I. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LAS NORMAS QUE SANCIONAN A QUIEN REALICE JUEGOS DE AZAR EN LUGARES PÚBLICOS O PRIVADOS, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE LEGALIDAD, YA QUE EL PODER LEGISLATIVO LOCAL NO SE ENCUENTRA CONSTITUCIONALMENTE HABILITADO PARA LEGISLAR EN MATERIA DE JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 76, FRACCIÓN XVIII, INCISO E), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN; 58, FRACCIÓN XV, INCISO C), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN; Y 57, FRACCIÓN XVII, INCISO E), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACATELCO, TODOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO]. II. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN MULTAS POR COMETER FALTAS A LA AUTORIDAD, CAUSAR ESCÁNDALO EN LA VÍA PÚBLICA CON LENGUAJE OFENSIVO, PERTURBAR EL ORDEN EN ACTOS CÍVICOS, EN CEREMONIAS PÚBLICAS O EN LOCALES ABIERTOS AL PÚBLICO PARA CUALQUIER ACTIVIDAD, PATIOS DE VECINDAD, CONDOMINIOS O VEHÍCULOS DE TRANSPORTE COLECTIVO O ESCANDALIZAR CON MÚSICA ESTRIDENTE, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, PUES LA CALIFICACIÓN QUE HAGA LA AUTORIDAD NO RESPONDERÁ A CRITERIOS OBJETIVOS, SINO A UN ÁMBITO ESTRICTAMENTE PERSONAL QUE HACE QUE EL GRADO DE AFECTACIÓN SEA RELATIVO A CADA PERSONA [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 76, FRACCIÓN XVII, INCISOS V) Y EE), Y XVIII, INCISO A), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN; 58, FRACCIÓN XV, INCISO A), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN; Y 57, FRACCIÓN XVII, INCISO A), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACATELCO, TODOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO]. III. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN MULTAS POR COMETER FALTAS A LA MORAL RESULTAN AMBIGUAS Y VIOLATORIAS DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, PORQUE SE DOTA A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE UN AMPLIO MARGEN DE APRECIACIÓN SOBRE LOS ACTOS QUE PUEDAN UBICARSE EN ESA HIPÓTESIS [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 76, FRACCIÓN XVIII, INCISO H), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN; 58, FRACCIÓN XV, INCISO E), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN; Y 57, FRACCIÓN XVII, INCISO G), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACATELCO, TODOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO]. IV. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LAS ESTABLECIDAS POR PRACTICAR JUEGOS O DEPORTES EN LA VÍA PÚBLICA GENERA INCERTIDUMBRE A LOS PARTICULARES, YA QUE SU REDACCIÓN ES AMBIGUA Y DELEGAN UN AMPLIO MARGEN DE DISCRECIONALIDAD A LAS AUTORIDADES [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 76, FRACCIÓN XVIII, INCISO D), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN; Y 57, FRACCIÓN XVII, INCISO D), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACATELCO, AMBAS DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO]. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE EXHORTA AL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA QUE SE ABSTENGA DE EMITIR NORMAS QUE PRESENTEN LOS MISMOS VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 76, FRACCIONES XVII, INCISOS V) Y EE), Y XVIII, INCISOS A), B), C), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "ESTRIDENTE", D), E) Y H), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN; 58, FRACCIÓN XV, INCISOS A), B), C) Y E), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN; Y 57, FRACCIÓN XVII, INCISOS A), B), C), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "ESTRIDENTE", D), E) Y G), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACATELCO, TODAS DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO]. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE SUS EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 76, FRACCIONES XVII, INCISOS V) Y EE), Y XVIII, INCISOS A), B), C), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "ESTRIDENTE", D), E) Y G), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACATELCO, ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICINCO].
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 186/2024. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 2 DE DICIEMBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRA SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA. SECRETARIA: CRISTINA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna diversas disposiciones de Leyes de Ingresos municipales del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2025, que imponen multas a quien realice juegos de azar en lugares públicos o privados; infracción por realizar juegos de azar en lugares públicos o privados; Infracciones por faltas a la autoridad, escándalo en la vía pública con lenguaje ofensivo, altisonante o música estridente, por faltas a la moral, así como por practicar cualquier clase de juegos o deporte en la vía pública, siempre que afecten el libre tránsito de las personas y vehículos o que molesten a las personas, ello al estimar que se invade la competencia exclusiva de la Federación para legislar en materia de juegos y sorteos; así como por vulnerar el principio de seguridad jurídica.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dos de diciembre del dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 186/2024, promovida por Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Escrito inicial. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de disposiciones de diversas Leyes de Ingresos municipales del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, publicados el doce de noviembre del dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial del Gobierno de dicha entidad federativa, las cuales serán precisadas en el apartado correspondiente.
2. Radicación y turno del asunto. La entonces Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente en la acción de inconstitucionalidad 186/2024 y, por razón de turno, designó al entonces Ministro Javier Laynez Potisek para que instruyera el procedimiento.
3. Admisión. El Ministro instructor admitió el asunto y, entre otras cuestiones, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala para que rindieran sus respectivos informes, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para los efectos legales conducentes.
4. Informes. El Ministro instructor tuvo por rendidos los informes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y por ofrecidas las documentales ahí relacionadas, con lo que corrió traslado a la promovente, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y a la Fiscalía General de la República, para que formularan alegatos dentro del plazo otorgado para tal efecto.
5. Alegatos y cierre de instrucción. Seguida la secuencia procesal, el Ministro instructor cerró la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente, sin que las partes formularan alegatos.
6. Returno. Toda vez que en sesión de uno de septiembre del dos mil veinticinco, tomaron protesta las Ministras y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo de cuatro de ese mes y año, el Ministro Presidente turnó el asunto a la Ministra Sara Irene Herrerías Guerra para que continuara con la resolución de este asunto.
I. COMPETENCIA
7. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver esta acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General; 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de esa Norma Fundamental; y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Punto Segundo, fracción II, del “Acuerdo General 2/2025 (12a) de tres de septiembre del dos mil veinticinco, del Pleno de esta Suprema Corte, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales”, toda vez que se cuestiona la constitucionalidad de diversas Leyes de Ingresos de distintos municipios del Estado de Tlaxcala.
II. OPORTUNIDAD
8. La presentación de la acción de inconstitucionalidad fue oportuna, ya que fue promovida dentro del plazo de treinta días naturales previsto en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues los decretos que contienen las normas de ingresos controvertidas fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el doce de noviembre del dos mil veinticuatro; de modo que dicho lapso transcurrió del trece de noviembre al doce de diciembre del año citado, mientras que la demanda fue presentada el doce de diciembre del dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte.
III. LEGITIMACIÓN
9. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un ente legitimado para promover el presente medio de control constitucional. Por otra parte, el párrafo primero del artículo 11(2) de la Ley Reglamentaria de la materia prevé que los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello.
10. En el caso, la demanda la suscribe María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien exhibió copia certificada del acuerdo de su designación por el Senado de la República de doce de noviembre del dos mil veinticuatro. Asimismo, acorde con el artículo 15, fracciones I y XI,(3) de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dicha funcionaria ejerce la representación legal de ese órgano autónomo y cuenta con la facultad para promover acciones de inconstitucionalidad.
11. Por tanto, si en el caso la Comisión accionante promovió la presente acción de inconstitucionalidad contra disposiciones contenidas en Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinticinco, e insiste que esas normas resultan violatorias a derechos humanos, en concreto, el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, es de concluirse que cuenta con legitimación para impugnarlos.
IV. PRECISIÓN DE NORMAS IMPUGNADAS
12. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promueve su demanda para combatir las siguientes disposiciones contenidas en las Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticinco, publicadas en el Periódico Oficial local, cuyas impugnaciones se divide en dos temas:
1. Infracción por realizar juegos de azar en lugares públicos o privados.
* Artículo 76, fracción XVIII, inciso e), de la Ley de Ingresos del Municipio de Calpulalpan, para el ejercicio fiscal 2025.
* Artículo 58, fracción XV, inciso c), de la Ley de Ingresos del Municipio de Hueyotlipan, para el ejercicio fiscal 2025.
* Artículo 57, fracción XVII, inciso e), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatelco, para el ejercicio fiscal 2025.
2. Infracciones por faltas a la autoridad vial, escándalo en la vía pública con lenguaje ofensivo, altisonante o música estridente, por faltas a la moral, así como por practicar juegos o deportes en la vía pública.
a) Infracción por falta a la autoridad:
* Artículo 76, fracción XVII, inciso v), de la Ley de Ingresos del Municipio de Calpulalpan, para el ejercicio fiscal 2025.
b) Infracción por escándalo en la vía pública con lenguaje ofensivo, altisonante o música estridente, por faltas a la moral:
1. Artículo 76, fracciones XVII, inciso ee), y XVIII, incisos a), b), c), en la porción normativa “estridente”, y h), de la Ley de Ingresos del Municipio de Calpulalpan, para el ejercicio fiscal 2025.
2. Artículo 58, fracción XV, incisos a), b) y e), de la Ley de Ingresos del Municipio de Hueyotlipan, para el ejercicio fiscal 2025.
3. Artículo 57, fracción XVII, incisos a), b), c), en la porción normativa “estridente”, y g), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatelco, para el ejercicio fiscal 2025.
c) Infracciones por practicar juegos o deportes en la vía pública:
1. Artículo 76, fracción XVIII, inciso d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Calpulalpan, para el ejercicio fiscal 2025.
2. Artículo 57, fracción XVII, inciso d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatelco, para el ejercicio fiscal 2025.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
13. De los informes rendidos por el Congreso del Estado y por el Consejero Jurídico, en representación del Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Tlaxcala, se advierte que hicieron valer como causa de improcedencia la falta de legitimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para impugnar normas de carácter tributario, al estimar que únicamente cuenta con facultades para controvertir disposiciones vinculadas con el desarrollo de sus atribuciones en materia de derechos humanos.
14. Al respecto, aducen que el artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional acota la legitimación de la referida Comisión Nacional a la defensa de los derechos humanos, de otro modo, el legislador constitucional hubiere establecido una acotación sin sentido, pues, asumir lo contrario, implicaría que dicho organismo estaría legitimado para impugnar la totalidad de las normas generales, siempre que adujeran una violación a cualquier norma de la Constitución Federal, independientemente de la vinculación material y específica con un derecho humano.
15. Asimismo, el Ejecutivo local menciona que la extinta Segunda Sala al resolver en sesión de dieciocho de abril del dos mil dieciocho el recurso de reclamación 19/2018, interpuesto por la citada Comisión, en contra del auto que desechó la acción de inconstitucionalidad 19/2018, sostuvo el criterio de que dicho órgano sólo puede impugnar normas generales relacionadas con derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales.
16. Los argumentos anteriores resultan infundados, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene legitimación para impugnar normas de naturaleza tributaria, mientras se alegue la violación a un derecho humano consagrado en la Constitución Federal y tratados internacionales de los que México sea parte, tal y como lo establece el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal.
17. En su demanda, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló de manera concreta violaciones a los derechos de seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de taxatividad, previstos en la Constitución Federal, al alegar que el legislador local incurrió en una injerencia arbitraria e ilegal al expedir disposiciones en materia de juegos y sorteos, ámbito que conforme al artículo 73, fracción X, constitucional corresponde de manera exclusiva a la Federación, también subrayando que las normas controvertidas sancionan supuestos expresamente permitidos por la propia Ley Federal de Juegos y Sorteos, como la hipótesis contemplada en su artículo 15, entre otros aspectos. Asimismo, la accionante impugna diversos preceptos que prevén infracciones por falta a la autoridad de vialidad, expresarse con lenguaje ofensivo, causar escándalo entre otras, alegando que transgreden los principios constitucionales de legalidad, en su vertiente de taxatividad, aplicable en materia administrativa sancionadora, y de seguridad jurídica.
18. En consecuencia, dado que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sí cuenta con legitimación para promover este tipo de medios de control constitucional respecto de posibles violaciones a derechos humanos, se desestima la causa de improcedencia hecha valer por los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tlaxcala.
19. Precisado lo anterior, sin que alguna de las partes haya hecho valer otra causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento diverso al analizado ni advertirse de oficio alguna por este Alto Tribunal, lo que procede es realizar el estudio de fondo.
VI. ESTUDIO DE FONDO
20. Para el análisis de los conceptos de invalidez planteados, el estudio se dividirá en dos apartados: 1. Infracción por realizar juegos de azar en lugares públicos o privados; y, 2. Infracciones por faltas a la autoridad, por escándalo en la vía pública con lenguaje ofensivo; por perturbar el orden en actos cívicos, en ceremonias públicas o en locales abiertos al público para cualquier actividad, patios de vecindad, condominios o vehículos de transporte colectivo; por escandalizar con música estridente, por faltas a la moral, así como por realizar juegos o deportes en la vía pública.
VI.1. INFRACCIÓN POR REALIZAR JUEGOS DE AZAR EN LUGARES PÚBLICOS O PRIVADOS.
21. En la demanda, la promovente aduce que las disposiciones impugnadas de las leyes de ingresos de los municipios tlaxcaltecas que imponen multas a quienes realicen “juegos de azar en lugares públicos o privados” o reincidan en ello, vulneran el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, ya que el Poder Legislativo local no se encuentra constitucionalmente habilitado para legislar en materia de juegos con apuestas y sorteos, en términos del artículo 73, fracción X, de la Constitución Federal, ya que ello sólo le corresponde al Congreso de la Unión.
22. Alega que las entidades federativas, en el ámbito legislativo pueden emitir normas que regulen todo aquello que no esté expresamente concedido al Congreso de la Unión, pues de lo contrario estarían transgrediendo el orden constitucional al realizar actos que afectan la esfera jurídica de los gobernados sin estar habilitados para ello y, por ende, el Congreso Tlaxcalteca se encuentra inhabilitado para regular sobre juegos con apuestas y sorteos, específicamente, para describir las conductas prohibidas y su respectiva sanción, previstas en las normas impugnadas.
23. Precisa que en la Ley de Juegos y Sorteos se previó la prohibición, en todo el territorio nacional, de los juegos de azar y los juegos con apuesta, salvo aquellos que estén expresamente permitidos y cuenten con la autorización respectiva, asimismo, facultó al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para vigilar el cumplimiento de dicha Ley Federal y las disposiciones que de ella emanen, como lo es la imposición de las sanciones correspondientes.
24. Expone que los artículos impugnados rompen con la armonía del régimen de juegos con apuestas y sorteos, previsto en la Ley Federal de la misma materia, porque: (I) Constituyen una prohibición absoluta y la prohibición de juegos de azar en territorio nacional es relativa; (II) Sancionan incluso aquellos juegos de azar que cuenten con la autorización emitida por la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo Federal; (III) Establece una sanción que únicamente corresponde conocer a la Secretaría de Gobernación; (IV) Sanciona supuestos permitidos por la Ley de Federal de Juegos y Sorteos; (V) Sanciona aquellos casos en los que se carezca de autorización respectiva, a pesar de que existen tipos penales e infracciones establecidos en el ordenamiento federal de la materia y su reglamento; (VI) Impone una diversa sanción para cuando el infractor sea reincidente; (VII) Habilita indebidamente a una autoridad municipal para imponer sanciones en materia de juegos de azar, a pesar de que la única autoridad facultada para ello es la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo Federal.
25. Con base en lo anterior, la promovente estima que los artículos impugnados de las Leyes de Ingresos de los Municipios de Calpulalpan, Hueyotlipan y Zacatelco del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, atentan contra el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad, dado que fueron creadas por una autoridad legislativa que carece de competencia para expedirlas, pues ello compete al Congreso de la Unión, de acuerdo con el precepto 73, fracción X, de la Constitución Federal.
26. A efecto de resolver el concepto de invalidez en estudio, se estima necesario precisar que en relación con la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en toda la República en materia de juegos y sorteos, el precepto 73, fracción X, de la Constitución Federal prevé:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
(...)
X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123; (...).
27. Al respecto, al resolver la controversia constitucional 97/2004,(4) la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó una interpretación sistemática e histórica de la regulación en materia de juegos y sorteos, en la que precisó que si bien en la Constitución Federal de mil novecientos diecisiete no se previó la facultad del Congreso de la Unión de legislar en materia de juegos con apuestas y sorteos; lo cierto es que ello fue hasta la reforma al artículo 73, fracción X, constitucional, de nueve de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete, cuando se instituyó dicha atribución del legislativo federal.
28. Ahora bien, en la acción de inconstitucionalidad 191/2024,(5) resuelta por esta Suprema Corte, se estableció que la reforma del artículo 73, fracción X, constitucional, se sustentó en la obligación del poder público para encauzar a la colectividad en actividades útiles que, a su vez, evitaran corromper a la juventud y, dada la importancia de su objeto, se consideró conveniente que fuera el Congreso de la Unión el responsable exclusivo de legislar en materia juegos con apuestas y sorteos, para que las normas en dicha materia tuvieran efectos generales y aplicación en toda la República, además de que con esto se lograría el auxilio de las autoridades locales para alcanzar una efectiva vigilancia y control de los juegos con apuestas y sorteos que se consideran permitidos.
29. Por otra parte, la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete, fue emitida por el Congreso de la Unión en ejercicio de sus facultades especiales para legislar en la materia de “juegos con apuesta y sorteos”, atribución federal prevista en el artículo 73, fracción X, de la Constitución Federal.
30. Mientras que la reforma constitucional del artículo 73, fracción X, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete, la Ley Federal de Juegos y Sorteos fue expedida dos días después, de ello se sigue que la voluntad del Poder Reformador de la Constitución, sin duda, se contiene en dicha ley dada la participación del Congreso de la Unión en el proceso de reforma constitucional referido, lo que se infiere dada la proximidad de la fechas de las publicaciones oficiales.
31. El proceso legislativo que culminó con la Ley Federal de Juegos y Sorteos comenzó por iniciativa del Presidente de la República presentada ante el Congreso de la Unión, justamente el veintinueve de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete, es decir, el mismo día en que se publicó y entró en vigor la reforma constitucional que instituyó la facultad del Congreso para legislar en materia de Juegos y Sorteos, de lo que se advirtió que una vez presentada la iniciativa de la Ley de Juegos y Sorteos, la misma fue aprobada inmediatamente y sin discusión alguna por la Cámara de Senadores, como Cámara de Origen, y lo mismo ocurrió en la Cámara de Diputados, la que actuó como revisora, publicándose posterior e inmediatamente bajo el nombre de “Ley Federal de Juegos y Sorteos” en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete. 32. De este modo, la interpretación histórica realizada llevó a concluir a este Tribunal en Pleno que existe una prohibición general en el sentido de que en el territorio nacional están vedados los juegos de azar y los juegos con apuestas y que dicha prohibición admite las excepciones que están señaladas en la propia la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
33. En efecto, no debe perderse de vista que en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, el Congreso de la Unión tuvo como finalidad crear un sistema normativo de juegos y sorteos federal único y que se aplicara uniformemente en toda la República Mexicana, con el objetivo de combatir e inhibir todo juego no reglamentado.(6) Es por ello, que este cuerpo normativo contiene las disposiciones restrictivas en materia de juegos de azar y juegos con apuestas, en el que se establecen las sanciones a efecto de combatir el juego no reglamentado, así como de inhibir el desarrollo de actividades sin autorización; además de regular el comportamiento de jugadores y espectadores que acudan a los negocios de juego.
34. Así, el artículo 1o.(7) de la Ley Federal de Juegos y Sorteos establece una prohibición general en el sentido de que en el territorio nacional están vedados los juegos de azar y los juegos con apuestas. Dicha prohibición admite las excepciones, las cuales están señaladas en el artículo 2o.(8) de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, mismas que son consideradas como los únicos juegos permitidos por la ley; adicionalmente a los sorteos, que también se encuentran permitidos.
35. Por ende, la Ley Federal de Juegos y Sorteos establece cuáles juegos de azar están permitidos en el país y, por exclusión, aquellos que no se encuentran comprendidos en el listado de dicho artículo 2o. son los que deben considerarse prohibidos.
36. Asimismo, el artículo 3o.(9) la Ley Federal de Juegos y Sorteos confiere al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la reglamentación, autorización, control y vigilancia de los juegos permitidos cuando en ellos medien apuestas de cualquier clase, además del cumplimiento de la ley. Mientras que en los numerales 4o.(10) y 7o.(11) de la misma ley se encuentra proscrito el establecimiento o funcionamiento de ninguna casa, o lugar abierto o cerrado, en que se practiquen juegos con apuestas, ni sorteos de ninguna clase, sin permiso de la Secretaría de Gobernación, a la cual le compete la vigilancia y control de los juegos con apuestas y sorteos.
37. De igual manera, destacan los artículos 12(12) y 13(13) de la Ley Federal de Juegos y Sorteos que establecen tipos penales en relación con la materia que dicha Ley regula y las penas privativas que les corresponden, en tanto, que el numeral 15,(14) excluye de tales supuestos cuando los juegos se celebren en domicilios particulares con el único propósito de diversión o pasatiempo ocasional, y que en ninguna forma se practiquen habitualmente, siempre que además no se admitan en los mismos a personas que no tengan relaciones de familia o trato social cercano con los dueños o moradores.
38. Finalmente, el artículo 17(15) de la Ley Federal de Juegos y Sorteos dispone que las infracciones a la dicha Ley que no constituyan delitos, a sus reglamentos o a las disposiciones que dicte la Secretaría de Gobernación, serán sancionadas por la misma Secretaría, con multa de cien a diez mil pesos o arresto hasta por quince días, pudiendo revocarse, en su caso, el permiso y clausurarse el establecimiento si las infracciones son graves o frecuentes. Cuando la infracción sea cometida por los jugadores, árbitros, corredores de apuestas o por cualquiera otra persona que desempeñe funciones en el espectáculo, juego, establecimiento o sorteo de que se trate; podrá sancionarse, además, con suspensión hasta por un año o inhabilitación definitiva para desempeñar la actividad o función respectiva.
39. Precisado lo anterior, se procede a analizar las disposiciones impugnadas, las cuales establecen:
Ley de Ingresos del Municipio de Calpulalpan, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2025.
Artículo 76. Las multas por las infracciones a que se refiere el artículo 223(16) del Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán sancionadas cada una con las multas que a continuación se especifican en la siguiente tarifa:
(...)
XVIII. Por las infracciones que se cometan al orden público, se impondrán las siguientes sanciones:
(...)
e) Realizar juegos de azar en lugares públicos o privados, de 5 a 50 UMA; (...).
Ley de Ingresos del Municipio de Hueyotlipan, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2025.
Artículo 58. Las multas por las infracciones a que se refiere el Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán sancionadas cada una con las multas que se especifican, indicándose con las cifras el equivalente el número de UMA cuantificable:
(...)
XV. Por las infracciones que se cometan al orden público, se impondrán las siguientes sanciones:
(...)
c) Por realizar juegos de azar en lugares públicos o privados, 30 UMA;
(...).
Ley de Ingresos del Municipio de Zacatelco, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2025.
Artículo 57. Las multas por las infracciones a que se refiere el artículo 223, fracción II,(17) del Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos o presuntos sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán sancionadas cada una con las multas que a continuación se especifican, así como faltas administrativas:
(...)
XVII. Por las infracciones que se cometan al orden público, se impondrán las siguientes sanciones:
(...)
e) Por establecer juegos de azar en lugares públicos o privados, 51.50 UMA;
(...).
40. De la lectura de las disposiciones transcritas se observa que el legislador local dispuso multas por infracciones que se cometan al orden público por realizar juegos de azar en lugares públicos o privados, las cuales van de 5 a 51.50 UMA,(18) lo cual equivale a una sanción que oscila entre los $565.70 (quinientos sesenta y cinco pesos con setenta centavos moneda nacional) y los $5,826.71 (cinco mil ochocientos veintiséis pesos setenta y un centavos moneda nacional).
41. Conforme a lo expuesto, se advierte que las normas en análisis tienen como consecuencia la imposición de multas por parte del municipio respecto de un ámbito reservado a la Federación, e incluso, prohíben de manera absoluta la realización de juegos de azar, en tanto que la Ley Federal de Juegos y Sorteos establece una prohibición general en el territorio nacional que, como se mencionó con antelación, admite excepciones en las que la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo Federal puede emitir la autorización respectiva.
42. En consecuencia, las normas en estudio resultan inconstitucionales, dado que prevén infracciones por realizar juegos de azar en lugares públicos, lo cual resulta inconstitucional, pues por disposición constitucional del precepto 73, fracción X, es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar sobre “juegos con apuestas y sorteos”, por lo que si el legislador local reguló sobre ese tópico en las normas impugnadas, entonces invadió las facultades que corresponden exclusivamente al Congreso de la Unión, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad.
43. En este orden de ideas, resultan fundados los conceptos de invalidez y, por ende, deben declararse la invalidez de los artículos 76, fracción XVIII, inciso e), de la Ley de Ingresos del Municipio de Calpulalpan; 58, fracción XV, inciso c), de la Ley de Ingresos del Municipio de Hueyotlipan; 57, fracción XVII, inciso e), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatelco, todos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco.
VI.2. INFRACCIONES POR FALTAS A LA AUTORIDAD, POR ESCÁNDALO EN LA VÍA PÚBLICA CON LENGUAJE OFENSIVO; POR PERTURBAR EL ORDEN EN ACTOS CÍVICOS, EN CEREMONIAS PÚBLICAS O EN LOCALES ABIERTOS AL PÚBLICO PARA CUALQUIER ACTIVIDAD, PATIOS DE VECINDAD, CONDOMINIOS O VEHÍCULOS DE TRANSPORTE COLECTIVO; POR ESCANDALIZAR CON MÚSICA ESTRIDENTE, POR FALTAS A LA MORAL, ASÍ COMO POR REALIZAR JUEGOS O DEPORTES EN LA VÍA PÚBLICA.
44. La promovente alega que las conductas descritas resultan demasiado amplias y ambiguas, lo que da pauta a que la autoridad administrativa determine arbitrariamente cuándo se actualiza el supuesto y, por ende, la imposición de una sanción, por lo que genera incertidumbre jurídica a las personas destinatarias de las normas, por lo que aduce que se vulneran los principios de seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de taxatividad aplicable en materia administrativa sancionadora.
45. Expone que la disposición impugnada impone una multa por “faltas a la autoridad de vialidad” que permite un margen de aplicación muy amplio e injustificado el cual autoriza que, bajo categorías ambiguas y subjetivas, cualquier acto u expresión de ideas sea susceptible de una sanción administrativa, siempre y cuando sea calificada como una “falta”, pues sanciona conductas, palabras e incluso expresiones que pudieran considerarse como causa de “falta” para una autoridad vial; aunado a que busca prevenir y sancionar a nivel administrativo aquellas expresiones que atenten contra el decoro de las autoridades, lo cual corresponde al aspecto subjetivo o ético del derecho al honor, esto es, el sentimiento íntimo de la persona que se exterioriza por la afirmación que hace de su propia dignidad.
46. Alude que las hipótesis normativas descritas por la legislatura local son demasiado amplias, en tanto reconocen un desmedido margen de discrecionalidad a la autoridad correspondiente, para calificar o validar en qué casos se estaría actualizan
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34096-dffecc82/i-multas-y-sanciones-en-materia-administrativa-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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