I. JUEGOS Y SORTEOS. EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, ES LA AUTORIDAD FACULTADA PARA LEGISLAR EN TODA LA REPÚBLICA EN ESTA MATERIA [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN XV, INCISO E), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXÓLOC, ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025]. II. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE SANCIONA CON MULTA A QUIEN ESTABLEZCA JUEGOS DE AZAR EN LUGARES PÚBLICOS Y PRIVADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXÓLOC, ESTADO DE TLAXCALA, ES INCONSTITUCIONAL, YA QUE EL CONGRESO LOCAL LEGISLÓ UNA FALTA ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE JUEGOS Y SORTEOS, QUE ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN XV, INCISO E), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXÓLOC, ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025]. III. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA NORMA QUE SANCIONA CON MULTA A QUIEN CAUSE ESCÁNDALO CON PALABRAS ALTISONANTES O DE CUALQUIER OTRA MANERA EN LA VÍA O LUGARES PÚBLICOS, YA SEA QUE EL INFRACTOR SE ENCUENTRE SOBRIO O EN ESTADO DE EBRIEDAD, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, PORQUE DELEGA UN AMPLIO MARGEN DE DISCRECIONALIDAD Y SUBJETIVIDAD A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA DETERMINAR QUÉ TIPO DE PALABRA RESULTA ALTISONANTE Y CAUSA ESCÁNDALO, ASÍ COMO PARA DECRETAR SI UNA PERSONA SE ENCUENTRA EN ESTADO DE EBRIEDAD O BAJO EL INFLUJO DE ALGÚN TÓXICO [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN XV, INCISOS A) Y C), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXÓLOC, ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025]. IV. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA NORMA QUE SANCIONA CON MULTA A QUIENES PERTURBEN EL ORDEN EN ACTOS O CEREMONIAS CÍVICOS, EN LOCALES ABIERTOS AL PÚBLICO, PATIOS DE VECINDAD, CONDOMINIOS O VEHÍCULOS DE TRANSPORTE COLECTIVO O COMETAN FALTAS A LA MORAL, VULNERAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, PUES LA CALIFICACIÓN QUE HAGA LA AUTORIDAD NO RESPONDERÁ A CRITERIOS OBJETIVOS, SINO QUE SE CIRCUNSCRIBE A UN ÁMBITO ESTRICTAMENTE PERSONAL [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN XV, INCISOS B) Y G), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXÓLOC, TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025]. V. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LAS ESTABLECIDAS CON MOTIVO DE PRACTICAR JUEGOS O DEPORTE EN VÍA PÚBLICA QUE AFECTE LA VIALIDAD PERSONAL O VEHICULAR O QUE CAUSE MOLESTIAS A TERCEROS, SON INCONSTITUCIONALES, YA QUE SU REDACCIÓN ES AMBIGUA Y GENERA UN AMPLIO MARGEN DE DISCRECIONALIDAD, TANTO A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, COMO A LOS PARTICULARES QUE CONSIDEREN QUE LA CONDUCTA SANCIONADA LES GENERÓ MOLESTIAS O QUE LOS COLOCÓ EN UNA SITUACIÓN DE PELIGRO [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN XV, INCISO D), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXÓLOC, TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025]. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE EXHORTA AL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA QUE SE ABSTENGA DE EMITIR NORMAS QUE PRESENTEN LOS MISMOS VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN XV, INCISOS A), B), C), D), E) Y G), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXÓLOC, TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025]. VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE SUS EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN XV, INCISOS A), B), C), D), E) Y G), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN DAMIÁN TEXÓLOC, TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025].
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 188/2024. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 10 DE NOVIEMBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRO GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA. SECRETARIA: VIOLETA ALEMÁN ONTIVEROS.
ÍNDICE TEMÁTICO
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Municipio de San Damián Texóloc, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2025, por considerar que se transgrede la competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de juegos y sorteos y por el establecimiento de infracciones que atentan contra el principio de seguridad jurídica.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día diez de noviembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 188/2024, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del artículo 42, fracción XV, incisos a), b), c), en la porción normativa “estridente”, d), e) y g), de la Ley de Ingresos del Municipio de San Damián Texóloc, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2025.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Publicación del Decreto No. 103. El veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el Decreto No. 103, por el que se emitió la Ley de Ingresos del Municipio de San Damián Texóloc, para el ejercicio fiscal 2025.
2. Presentación del escrito inicial. El diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro, la CNDH presentó acción de inconstitucionalidad para impugnar diversas normas contenidas en la referida ley de ingresos municipal; señalando como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Tlaxcala.
3. Admisión y trámite. El dos de enero de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta formó y registró el expediente de esta acción de inconstitucionalidad y ordenó su turno al Ministro instructor Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien la admitió y realizó los requerimientos y trámites ordenados por ley, mediante acuerdo de catorce de enero siguiente.
4. Informe del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. El once de febrero de dos mil veinticinco, el poder legislativo local presentó el informe para sostener la validez de las normas generales impugnadas, así como la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad.
5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala. El catorce de febrero de dos mil veinticinco poder ejecutivo local rindió su informe.
6. Pedimento de la Fiscalía General de la República y manifestaciones de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. No se formularon pedimento ni manifestaciones en este asunto.
7. Alegatos. En el presente asunto no se presentaron.
8. Cierre de la instrucción. En auto de uno de abril de dos mil veinticinco, al haber concluido el plazo para formular alegatos, se declaró cerrada la instrucción y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.
9. Returno. Mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente ordenó turnar el presente asunto al Ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, para que funja como instructor.
I. COMPETENCIA
10. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal(1) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro,(2) toda vez que la CNDH impugna una ley por la posible vulneración a derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS
11. Del escrito de demanda se advierte que la CNDH impugna el artículo 42, fracción XV, incisos a), b), c) en la porción normativa “estridente”, d), e) y g), de la Ley de Ingresos del Municipio de San Damián Texóloc, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2025, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro.
III. OPORTUNIDAD
12. La demanda es oportuna, en términos de lo dispuesto el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) puesto que las disposiciones impugnadas se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro; por tanto, el plazo de treinta días para impugnar transcurrió del sábado treinta de noviembre al domingo veintinueve de diciembre de dos mil veinticuatro y la demanda se presentó el diecisiete de diciembre del citado año.
IV. LEGITIMACIÓN
13. La CNDH es un órgano legitimado para promover la acción de inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional,(4) en tanto que plantea la posible contradicción entre una ley expedida por la legislatura estatal y los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. Asimismo, se advierte que el escrito inicial está firmado por quien cuenta con facultades para representarla.(5)
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
14. Los poderes ejecutivo y legislativo del Estado de Tlaxcala consideran que existe una falta de legitimación de la CNDH para impugnar normas de carácter tributario.
15. No les asiste razón, pues esta Suprema Corte ya ha sostenido que la CNDH cuenta con legitimación para impugnar normas de carácter tributario, teniendo en cuenta que el artículo 105, fracción II, inciso g),(6) constitucional establece únicamente como condición de procedencia, que la denuncia de inconstitucionalidad de leyes federales o locales atienda a la vulneración de derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y tratados internacionales de los que México sea parte, sin que establezca otra condición, por lo que dicha comisión sí está legitimada para impugnar normas de carácter tributario, mientras se alegue la violación a un derecho humano.
16. Establecido lo anterior, y al no advertirse la actualización de alguna otra causa de improcedencia, se procede a analizar el fondo del asunto.
VI. ESTUDIO DE FONDO
VI.1. Incompetencia del Congreso de Tlaxcala para legislar en materia de juegos y sorteos
17. La CNDH señala que la multa prevista en el artículo 42, fracción XV, inciso e), de la Ley de Ingresos del Municipio de San Damián Texóloc, Tlaxcala, vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, ya que el Poder Legislativo local no se encuentra constitucionalmente habilitado para legislar en materia de juegos con apuestas y sorteos, en términos del numeral 73, fracción X constitucional, ya que ello solo corresponde al Congreso de la Unión.
18. Tiene razón la CNDH, pues conforme al artículo 73, fracción X de la Constitución Federal,(7) adicionada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete, el Congreso de la Unión tiene la facultad de legislar en toda la República sobre juegos con apuestas y sorteos.
19. Al respecto, en la exposición de motivos, la Cámara de Diputados reconoció al Congreso de la Unión la competencia para legislar, entre otras materias, sobre juegos y sorteos en toda la República, con la intención de obtener mejores resultados en la represión del juego y en la reglamentación y vigilancia de los que debían permitirse, así como la uniformidad de los conceptos generales.(8)
20. En cumplimiento al mandato constitucional, el Congreso de la Unión expidió, el treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete, la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que prevé la prohibición en todo el territorio nacional de los juegos de azar y juegos con apuestas,(9) y enlista los juegos y sorteos que sí están permitidos.(10)
21. La citada legislación deja a cargo del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la reglamentación, autorización, control y vigilancia de los juegos con apuestas, así como de los sorteos, con excepción de la Lotería Nacional;(11) y dispone que será la referida secretaría quien ejercerá la vigilancia y control de los juegos con apuestas y sorteos,(12) sumado a que las autoridades de todos los niveles cooperarán para hacer cumplir las determinaciones que esta dicte.(13)
22. Además, la ley federal prevé el sistema de penas por la comisión de delitos (multa, destitución, prisión, decomiso, disolución del negocio o sociedad), mismas que serán aplicadas por los tribunales federales,(14) y establece que las infracciones distintas a los delitos que se sancionarán por la misma Secretaría de Gobernación, ya sea con multa, arresto, suspensión o inhabilitación, pudiendo revocar los permisos o clausurar el establecimiento.(15)
23. Por otra parte, el diecisiete de septiembre de dos mil cuatro, se publicó el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, cuyo objeto es reglamentar las disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos para la autorización, control, vigilancia e inspección de los juegos con apuestas y los sorteos, con excepción de la Lotería Nacional, y determina que corresponde a la Secretaría de Gobernación la interpretación administrativa y aplicación de la ley y el reglamento.(16)
24. El reglamento señala que recae en la Dirección General de Juegos y Sorteos la competencia para autorizar, controlar, vigilar, tramitar y resolver los asuntos relacionados con el cumplimiento de la ley y el reglamento, incluyendo todos los procedimientos administrativos y sancionatorios. Para imponer sanciones administrativas, la citada dirección podrá solicitar el apoyo de la Unidad General de Asuntos Jurídicos o cualquier otro órgano de la Secretaría de Gobernación; mientras que las autoridades de las entidades federativas, de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México cooperarán con la Secretaría de Gobernación conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
25. Finalmente, se observa que el reglamento dispone las sanciones administrativas que serán individualizadas por la Secretaría de Gobernación, que pueden consistir en multa, arresto, suspensión de funciones, revocación del permiso y clausura; además, se prevé el procedimiento para imponerlas y la prescripción de la facultad de la secretaría.(17)
26. En síntesis, se advierte que el Congreso de la Unión, como la autoridad facultada para legislar en materia de juegos y sorteos en toda la República, dispuso en la Ley Federal de Juegos y Sorteos las sanciones administrativas que correspondan por infracciones a la ley, su reglamento o a las disposiciones que dicte la Secretaría de Gobernación, las que serán aplicadas por la citada secretaría, lo cual se desarrolló en el respectivo reglamento. Bajo esa lógica, las autoridades de las entidades federativas únicamente tienen un papel de coadyuvantes con la Secretaría de Gobernación para hacer cumplir las determinaciones de ésta.
27. Establecido el parámetro anterior, conviene traer el texto de la normativa impugnada:
Artículo 42. Las multas por infracciones a que se refiere el artículo 223 fracción II del Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán sancionadas cada una con las multas que a continuación se especifican, así como faltas administrativas: [...]
XV. Por las infracciones que se cometan al orden público, se impondrán las siguientes sanciones: [...]
e) Por establecer juegos de azar en lugares públicos o privados, 40 UMA; [...].
28. El legislador de Tlaxcala reguló una sanción administrativa consistente en una multa de 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA),(18) lo que equivale a $4,525.60 (cuatro mil quinientos veinticinco pesos 60/100 moneda nacional), por establecer juegos de azar en lugares públicos y privados en el Municipio de San Damián Texóloc, lo cual, si bien pudiera considerarse que tiene como finalidad preservar el orden público en el Municipio, se está sancionando el establecimiento de juegos de azar, ya sea en lugares públicos o privados, lo que rebasa sus facultades
29. Como se dijo antes, conforme al artículo 73, fracción X constitucional, el Congreso de la Unión es la autoridad facultada para legislar en toda la República en materia de juegos y sorteos y, en uso de esa atribución, expidió la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en la que reguló el sistema de penas por la comisión de delitos y las sanciones administrativas, entre ellas, la multa, quedando a cargo de la Secretaría de Gobernación su determinación e imposición, y reservándose a las autoridades de las entidades federativas un papel de cooperación para asegurar que dichas resoluciones se cumplan.
30. Aunado a lo anterior, la multa prevista deriva de la conducta de “establecer juegos de azar”, y el Congreso de la Unión es la única autoridad facultada para establecer qué juegos se encuentran permitidos y cuáles no, lo cual plasmó en los artículos 1° y 2° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
31. En consecuencia, toda vez que el Congreso de Tlaxcala legisló una falta administrativa en materia de juegos y sorteos, lo cual es competencia exclusiva del Congreso de la Unión, se declara la invalidez del artículo 42, fracción XV, inciso e), de la Ley de Ingresos del Municipio de San Damián Texóloc, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2025.
32. Vale mencionar que el actual Pleno de la Suprema Corte ya se ha pronunciado sobre normas similares, al resolver la acción de inconstitucionalidad 191/2024.(19)
VI.2. Establecimiento de infracciones que trasgreden la seguridad jurídica
33. En otro aspecto, la CNDH señala que el artículo 42, fracción XV, incisos a), b), c) en la porción normativa “estridente”, d) y g), de la Ley de Ingresos del Municipio de San Damián Texóloc, Tlaxcala, establece infracciones por conductas que resultan demasiado amplias y ambiguas, lo cual da pauta a que la autoridad administrativa determine arbitrariamente cuándo se actualiza el supuesto y la imposición de la sanción, lo que genera incertidumbre jurídica en las personas destinatarias de las normas y no cumplen con el principio de taxatividad.
34. Para dar respuesta a los planteamientos de la promovente, la metodología del estudio consistirá en retomar el criterio de este Alto Tribunal en relación con los principios de taxatividad y seguridad jurídica en la materia administrativa sancionadora, para posteriormente analizar el contenido de las disposiciones reclamadas, una por una, atendiendo a las siguientes temáticas:
VI.2.1. Multas por causar escándalo con palabras altisonantes o de cualquier otra manera y por escandalizar con música estridente.
VI.2.2. Multas por perturbar el orden y por faltas a la moral.
VI.2.3. Multa por practicar juegos o deporte en vía pública.
35. En diversos precedentes(20) este Tribunal Pleno ha determinado que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en general el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos en ellas trazados, cuestión en la que va inmerso el interés colectivo. En esos términos, la sanción administrativa cumple en la ley y en la práctica distintos objetivos preventivos o represivos, correctivos o disciplinarios o de castigo.
36. Al respecto, se ha precisado que la pena administrativa guarda una similitud fundamental con la sanción penal, toda vez que, como parte de la potestad del Estado para imponer penas, ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico. Es decir, en uno y otro supuesto, la conducta humana es ordenada o prohibida bajo la sanción de una pena y, que esta pena la imponga en un caso el tribunal y en otro la autoridad administrativa, constituye una diferencia jurídico-material entre los dos tipos de normas; no obstante, el legislador no tiene libertad absoluta para decidir si un hecho debe castigarse con pena o con sanción administrativa, sino que esa elección puede pasar por un análisis que asegure que sea proporcional y razonable conforme a la Constitución
37. De esta manera, aunque la acción administrativa alcanza cada vez más espacios, pues la vida social es dinámica, y la regulación del poder de policía por parte del legislador para encauzar con éxito las relaciones sociales se torna indispensable, ello no puede permitir la disposición de regulación bajo criterios arbitrarios, por tanto, es labor de este Alto Tribunal crear una esfera garantista que proteja de manera efectiva los derechos fundamentales.
38. En este tenor, como las sanciones administrativas y las penales comparten la misma finalidad de castigar conductas ilícitas, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador, puede acudirse a los principios del derecho penal,(21) teniendo en consideración que su aplicación no puede hacerse de forma automática, sino solo en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza.(22)
39. Establecido lo anterior, el principio de taxatividad consiste en la exigencia de que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas; asimismo, se entiende como una de las tres formulaciones del principio de legalidad, el cual abarca también los principios de no retroactividad y reserva de ley.
40. Sobre el tema, este Tribunal Pleno ha explicado(23) que las normas jurídicas son expresadas mediante enunciados lingüísticos denominados disposiciones, cuya precisión en los textos legales es una cuestión de grado; por ello, lo que se busca con este tipo de análisis es que el nivel de imprecisión sea razonable, es decir, que el precepto sea lo suficientemente claro como para reconocer su validez, en tanto se considera que el mensaje legislativo cumplió esencialmente su cometido de regular de manera comprensible los supuestos esenciales a los que está dirigida.
41. En ese sentido, la norma que prevea alguna pena o describa alguna conducta que deba ser sancionada a nivel administrativo resultará inconstitucional por vulnerar el principio de taxatividad, ante su imprecisión excesiva o irrazonable, en un grado de indeterminación tal que provoque en los destinatarios confusión o incertidumbre por no saber cómo actuar ante la norma jurídica.
42. Con base en los razonamientos hasta aquí expuestos se realizará el análisis de la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas, tomando en consideración, además, los precedentes aplicables para cada uno de los casos, conforme a las temáticas señaladas con anticipación.
VI.2.1. Multas por causar escándalo con palabras altisonantes o de cualquier otra manera y por escandalizar con música estridente
43. En relación con el artículo 42, fracción XV, incisos a) y c), de la ley de ingresos impugnada, la CNDH considera que las hipótesis ahí previstas permiten un margen de aplicación muy amplio e injustificado que autoriza que, bajo categorías ambiguas y subjetivas, cualquier acto u expresión de ideas sea susceptible de una sanción administrativa, pues se sustenta en una apreciación personal acerca de lo que es “escandaloso”, “estridente” o “altisonante”.
44. La comisión promovente estima que el supuesto de “causar escándalo de cualquier otra manera”, no permite conocer plenamente cuándo podría ocasionarse un escándalo, pues incluye cualquier conducta. Además, de que las normas relativas a “causar escándalo con palabras altisonantes” y “escandalizar con música estridente” impactan de forma desproporcionada en el ejercicio de la libertad de expresión.
45. Finalmente, considera que en el supuesto de la reproducción de música que sea considerada “estridente”, ese hecho se trata de expresiones artísticas o culturales que deben observarse como un todo, cuya finalidad es la difusión de ideas y opiniones, sin que se advierta que tenga en sí mismo fines lesivos, aunado a que la redacción de la norma no permite definir de forma objetiva cuándo determinada música será calificada como “estridente”. 46. Establecidos los argumentos, este Tribunal Pleno procede al análisis de las disposiciones:
Artículo 42. Las multas por infracciones a que se refiere el artículo 223 fracción II del Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán sancionadas cada una con las multas que a continuación se especifican, así como faltas administrativas: [...]
XV. Por las infracciones que se cometan al orden público, se impondrán las siguientes sanciones:
a) Causar escándalo con palabras altisonantes o de cualquier otra manera en la vía o lugares públicos, sea que el infractor se encuentre sobrio o en estado de ebriedad se cobrará, 10 UMA; [...]
c) Por escandalizar con música estridente o a gran volumen en horarios que la gente dedica normalmente al descanso, 15 UMA; [...].
47. El precepto establece multas por infracciones al orden público, particularmente por “causar escándalo con palabras altisonantes o de cualquier otra manera en la vía o lugares públicos, ya sea que el infractor se encuentre sobrio o en estado de ebriedad”, que consistirá en 10 UMA, lo que equivale a $1,131.40 (mil ciento treinta y un pesos 40/100 moneda nacional); y por “escandalizar con música estridente”, que consistirá en 15 UMA, lo que equivale a $1,697.10 (mil seiscientos noventa y siete pesos 10/100 moneda nacional).
48. En consideración de este Tribunal Pleno, asiste razón a la CNDH, pues se advierte que la redacción de las disposiciones impugnadas permite una apreciación amplia por parte de la autoridad para determinar de manera discrecional y subjetiva qué tipo de palabra resulta altisonante y causa escándalo o qué otra conducta puede generar escándalo o cuándo la reproducción de música resulta estridente, para que el presunto infractor sea acreedor a una sanción.
49. Con lo anterior, antes de privilegiarse la seguridad jurídica, se genera incertidumbre para los gobernados, pues la calificación que hagan los particulares y la autoridad no responderá a criterios objetivos, sino que responden a un ámbito estrictamente personal, que hace que el grado de afectación sea relativo.
50. Incluso, cabe destacar que este Tribunal Pleno resolvió recientemente la acción de inconstitucionalidad 191/2024, relacionada con diversas leyes de ingresos de municipios del Estado de Tlaxcala,(24) cuya redacción era similar a la aquí analizada. Al respecto se dijo, en relación con las multas por “escándalos con palabras altisonantes o de cualquier otra manera”, que dichas categorías generaban un amplio margen de apreciación para la autoridad, además de que una sanción en términos tan amplios vulneraba los derechos de manifestación y libre expresión.
51. En ese asunto, esta Corte también se pronunció sobre una porción normativa que preveía que las sanciones se acreditarían con independencia de que el infractor se encontrara sobrio o en estado de ebriedad al incurrir en la conducta. Sobre ello, se determinó que, por su redacción, se dejaba a la discrecionalidad del operador de la norma la determinación del estado de ebriedad, lo que recaía en el ámbito de apreciación personal, considerando, además, que el consumo de alcohol no es ilegal, por lo que la multa analizada podía generar una transgresión a la libertad de la persona.
52. Sumado a ello, resulta oportuno señalar que, al considerar el estado de ebriedad como un elemento de la infracción, la norma tiende a criminalizar a las personas con problemas de consumo, en lugar de atender el problema real, lo cual resulta contrario a un enfoque de derechos humanos y derecho a la salud.
53. Por otra parte, en el precedente al que se ha aludido, esta Corte también analizó una disposición que sancionaba por escandalizar con música “estridente”, concluyendo que esa redacción en términos genéricos buscaba sancionar sonidos agudos o que no resultaran apacibles por su combinación sonora, es decir, desafinados o chirriantes, lo que permitía que la autoridad determinara discrecionalmente cuándo se actualizaban tales supuestos.
54. Ahora bien, en aplicación de la suplencia prevista en el artículo 71, primer párrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(25) si bien la Comisión accionante únicamente impugnó el inciso c), en la porción normativa “estridente”, se considera que todo el inciso resulta inconstitucional, pues se aprecia que se establece una sanción de carácter fijo(26) como consecuencia de la comisión de las falta administrativas, pues no existe parámetro alguno de aplicación respecto a la sanción económica prevista, que en todo caso será de 15 UMA, lo que equivale a $1,697.10 (mil seiscientos noventa y siete pesos 10/100 moneda nacional). Lo mismo ocurre respecto del inciso a) impugnado, que impone de forma inflexible la multa de 10 UMA, lo que equivale a $1,131.40 (mil ciento treinta y un pesos 40/100 moneda nacional).
55. Conforme a ello, toda vez que las normas combatidas contienen sanciones desproporcionadas, absolutas e inflexibles que no atienden a la gravedad de las faltas cometidas y el daño causado, de modo que no permiten un margen de apreciación para que la autoridad realice su individualización, también son violatorias del principio de proporcionalidad de las sanciones y la prohibición de multas excesivas, previsto en el artículo 22 de la Constitución Federal.(27)
56. Por tanto, lo procedente es declarar la invalidez del artículo 42, fracción XV, incisos a) y c), de la Ley de Ingresos del Municipio de San Damián Texóloc, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2025.
VI.2.2. Multas por perturbar el orden y por faltas a la moral
57. Para la CNDH, el artículo 42, fracción XV, incisos b) y g), de la Ley de Ingresos del Municipio de San Damián Texóloc, permite que, bajo categorías ambiguas y subjetivas, cualquier acto o expresión de ideas sea susceptible de una sanción administrativa.
58. Lo anterior, señala, constituye una restricción indirecta, carente de sustento constitucional, al permitir que la autoridad pueda determinar discrecionalmente cuándo una persona o un grupo de personas tengan actitudes consideradas por la sociedad como “faltas a la moral” que las haga acreedoras a la imposición de una sanción, aunado a que impacta de forma desproporcional en el ejercicio a la libertad de expresión.
59. Ahora bien, el texto de las disposiciones impugnadas es el siguiente:
Artículo 42. Las multas por infracciones a que se refiere el artículo 223 fracción II del Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán sancionadas cada una con las multas que a continuación se especifican, así como faltas administrativas: [...]
XV. Por las infracciones que se cometan al orden público, se impondrán las siguientes sanciones: [...]
b) Por perturbar el orden en actos cívicos, en ceremonias públicas o en locales abiertos al público para cualquier actividad; patios de vecindad, condominios o vehículos de transporte colectivo, 20 UMA; [...]
g) Por faltas a la moral, 10 UMA, e [...].
60. El artículo prevé multas por perturbar el orden en actos cívicos, en ceremonias públicas o en locales abiertos al público para cualquier actividad, patios de vecindad, condominios o vehículos de transporte colectivo, así como por faltas a la moral, consistentes en 20 UMA, lo que equivale a $2,262.8 (dos mil doscientos sesenta y dos pesos 08/100 moneda nacional) y 10 UMA, que equivale a $1,131.4 (mil ciento treinta y un pesos 04/100 moneda nacional), respectivamente.
61. En sentido similar a lo razonado en el apartado previo, es correcto el argumento de la promovente. Este Tribunal Pleno ha analizado normas de contenido similar(28) en las que se determinó invalidar sanciones por “alterar el orden” y por “faltas contra la integridad moral”.
62. Ello, porque su redacción resultaba en un amplio margen de apreciación a la autoridad municipal para determinar, de manera discrecional, qué tipo de alteración al orden o falta a la moral encuadraría en el supuesto para que el presunto infractor fuera merecedor de una sanción.
63. Así, los preceptos se calificaron como inconstitucionales, pues producían inseguridad jurídica en torno a lo que debía considerarse “alteraciones al orden público” o “afectación a la moral”, lo cual corresponde al aspecto subjetivo de cada persona, atendiendo a su propia estimación, lo que generaba un amplio margen de apreciación al operador jurídico para la actualización del supuesto normativo.
64. Los anteriores razonamientos resultan aplicables a las normas impugnadas, ya que determinar cuándo se altera el orden o se falta a la moral para que se actualice la sanción, escapa del aspecto objetivo, lo que genera inseguridad jurídica en los gobernados, pues no conocen con certeza qué conductas actualizan dichas afectaciones.
65. Es de mencionar que en la ya referida acción de inconstitucionalidad 191/2024,(29) esta Corte también se pronunció por la invalidez de disposiciones similares para otros municipios de Tlaxcala. Ahí se dijo que el orden público no podía ser invocado para suprimir o limitar derechos humanos sin que existiera una justificación real y objetivamente verificable, que planteara una amenaza cierta y creíble, dado que una amplitud en la redacción de las normas abría un campo inadmisible a la arbitrariedad.
66. En ese sentido, se concluyó que las normas controvertidas transgredían el principio de seguridad jurídica, porque la autoridad podría calificar e imponer la sanción conforme a su apreciación subjetiva, ya que la norma no señalaba cuáles conductas en específico eran susceptibles de “perturbar el orden”.
67. Adicionalmente a lo anterior, e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33937-b8f4a39b/i-juegos-y-sorteos-el-congreso-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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