericial en grafoscopia, que efectivamente las firmas que calzaban los cheques reclamados coincidían con las firmas autorizadas, hecho que por supuesto no puede desvirtuarse con meras presunciones, sino a través de un estudio minucioso, técnico-científico, como lo son observación, análisis, comparación formal, demostración y conclusión, analítico y profesional, que por supuesto fue realizado por el profesionista designado por la demandada, en donde, se insiste, concluyó en la coincidencia de los rasgos de las firmas que calzaban tales documentos.

2) Que si la parte actora se encontraba en desacuerdo con el peritaje emitido por el especialista de la demandada, tuvo que haber aportado de igual forma prueba pericial pertinente para poder aclarar la situación de incertidumbre de las firmas plasmadas en los cheques de mérito; pero como no ocurrió así en el juicio natural, entonces los actores quedaron conformes con el peritaje ofrecido por la ahora quejosa.

3) Que hubo una inexacta observación y aplicación de la prueba pericial ofrecida y que favorece a la impetrante, al no acreditarse el pago indebido de los cheques, pues se acreditó y sustentó mediante un profesionista en la materia que cuenta con plena certeza jurídica, que las firmas que calzan los cheques materia de la litis corresponden y fueron plasmadas del puño y letra de los ahora terceros perjudicados; invocándose al efecto las tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de rubro: "PRUEBA PERICIAL. SU VALOR PROBATORIO NO LO DETERMINA LA DENOMINACIÓN QUE LE DÉ EL JUZGADOR, SINO SU PROPIO CONTENIDO.", del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, de rubro: "PRUEBA PERICIAL EN MATERIA MERCANTIL. ES IDÓNEA PARA ACREDITAR LA FALSEDAD DE LAS FIRMAS.", y del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro: "FIRMAS. LA FALSEDAD DE LAS MISMAS DEBE ACREDITARSE A TRAVÉS DE LA PRUEBA PERICIAL. (MATERIA MERCANTIL)."

Son sustancialmente fundados los anteriores argumentos pues, como se alega, es ilegal que la Sala haya revocado la sentencia de primer grado, afirmando que como existían notorias diferencias entre las firmas que aparecen en los cheques reclamados y las que fueron autorizadas para el libramiento de tales documentos, sin necesidad de ofrecer la prueba pericial, debía concluirse que no habían sido puestas por los actores.

Efectivamente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1194 del Código de Comercio, corresponde al actor probar los hechos constitutivos de sus acciones y al demandado los de sus excepciones.

Por ello, si los ahora terceros perjudicados alegaron en su demanda inicial que las firmas de los cheques reclamados eran falsificadas, por lo que fueron indebidamente pagados, entonces debieron demostrarlo con las pruebas idóneas correspondientes; esto es, no es suficiente que los demandantes hubieran negado que las firmas que calzan dichos cheques fueron puestas por ellos, sino que era necesario que ofrecieran la prueba pericial para demostrar su afirmación, pues independientemente de que a simple vista se advirtieran notorias diferencias entre las firmas que aparecen en los documentos mencionados, con las que calzan las hojas de registro correspondientes, como lo hace valer la responsable, esa situación no puede servir de base al juzgador para determinar que las firmas contenidas en los cheques no fueron puestas por los actores, puesto que para ello se requieren conocimientos especiales que no son propios de los Jueces, sino que se requiere el auxilio de peritos en grafoscopia y caligrafía para determinar si las firmas cuestionadas fueron puestas o no por las personas a quienes se les atribuyen y que negaron haberlo hecho.

En otras palabras, la falsedad o autenticidad de firmas es una cuestión que no debe resolverse por el simple cotejo que el juzgador personalmente pueda hacer, sino mediante la apreciación de una prueba pericial desahogada con ese propósito, pues dicho cotejo requiere de elementos científicos o técnicos que no pueden ser reemplazados con una confrontación a simple vista por el juzgador, en virtud de que aun en el caso de que fuera notoria a simple vista la discrepancia entre las firmas que se cuestionan, existe la factibilidad de que correspondan a la misma persona, esto es, que hayan sido estampadas, aunque con disimulo, del puño y letra de un solo individuo; de ahí que, se insiste, la simple apreciación que el juzgador pueda realizar al respecto no crea, desde luego, convicción de no haber sido puestas por el mismo sujeto, ya que tal determinación, como acertadamente lo aduce la parte quejosa, requiere de elementos científicos o técnicos propios de una prueba pericial en grafoscopia y caligrafía.

Y no por el hecho de que los Jueces sean peritos de los peritos, significa que debe prescindirse de la prueba pericial para probar la falsedad de una firma, puesto que ello debe entenderse en materia jurídica, no en las cuestiones técnicas que entraña ello.

De ahí que no se compartan las tesis de rubro: "FIRMA EN EL CHEQUE. CONCEPTO DE FALSIFICACIÓN NOTORIA PARA EFECTOS DE LA PRETENSIÓN DE OBJECIÓN DE PAGO." y "CHEQUE. CUANDO SE OBJETA SU PAGO POR ALTERACIÓN O FALSIFICACIÓN NOTORIA DE LA FIRMA DEL CUENTAHABIENTE, ES LEGAL QUE EL JUEZ, ADEMÁS DE TOMAR EN CONSIDERACIÓN OTRAS PRUEBAS COMO LAS PERICIALES, TAMBIÉN ANALICE DE MANERA DIRECTA LAS TARJETAS DE MUESTRAS DE FIRMAS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA, PARA DEFINIR SU CRITERIO.", que invoca la Sala responsable a efecto de sustentar su decisión.

Así las cosas, la falta de dictamen en este caso, sólo le es reprochable a los actores, quienes objetaron las firmas que aparecen en los cheques y, por ende, debieron haber comprobado su objeción, sobre todo como cuando, en el particular, se dijo, era indispensable la pericial.

Tiene aplicación, al respecto, por las razones que la informan, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, la cual se comparte, marcada con el número VI.3o.C.99 C, visible en la página 1781 del Tomo XIX, mayo de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece lo siguiente:

"FIRMAS CONTENIDAS EN DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN UN JUICIO. LA PARTE QUE LAS OBJETA NEGANDO HABERLAS PUESTO DEBE OFRECER LA PRUEBA PERICIAL PARA ACREDITAR SU OBJECIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).-De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el actor debe probar los hechos constitutivos de la acción y el demandado los de sus excepciones, por lo que si una de las partes ofrece para tal efecto diversos documentos, y su contraria los objeta afirmando no haber sido ella quien los firmó, debe demostrar esa objeción, pues no basta que se adviertan diferencias entre las firmas que contienen los documentos objetados, con las que calzan alguna de las promociones presentadas en el juicio, por más notorias que pudieran parecer esas diferencias, puesto que si bien, en principio, los hechos negativos no son susceptibles de probarse, cuando la negativa envuelve la afirmación de un hecho, ésta debe acreditarse como lo establece el artículo 265 del ordenamiento legal citado. Por tanto, el juzgador no puede declarar que las firmas objetadas no fueron puestas por la parte a quien se atribuyen, sin contar con el auxilio de un perito en la materia."

Cabe precisar en este apartado, que la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de rubro: "PAGARÉS. LAS FIRMAS NOTORIAMENTE DISTINTAS EN LOS DOCUMENTOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN, HACEN INNECESARIO EL DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL EN MATERIAS DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA, PARA ESTIMAR IMPROCEDENTE EL RECLAMO EN CUANTO AL PAGO DE LOS TÍTULOS DISCREPANTES.", en la cual la responsable sustentó su decisión, participó en la contradicción de tesis número 149/2008, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que se declaró inexistente, porque dicho Tribunal Colegiado, en diferente expediente, se apartó del criterio que dio origen a la tesis en comento y emitió uno nuevo que, sustancialmente, coincidía con el del diverso Tribunal Colegiado contendiente, según se desprende de la siguiente transcripción de la ejecutoria respectiva, que en su parte conducente señala lo siguiente:

"... De la confrontación de las consideraciones emitidas en las resoluciones de los tribunales contendientes, se llega a la conclusión de que si bien en un principio se daban los requisitos para que existiera contradicción de tesis, ya que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Segundo Circuito sostenía un criterio distinto del sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en cuanto a que el primero de ellos argumentaba que era innecesaria la prueba pericial cuando las firmas contenidas en los documentos exhibidos en juicio eran notoriamente distintas y el segundo, por el contrario, afirma que aunque las firmas sean notoriamente distintas, se requiere de la prueba pericial para determinar si aquéllas fueron puestas o no por la misma persona.-Sin embargo, como se advierte de la síntesis del amparo directo 256/2004, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, se apartó del criterio que dio origen a la tesis aislada antes precisada y que reiteró en el amparo directo 172/98 y emitió uno nuevo que, sustancialmente, coincide con el del Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito. ..."

Es igualmente importante mencionar que la Sala se refirió a la prueba confesional ficta que se desahogó en autos del juicio natural, a cargo de la entidad ahora impetrante, sobre lo cual, no se formuló concepto de violación alguno; sin embargo, ello no varía el sentido de la presente ejecutoria, en virtud de que la forma en cómo fueron planteados los conceptos de violación (que la prueba pericial era imprescindible para demostrar la falsedad de las firmas que obran en los cheques base de la acción), por sí mismo da respuesta a dicho tópico, en el sentido de que lo que se haya confesado en el desahogo de tal probanza, no es suficiente para demostrar las pretensiones de los actores; de ahí que se estime innecesario que se hubiera controvertido tal aspecto.

En tal virtud, al resultar esencialmente fundado el anterior concepto de violación analizado, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra, en la que, con base en lo expuesto en esta ejecutoria, considere infundados los agravios expresados por los apelantes, en el sentido de que es notoria la falsedad de las firmas contenidas en los cheques base de la acción y proceda a dar contestación a los diversos argumentos que se plantearon, con libertad de jurisdicción, resolviendo el recurso de apelación hecho valer conforme a derecho.

Finalmente, al resultar fundados, en lo esencial, los conceptos de violación analizados y ser suficientes para otorgar la protección constitucional solicitada, además de referirse a una cuestión de análisis previo, resulta innecesario el estudio de los restantes argumentos contenidos en el libelo constitucional, que controvierten la condena en costas, pues ello a nada práctico conduciría, al depender de lo que se resuelva al cumplimentarse la presente ejecutoria.

Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 107, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 85, con el rubro y texto siguientes:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.-Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja."

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo; 35, 37, fracción I, inciso c) y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-Para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a **********, a través de su apoderado **********, respecto del acto que reclamó a la ********** Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, consistente en la sentencia de tres de enero de dos mil once, dictada dentro del toca de apelación número **********, en donde se revocó la diversa de siete de junio de dos mil diez, emitida por la Jueza de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, en el expediente número**********, relativo a un juicio ordinario mercantil promovido por ********** y **********, el primero como presidente del Comité de Padres de Familia de la escuela ********** número ********** y la segunda como directora de dicha institución, en contra de la parte quejosa.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por mayoría de votos de los señores Magistrados Eric Roberto Santos Partido y Rosa María Temblador Vidrio, contra el del señor Magistrado Enrique Zayas Roldán, cuya ponencia no fue aprobada, y queda como voto particular; siendo relatora la segunda de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, VI, XIII y XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 13, fracción IV, 14, fracción I, 18, fracciones I y II, 19, 20, fracción VI, 21 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23805-67122f0e/firma-para-determinar-su-falsedad-se-requiere-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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