Corpus
Modo: Corpus Pro

DERECHOS FUNDAMENTALES. SU VIGENCIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES. PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA CONSTITUCIÓN NO RECONOCE EL DERECHO AL INSULTO. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO AL HONOR. EXPRESIONES QUE SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS CONSTITUCIONALMENTE. DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 8/2012. · Registro digital (IUS): 23866
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ARRENDADORA OCEAN MEXICANA, S.A. DE C.V. Y OTROS.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Pág. 732.

DERECHOS FUNDAMENTALES. SU VIGENCIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES.

PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.

AMPARO DIRECTO 8/2012. ARRENDADORA OCEAN MEXICANA, S.A. DE C.V. Y OTROS. 4 DE JULIO DE 2012. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: JAVIER MIJANGOS Y GONZÁLEZ.

V. Competencia

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente asunto, en atención a que se ejerció la facultad de atracción, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, último párrafo, de la Constitución, 182, fracción I, de la Ley de Amparo y 21, fracción III, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

VI. Oportunidad

La resolución reclamada se notificó a la parte quejosa por medio del Boletín Judicial de 8 de abril de 2011, surtió efectos el 11 del mismo mes y año, y el término de quince días para interponer la demanda que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo transcurrió del 12 de abril al 9 de mayo de 2011, descontándose de este cómputo el 16, 17, 23, 24 y 30 de abril y el 1o. de mayo, por ser sábados y domingos, así como el 18, 19, 20, 21 y 22 de abril, por ser días inhábiles, de conformidad con el acuerdo 42-45/2010 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, aprobado el 26 de octubre de 2010; todo lo anterior en términos de los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Al haberse presentado la demanda de amparo el 6 de mayo de 2011,(81) la demanda es oportuna.

VII. Existencia del acto reclamado y procedencia del juicio de amparo

La existencia del acto reclamado quedó acreditada con la sentencia original de segunda instancia, constante en el toca respectivo (supra apartado I.5).(82)

Respecto al análisis de la posible actualización de alguna de las causales de improcedencia, previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, esta Primera Sala observa que no se actualiza causal alguna.

De conformidad con lo anterior, a continuación se dará respuesta a los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, mismos que, según advierte esta Primera Sala, plantean cuestiones de distinta naturaleza, razón por la cual su estudio se llevará a cabo en cuatro apartados distintos:

1. Análisis del marco normativo que resulta aplicable para acciones de daño moral en el Distrito Federal, de modo que el estudio del presente caso se lleve a cabo considerando la normativa que, efectivamente, resulte aplicable al caso (apartado VIII).

2. Estudio de la prescripción parcial de la acción, puesto que ello permitirá determinar con precisión el objeto de la litis (apartado IX).

3. Análisis de fondo, una vez definidas la normativa aplicable y el objeto de la litis (apartado X).

4. Consideraciones sobre la condena a los coactores al pago de gastos y costas judiciales, cuyo estudio depende de lo que se resuelva respecto al fondo del asunto (apartado XI).

VIII. Marco normativo aplicable

a las acciones de daño moral en el Distrito Federal

En el primer concepto de violación, los quejosos señalaron que el acto reclamado es inconstitucional, al determinar que en el presente caso no resultaba aplicable el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal,(83) sino únicamente la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de mayo de 2006. Para la parte quejosa, ambos marcos normativos deben aplicarse simultánea y congruentemente.

Tal como lo señaló la parte quejosa, la Sala responsable sostuvo que el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal no resulta aplicable para las acciones ejercidas respecto de supuestos abusos en el ejercicio de las libertades de expresión e información, sino que se encontraba derogado por la ley antes citada.

Al respecto, esta Primera Sala observa que la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen establece lo siguiente:

"Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden e interés público y de observancia general en el Distrito Federal, y se inspiran en la protección de los derechos de la personalidad a nivel internacional reconocidos en los términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Tiene por finalidad regular el daño al patrimonio moral derivado del abuso del derecho de la información y de la libertad de expresión.

"Tratándose de daño al patrimonio moral diverso al regulado en el párrafo que antecede, se seguirá rigiendo por lo dispuesto en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal."

"Segundo transitorio. Se deroga el último párrafo del artículo 1916 y el artículo 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal."

Para dar respuesta al planteamiento esgrimido por la parte quejosa, es necesario analizar los párrafos segundo y tercero del artículo 1 de la ley antes citada, ya que el primer párrafo únicamente afirma el carácter de orden público de las disposiciones contenidas en el cuerpo normativo de referencia y reconoce a las disposiciones internacionales de protección de los derechos humanos como una fuente de la propia ley.

El segundo párrafo delimita clara y precisamente el objeto de la ley: regular el daño al patrimonio moral derivado del abuso del derecho a la información y de la libertad de expresión. El párrafo tercero refuerza lo anterior y aclara que los daños al patrimonio moral, diversos del regulado en la ley, es decir, que no tengan por origen el supuesto abuso de las libertades de expresión e información, se seguirán rigiendo por lo dispuesto en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal.

En consonancia con lo anterior, es importante destacar que la responsabilidad por daño moral puede surgir como consecuencia de diversos hechos causantes del mismo, de modo que, implícitamente, la norma en comento plantea una distinción del tratamiento de la responsabilidad por daño al patrimonio moral, dependiendo de su origen.

En ese sentido, en el Distrito Federal se prevé la existencia de dos regímenes normativos distintos para regular la responsabilidad civil por afectaciones al patrimonio moral: si la acción para reclamar la reparación del daño tiene por origen el ejercicio presuntamente abusivo de las libertades de expresión e información, el marco normativo aplicable es el previsto en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal; si, por el contrario, la acción tiene por origen un hecho o un acto jurídico distinto, el marco normativo aplicable es el previsto en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal.

De lo anterior se desprende que el primero de los regímenes antes descritos ha derogado al previsto en el Código Civil, según se desprende de la redacción del artículo 1 ya analizado, además del hecho consistente en que la ley representa una norma especial -y posterior- respecto del artículo 1916 del Código Civil, en tanto regula una especie dentro del género identificado como responsabilidad por daño moral.

Lo anterior se refuerza con la exposición de motivos de la ley, misma que, según lo ha reconocido esta Primera Sala, es un elemento coadyuvante para reconstruir la voluntad del legislador.(84)

"En México, cuando entra en colisión el derecho a las libertades de expresión e información con otros bienes jurídicos protegidos como el derecho a la vida privada, al honor y a la propia imagen, se ha buscado resolver de manera paralela por la vía penal y por la vía civil. Es importante señalar que la vía civil debe ser la única vía legítima para resolver este conflicto de derechos.

"...

"... esta iniciativa considera que las figuras (penales) ... y la figura del daño moral incluida en el Código Civil vigente deben ser sustituidas por una ley especial de naturaleza civil que, por un lado, despenalice los denominados delitos contra el honor y, por otro, que permita un proceso ágil, eficaz y pertinente para resarcir los derechos de la personalidad lesionados con motivo del ejercicio del derecho a las libertades de expresión e información."(85)

En esta lógica, resulta clara la intención del legislador de sustituir lo dispuesto en el artículo 1916 del Código Civil por una nueva regulación, que permita un proceso "ágil, eficaz y pertinente para resarcir los derechos de la personalidad", para lo cual se emitió la ley en comento.(86)

En el mismo sentido, durante el debate parlamentario, se planteó la necesidad de aclarar expresamente -para evitar dudas e interpretaciones contradictorias- que la nueva ley derogaba al artículo 1916 del Código Civil como régimen aplicable a la responsabilidad civil por el ejercicio de las libertades de expresión e información, lo cual llevó a la Asamblea Legislativa a aprobar la inclusión de los párrafos segundo y tercero del artículo 1 de la ley, tal como se desprende de la siguiente transcripción del debate:

"Se estima que la aprobación de la iniciativa de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal representa un indiscutible avance democrático para evitar los abusos e injustificados ataques que en la práctica se han realizado en quebranto de las libertades de expresión e información mediante la promoción de juicios de responsabilidad civil por daño moral, al amparo de las disposiciones que al respecto se encuentran contenidos en el Código Civil para el Distrito Federal.

"Debe tomarse en cuenta que contrariamente a lo que ha acontecido tratándose de daño moral reclamado por un supuesto abuso del derecho a la información y a las libertades de opinión, crítica y expresión, la reparación del daño moral por supuestos diversos a los antes señalados, entre los que de manera enunciativa se podrían señalar el causado como consecuencia de la actualización de la responsabilidad objetiva por violencia familiar, daños producidos en las personas por accidentes de tráfico de vehículos o por responsabilidad médica profesional, los daños que vulneran o menoscaban ilegalmente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas o los daños producidos por la vulneración de diversos derechos fundamentales, entre los que de manera enunciativa se pueden señalar los derechos a la igualdad y a la no discriminación y el derecho a la protección de la salud, ha funcionado de manera adecuada y hoy en día prácticamente representa la única alternativa real para el resarcimiento de la afectación a los derechos de la personalidad, ya que para determinar el monto de su reparación se atiende a la naturaleza de los derechos lesionados al grado de responsabilidad, a la situación económica del responsable y de la víctima, así como las demás circunstancias del caso.

"Debido a ello se propone adicionar el segundo y tercer párrafo al artículo 1o. del dictamen que se discute para señalar de manera enfática que el ámbito de aplicación de la ley únicamente opera respecto al daño moral causado con motivo del abuso del derecho a la información y a las libertades de opinión, crítica y expresión, por lo que tratándose del daño moral diverso al que es materia de regulación por la ley que se propone, se seguirá rigiendo por lo dispuesto en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal."(87)

En conclusión, esta Primera Sala sostiene que el marco normativo aplicable para los casos, cuyo estudio plantee la responsabilidad civil por daño moral, como consecuencia del ejercicio de las libertades de expresión e información, es el previsto en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal.

Consecuentemente, se declara infundado el primer concepto de violación.

IX. Estudio de la prescripción parcial de la acción

En el tercer concepto de violación, los quejosos impugnaron la sentencia de la Sala, al considerar que la determinación consistente en que la acción para exigir responsabilidad civil, por la caricatura elaborada por David Manrique, ya había prescrito, es contraria a derecho.

Los argumentos hechos valer por los quejosos son dos: (i) la caricatura no constituye un hecho aislado, sino que es una consecuencia de las notas periodísticas también impugnadas; y, (ii) mientras la caricatura continúe siendo accesible en Internet el daño cobra vigencia.

El primero de los argumentos hechos valer por la parte quejosa pretende incorporar la caricatura a una especie de bloque de conductas violatorias de sus derechos, identificándola como una consecuencia de las notas periodísticas objeto de la litis. No obstante lo anterior, tanto la caricatura como cada una de las notas periodísticas constituyen un acto autónomo, que si bien puede encuadrarse dentro de un contexto específico -como de hecho ocurre en el presente caso-, en realidad es independiente de las otras conductas.

El argumento en comento podría llegar a tener relevancia para un estudio de fondo, respecto de la constitucionalidad de la expresión hecha valer a través de esa imagen, pero definitivamente, no para efectos de determinar el momento en el cual podría haberse actualizado un supuesto ataque a la esfera jurídica de la persona aludida en la misma.

Ahora bien, por lo que hace al segundo argumento, según el cual mientras la caricatura continúe siendo accesible en Internet el daño sigue "vigente", es necesario hacer algunas precisiones.

En primer lugar, la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal establece, respecto del plazo de prescripción de la acción, lo siguiente:

"Artículo 38. Las acciones para exigir la reparación del daño, contenidas en la presente ley prescribirán a los dos años de la fecha en que se causó efectivamente el daño que contará a partir de la realización del acto que se presume ilícito."

La caricatura apareció publicada en la revista Fortuna la primera quincena de marzo de 2007, mientras que la demanda se presentó el 13 de abril de 2009, es decir, dos años y un mes después de la realización del acto que se presume ilícito.

Al respecto, los coactores manifestaron que la caricatura los afectó desde el momento de su publicación,(88) pero controvirtieron la forma en que se actualizaría dicho acto para efectos de contabilizar la prescripción, alegando que no terminaría de actualizarse el supuesto hecho ilícito al permanecer en Internet, de modo que el plazo de prescripción de su acción no podría empezar a correr, sino hasta que dicha caricatura desapareciese de la red o que se volviese inaccesible al público.

Esta Primera Sala observa que la publicación impugnada constituye un acto de ejecución instantánea, naturaleza que no se ve afectada por su subsistencia y accesibilidad en Internet, de modo que, al haberse publicado en la primera quincena de marzo de 2007, situación que los propios coactores confesaron en sus escritos de demanda inicial y demanda de amparo -manifestándose sabedores de la misma-, no cabe duda respecto a que el inicio del cómputo del plazo de prescripción comenzó a correr a partir de dicha fecha, razón por la cual la acción respectiva se encuentra prescrita.

En este sentido, la subsistencia y accesibilidad de la caricatura impugnada no tienen incidencia alguna respecto al cómputo del plazo para efectos de la prescripción de la acción, lo que no quiere decir que dichos hechos carezcan de toda relevancia jurídica, pues de haber sido admitida la acción respecto de dicho acto, su publicidad y difusión serían elementos que debieran considerarse ante un eventual pronunciamiento respecto del fondo y las medidas de reparación que pudieran llegar a dictarse en una sentencia.

No sostener lo anterior implicaría que el inicio del plazo de prescripción de la acción de daño moral permaneciese "congelado" o suspendido durante todo el tiempo que un artículo, comentario, imagen, etcétera, se encontrase disponible en Internet, lo que en estos tiempos equivaldría a hacer nugatorio el plazo de prescripción.

En conclusión, esta Primera Sala confirma la prescripción de la acción para demandar responsabilidad de David Manrique por la publicación de la caricatura.

Consecuentemente, se declara infundado el tercer concepto de violación.

X. Estudio de fondo

En el segundo concepto de violación, la parte quejosa cuestiona la protección constitucional del contenido de las notas periodísticas impugnadas, mientras que en el cuarto concepto de violación controvierte la determinación de la Sala respecto a la consideración de una prueba como superveniente. Al respecto, esta Primera Sala advierte que los alegatos vertidos en el cuarto concepto de violación, en realidad, se refieren a si la prueba documental en cuestión acredita la veracidad de la información, lo que también tiene que ver con la protección constitucional de la información publicada.

Consecuentemente, esta Primera Sala realizará un análisis conjunto de los conceptos de violación segundo y cuarto, toda vez que los mismos se encuentran íntimamente vinculados respecto al tema de fondo, y ello permitirá una exposición más clara y precisa de las cuestiones jurídicas involucradas en el presente en este caso.

El desarrollo del presente apartado abordará: (1) como cuestiones preliminares, el análisis de la naturaleza del problema jurídico planteado, un pronunciamiento previo al estudio de la licitud del contenido de las notas -respecto de las personas demandadas en el juicio de origen- y la identificación, apriorística, de los derechos que se encuentran en pugna; (2) la exposición de la doctrina de este Alto Tribunal sobre las libertades de información y expresión y sus límites; (3) el análisis conjunto de los artículos objeto de la litis para determinar su contenido, pues ello permitirá aplicar la doctrina de esta Suprema Corte al caso concreto; (4) la aplicación de la doctrina antes expuesta a la luz de los hechos del caso; y, (5) el estudio de la medida cautelar dictada en el juicio de origen, cuya violación alega la parte quejosa.

1. Cuestiones preliminares

Como cuestiones preliminares, en el presente caso es fundamental: (A) analizar la naturaleza de problema jurídico planteado en el presente caso; (B) formular un pronunciamiento previo al estudio de la licitud del contenido de las notas, respecto de las personas demandadas en el juicio de origen; y, (C) identificar los derechos que se encuentran en pugna.

1.A Análisis de la naturaleza del problema jurídico planteado

Por lo que hace a la primera de las cuestiones preliminares, resulta evidente que, por la naturaleza de las partes involucradas en el juicio de origen, nos encontramos frente a un conflicto de derechos fundamentales que se origina en una relación entre particulares.

Esta Primera Sala resolvió recientemente el amparo directo en revisión 1621/2010, en el cual destacó la fuerza vinculante de los derechos fundamentales en todo tipo de relaciones, incluyendo las jurídico-privadas, de donde se desprende esta eficacia horizontal de los derechos fundamentales, la que, a su vez, tiene como efecto que los tribunales deban atender a la influencia de los valores que subyacen a dichos derechos en los asuntos que son de su conocimiento. De la ejecutoria antes citada se desprendió la tesis aislada 1a. CLI/2011, cuyo contenido es exactamente aplicable a nuestro caso, y cuyo rubro es: "DERECHOS FUNDAMENTALES. SU VIGENCIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES."(89)

Así y de conformidad con lo señalado en esa sentencia, los tribunales del Poder Judicial de la Federación, vinculados directamente a arreglar sus fallos, de conformidad con las normas constitucionales, de acuerdo a los derechos fundamentales, juegan una suerte de puente entre la Constitución y los particulares, al momento en que resuelven un caso concreto, ya que el juzgador tendrá que analizar si el derecho aplicable en ese litigio es compatible con lo dispuesto en la Constitución y, en caso de ser negativa la respuesta, introducir el contenido del derecho fundamental respectivo.

Este razonamiento, que no es más que la aceptación lógica del principio de supremacía constitucional, llevó a esta Primera Sala a determinar en el amparo directo 28/2010, que los Tribunales Colegiados de Circuito -y por supuesto este Alto Tribunal- pueden conocer, a través del amparo directo, de aquellas sentencias de los tribunales ordinarios que no atiendan a la función de los derechos fundamentales como principios objetivos del ordenamiento jurídico mexicano. Así, en esta hipótesis y cuando se reúnan los requisitos de procedencia del amparo directo, los Tribunales Colegiados de Circuito resultan competentes para declarar si dicha interpretación encuentra cabida en el Texto Constitucional. Al respecto, resulta aplicable la tesis aislada 1a. XVIII/2011 (10a.), derivada del citado amparo directo 28/2010, cuyo rubro es: "AMPARO DIRECTO. RESULTA LA VÍA ADECUADA PARA QUE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CONOZCAN DE AQUELLAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS QUE DESCONOZCAN UNA VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDA POR UN PARTICULAR."(90)

1.B Pronunciamiento previo al estudio sobre la licitud del contenido de las notas, respecto de las personas demandadas en el juicio de origen

Esta Primera Sala observa que en la acción que dio lugar al juicio de origen fueron demandadas las siguientes personas: Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, S.A. de C.V. -casa editorial de Contralínea-; Miguel Badillo, a título personal y en su carácter de editor de la revista Fortuna; Nancy Flores, Ana Lilia Pérez y David Manrique, a título personal, así como Representaciones Editoriales Internacionales, S.A. de C.V.

Respecto a David Manrique, ya fue establecido que la acción en su contra se encontraba prescrita al momento en que fue presentada la demanda, razón por la cual dicha persona ya no será tomada en cuenta respecto al estudio que se realizará en el presente apartado. Por otra parte, el estudio de la constitucionalidad del contenido de las notas periodísticas impugnadas será objeto de las secciones subsecuentes; lo cual necesariamente tendrá un impacto, por lo que hace a la posible responsabilidad civil de Miguel Badillo, Nancy Flores y Ana Lilia Pérez, demandados a título personal.

Ahora bien, sobre el resto de las personas demandadas, es decir, Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, S.A. de C.V. -casa editorial de Contralínea-; Miguel Badillo, en su carácter de editor de la revista Fortuna; así como Representaciones Editoriales Internacionales, S.A. de C.V., es necesario formular un pronunciamiento previo, en atención a su calidad de editores y distribuidora, respectivamente, de las notas impugnadas.

Las casas editoriales, así como quienes se encarguen de la venta, difusión y distribución de los medios editados -ya sea que se trate de personas morales o de personas físicas-, se encuentran en una imposibilidad material para revisar, validar o cerciorarse de que el contenido de una obra, artículo, columna o reportaje se abstenga de utilizar expresiones que puedan llegar a ser consideradas injuriosas, maliciosas o insultantes respecto de alguna persona, y para verificar que lo publicado en ellas sea verdadero.

Si bien esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha pronunciado específicamente sobre el tema, la Primera Sala ya estableció un primer lineamiento en la tesis aislada 1a. CCXXI/2009, cuyo rubro es: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA RESPONSABILIDAD POR INVASIONES AL HONOR DE FUNCIONARIOS U OTRAS PERSONAS CON RESPONSABILIDADES PÚBLICAS SÓLO PUEDE DARSE BAJO CIERTAS CONDICIONES, MÁS ESTRICTAS QUE LAS QUE SE APLICAN EN EL CASO DE EXPRESIONES O INFORMACIONES REFERIDAS A CIUDADANOS PARTICULARES."(91)

En la tesis antes citada, esta Sala sostuvo, como uno de los criterios rectores para la imposición de responsabilidades por el ejercicio de las libertades de expresión e información, la importancia de la minimización de las restricciones previas o indirectas, dentro de las cuales destacó, precisamente, las reglas de distribución de responsabilidades al interior del universo de sujetos implicados en la cadena de difusión de noticias y opiniones. Lo anterior se justificó en la necesidad de evitar generar dinámicas de distribución de responsabilidad en entre ciudadanos, periodistas, editores y propietarios de medios de comunicación, que lleven a unos a hallar interés en silenciar o restringir excesivamente a los demás.

En este sentido, sostener la posibilidad de que las personas que se dediquen a la edición y distribución de medios impresos sean declaradas judicialmente responsables por el eventual daño moral que se hubiese producido por las notas contenidas en ellas, equivaldría a imponerles la carga de revisar y seleccionar contenidos y decidir qué notas pueden o no publicar, lo que a su vez se traduciría en el establecimiento de un mecanismo de censura previa delegado a los particulares. Así, si las personas antes mencionadas no cumpliesen con esa obligación "censuradora" o "controladora" se expondrían a una posible condena por la responsabilidad civil eventualmente causada por los periodistas.

De conformidad con lo anterior, las sociedades o personas físicas editoriales y distribuidoras serían las encargadas de determinar, siguiendo sus propios lineamientos o criterios, si una nota contiene términos que pudieran ocasionar daño moral, siendo que constitucionalmente dicha potestad compete única y exclusivamente a la autoridad jurisdiccional, cuando un caso es sometido a su jurisdicción.

Esta carga de censura o control previo atentaría en contra de las libertades de expresión e información de los autores, cuyas obras no fuesen publicadas como consecuencia de una restricción de criterio del editor, lo que, consecuentemente, conllevaría una flagrante violación a lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. constitucionales, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.(92) Lo anterior ha sido reiterado por esta Primera Sala en las tesis aisladas 1a. LVIII/2007, cuyo rubro es: "LIBERTADES DE EXPRESIÓN E IMPRENTA Y PROHIBICIÓN DE LA CENSURA PREVIA."(93) y LIX/2007, cuyo rubro es: "CENSURA PREVIA. SU PROHIBICIÓN COMO REGLA ESPECÍFICA EN MATERIA DE LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN."(94)

Esta Primera Sala continuará el estudio de la proscripción de la censura previa dentro del análisis de fondo (infra apartado X.2), pero de momento es necesario señalar que no puede determinarse hecho ilícito alguno a cargo de Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, S.A. de C.V. -casa editorial de Contralínea-; Miguel Badillo, en su carácter de editor de la revista Fortuna, ni de Representaciones Editoriales Internacionales, S.A. de C.V., puesto que no fueron ellos quienes elaboraron las notas periodísticas impugnadas, de modo que su contenido no puede considerarse, tampoco, como su responsabilidad.

Lo hasta aquí expuesto no soslaya que en el amparo directo en revisión 1302/2009, esta Primera Sala reconoció que un periódico puede llegar a ser responsable frente a terceros, por las posibles afectaciones que causen a los derechos de la personalidad de estos últimos, las informaciones u opiniones que aparecen en ellos en el formato específico de las inserciones pagadas por particulares, tratándose, en ese caso, específicamente, de las inserciones conocidas como "esquelas". No obstante, en ese asunto se hicieron importantes precisiones:(95)

1. Los particulares que pagan inserciones en periódicos se expresan y manifiestan "sin controles previos", pero son responsables de las extralimitaciones o ilicitudes en que pudieren incurrir.

2. Consecuentemente, son dichos particulares quienes deben responder en caso de que sus expresiones transgredan los límites constitucionales establecidos.

3. El medio de comunicación debe propiciar en su labor operativa condiciones que eviten hacer nugatorio el respeto de los derechos y libertades de terceros, tanto de aquellos que le solicitan a través de la respectiva contratación del espacio la divulgación de determinada comunicación, como de aquellos terceros que puedan verse afectados con la difusión de ésta.

4. El modo de hacerlo, bajo parámetros constitucionales, no es efectuando o exigiéndole que efectúe un control previo del contenido de las inserciones que contratan, pero sí asegurándose de que satisfacen algunos extremos que impedirán dejar sin contenido los derechos de los terceros que pudieran considerarse afectados, permitiéndoles estar en situación de exigir alguna responsabilidad y ser merecedores de un resarcimiento por lo dicho por un particular a través del periódico.

5. Este deber de cuidado se satisface si el medio de comunicación cumple con dos requisitos mínimos: (i) solicitar de los contratantes la información necesaria para poder determinar, de buena fe, quiénes son y cuáles son los datos básicos de identificación del autor y responsable de los dichos que se publican en estas inserciones, de manera tal que se permita a los potenciales afectados saber y tener contra quién interponer, en su caso, una demanda judicial por supuesta vulneración de sus derechos a la personalidad; y, (ii) cerciorarse de que el texto que quede inserto en el medio de difusión corresponde en sus términos con aquel cuya publicación le fue solicitada.

6. Ahora bien, si el periódico no satisface esos dos deberes mínimos, no registra o conserva los datos que permitan que el tercero que se sienta agraviado por la publicación pueda enderezar su acción contra quien sea el auténtico emisor de la comunicación, entonc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23866-202b5759/derechos-fundamentales-su-vigencia-en-las-relaciones-entre · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.