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Modo: Corpus Pro

I. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE SANCIONA CON MULTA A QUIEN JUEGUE APUESTAS EN PLAZAS PÚBLICAS, CALLES, SALONES, CANTINAS, PARQUES DEPORTIVOS O EN CUALQUIER LUGAR PÚBLICO, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE LEGALIDAD, AL INVADIR ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN RESPECTO DE LA FACULTAD PARA IMPONER CONTRIBUCIONES EN ESTA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 96, FRACCIÓN XIX, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA, DISTRITO DE ETLA, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025). II. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE UNA MULTA POR FALTAS QUE ATENTEN CONTRA LA MORAL, ESPECÍFICAMENTE CANTAR CANCIONES QUE CONTENGAN PALABRAS ALTISONANTES O QUE ATENTEN CONTRA LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES, VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, AL DOTAR A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE UN AMPLIO MARGEN DE APRECIACIÓN SOBRE LOS ACTOS QUE PUEDAN UBICARSE EN ESA HIPÓTESIS [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 96, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA, DISTRITO DE ETLA, Y 106, FRACCIONES II, INCISO A), Y IX, INCISO V), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, DISTRITO DE EJUTLA, AMBAS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025]. III. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE UNA MULTA POR INSULTOS A LA AUTORIDAD, GENERA INCERTIDUMBRE PARA LAS PERSONAS, PUES LA CALIFICACIÓN QUE HAGA LA AUTORIDAD NO RESPONDERÁ A CRITERIOS OBJETIVOS, SINO A UN ÁMBITO ESTRICTAMENTE PERSONAL [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 96, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE INGRESOS DE GUADALUPE DE ETLA, DISTRITO DE ETLA Y 106, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA LEY DE INGRESOS DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, DISTRITO DE EJUTLA, AMBAS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025]. IV. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE UNA MULTA POR NO USAR CUBREBOCAS, VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, PUES LA AUTORIDAD MUNICIPAL PODRÁ DETERMINAR DE FORMA DISCRECIONAL LA ÉPOCA O EL PERIODO EN QUE LA FALTA DE USO DE UN CUBREBOCAS GENERA LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFRACCIÓN [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 106, FRACCIÓN II, INCISO S), DE LA LEY DE INGRESOS DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, DISTRITO DE EJUTLA, ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025]. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA PARA QUE SE ABSTENGA DE EMITIR NORMAS QUE PRESENTEN LOS MISMOS VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 96, FRACCIONES XIV, XV Y XIX, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA, DISTRITO DE ETLA, Y 82, NUMERAL I, FRACCIÓN III, INCISO A), Y 106, FRACCIONES II, INCISOS A), D) Y S), Y IX, INCISO V), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, DISTRITO DE EJUTLA, AMBAS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025].

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 32/2025. · Registro digital (IUS): 33852
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-02-13
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Febrero de 2026, Tomo II, Volumen 1, Pág.105.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 32/2025. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 21 DE OCTUBRE DE 2025. PONENTE: GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA. SECRETARIO: OMAR CRUZ CAMACHO.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiuno de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 32/2025, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el artículo 96, fracciones XIV, XV y XIX, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe Etla, Distrito de Etla, Oaxaca; y los artículos 82, numeral I, fracción III, incisos a) y b); y 106, fracciones II, incisos a), d) y s), y IX, inciso v), de la Ley de Ingresos del Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Distrito de Ejutla, Oaxaca; ambas para el ejercicio fiscal 2025. Los ordenamientos fueron publicados mediante los Decretos Números 39 y 45, respectivamente, en el Periódico Oficial de esa entidad el día 18 de enero de 2025.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. El diecisiete de febrero de dos mil veinticinco, María del Rosario Piedra Ibarra, quien se ostenta como Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (“CNDH”), promovió acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 96, fracciones XIV, XV y XIX, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe Etla, Distrito de Etla, Oaxaca (“Ley de Ingresos de Guadalupe de Etla”); y de los artículos 82, numeral I, fracción III, incisos a) y b), y 106, fracciones II, incisos a), d) y s), y IX, inciso v) de la Ley de Ingresos del Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Distrito de Ejutla, Oaxaca, (“Ley de Ingresos de Ejutla de Crespo”) ambas para el ejercicio fiscal 2025. Los ordenamientos fueron publicados mediante los Decretos Números 39 y 45, respectivamente, en el Periódico Oficial de esa entidad el día dieciocho de enero de dos mil veinticinco. En su demanda, señaló como autoridades que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas al Congreso del Estado de Oaxaca y al Gobernador del Estado de Oaxaca.

2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la CNDH expuso los siguientes conceptos de invalidez:

• En el primer concepto de invalidez, la CNDH impugna el artículo 96, fracción XIX de la Ley de Ingresos de Guadalupe Etla, que impone una multa a quien juegue “apuestas en plazas públicas, calles, salones, cantina, parques deportivos o cualquier lugar público”. De acuerdo con el artículo 73, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de juegos con apuestas y sorteos. Por lo tanto, el poder legislativo local no es competente para emitir la norma impugnada, y esto resulta en una vulneración al derecho de seguridad jurídica y al principio de legalidad, que garantizan que todas las autoridades actúen con base a lo dispuesto en la Constitución Federal y las leyes.

• En el segundo concepto de invalidez, se impugna el artículo 82, numeral I, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos de Ejutla de Crespo, que establece un cobro para la emisión del certificado médico diferenciado entre personas detenidas y el público en general. La CNDH argumenta que la disposición prevé cobros desproporcionados y diferenciados que transgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributarios, reconocidos en la Constitución Federal. Además, la tarifa que deben pagar las personas detenidas tiene un impacto desproporcional en sus derechos como imputadas, reconocidos en la letra B del artículo 20 de la Constitución Federal y el diverso 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y particularmente el caso de quienes sean víctimas del delito de tortura y malos tratos, pues se impone una barrera el acceso al examen médico que podría constituir un medio de prueba.

• En el tercer concepto de invalidez, la CNDH impugna los artículos 96, fracciones XIV y XV de la Ley de Ingresos de Guadalupe de Etla y 106, fracciones II, incisos a), d) y s), y IX, inciso v), de la Ley de Ingresos de Ejutla de Crespo, que establecen infracciones para las conductas de: 1) realizar escándalo en la vía pública; 2) insultar o faltar al respeto a las autoridades; 3) faltas a la moral en la vía pública o espacios públicos; 4) cantar canciones que contengan palabras altisonantes o que atenten contra la moral y las buenas costumbres, y 5) no usar cubrebocas. La accionante considera que las conductas resultan demasiado amplias y ambiguas, generando incertidumbre jurídica, lo que resulta en una violación al derecho de seguridad jurídica y al principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, aplicable a la materia administrativa sancionadora.

• Adicionalmente, considera que los supuestos (2), (3) y (4) tienen un impacto desproporcionado al ejercicio de la libertad de expresión.

• Además, en el caso de la conducta (5), considera relevante que la disposición no especifica un periodo ni condiciones para estimar actualizada la conducta infractora, como lo sería una referencia a la existencia de una declaratoria de situación de riesgo por pandemia o enfermedades transmisibles emitida por autoridad competente.

3. Auto de registro y turno. Por acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández ordenó el registro de la acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número de 32/2025, y turnó el expediente al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ahora en retiro, para que fungiera como instructor del procedimiento.

4. Admisión y trámite. Por acuerdo de doce de marzo de dos mil veinticinco, el entonces Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad. Asimismo, ordenó que se diera vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Oaxaca, para que rindieran su informe. También ordenó que se diera vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.

5. Informe del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.(1) El Poder Legislativo local defiende la validez y constitucionalidad de las disposiciones impugnadas. Señala que los actos legislativos que culminaron en la expedición de las leyes de ingresos se encuentran debidamente fundados y motivados, y que el Congreso local actuó dentro de las atribuciones conferidas por las constituciones local y federal. En cuanto a los conceptos de invalidez, respondió que:

• Respecto al primero, que el Congreso del Estado no está legislando en materia de juegos con apuestas y sorteos, sino que está estableciendo un aprovechamiento por concepto de multas por faltas administrativas; lo que se busca es fortalecer la capacidad recaudatoria del municipio, y sí cuenta con facultades para legislar en este respecto.

• Respecto al segundo concepto, si bien existe una diferencia por el cobro del servicio de expedición de certificado médico, tal cobro no es desproporcionado, toda vez que la tarifa es accesible para toda aquella persona que requiera del servicio.

• En cuanto al tercero, señala que el hecho de que las conductas previstas en las disposiciones impugnadas no se encuentren definidas de manera expresa no resulta suficiente para declarar su inconstitucionalidad. La Constitución Federal no exige al legislador ordinario definir los vocablos o locuciones utilizados, pues es parte del ejercicio de la función administrativa del que lleve la ejecución el desarrollo y precisión del objeto y alcance de estos. En particular, los términos en las conductas referidas no resultan imprecisos para la cosmovisión de la población del municipio.

6. Informe del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.(2) El Consejero Jurídico del gobierno local, en representación de la Gubernatura del Estado de Oaxaca, también defiende la validez de las normas impugnadas. Señala que el titular del Ejecutivo local promulgó y publicó las normas impugnadas en cumplimiento a lo establecido en los artículos 52, 53 y 58 de la Constitución local. En cuanto a los conceptos de invalidez, señaló:

• En cuanto al primer concepto, la disposición no regula propiamente la materia de juegos y sorteos, sino que establece una sanción administrativa para conductas específicas en espacios públicos que puede alterar el orden público local, y el Congreso local sí cuenta con facultades para regular aspectos relacionados con el orden público dentro de su demarcación territorial. Existe concurrencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de juegos y sorteos, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que los municipios pueden establecer contribuciones y multas relacionadas con la materia siempre que se limiten a regular aspectos fiscales y no regulen la actividad en sí misma.(3) Señala que la Ley Federal de Juegos y Sorteos no impide a los municipios sancionar alteraciones al orden público derivadas de la práctica de apuestas en espacios abiertos. Asimismo, también señala que la norma no transgrede el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, pues la norma debe interpretarse en el contexto de la Ley de Ingresos del municipio.

• Con respecto al segundo concepto, señala que no asiste la razón a la accionante en cuanto a las posibles violaciones a los derechos de la persona imputada, pues los arrestos que realiza el ayuntamiento son de carácter administrativo, mas no inician carpetas de investigación. En cuanto al principio de proporcionalidad, señala que la esencia principal es cobrar de manera diferenciada, pero no desproporcional, por ser una atribución del ayuntamiento, siendo que el certificado médico de una institución pública tiene mayor validez para trámites jurídicos y no necesita ratificarse.

• En cuanto al tercero, señala que las normas impugnadas son constitucionales porque las normas ahí previstas son claras y describen conductas específicas de comportamiento de los ciudadanos dentro de su territorio, y no son amplias y ambiguas. Satisface el principio de taxatividad pues define con suficiente precisión las conductas prohibidas y las sanciones que se impondrán.

• Agrega una consideración del derecho a la autonomía y libre determinación de los municipios y comunidades indígenas, al referir que el artículo 2°, apartado B, fracción I, de la Constitución Federal reconoce un régimen especial para municipios con presencia indígena, como es el caso, donde las comunidades tienen derecho a “administrar directamente” asignaciones presupuestales para fines específicos y otorga libertad hacendaria.

• Aduce que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VIII de la Ley Reglamentaria, en relación con el diverso 65, primer párrafo, pues la accionante no aduce ni existen violaciones a la Constitución Federal.

7. Alegatos. El Poder Ejecutivo local formuló alegatos a través del escrito que fue recibido en la Oficina de Certificación y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el seis de junio de dos mil veinticinco.

8. Opinión del Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República no formuló pedimento alguno.

9. Opinión de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. La Consejería Jurídica del Gobierno Federal no realizó manifestaciones.

10. Cierre de la instrucción. Visto el estado procesal de los autos, el diez de julio de dos mil veinticinco, con fundamento en el artículo 68, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria, el entonces Ministro instructor dictó auto de cierre de instrucción.

11. Returno. Mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente ordenó turnar el presente asunto al Ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, para que funja como instructor del procedimiento, en atención a lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General 1/2025 (12a.) del Pleno de este Alto Tribunal, en el cual se establece que dicho Ministro conocerá de los asuntos turnados a la ponencia del Ministro en retiro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

II. COMPETENCIA

12. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(4) 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(5) toda vez que la CNDH plantea la posible contradicción entre artículos de diversas disposiciones de la Ley de Ingresos de Guadalupe de Etla y la Ley de Ingresos de Ejutla de Crespo, publicadas en el Periódico Oficial de la entidad federativa el dieciocho de enero de dos mil veinticinco, y la Constitución Federal.

III. OPORTUNIDAD

13. El plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en la que se haya publicado la norma general o tratado internacional impugnado en el correspondiente medio oficial.(6)

14. Las normas impugnadas fueron reformadas mediante los Decretos Números 39 y 45, respectivamente, publicadas el día dieciocho de enero de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca. Por lo tanto, el plazo para su impugnación transcurrió del diecinueve de enero al diecisiete de febrero del mismo año.

15. La demanda se recibió el diecisiete de febrero de dos mil veinticinco por medio del buzón judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, por lo que su presentación es oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

16. La demanda está suscrita por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la CNDH, lo cual acredita con la copia certificada del nombramiento emitido por el Senado de la República el doce de noviembre de dos mil veinticuatro.

17. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, otorga legitimación a la CNDH para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal y local, así como tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado, cuando considere que se vulneran los derechos humanos previstos constitucional y convencionalmente.

18. En este sentido, la CNDH argumenta en su demanda que las disposiciones impugnadas de la Ley de Ingresos de Guadalupe de Etla y la Ley de Ingresos de Ejutla de Crespo repercuten en la garantía del derecho de seguridad jurídica y legalidad, los principios de proporcionalidad y equidad tributarios y el derecho a la libertad de expresión, entre otros.

19. Ahora bien, conforme a lo previsto en el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su Presidenta está facultada para promover las acciones de inconstitucionalidad que le correspondan.(7)

20. Así, si la demanda de la CNDH fue suscrita por su Presidenta, quien cuenta con la representación legal, cabe concluir que el escrito se presentó por parte legitimada.

V. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS

21. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia,(8) la Suprema Corte debe fijar de forma breve y precisa las normas generales, actos u omisiones objeto del estudio. De una lectura integral de la demanda, se advierte que deben tenerse como efectivamente impugnadas las siguientes normas generales:

• El artículo 96, fracciones XIV, XV y XIX, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe Etla, Distrito de Etla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2025, publicado mediante Decreto número 39.

• Los artículos 82, numeral I, fracción III, incisos a) y b), y 106, fracciones II, incisos a), d) y s), y IX, inciso v) de la Ley de Ingresos del Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Distrito de Ejutla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2025, mediante Decreto Número 45.

22. Ambos ordenamientos fueron publicados en el Periódico Oficial de esa entidad el dieciocho de enero de dos mil veinticinco.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

23. Antes de entrar al estudio de fondo es necesario analizar cualquier causa de improcedencia planteada por las autoridades demandadas, así como aquellas que de oficio advierta esta Corte.

24. El Poder Ejecutivo local argumenta en su demanda que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VIII de la Ley Reglamentaria, en relación con el diverso 65, primer párrafo,(9) pues la accionante no aduce ni existen violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

25. Por un lado, de una lectura de la demanda se observa que la accionante sí aduce diversas violaciones a la Constitución Federal, en específico, a derechos y principios consagrados en la misma, pues argumenta violaciones al derecho de seguridad jurídica, principio legalidad, en su vertiente de taxatividad, los principios de proporcionalidad y equidad tributarios y el derecho a la libertad de expresión. Por otro lado, en cuanto a que el Ejecutivo local señala que las violaciones a la Constitución Federal no existen, se observa que responder a esta cuestión implica un análisis de fondo,(10) además de que la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria únicamente exige que en la demanda se hagan valer violaciones a la Constitución Federal para que esta resulte procedente. En ese entender, la causal de improcedencia debe desestimarse.

26. Finalmente, al no existir alguna otra causa de improcedencia ni motivo de sobreseimiento, sea que las partes lo hubieren hecho valer o que de oficio se adviertan, se procede al estudio de fondo.

VII. ESTUDIO DE FONDO

27. A continuación, se procede al estudio de fondo en el orden de los conceptos de invalidez presentados por la CNDH.

VII.1. Multa a juegos de apuestas en espacios públicos

28. La accionante impugna el artículo 96, fracción XIX de la Ley de Ingresos de Guadalupe de Etla, básicamente, porque el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca no es competente para legislar en materia de juegos con apuestas y sorteos. La emisión de la norma resulta en una vulneración al derecho de seguridad jurídica y al principio de legalidad, que garantizan que todas las autoridades actúen con base a lo dispuesto en la Constitución Federal y las leyes.

29. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el concepto de invalidez resulta fundado, por las razones que se desarrollan a continuación.

30. Como punto de partida, se transcribe el contenido de la norma impugnada:

Artículo 96. Las infracciones por faltas administrativas serán establecidas por la dependencia administrativa a que corresponda la materia objeto de la infracción y se turnarán para su pago a la Tesorería Municipal, la cual con base en los tabuladores elaborados con anterioridad se calculará y percibirá el ingreso derivado de la infracción, previa calificación de la autoridad competente.

Los aprovechamientos a que se refiere este artículo, se pagaran de acuerdo a las cuotas por los siguientes conceptos:

Ver conceptos 1

31. Se observa entonces que la norma impugnada establece una multa de 5 a 10 unidades de medida y actualización (UMA) a quien juegue apuestas en plazas públicas, calles, salones, cantinas, parques deportivos o en cualquier lugar público.

32. Resulta conveniente atender al artículo 73, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se otorga al Congreso de la Unión la facultad para legislar sobre juegos con apuestas y sorteos. Esta es la competencia que la accionante considera ha sido vulnerada.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

[...]

X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123; [...] [Énfasis añadido.]

Ver artículo 73, fracción X con énfasis

33. Asimismo, hay que referir al sistema de distribución de competencias establecido en la Constitución Federal. De acuerdo con su artículo 124,(11) interpretado junto con el diverso 115 –que otorga facultades a los municipios– el ámbito competencial de las entidades federativas se integra por las facultades no expresamente conferidas a la Federación o a los Municipios.(12) Entonces, si en este caso, la Constitución otorga la facultad de legislar en materia de juegos con apuestas y sorteos al Congreso federal, y ninguna otra disposición constitucional otorga dicha competencia a las entidades federativas o a los municipios, debe entenderse que dicha facultad es, en principio, exclusiva de la federación.

34. Ahora bien, no pasa inadvertido que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estudiado esta temática con anterioridad. Resulta en particular relevante la acción de inconstitucionalidad 20/2007,(13) en la que el Tribunal Pleno estudió la constitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, en la que el Congreso local estableció un impuesto a la celebración de rifas, sorteos, loterías, apuestas, juegos con máquinas de sistemas, programas automatizados o computarizados, y concursos de cualquier índole.

35. En el apartado que resulta relevante para este asunto, la Suprema Corte llegó a la conclusión de que estas disposiciones de carácter local no vulneran la competencia del Congreso de la Unión porque, de acuerdo con diversos criterios del Tribunal Pleno, “las materias contenidas en la fracción X del artículo 73 constitucional son de competencia concurrente entre la Federación y las entidades federativas [...].”(14) Resulta indispensable leer esta afirmación en el contexto de dicho estudio y de las tesis de jurisprudencia que cita el asunto para comprender un matiz importante de dicha conclusión: la concurrencia entre federación y entidades federativas es respecto a la potestad tributaria en estas materias.

36. Tanto las disposiciones estudiadas en dicha acción de inconstitucionalidad, como las de los precedentes de los que derivan las tesis que cita en su estudio,(15) establecen impuestos locales relacionadas con las materias contenidas en la fracción X del artículo 73 constitucional. Más aún, las razones que adopta dicha sentencia de diversos precedentes son claras en referir a que la competencia concurrente en materia de juegos con apuestas y sorteos refiere únicamente a la potestad tributaria. La argumentación referida es la siguiente:

Más específicamente, el Pleno de este Tribunal ha sostenido en diversos fallos(16) que la potestad tributaria en materia de juegos con apuestas y sorteos es competencia concurrente del Congreso de la Unión y de los Congresos locales, tomando en consideración lo siguiente:

a) Que de la redacción y de la interpretación conjunta de los numerales 117 y 118 no se deduce que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le haya prohibido a las Entidades federativas el legislar en materia de juegos con apuestas;

b) Que los artículos 73, fracción VI, 117 y 118, se deben interpretar de forma armónica con el 31 fracción IV, en el sentido de que no se pueda afirmar que la potestad de establecer contribuciones le pertenece en exclusiva a la Federación, ya que es necesario que cada uno de los niveles de gobierno pueda hacer efectivos los gravámenes con que cuenta en su esfera competencial, para cubrir los gastos señalados en sus respectivos presupuestos;

c) Que, en relación con las fracciones X y XXIX del artículo 73 constitucional, no se puede entender ocioso el empleo de términos distintos: “legislar” y “establecer contribuciones”. Por lo que debe entenderse que la pretensión del Constituyente fue separar y distinguir dos aspectos diferentes del ámbito competencial del Congreso de la Unión: el general, consistente en la labor legislativa y, el particular, relativo a la creación de tributos. Lo que evita que se considere carente de sentido jurídico el que ciertas materias sean mencionadas en ambas fracciones, y

d) Que de la interpretación auténtica del Poder Reformador, esto es, del análisis de la exposición de motivos de las reformas a la fracción X del artículo 73 constitucional, se desprende que la concesión a la Federación de la facultad de legislar en materia de juegos con apuestas y sorteos obedeció a fines predominantemente sociales, es decir, que exista mayor vigilancia de este tipo de actividades, sin atender a factores de carácter tributario.(17)

[énfasis añadido]

Ver argumentación con énfasis

37. Por lo tanto, esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación puede entonces concluir que la facultad de regular sobre juegos con apuestas y sorteos es de carácter exclusivo federal, con la única excepción de la materia tributaria, pues la competencia de establecer impuestos a juegos con apuestas y sorteos es concurrente entre la federación y las entidades federativas.

38. Ahora bien, en el caso de la norma impugnada observamos que esta establece una multa a quien juegue apuestas en plazas públicas, calles, salones, cantinas, parques deportivos o en cualquier lugar público. Así pues, a través de esta sanción administrativa, la norma prohíbe la realización de juegos con apuestas en los espacios señalados, por lo que ésta claramente es una norma sobre juegos con apuestas y sorteos. Entonces, como la norma no consiste en el establecimiento de un impuesto en la materia, debe concluirse que asiste la razón a la accionante en que el legislador local sí invadió la atribución del legislador federal, y se violentó el derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad.

39. Por lo tanto, se declara la invalidez del artículo 96, fracción XIX de la Ley de Ingresos de Guadalupe de Etla.

VII.2. Cobro diferenciado para la emisión del certificado médico

40. La CNDH impugna el artículo 82, numeral I, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos de Ejutla de Crespo, esencialmente, porque la disposición prevé cobros desproporcionados y diferenciados respecto a personas detenidas que transgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributarios, reconocidos en la Constitución Federal.

41. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el concepto de invalidez resulta fundado, por lo que hace al inciso a), por las razones que se desarrollan a continuación.

42. Los alcances de los principios de justicia tributaria –y en específico, de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria por el cobro de derechos— derivados del artículo 31, fracción IV, de la Constitución federal y su aplicación en el ámbito de los derechos por servicios ha sido desarrollada jurisprudencialmente por esta Suprema Corte, entre otras, en las acciones de inconstitucionalidad 93/2020,(18) 75/2021,(19) 9/2022 y sus acumuladas 13/2022, 14/2022, 18/2022 y 22/2022,(20) 19/2023,(21) 54/2023,(22) 55/2023(23) y 50/2023,(24) 40/2024 y su acumulada 48/2024,(25) 128/2024,(26) 68/2024(27) y 23/2024.(28)

43. En estos precedentes, el Tribunal Pleno ha sostenido que para considerar constitucionales las normas que prevén derechos, las cuotas aplicables deben ser, entre otras cosas, acordes o proporcionales al costo de los servicios prestados y ser igual para todos los que reciban el mismo servicio.

44. La naturaleza de los derechos por servicios que presta el Estado es distinta a la de los impuestos, de manera que para que se respeten los principios de proporcionalidad y equidad tributarios es necesario tener en cuenta, entre otros aspectos, el costo que para el Estado implica la prestación del servicio, pues a partir de ahí se puede determinar si la norma que prevé un derecho otorga o no un trato igual a los sujetos que se encuentren en igualdad de circunstancias y si es proporcional o acorde al costo que conlleva ese servicio.(29)

45. Ahora bien, se procede a examinar la norma impugnada, cuyo contenido se transcribe a continuación:

Artículo 82. Es objeto de este derecho la recaudación que realiza el Municipio por:

I. La prestación de servicios en materia de salud y control de enfermedades, que se cobrarán conforme a las siguientes cuotas:

Ver cuotas

46. El artículo 82, numeral I, establece el cobro de derechos por la prestación de servicios en materia de salud y control de enfermedades, y, en particular la fracción III impugnada, el cobro por la emisión del certificado médico. Se establece una cuota diferenciada, 200 pesos para el caso de detenidos y 100 pesos para el público en general.

47. Por un lado, es evidente que la norma infringe el principio de equidad tributaria porque establece un costo diferenciado para la prestación del mismo servicio, sin que dicha distinción se encuentre justificada de forma alguna.

48. Por otro lado, la disposición también infringe el principio de proporcionalidad tributaria, pues la diferencia en cobro demuestra que al menos una de las dos cuotas no refleja el costo que representa al estado la prestación del servicio de certificado médico. No resulta lógico que el mismo servicio sea más costoso en un caso que en el otro—y si existe esa justificación, el legislador no la proporcionó ni en el proceso legislativo, ni en su informe.

49. Lo anterior resulta suficiente para declarar la invalidez del artículo 82, numeral I, fracción III, inciso a), de la Ley de Ingresos de Ejutla de Crespo.

50. Cabe señalar que en la misma sesión pública de veintiuno de octubre de dos mil veinticinco se sometió a consideración del Tribunal Pleno la propuesta de invalidez del artículo 82, numeral I, fracción III, inciso b), de la Ley de Ingresos de Ejutla de Crespo, y al no alcanzarse la votación calificada para su invalidez, el Tribunal Pleno determinó desestimar ese planteamiento en la presente acción de

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Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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