COSA JUZGADA. INFLUENCIA DE UN JUICIO ANTERIOR POR SER REFLEJA AL QUE VA A FALLARSE, NO OBSTANTE QUE NO EXISTA IDENTIDAD EN LAS COSAS O ACCIONES EJERCITADAS.
AMPARO EN REVISIÓN 107/2009. 11 DE JUNIO DE 2009. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: NEÓFITO LÓPEZ RAMOS. SECRETARIO: JOSÉ LUIS EVARISTO VILLEGAS.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Improcedencia del recurso de revisión interpuesto por **********, en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional pronunciada en el juicio de amparo indirecto **********.
Este Tribunal Colegiado advierte que el recurso de revisión interpuesto por **********, en contra del fallo recurrido, debe desecharse por no contar con legitimación para promoverlo, es decir, la resolución impugnada no le causa ningún perjuicio ni trasciende a su esfera jurídica o importa una modificación al acto reclamado objeto de la litis constitucional, que altere su situación como parte en el juicio de amparo.
En efecto, el recurso de revisión en contra de las sentencias dictadas por el Juez de Distrito en la audiencia constitucional sólo puede ser interpuesto por una persona física o moral a quien afecta la resolución impugnada.
Así, se desprende de la teleología de los artículos 107, fracción VIII, incisos a) y b), párrafo tercero, de la Constitución Federal y 83, fracción IV, 86 y 88 de la Ley de Amparo, en tanto que disponen que el recurso de revisión en amparo indirecto sólo procederá cuando se presente oportunamente y que con el dictado de la resolución que se impugna se causen agravios al recurrente.
Esto es, para interponer recursos en el juicio de amparo, como el de revisión, se requiere que exista legitimación, es decir, un interés concreto para que no subsista o desaparezca la resolución impugnada porque le causa al recurrente un agravio personal y directo, pues sólo de esta manera se puede acreditar el elemento fundamental y estructural del principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo tanto para ejercer la acción constitucional como para continuar esta última hasta su decisión definitiva, a fin de que se modifique o revoque una resolución previa o anterior.
En la especie, se afirma que está actualizado un motivo para desechar por falta de legitimación el recurso de que se trata, porque en la sentencia que dictó el Juez de Distrito, en la audiencia constitucional celebrada el siete de enero de dos mil nueve, negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa **********.
De ahí que se sostenga que la resolución recurrida no irroga perjuicio a la tercera perjudicada, ahora recurrente, en su esfera jurídica o material y, con apoyo en lo previsto en la última parte del artículo 85 de la Ley de Amparo, debe desecharse el recurso interpuesto en contra de la sentencia dictada por el Juez de Distrito.
Lo expuesto, sin que pase inadvertido para este tribunal que los argumentos que esgrime la recurrente estén dirigidos a poner de manifiesto que el juicio de amparo promovido por ********** es improcedente, ya que tales aspectos, por tratarse de la procedencia del juicio de amparo, atañen a cuestiones de orden público que serán analizados en un apartado posterior por este tribunal.
En mérito de lo anterior, deberá desecharse el recurso de revisión de mérito, sobre la base de que no obstante que fue admitido por auto de presidencia de veinte de abril de dos mil nueve, esa determinación no causa estado al ser producto de un examen preliminar del asunto, correspondiendo en todo caso al órgano colegiado el estudio definitivo sobre su procedencia, como ahora se resuelve.
SÉPTIMO. Análisis de los argumentos de la tercera perjudicada que estiman que el juicio de amparo es improcedente.
*********, antes **********, sostiene que la sentencia es incongruente porque el a quo no advirtió que en el caso se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción I, de la Ley de Amparo, y transgredió lo previsto en los artículos 74, 76, 77 y 78 del mismo ordenamiento.
Que lo anterior es así, porque la sentencia reclamada no constituyó el primer acto de aplicación de la ley en perjuicio de la quejosa **********, ya que la norma tildada de inconstitucional fue efectivamente aplicada en la sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil siete, en el toca **********, de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Esos motivos de inconformidad son infundados.
De las constancias de autos queda claro que la quejosa en la ampliación de la demanda de garantías tildó de inconstitucionales los artículos 126, 127, 128, 129, 130 y 131 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y al efecto expresó los conceptos de violación correspondientes que sustancialmente hizo consistir en que al fijar el arancel que por concepto de costas tendrán derecho a cobrar las partes en litigio en los juicios mercantiles invaden la esfera de atribuciones reservada a la autoridad federal, por encontrarse destinado ese ordenamiento a regir en la capital de la República, en un asunto que es de competencia exclusiva de la autoridad federal, como se trata de los juicios mercantiles, lo que contravino los artículos 14, 16 y 73 fracción X, de la Constitución Federal.
Ya se ha determinado que el veintidós de marzo de dos mil cuatro, la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal resolvió el recurso de apelación interpuesto por la actora en contra de la sentencia definitiva y, entre otras cosas, condenó a la enjuiciante al pago de las costas de ambas instancias.
También se ha ponderado, que esa resolución constituye la sentencia definitiva en el juicio natural y, conforme al criterio jurisprudencial apuntado, debe ser tomada en cuenta para determinar la ley vigente conforme a la cual se cuantificarán las costas.
En el caso de que se trata, se desprende que en la sentencia interlocutoria dictada el veinticuatro de mayo de dos mil seis, cuyas consideraciones han quedado transcritas en el considerando que antecede, la Sala responsable decidió el recurso de apelación en contra del fallo de primer grado que desestimó la planilla de liquidación de costas propuesta por la demandada ejecutante.
Los puntos torales que al efecto tomó en cuenta para resolver como lo hizo, son los siguientes:
a. No existe violación a los artículos 1324, 1325, 1326, 1327, 1328 y 1329, en relación con los diversos 1287, fracción III, 1292 y 1294 del Código de Comercio; 128, inciso c) y último párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, porque de la revisión de las actuaciones judiciales y, en específico de la sentencia recurrida, se desprende que fue legal la actuación del a quo al sostener que no se acreditaron los extremos de la planilla de liquidación de gastos y costas pues se trata de un asunto de cuantía indeterminada, por lo que no procedía realizar la liquidación con base en el arancel previsto en el artículo 128 de la ley orgánica de referencia.
b. Que lo anterior era así ya que, ni en la sentencia definitiva ni en las prestaciones reclamadas en la demanda por la actora, existe cantidad líquida alguna que permita concluir la existencia de una cuantía determinada, ya que si bien era cierto la demanda debía analizarse como un acto jurídico integral y que en los hechos décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto, la cuantía por la que litigaron las partes es indeterminada, habida cuenta que las prestaciones que la actora precisó en los incisos a) y b) de la demanda, no se desprende que haya enderezado una reclamación específica y determinada, pues en esos hechos tampoco se reclamó cantidad líquida sino que manifestó que el monto del adeudo por esos conceptos podrían sufrir modificaciones en virtud de conciliaciones, compensaciones y pagos que operaran por las partes con posterioridad a la presentación de la demanda.
c. Que la cuantía indeterminada se sustenta, además, en que la actora pretendía que se determinara el monto de lo adeudado.
d. No era obstáculo a lo anterior, que la actora en el recurso de revisión que promovió en contra de la sentencia dictada el seis de mayo de dos mil dos, por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, en el expediente **********, hubiera manifestado que era claro que para analizar la cuantía de las prestaciones reclamadas y sobre ellas calcular el monto de la contrafianza que fijó el Juez natural para levantar la medida precautoria decretada, debían considerarse los hechos décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto de la demanda, por constituir un todo y que, con base en ello, se fijó la contragarantía respectiva.
e. Que era así, porque el Juez estimó que el importe de la contrafianza y la cuantía del negocio para el efecto del cálculo de costas, son diversos; que igual consideración debía realizarse en relación con el argumento relativo a que el a quo infringió el principio de la cosa juzgada al llevar a cabo una interpretación defectuosa de la sentencia de veintiuno de noviembre de dos mil dos, dictada por este Tribunal Colegiado al resolver el recurso de revisión RC. **********, pues las cantidades de referencia no podían considerarse como base líquida del juicio, pues se encontraban sujetas a valoración posterior.
Como se ve, es cierto que en la sentencia de veinticuatro de mayo de dos mil seis se aplicó implícitamente lo dispuesto por los artículos 126, 127, 128 y 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ya que se parte de la base de que las costas son una sanción para el actor en el juicio natural cuyo trámite debe hacerse de manera incidental al no haberse resuelto lo relativo en la sentencia definitiva, y las consideraciones del fallo determinan que fue legal que el a quo considerara el asunto como de cuantía indeterminada, fundándose en ese precepto, lo cual se ponderó conjuntamente con el diverso criterio normativo que establece cómo se calcularán las costas cuando el asunto es de cuantía indeterminada.
Sin embargo, ese fallo interlocutorio no afectó los intereses o esfera jurídica de la demandada incidentista porque la Sala responsable no aprobó la planilla de liquidación propuesta por la actora y, en esa medida, la aplicación de las normas referidas ningún perjuicio le causó, porque no trascendió a su esfera jurídica.
Del mismo modo, debe establecerse que en el fallo dictado por la Sala responsable el veintisiete de noviembre de dos mil siete, que dio cumplimiento a la ejecutoria dictada por este Tribunal Colegiado en el recurso de revisión RC. **********, transcrito en el considerando que antecede, se consideró lo siguiente:
a. Son parcialmente fundados los motivos de inconformidad, ya que no fue correcta la actuación del a quo al haber considerado que la recurrente no acreditó los extremos de la planilla de liquidación de gastos y costas por estimar que, en el caso, el asunto era de cuantía indeterminada y era inaplicable el artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al ponderarse que ni en la sentencia definitiva ni en las prestaciones de la demanda exista cantidad líquida alguna.
b. De las actuaciones judiciales se desprende que se trata de un asunto de cuantía determinada porque si bien es cierto que en las prestaciones de la demanda, en los incisos a) y b), no precisó una cantidad líquida, también lo es que debe atenderse a la causa de pedir, que implica el análisis de la relación jurídica narrada en los hechos y procede analizar la demanda con los demás datos contenidos en ella, que permitan evaluar pecuniariamente las prestaciones, su carácter líquido y, en su caso, determinable, porque se ajuste a uno de los parámetros establecidos en la ley procesal o de la naturaleza propia de lo resuelto.
c. En forma contraria a lo sostenido por el Juez, el hecho de que se haya planteado un reclamo de condena genérica en las prestaciones no lo convierte en cuantía indeterminada, pues debe atenderse a la naturaleza del reclamo y, los hechos en que se sustentó la pretensión, para concluir sobre si es determinada o indeterminada, sin que quepa distinguir entre una y otra naturaleza, que no se obtenga por la actora lo que pidió y, que la demandada haya sido absuelta, porque se permitiría la aplicación diferenciada de la ley.
d. De los hechos décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto de la demanda, se colige que la actora reclamó diversas prestaciones líquidas que estimaba que la enjuiciada le adeudaba, que revela que el asunto era de cuantía determinada, porque existe una reclamación específica y determinada en contra de la demandada, y era procedente analizar la planilla de liquidación en términos del artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
e. El a quo violó el principio de cosa juzgada al llevar a cabo una interpretación defectuosa de la sentencia dictada por este Tribunal Colegiado, el veintiuno de noviembre de dos mil dos, en el recurso de revisión RC. **********, en el que se determinó, con carácter de cosa juzgada, que al analizar las prestaciones de la demanda y los hechos referidos, sí se precisaron cantidades líquidas que la actora estimaba que la demandada le adeudaba; de modo que lo resuelto en ese fallo debió servir para determinar que sí hubo cuantía determinada del asunto.
f. No se aprobaba la planilla de liquidación pero por una razón distinta a la original, ya que de los hechos analizados se desprende que la cuantía del negocio por la que litigaron las partes fue de *********, y la cantidad de *********, y la actora cuantificó en su planilla de liquidación la cantidad de *********, y la cantidad de **********, que multiplicadas por el ocho por ciento a que se refiere el artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, arrojaron las cantidades de ********* y *********, por lo que no era de aprobarse la planilla porque la inconforme cuantificó en dicha planilla intereses moratorios, a razón del seis por ciento anual, previsto en el artículo 362 del Código de Comercio, y ese reclamo no se hizo en cantidad líquida y determinada, ni en el capítulo de prestaciones ni en los hechos, como sí ocurrió respecto de las cantidades que "integran la suerte principal".
Como se aprecia, en la sentencia de mérito se aplicaron los artículos 126, 127, 128 y 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por estimarse que el asunto era de cuantía determinada y, por ello, se toman en consideración las bases para liquidar las costas, y se parte de la base de que las costas son una sanción para el actor en el juicio natural cuyo trámite debe hacerse de manera incidental, al no haberse resuelto lo relativo en la sentencia definitiva.
Esa sentencia que confirmó el fallo de primer grado no afectó los intereses de la demandada incidentista, ahora quejosa, porque la Sala responsable no aprobó la planilla de liquidación propuesta por la actora, y en esa medida, la aplicación de las normas referidas ningún perjuicio le causó a la impetrante de amparo, porque no trascendió a su esfera jurídica.
Lo anterior se corrobora aún más, si se toma en consideración que la demandada incidentista, ahora quejosa recurrente, combatió en amparo indirecto ante el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, ese fallo de la Sala responsable, para tratar de demostrar su inconstitucionalidad por no tomar en consideración diversos argumentos que habrían evidenciado la improcedencia de la planilla de liquidación propuesta por su contraria.
Los conceptos de violación planteados en esa demanda de amparo se declararon inoperantes por el Juez de Distrito y dieron lugar a que se le negara el amparo solicitado en el expediente **********.
Al analizarse por este Tribunal Colegiado, los agravios contenidos en el recurso de revisión que interpuso la quejosa, fueron declarados inoperantes pero sobre la base de que el juicio de garantías era improcedente, porque el acto reclamado no le irrogaba perjuicio.
En efecto, este tribunal en el recurso de revisión RC. **********, resuelto el diecinueve de septiembre de dos mil ocho, falló, en lo que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. Causa de improcedencia actualizada en el juicio de amparo ********** promovido por **********.
"Este Tribunal Colegiado advierte que en el juicio de amparo indirecto promovido por **********, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o el reglamento o cualquier otro acto que se reclame.
"En la especie se afirma que está actualizada la causa de improcedencia invocada porque la sentencia interlocutoria de veintisiete de noviembre de dos mil siete, dictada en el toca **********, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la demandada en el principal y actora incidentista, en contra de la sentencia de cuatro de abril de dos mil seis, relativa al incidente de regulación de gastos y costas, promovido por **********, en el juicio ordinario mercantil **********, ante el Juzgado Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que figura como acto reclamado en la demanda de amparo, confirmó el fallo de primer grado que no aprobó la planilla de liquidación de gastos y costas y no hizo especial condena en costas a cargo de las partes.
"Por tales motivos, se estima actualizada la causal de improcedencia invocada, dado que el acto reclamado no decretó una condena en contra de la peticionaria de garantías, hoy recurrente y, por tanto, no le irroga algún perjuicio, lo que motiva a sobreseer con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo.
"En mérito de lo anterior, son inoperantes los argumentos que se dirigen a controvertir:
"* Los argumentos relativos a que en sus conceptos de violación hizo valer esos argumentos ‘para robustecer el sentido del fallo de apelación que desaprobó la planilla de liquidación de costas, fundándose para ello en una cuestión cuyo estudio, incluso, debía emprenderse de oficio por el tribunal ad quem’ pues el hecho de que la Sala no hubiese desestimado el incidente de liquidación en costas, con base en lo alegado en los conceptos de violación no implica que la recurrente estuviere impedida para hacer valer esas circunstancias, porque atañen a los presupuestos de procedencia del incidente planteado que están relacionados con el monto del negocio que estableció que el asunto era de cuantía determinada.
"* Y, los referidos a que lo que pretendió es que se tomaran en cuenta diversos aspectos que no fueron apreciados por la Sala responsable, con miras a obtener igualmente la declaración de improcedencia de la planilla de liquidación de costas formulada, por lo que sus argumentos no podían ser declarados inoperantes; y si se hubieran tenido en cuenta las circunstancias hechas valer, se habría concluido de igual forma en la improcedencia del incidente de mérito, por guardar estrecha relación con el tema relativo a que era de cuantía indeterminada, atentos a los parámetros establecidos por este Tribunal Colegiado en la resolución dictada en el recurso de revisión RC. **********.
"La inoperancia radica en que se dirigen a controvertir el fondo del asunto y existe un obstáculo legal para proceder a su análisis.
"No obstante, aunque se considerara procedente su examen porque se surtieran los presupuestos procesales de la acción de amparo, serían igualmente inoperantes.
"Efectivamente, este Tribunal Colegiado ha establecido, en diversos precedentes sobre el tema, que en principio, la litis de la segunda instancia queda circunscrita a lo planteado por la parte apelante en el escrito por el que interpuso el recurso de apelación en contra del fallo de primer grado, es decir, aquélla se fijó por las consideraciones de la sentencia de primer grado y los agravios dirigidos a demostrar su ilegalidad.
"Al respecto, debe ponderarse que los agravios son la medida de la apelación y a ellos deba ceñirse, por regla general, el estudio de la autoridad de alzada lo cual, ciertamente ocurre, dado que el recurso de apelación tiene, en términos del artículo 1336 del Código de Comercio, por objeto la confirmación, revocación o modificación de la resolución del inferior, por parte del superior, lo cual se determina una vez que este último ha efectuado un nuevo examen o reacertamiento sobre la actuación de aquél con base, única y exclusivamente, en los agravios expresados por la parte apelante, de forma tal que la litis en ese medio de impugnación ordinario se integra con las consideraciones de la sentencia recurrida y los argumentos del impugnante.
"Son aplicables, en ese aspecto, los criterios de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tienen los datos de localización, rubro y texto siguientes:
"‘Localización:
"‘Séptima Época
"‘Registro: 239404
"‘Instancia: Tercera Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"‘Volúmenes: 217-228, Cuarta Parte
"‘Página: 22
"‘Materia(s): Civil
"‘Tesis aislada
"‘APELACIÓN. ES INNECESARIO EL EXAMEN DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS. La circunstancia de que la autoridad responsable no se refiera en su sentencia al escrito de contestación de agravios, no redunda en perjuicio de los intereses jurídicos del apelado, ya que la materia de la sentencia de segunda instancia se limita generalmente al examen de la resolución recurrida con vista de los agravios que expresa el apelante y que fundan el recurso; la intervención del apelado a través de su escrito de contestación de los agravios no desarrolla más función que la de sostener, desvirtuando tales agravios, la legalidad de la sentencia recurrida pronunciada en sentido favorable a sus intereses.’
"‘Localización:
"‘Séptima Época
"‘Registro: 239624
"‘Instancia: Tercera Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"‘Volúmenes: 217-228, Cuarta Parte
"‘Página: 188
"‘Tesis aislada
"‘Materia(s): Común
"‘LITIS, APELACIÓN EN LA. SE INTEGRA CON LA SENTENCIA RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS. Los argumentos hechos valer en el escrito de contestación de agravios no forman parte de la litis en la apelación, pues ésta se integra exclusivamente con la sentencia recurrida y los agravios, pero de ninguna manera con el escrito en que se contestan los agravios.’
"‘Localización:
"‘Sexta Época
"‘Registro: 272266
"‘Instancia: Tercera Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"‘Volúmenes: XVII, Cuarta Parte
"‘Página: 48
"‘Tesis aislada
"‘Materia(s): Civil
"‘APELACIÓN, MATERIA DE LA LITIS EN LA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE SINALOA). Fuera de los casos previstos en el artículo 716 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito y 712 del de Sinaloa y conforme a los artículos 81 y 705 del código del Distrito, que respectivamente, corresponden al 81 y al 702 del código de Sinaloa, el tribunal de alzada sólo recobra su plenitud de jurisdicción, y para no violar el principio de la congruencia consignado en dicho artículo 81, en las precisas cuestiones que se someten a su decisión mediante la expresión de agravios y conforme al conocido aforismo, «tantum devolutum quantum apellatum», a tal grado que los invocados artículos 705 del código del Distrito y 702 del de Sinaloa establecen que la falta de expresión de agravios por el apelante trae como consecuencia que se tenga como desierto el recurso, o lo que significa que los agravios son los medios que proporcionan materia de examen al tribunal de alzada y al mismo tiempo, la medida del quantum en que recobra su plenitud de jurisdicción; y por donde se concluye que si en el fallo que se combate, la hoy quejosa, en el escrito de expresión de agravios que formuló, «omitió por completo atacar las consideraciones del juzgador del primer conocimiento que lo condujeron a abstenerse de estudiar y decidir la cuestión de dominio introducida por las partes, pues las inconformidades contenidas en los agravios se reducen a reclamar que el inferior omitió el estudio de ciertas pruebas (la pericial, la de inspección judicial y la confesional, mencionadas expresamente en el primer agravio, así como la documental y la de inspección ocular mencionadas en el tercero, y que por cierto, y según se ha visto, fueron estudiadas), dejando así fuera la litis de esta segunda instancia la mencionada cuestión, toda vez que la materia de la litis en la alzada está constituida por los agravios y la resolución referida y no por las acciones hechas valer en primera instancia», mismas que solamente podrían ser materias del libre conocimiento en la apelación si, como antes se dijo, se tratara de acciones sobre las cuales no se hubiera hecho ninguna declaración ni hubiera sido oída una de las partes por no ser la apelante y no haber tenido por lo tanto oportunidad de impugnar la sentencia, pero que ostensiblemente no es el caso.’
"Este Tribunal Colegiado también ha precisado que la regla descrita sobre la delimitación de la litis en el recurso de apelación es general y no absoluta, pues de ningún modo impide que, por una parte, la autoridad de segunda instancia examine cuestiones ajenas a algún planteamiento específico en los agravios, pero que son fundamentales para la existencia de un proceso civil válido, como deriva de lo sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver contradicciones de tesis que atañen a presupuestos procesales como el litisconsorcio pasivo necesario y la vía, según puede advertirse de las jurisprudencias cuyos datos de localización, rubro y texto se indican enseguida:
"‘Localización:
"‘Novena Época
"‘Instancia: Primera Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo: XXIV, septiembre de 2006
"‘Página: 125
"‘Tesis: 1a./J. 47/2006
"‘Jurisprudencia
"‘Materia(s): Civil
"‘LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. AL SER UN PRESUPUESTO PROCESAL, EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE MANDAR REPONER EL PROCEDIMIENTO OFICIOSAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE NO TODOS LOS INTERESADOS FUERON LLAMADOS AL JUICIO NATURAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE A PARTIR DE JULIO DE 2002). El litisconsorcio pasivo necesario implica pluralidad de demandados y unidad de acción; de ahí que deban ser llamados a juicio todos los litisconsortes, quienes al estar vinculados entre sí por un derecho litigioso deben ser afectados por una sola sentencia, conforme a los artículos 1.86, 1.87 y 1.88 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. En ese sentido, cuando se interpone un recurso de apelación y el tribunal de alzada advierte que en el juicio natural hubo litisconsortes que no fueron llamados, aunque no medie petición de parte, en cualquier etapa del procedimiento está obligado a mandar reponerlo de oficio, para el efecto de que el Juez de primera instancia los oiga y dicte una sentencia completa, en atención a los principios de igualdad, seguridad jurídica y economía procesal, siendo que en términos del último numeral, los efectos son reponer el procedimiento a fin de que el Juez de primer grado prevenga al actor para que amplíe su demanda o la reconvención contra las personas que formen el litisconsorcio necesario. Lo anterior en virtud de que el litisconsorcio constituye un presupuesto procesal sin cuyos requisitos no puede dictarse una sentencia válida en tanto que involucra cuestiones de orden público; por lo que la carga procesal de citar a todas las partes corresponde al órgano jurisdiccional.’
"‘Localización:
"‘Novena Época
"‘Instancia: Primera Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo: XXI, abril de 2005
"‘Página: 576
"‘Tesis: 1a./J. 25/2005
"‘Jurisprudencia
"‘Materia(s): Común
"‘PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. El derecho a la tutela jurisdiccional establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es ilimitado, sino que está restringido por diversas condiciones y plazos utilizados para garantizar la seguridad jurídica. Así, las leyes procesales determinan cuál es la vía en que debe intentarse cada acción, por lo cual, la prosecución de un juicio en la forma establecida por aquéllas tiene el carácter de presupuesto procesal que debe atenderse previamente a la decisión de fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el juicio, en la vía escogida por el actor, es procedente, pues de no serlo, el Juez estaría impedido para resolver sobre las acciones planteadas. Por ello, el estudio de la procedencia del juicio, al ser una cuestión de orden público, debe analizarse de oficio porque la ley expresamente ordena el procedimiento en que deben tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a los particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley. En consecuencia, aunque exista un auto que admita la demanda y la vía propuesta por la parte solicitante, sin que la parte demandada la hubiere impugnado mediante el recurso correspondiente o a través de una excepción, ello no implica que, por el supuesto consentimiento de los gobernados, la vía establecida por el legislador no deba tomarse en cuenta. Por tanto, el juzgador estudiará de oficio dicho presupuesto, porque de otra manera se vulnerarían las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en el artículo 14 constitucional, de acuerdo con las cuales nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Luego entonces, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso, debe asegurarse siempre de que la vía elegida por el solicitante de justicia sea la procedente, en cualquier momento de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23402-1d313f2a/cosa-juzgada-influencia-de-un-juicio-anterior-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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