Corpus
Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTÁ FACULTADO PARA ANALIZAR DE OFICIO EN EL RECURSO DE REVISIÓN LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL Y AL ORDEN PÚBLICO QUE SE CAUSE CON DICHA MEDIDA CAUTELAR.

Tipo de asunto: INCIDENTE DE SUSPENSIÓN (REVISIÓN) 179/2010. · Registro digital (IUS): 23834
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3, Pág. 1450.

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN (REVISIÓN) 179/2010. 18 DE AGOSTO DE 2010. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: CARLOS AMADO YÁÑEZ. SECRETARIA: MARY ADRIANA QUEZADA CURIEL.

CONSIDERANDO:

NOVENO. En la primera parte de su único agravio manifiesta la quejosa que sí cuenta con un derecho legítimamente tutelado, porque bastan los títulos de concesión que exhibió, no obstante que estén vencidos, ya que precisamente la vigencia de dichos títulos constituye el fondo del amparo.

Expone que constituye parte del fondo del asunto, el determinar si la quejosa cuenta o no con un título de concesión prorrogado.

Es fundado el agravio que se analiza.

En la primera parte de la resolución interlocutoria recurrida, la Juez de amparo señaló que: "... si bien es cierto que la impetrante de garantías exhibió en un principio copia certificada del título de concesión para instalar, operar y explotar una red pública de radiocomunicación fija para prestar servicio al público de radio restringido con señal digitalizada; también es cierto que, con ese título la parte quejosa no acredita su interés suspensional para obtener la medida cautelar que solicita en contra de las consecuencias de los actos reclamados, porque, de conformidad con su cláusula sexta la vigencia de esa concesión era de diez años contados a partir del día treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y uno y venció el día treinta y uno de octubre de dos mil uno, por lo que resulta claro que, al día de hoy, ya no se encuentra vigente al haber transcurrido los diez años de su vigencia ..."

La determinación de la juzgadora es inexacta, pues constituye una tautología negar la suspensión definitiva por las mismas razones por las que se solicitó.

Dicho de otro modo, al resolver en el incidente de suspensión que no se demostró el derecho cuya titularidad se invoca, es negar la medida suspensiva por las razones que constituyen el propio agravio.

Para determinar el interés suspensional del quejoso recurrente se atiende a las siguientes documentales aportadas, consistentes en copias fotostáticas:

Títulos de concesión otorgados el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y uno a favor de **********, para operar y explotar una red pública de radiocomunicación fija para prestar el servicio público de radio restringido, con señal digitalizada en la ciudad de ********** y colonias circunvecinas, y radio restringido.

El oficio **********, de veinte de septiembre de dos mil cinco, por virtud del cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones, autorizó la cesión del título de concesión otorgado a **********, a favor de **********.

Copia certificada del oficio **********, de veintitrés de febrero de dos mil diez, emitido por el secretario de Comunicaciones y Transportes, por virtud del cual formalizó por escrito su resolución verbal por la que niega a la quejosa la prórroga de los títulos de concesión de (1) red pública de telecomunicaciones, y (2) bandas de frecuencias para prestar los servicios de audio restringido con señal digitalizada en la población de **********, otorgados el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y uno.

Las documentales relacionadas, valoradas con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, demuestran lo siguiente:

Que se otorgó a **********, el título de concesión para instalar, operar y explotar una red pública de radiocomunicación fija para prestar el servicio público de audio restringido con señal digitalizada en la ciudad de ********** y colonias circunvecinas, en los canales **********, por una vigencia de diez años, a partir del treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y uno.

El título de concesión se prorrogó por un plazo de noventa días y posteriormente por cinco años contados a partir del trece de marzo de dos mil dos, con vencimiento al doce de marzo de dos mil siete, conforme al oficio **********, de veinticinco de julio de dos mil tres, emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

**********, solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y le fue autorizada, la cesión de los derechos derivados de las concesiones a favor de **********.

**********, solicitó mediante escrito de dieciséis de febrero de dos mil seis, la prórroga de sus concesiones por un plazo de diez años.

Por oficio **********, de veintitrés de febrero de dos mil diez, el secretario de Comunicaciones y Transportes negó la solicitud de prórroga de las concesiones a cargo de **********.

Con base en las pruebas relacionadas se obtiene que el interés suspensional de la quejosa recurrente se lo confiere, precisamente, el carácter de titular de las concesiones cuya vigencia concluyó.

Si bien en el incidente suspensional no es posible adelantar si la titularidad de las concesiones cuya vigencia concluyó, le confieren derecho alguno a la quejosa que deba ser protegido constitucionalmente, sí es posible abordar el análisis de la suspensión de los actos a partir de los supuestos derechos que se estiman violados como titular de las concesiones que defiende.

Por esta razón es fundado el agravio planteado habida cuenta que la quejosa sí demostró que tiene el carácter de titular de las concesiones, que si bien han concluido su vigencia, precisamente la cuestión a dilucidar en el fondo es si procede o no su prórroga, lo anterior conforma su interés suspensional, esto es, la facultad de que se analice si procede o no la suspensión de los actos reclamados y sus consecuencias.

Ahora bien, atento a la naturaleza del incidente suspensional en el que no existe la figura del reenvío, corresponde a este tribunal estudiar de oficio, si en el caso se satisfacen los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión solicitada, en aras de una pronta impartición de justicia conforme lo prevé el artículo 17 constitucional.

La consideración se apoya en la tesis I.16o.A.4 K, sustentada por este tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 3330, de rubro y texto siguientes:

" El artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo dispone que en el juicio de garantías la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y, en relación con tales conceptos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la jurisprudencia 522, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, página 343, de rubro: ‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.’, que el perjuicio al interés social y la contravención a disposiciones de orden público se actualiza cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría, lo cual debe valorarse en cada caso, considerando que cuando sea evidente y manifiesta la actualización de los citados requisitos para el otorgamiento de la medida cautelar no se requiere prueba sobre su existencia o inexistencia. Por tanto, el Tribunal Colegiado de Circuito está facultado para analizar de oficio en el recurso de revisión la afectación al interés social y al orden público que se cause con la suspensión definitiva, pues el análisis del interés que tiene la sociedad en que con la determinación citada no se prive a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría culmina en el recurso de revisión."

Para tal efecto, se atiende al contenido del artículo 124 de la Ley de Amparo:

"Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:

"I. Que la solicite el agraviado.

"II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

"(Reformado, D.O.F. 24 de abril de 2006)

"Se considera, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión:

"a) Se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes;

"b) Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;

"c) Se permita el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario;

"d) Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza;

"e) Se permita el incumplimiento de las órdenes militares;

"f) Se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas, y (sic)

"g) Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;

"N. de E. en relación con la entrada en vigor del presente inciso, ver transitorio primero del decreto que modifica la ley.

"(Adicionado, D.O.F. 29 de mayo de 2009)

"h) Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio en cualquiera de sus fases, previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo en el caso que el quejoso sea ajeno al procedimiento, situación en la que procederá la suspensión, sólo sí con la continuación del mismo se dejare irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.

"III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

"(F. de E., D.O.F. 14 de marzo de 1951)

"El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio."

Los actos respecto de los cuales la quejosa solicitó la suspensión, se hicieron consistir en los siguientes:

"... a) No se le impida prestar los servicios que tiene concesionados consistente, en radio restringido en la población de **********, y que no se le obligue a poner a disposición de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la banda de frecuencia objeto de la concesión;

"b) Para que no se rescaten los bienes objeto de la concesión;

"c) Que la autoridad no consume los inminentes actos de molestia y privación, como son sanciones y multas, denuncias y querellas e incluso el uso de la fuerza pública ..."

Se procede al estudio del acto identificado con el inciso a), antes transcrito.

Ahora, de la lectura del artículo 124 en mención, se obtiene que en el caso se cumple con el primero de los requisitos para el otorgamiento de la medida cautelar, pues la suspensión fue solicitada por la parte quejosa en el capítulo correspondiente de su escrito de demanda.

En cuanto al requisito de la fracción II del artículo 124 en estudio, atinente a que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, se tiene lo siguiente:

Como es sabido, la suspensión en el juicio de amparo tiene por objeto paralizar la ejecución de los actos reclamados y sólo puede obrar hacia el futuro y nunca hacia el pasado, siendo esto lo que distingue a la concesión de la suspensión, que previene daños impidiendo la ejecución de actos que los causarían, del otorgamiento del amparo, que repara los daños ya sufridos invalidando los actos que los originaron, retrotrayendo la situación jurídica del quejoso al momento en que se cometió la violación de garantías.

Dado que la suspensión garantiza la conservación de la materia del amparo, al resolverse sobre ella no pueden abordarse cuestiones propias del fondo del asunto, ni sus efectos pueden coincidir con los propios de la sentencia, pues esto equivaldría a prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto y anticipar los efectos protectores de un fallo.

Por tanto, de otorgar la medida cautelar solicitada se constituirían derechos que la hoy recurrente no tiene, lo que no es propio de la suspensión, cuyo fin es mantener las cosas en el estado en que se encuentran.

Tiene aplicación al caso la jurisprudencia VI.2o. J/12, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, junio de 1995, página 368, del tenor siguiente:

"SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardaban al decretarla, y no en el de restituirlas al que tenían antes de existir el acto reclamado. Lo que sólo es efecto de la sentencia que concede el amparo en cuanto al fondo."

En efecto, de otorgar la suspensión para que no se impida prestar los servicios que se le concesionaron a modo de extender una concesión que, en principio, concluyó, resultaría en una sustitución por parte de este tribunal a las atribuciones que competen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es quien cuenta con la atribución de prorrogar dichas concesiones, y que en todo caso será un aspecto que habrá de decidirse en el juicio principal.

Por consiguiente, el otorgamiento de la suspensión sí produce efectos constitutivos aun cuando se aduzca que se cumplió con los requisitos para obtener la prórroga de los títulos de concesión, con base en lo previsto en los artículos 19 y 27 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, y que se cuenta con la opinión favorable del Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, pues ambas consideraciones son cuestiones del fondo del asunto que no son materia de la medida cautelar cuyo objeto es paralizar los actos que se estiman violatorios de garantías, en tanto se resuelve en definitiva el juicio principal, pero no cumple una función restitutoria ni aún precautoriamente.

De ahí que no se satisfaga el requisito del artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, pues de concederse la suspensión definitiva solicitada se perjudicaría a la sociedad y se contravendrían disposiciones de orden público, ya que la sociedad está interesada en que los servicios públicos, en especial aquellos que tienen un impacto directo en la sociedad, como son las comunicaciones en radio u otros medios, se presten en estricto cumplimiento a las disposiciones legales mediante la concesión correspondiente, lo que no acontece en el caso en que la concesión concluyó su vigencia.

También debe negarse la suspensión respecto de las consecuencias que el quejoso hizo consistir en las siguientes: "... Para que no se rescaten los bienes objeto de la concesión y que la autoridad no consume los inminentes actos de molestia y privación como son sanciones y multas, denuncias y querellas e incluso el uso de la fuerza pública ...", pues en ambos casos se trata de actos futuros e inciertos.

Ello es así, habida cuenta que no se tiene la certeza de su realización inminente ni son consecuencia directa e inmediata de los actos que reclama.

Sustenta lo anterior, por el sentido que la orienta, la jurisprudencia 2a./J. 14/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, febrero de 2010, página 141, que dispone:

"SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA EJECUCIÓN DEL APERCIBIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE UNA MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE UN LAUDO LABORAL, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO. Conforme al criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por regla general sólo los actos futuros de inminente realización y no los futuros e inciertos son susceptibles de suspenderse, entendiéndose por los primeros los que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de modo que pueda asegurarse que se ejecutarán en breve, y por los segundos, aquellos cuya realización es remota, ya que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones. En ese tenor, resulta improcedente conceder la suspensión contra la ejecución del apercibimiento al quejoso con la imposición de una multa en caso de no cumplir con un laudo laboral, pues constituye un acto futuro e incierto, en virtud de que su realización no es segura, por depender de la conducta que aquél asuma en relación con ese mandato judicial."

En la segunda parte de su agravio, señala la parte recurrente que se aplicó indebidamente la tesis jurisprudencial, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", ello pues considera que la Juez debió analizar que para efectos de la apariencia del buen derecho, la autoridad tiene la obligación de prorrogar su concesión en los términos en que se encuentra establecida.

Agrega que la medida cautelar solicitada no va encaminada a causar mayores perjuicios de los que se pueden evitar con su otorgamiento, ni va en contra de las "preocupaciones fundamentales de la sociedad".

Es infundado lo argumentado, pues parte de la afirmación de la quejosa de que cumplió con los requisitos de los artículos 19 y 27 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y que, por ello, la autoridad tiene la obligación de prorrogar sus concesiones.

No obstante, la pertinencia a la prórroga de la concesión que pretende la quejosa recurrente, constituye una determinación emanada del cumplimiento a las diversas disposiciones legales que rigen la concesión, así como la verificación, incluso técnica, de que se cumple con los requerimientos correspondientes.

Luego, no basta que la quejosa manifieste reunir los requisitos previstos en los artículos 19 y 27 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para que se desprenda, anticipadamente, la inconstitucionalidad del acto; de ahí que no se actualice la tesis jurisprudencial que invoca.

Esto es, dada la naturaleza compleja del acto no es posible anticipar, sin que medie el estudio del caso, la inconstitucionalidad que alega la quejosa recurrente y, por tanto, conceder la suspensión restituyendo a la quejosa en un derecho que está por definirse.

También se desestima, para ese efecto, que la quejosa afirme que goza de una opinión favorable para obtener la prórroga de la concesión por parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, pues también existe otra resolución que revoca dicha opinión y emite una desfavorable, como se indica en el oficio 1.36 de veintitrés de febrero de dos mil diez.

Al haberse desestimado los agravios, por las razones antes precisadas, resultan inaplicables los criterios que invoca a su favor la recurrente y, por ende, lo procedente es negar la interlocutoria recurrida.

DÉCIMO.-Las revisiones adhesivas interpuestas por la directora de Amparos "B" de la Dirección General Adjunta de Procesos Contenciosos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, delegada del titular de dicha secretaría y del director general de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión de la citada dependencia, deben declararse sin materia.

El artículo 83, último párrafo, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente:

"Artículo 83. Procede el recurso de revisión:

"...

"En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses, puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste."

Del precepto legal en comento se advierte que el recurso de revisión adhesiva tiene como finalidad que la parte que obtuvo sentencia favorable a sus intereses, pueda expresar agravios tendentes a reforzar o mejorar las consideraciones de la sentencia que le beneficiaron, permitiéndole proporcionar, como materia de estudio en segunda instancia, nuevos elementos que permitan confirmar la sentencia en la parte impugnada a través del recurso de revisión.

Por tanto, el interés de la parte adherente está sujeto a la suerte del recurso principal y si éste resulta favorable a sus intereses, desaparece la condición de reforzar el fallo recurrido, por lo que la revisión adhesiva debe declararse sin materia.

En el caso que nos ocupa, los agravios planteados en el recurso de revisión fueron, fundado pero inoperante uno e infundado el otro y, por ende, subsiste la negativa a otorgar la medida cautelar solicitada.

En tales circunstancias, el recurso de revisión adhesiva interpuesto por las autoridades responsables debe declararse sin materia, pues desapareció la condición a la que estaba sujeto su interés jurídico para interponerla, es decir, la necesidad de reforzar el fallo de primer grado que le favorecía.

Sirve de apoyo a la anterior determinación la Jurisprudencia 2a./J. 166/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 552, que dispone:

"REVISIÓN ADHESIVA EN AMPARO INDIRECTO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA SI LA REVISIÓN PRINCIPAL RESULTA INFUNDADA.-El artículo 83, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé la procedencia del recurso de revisión contra las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito, y en su último párrafo establece que en todos los casos a que se refiere ese precepto, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión principal. Ahora bien, si se toma en cuenta que el recurso de revisión adhesiva carece de autonomía, al señalar el párrafo indicado que la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste, es evidente que si la revisión principal resulta infundada, aquél debe declararse sin materia, por su naturaleza accesoria."

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-En la materia del recurso se modifica la interlocutoria recurrida.

SEGUNDO.-Se niega la suspensión definitiva a **********, Sociedad Anónima de Capital Variable.

TERCERO.-Se declara sin materia la revisión adhesiva interpuesta por el secretario y por el director General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, ambos de la Secretaría de de Comunicaciones y Transportes.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así por unanimidad de votos de los Magistrados, María Guadalupe Molina Covarrubias (presidenta), Ernesto Martínez Andreu y Carlos Amado Yáñez (ponente), lo resolvió el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

En términos de lo previsto en los artículos 3, 13, 14, 18 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23834-d707a93a/suspension-definitiva-en-el-amparo-el-tribunal-colegiado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.