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Modo: Corpus Pro

SEGURO SOCIAL. RÉGIMEN TRANSITORIO DEL SISTEMA DE PENSIONES ENTRE LAS LEYES DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA Y VIGENTE. SUS DIFERENCIAS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 477/2012. · Registro digital (IUS): 23904
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, Pág. 1397.

AMPARO EN REVISIÓN 477/2012. 29 DE AGOSTO DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MA. DE LA LUZ PINEDA PINEDA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el punto cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de ese mismo año, en virtud de que se interpone en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional por un Juzgado de Distrito, y en el recurso subsiste el planteamiento de inconstitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, así como el noveno transitorio de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicada en el propio medio de difusión el veinticuatro de diciembre de dos mil dos, respecto de las cuales existen precedentes en esta Sala, lo que torna innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. Oportunidad. La resolución que se combate se le notificó personalmente a la licenciada **********, en su carácter de autorizada del quejoso **********, el jueves diez de noviembre de dos mil once, la que surtió sus efectos el viernes once siguiente. Por tanto, el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para la presentación del recurso de revisión, transcurrió del lunes catorce al lunes veintiocho de noviembre de dos mil once, descontándose el día veintiuno de noviembre por ser inhábil de conformidad con el Acuerdo General 10/2006, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de noviembre de dos mil once, por ser sábados y domingos, en términos de lo previsto en el artículo 23 de la Ley de Amparo.

Luego entonces, como el recurso de revisión se presentó el viernes dieciocho de noviembre de dos mil once en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, resulta válido concluir que su presentación fue oportuna.

TERCERO. Agravios. Los agravios que formula el quejoso recurrente son los siguientes:

"Primero. Fuente del agravio lo constituyen el considerando octavo y resolutivos primero y segundo emitidos por el a quo de la sentencia definitiva que por esta vía se impugna. De los cuales se transcriben a continuación (se transcriben). Conceptos violados. Se aplica en perjuicio de mi autorizante lo dispuesto por los artículos 75, 76 Bis, fracción I, 77, 78, 155 y 192 de la Ley de Amparo. En la especie, los citados artículos de la Ley de Amparo, textualmente, disponen lo siguiente: ‘Artículo 75.’ (se transcribe). ‘Artículo 76.’ (se transcribe). ‘Artículo 77.’ (se transcribe). ‘Artículo 78.’ (se transcribe). ‘Artículo 155.’ (se transcribe). ‘Artículo 192.’ (se transcribe). Se afirma lo anterior, con motivo de que el a quo, al dictar la resolución que por esta vía se combate, aplica en perjuicio de mi autorizante recurrente lo dispuesto por los artículos 75, 76 Bis, fracción I, 77, 78, 155 y 192 de la Ley de Amparo, en virtud de que el Juez de Distrito realizó un deficiente análisis de la presente demanda de amparo, en virtud de que omite analizar que el quejoso reclama que al obtener su pensión por cesantía, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, se aplicó en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 8o. transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, aun cuando de la propia resolución no se aprecie inserto el artículo 8o. transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de enero de 1997, primero del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2002, por el que se reformó el artículo noveno transitorio del Decreto de Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y de reformas y adiciones a las leyes General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, para Regular las Agrupaciones Financieras, de Instituciones de crédito, del Mercado de Valores y Federal de Protección al Consumidor, publicado el 23 de mayo de 1996, así como los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, debió estimar que también es el primer acto de aplicación de la norma indicada, por actualizarse la hipótesis legal, lo que se considera como acto reclamado. Sirve de apoyo la jurisprudencia que se detalla: ‘INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, QUE REGULA EL DESTINO DE LOS FONDOS ACUMULADOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, CONSTITUYE UNA NORMA DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA.’ (se transcribe). De tal manera que, si el Juez de Distrito refiere que mi autorizante no formuló conceptos de violación suficientes para acreditar la inconstitucionalidad del acto reclamado, es decir, la aplicación del artículo 8o. transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de enero de 1997, lo cierto es también que el a quo, en franca transgresión a lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, omite suplir a favor del quejoso la supuesta deficiencia de los conceptos de violación, toda vez que el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo señala que esta obligación del Juez de Distrito que conoció del presente juicio (sic) suplir la deficiencia de dichos conceptos de violación en cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Por consiguiente, resulta evidente que el Juez de Distrito omitió analizar de manera acuciosa la demanda de garantías, en virtud de que el quejoso señaló que el primer acto de aplicación en su perjuicio, respecto del artículo 8o. transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de enero de 1997, tuvo su origen al momento en que el Instituto Mexicano del Seguro Social le notificó la resolución de otorgamiento de pensión por cesantía, de conformidad a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien definió que la afectación que ese acto se verificara hasta el momento en que se emita la resolución en que se autorice la pensión del quejoso en los términos solicitados, tanto que, a partir de entonces, iniciará el plazo del que dispondrá el gobernado para acudir al amparo en su contra. Dicha condición fue destacada con mayor énfasis por la Segunda Sala del Máximo Tribunal en la jurisprudencia 2a./J. 85/2009, derivada de la contradicción de tesis 130/2009, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos del Octavo Circuito, consultable en la página 402, Tomo XXX, julio de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto para mejor comprensión se insertan literalmente: ‘INFONAVIT. PARA ACREDITAR EN EL JUICIO DE AMPARO LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 18/2008, RELATIVA AL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA A LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, BASTA LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE SE LE OTORGÓ LA PENSIÓN CONFORME A LA LEY DE SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, AUN CUANDO NO EXHIBA LA CONSTANCIA DE ELECCIÓN DE SISTEMA PENSIONARIO.’ (se transcribe). Por consiguiente y dadas las ilegalidades anotadas, procede que ese Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito declare que la Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso ahora recurrente, en contra del acto reclamado en su escrito inicial de demanda de garantías, conforme a lo dispuesto por los artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo."

CUARTO. Al margen de los argumentos de legalidad que expone el trabajador inconforme en sus agravios, con la finalidad de controvertir la negativa de amparo que se contiene en el considerando octavo del fallo recurrido, los cuales resultan inoperantes porque no guardan relación con la litis constitucional que se sometió a la jurisdicción del Juez de Distrito, esta Segunda Sala realiza el estudio de constitucionalidad de los artículos décimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, y noveno transitorio del Decreto de reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veinticuatro de diciembre de dos mil dos, que se consideran contrarios a las garantías y principios establecidos en los artículos 14, 16 y 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal, ya que se trata de un trabajador jubilado que se ubica en el supuesto previsto en el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo.

Los numerales transitorios en comentario establecen:

Ley del Seguro Social

"Décimo tercero. Por cuanto hace a los fondos de los trabajadores acumulados en las subcuentas de retiro se estará a lo siguiente:

"a) Los sujetos que se encuentren en conservación de derechos y que se pensionen bajo el régimen de la ley anterior, recibirán además de la pensión que corresponda, sus fondos acumulados en la subcuenta del seguro de retiro en una sola exhibición.

"b) Los sujetos que lleguen a la edad de pensionarse por cesantía en edad avanzada y vejez bajo la vigencia de esta ley pero que opten por los beneficios de pensiones regulados por la ley anterior, recibirán la pensión indicada bajo los supuestos de la ley que se deroga y además los fondos que se hubieran acumulado en su subcuenta de seguro de retiro. Los acumulados en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez serán entregados por las administradoras de fondos para el retiro al Gobierno Federal."

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro

"Artículo noveno. Los trabajadores que opten por pensionarse conforme al régimen establecido en la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, tendrán el derecho a retirar en una sola exhibición los recursos que se hayan acumulado hasta esa fecha en las subcuentas del seguro de retiro y del Fondo Nacional de la Vivienda, así como los recursos correspondientes al ramo de retiro que se hayan acumulado en la subcuenta del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, vigente a partir del 1o. de julio de 1997, incluyendo los rendimientos que se hayan generado por dichos conceptos.

"Igual derecho tendrán los beneficiarios que elijan acogerse a los beneficios de pensiones establecidos en la Ley del Seguro Social que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997.

"Los restantes recursos acumulados en la subcuenta del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previsto en la Ley del Seguro Social vigente a partir del 1o. de julio de 1997, deberán ser entregados por las administradoras de fondos para el retiro al Gobierno Federal."

En relación con el análisis de la retroactividad de normas, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que ésta requiere el estudio de los componentes de la norma con el objeto de conocer si los efectos de ésta sobre situaciones jurídicas o derechos adquiridos en el pasado resultan perjudiciales a las situaciones jurídicas ya adquiridas para así conocer si existe o no una aplicación retroactiva en perjuicio del particular.

De ahí que resulta imprescindible el análisis de los componentes de la norma sujeta al escrutinio constitucional a fin de determinar si en el caso se está ante el supuesto de derechos adquiridos al amparo de la ley derogada, o si sólo se trata de expectativas de derecho, los cuales no pueden considerarse afectados por la vigencia de la nueva ley, siendo este ejercicio la forma correcta de determinar si una norma resultará o no contraria al principio de irretroactividad de la ley en perjuicio conforme al artículo 14 constitucional.

A lo anterior cobran aplicación las jurisprudencias de este Alto Tribunal números P./J. 123/2001 y 2a./J. 87/2004, de rubros siguientes:

"RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA."

"RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA."

En el caso, esta Segunda Sala estima que los artículos transitorios reclamados no resultan contrarios al 14 constitucional, porque la entrada en vigor del nuevo régimen de pensiones en julio de mil novecientos noventa y siete, no influye retroactivamente en las situaciones jurídicas efectuadas al amparo del sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social conforme a la ley de mil novecientos setenta y tres, porque el régimen de seguridad social contemplado en la Ley del Seguro Social rige hacia el futuro, en el caso, a partir de la entrada en vigor de la ley reclamada.

Al respecto, cabe citar el criterio de esta Sala sustentado en la contradicción de tesis 360/2010, en la que se analizó el régimen transitorio del sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a la ley derogada y la vigente; criterio que se contiene en la tesis 2a. LVI/2011, que dice:

" El 21 de diciembre de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la actual Ley del Seguro Social, que derogó a la anterior publicada en el indicado medio de difusión oficial el 12 de marzo de 1973. La nueva ley estableció un sistema transitorio destinado a las personas que ya se encontraban afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social para proporcionarles básicamente dos modalidades de pensión: una bajo el amparo de la ley derogada y otra conforme a las normas vigentes al momento en que deba pensionárseles, alternativas a elección del asegurado; régimen regulado en los artículos tercero, cuarto, quinto, undécimo, duodécimo y décimo tercero transitorios de la Ley del Seguro Social vigente, a partir de lo cual debe considerarse que aun cuando la ley anterior fue derogada, no deja de tener efectos jurídicos para los asegurados que al pensionarse elijan el régimen de aquélla, pues esas pensiones habrán de otorgarse bajo los parámetros de la ley de 1973, al igual que para los asegurados que se encuentren en periodo de conservación de derechos, y serán cubiertas por el Gobierno Federal. Por lo anterior, el régimen pensionario derivado de la Ley del Seguro Social derogada, no debe confundirse ni mezclarse con el de la Ley del Seguro Social vigente, por las siguientes razones: 1) Su financiamiento es distinto; la ley anterior previó un sistema de reparto en el que las pensiones se cubren con las reservas acumuladas por las aportaciones que los trabajadores afiliados al instituto hicieron al seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, y corren a cargo del Gobierno Federal en términos del indicado artículo duodécimo transitorio; mientras las pensiones del nuevo régimen son financiadas con los recursos que los trabajadores acumularon durante su vida laboral en su cuenta individual y, por tanto, se encuentran a cargo de los propios asegurados, quienes deberán contratar una renta vitalicia o efectuar retiros programados del saldo de su cuenta individual; 2) Las pensiones del régimen anterior se cuantifican a partir del salario base de cotización en su promedio de las últimas 250 semanas en relación con la antigüedad del trabajador, es decir, atendiendo al número de semanas cotizadas, conforme a los artículos 167 y 171 de la ley derogada; mientras que las nuevas pensiones atenderán exclusivamente a las cantidades acumuladas en la cuenta individual y será el trabajador quien decida su monto, siempre y cuando la pensión que se le calcule en el sistema de renta vitalicia sea superior en más del 30% de la pensión garantizada, una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios, pudiendo recibir el excedente en una sola exhibición, conforme a los artículos 157 y 164 de la Ley del Seguro Social vigente; 3) La ley derogada exige requisitos de edad para la pensión de cesantía; la nueva permite al asegurado pensionarse antes de cumplir las edades establecidas, siempre y cuando la pensión que se le calcule en el sistema de renta vitalicia sea superior en más del 30% de la pensión garantizada, una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios; y 4) La pensión que el instituto otorgue al trabajador conforme al régimen de la ley de 1973 será pagada por el Gobierno Federal, en cambio, la pensión otorgada conforme a la ley vigente correrá a cargo de una aseguradora o de la administradora de fondos para el retiro, con los fondos de la cuenta individual del trabajador." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, junio de 2011, página 429, registro IUS 161753)

Del anterior criterio, se deduce que los artículos transitorios reclamados no violentan la garantía de irretroactividad de la ley, porque el nuevo sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social vigente a partir del año de mil novecientos noventa y siete, no afecta los derechos de quienes puedan optar por jubilarse conforme al régimen de pensiones vigente conforme la ley de mil novecientos setenta y tres, ya que ambos sistemas presentan diferencias y parámetros particulares, lo que se desprende del texto de los preceptos transitorios reclamados, mismos que fueron diseñados con el objeto de que esa confusión no suceda, ya que se precisa en ellos, que las jubilaciones conforme al sistema de pensiones de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, serán administradas por el Gobierno Federal, de ahí que los fondos sean entregados a éste y no a la aseguradora o a la administradora de fondos para el retiro conforme lo prevé el nuevo sistema, pues como se reitera en la tesis referida de esta Segunda Sala, los sistemas son diferentes y autónomos. Por ende, no existe retroactividad porque estos numerales rigen hacia el futuro; esto es, hasta el momento en que el trabajador tenga derecho a gozar de una pensión, conforme a los parámetros y modalidades del viejo sistema o del nuevo.

Además, cabe señalar que el derecho de los trabajadores para elegir el sistema pensionario que mejor les convenga se plasmó en las disposiciones transitorias de la misma Ley del Seguro Social, que dicen:

"Tercero. Los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley, así como sus beneficiarios, al momento de cumplirse, en términos de la ley que se deroga, los supuestos legales o el siniestro respectivo para el disfrute de cualquiera de las pensiones, podrán optar por acogerse al beneficio de dicha ley o al esquema de pensiones establecido en el presente ordenamiento."

"Cuarto. Para el caso de los trabajadores que hayan cotizado en términos de la Ley del Seguro Social que se deroga, y que llegaren a pensionarse durante la vigencia de la presente ley, el Instituto Mexicano del Seguro Social, estará obligado, a solicitud de cada trabajador, a calcular estimativamente el importe de su pensión para cada uno de los regímenes, a efecto de que éste pueda decidir lo que a sus intereses convenga."

"Quinto. Los derechos adquiridos por quienes se encuentran en periodo de conservación de los mismos, no serán afectados por la entrada en vigor de esta ley y sus titulares accederán a las pensiones que les correspondan conforme a la ley que se deroga. Tanto a ellos como a los demás asegurados inscritos, les será aplicable el tiempo de espera de ciento cincuenta semanas cotizadas, para efectos del seguro de invalidez y vida."

"Décimo primero (sic). Los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley, al momento de cumplirse los supuestos legales o el siniestro respectivo que, para el disfrute de las pensiones de vejez, cesantía en edad avanzada o riesgos de trabajo, se encontraban previstos por la Ley del Seguro Social que se deroga, podrán optar por acogerse a los beneficios por ella contemplados o a los que establece la presente ley."

"Décimo segundo (sic). Estarán a cargo del Gobierno Federal las pensiones que se encuentren en curso de pago, así como las prestaciones o pensiones de aquellos sujetos que se encuentren en periodo de conservación de derechos y las pensiones que se otorguen a los asegurados que opten por el esquema establecido por la ley que se deroga."

"Décimo tercero. Por cuanto hace a los fondos de los trabajadores acumulados en las subcuentas de retiro se estará a lo siguiente:

"a) Los sujetos que se encuentren en conservación de derechos y que se pensionen bajo el régimen de la ley anterior, recibirán además de la pensión que corresponda, sus fondos acumulados en la subcuenta del seguro de retiro en una sola exhibición.

"b) Los sujetos que lleguen a la edad de pensionarse por cesantía en edad avanzada y vejez bajo la vigencia de esta ley pero que opten por lo (sic) beneficios de pensiones regulados por la ley anterior, recibirán la pensión indicada bajo los supuestos de la ley que se deroga y además los fondos que se hubieran acumulado en su subcuenta de seguro de retiro. Los acumulados en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez serán entregados por las administradoras de fondos para el retiro al Gobierno Federal."

Razón por la que debe considerarse que aun cuando la anterior ley fue derogada, no deja de tener efectos jurídicos para aquellos asegurados que al pensionarse eligieron el régimen de aquélla, pues esas pensiones habrán de otorgarse precisamente bajo los parámetros de la ley de mil novecientos setenta y tres.

Por otro lado, esta Sala considera que los artículos transitorios reclamados no contravienen el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal, que establece el sistema de seguridad social que ampara a los trabajadores regidos por ese apartado, atento a las razones siguientes:

Durante la vigencia de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, y hasta el año de mil novecientos noventa y dos, imperó un sistema de seguridad social tradicional basado en el principio de solidaridad en el que todas las aportaciones de los sectores involucrados (patrón, trabajador y Gobierno Federal) iban a un fondo común, del que luego se extraían para cubrir el otorgamiento de las prestaciones en especie y en dinero que establecía la ley de la materia, entre ellas, las derivadas del sistema pensionario, cuando los asegurados o sus beneficiarios se ubican en las hipótesis correspondientes, dicho sistema se denomina de reparto universal, el cual se caracteriza porque la población activa (personas que trabajan) es quien financia los beneficios y pago de las pensiones de la población pasiva o pensionados.

No obstante, con la adición al artículo 11 de la Ley del Seguro Social, se originó un cambio de sistema pensionario por el denominado de capitalización individual donde cada afiliado al sistema de seguridad social posee una cuenta individual en la que se depositan sus cotizaciones provisionales, formando un fondo que acumula periódicamente aquéllas y los intereses o rentabilidad que genera la inversión de los recursos por parte de la institución que los administra, para que al término de la vida laboral activa del trabajador, el ahorro acumulado le permita disponer de esos recursos para el propio afiliado o para sus beneficiarios en caso de fallecimiento, y obtener una pensión estable y equivalente al ingreso promedio que tuvo durante su vida laboral activa, lo que implica que la cuantía de la pensión dependerá del ahorro acumulado en dicha cuenta.

Así, en la exposición de motivos del Ejecutivo Federal, que originó la adición citada en el párrafo que antecede, se expresó lo siguiente:

"Desde la década de los ochenta, México vivió uno de los episodios más difíciles en su historia económica. El endeudamiento externo excesivo, el desequilibrio fiscal y un entorno económico internacional desfavorable, ocasionaron que la economía mexicana entrara en crisis durante 1982. En los años subsecuentes, los problemas se manifestaron en inflaciones altas, desaceleramiento en la actividad económica y una caída en el ingreso per capita y en el salario real. Entre otras cosas, esto trajo como consecuencia una disminución en el ahorro interno y, por ende, en la inversión. La inversión no es más que la ampliación de la planta productiva del país. Por lo tanto, si ésta no aumenta a un ritmo acelerado, se comprometen las posibilidades de crecimiento económico del país en los años venideros. Esto puede demostrarse considerando la experiencia internacional. En comparación con los países de más alto crecimiento económico, las tasas de ahorro e inversión en México son bajas. Entre 1980 y 1990, la inversión en México pasó de representar del 27.0% del producto interno bruto (PIB) a poco menos del 22.0%, mientras que la tasa de ahorro interno del país se ubica en la actualidad en alrededor del 21.0% del producto interno bruto. Esto contrasta fuertemente con los países de mayor crecimiento, en los cuales se invierte y ahorra alrededor del 30.0% del ingreso nacional, lo que da por resultado que el producto interno bruto per capita aumente a tasas muy satisfactorias. De lo anterior, se desprende que es indispensable que México cuente con los recursos suficientes para financiar la expansión de la inversión en los años venideros, de tal manera que pueda asegurarse la transición de la economía mexicana de la fase de estabilización a la de crecimiento sostenido. Es decir, se requiere aumentar el ahorro para financiar la inversión, de tal suerte que se estimule la actividad económica. En particular, se requiere de ahorro de largo plazo para hacer posible el financiamiento a plazos mayores. El crecimiento económico, a su vez, implicaría una acrecentada demanda por mano de obra, lo que tendería aumentar el empleo en beneficio de los trabajadores. Por otra parte, el gobierno de la República está consciente de la necesidad de tomar providencias para que los trabajadores actuales puedan mejorar su situación económica al momento de su retiro. Para atender este reclamo social, es necesario que el país cuente con sistemas de ahorro que comprendan a muy amplios sectores de la población y que estén sustentados en una base financiera sólida. Ello permitiría a los trabajadores disponer de mayores recursos al momento de su retiro. Asimismo, es deseable desde un punto de vista social, que el trabajador cuente con recursos que pueda utilizar al quedar desempleado o incapacitado temporalmente. De hecho, la práctica del ahorro consiste fundamentalmente en distribuir los recursos en el tiempo, para que éstos puedan ser aprovechados en el momento en que más se necesiten. Precisamente alguno de esos momentos puede coincidir con el desempleo, la incapacidad o el retiro. Es de tenerse en cuenta también que en México, como en otros países en vías de desarrollo, los trabajadores de escasos recursos gozan de un acceso restringido a los servicios financieros. Puesto que el ahorro de dichos trabajadores es modesto, normalmente no pueden canalizar sus recursos a los instrumentos financieros que ofrecen la mejor mezcla de riesgo y rendimiento. Esto ha orillado a los trabajadores que perciben un ingreso reducido a invertir sus ahorros en instrumentos que devengan intereses bajos, a veces negativos en términos reales, o en bienes duraderos no estrictamente indispensables. Sin embargo, es posible crear sistemas de ahorro que permitan superar estos problemas, con la ventaja adicional de que ello aumentaría considerablemente la masa de fondos prestables en el país, facilitando la inversión. Por lo antes expuesto, esta iniciativa propone el establecimiento de una prestación de seguridad social con carácter de seguro, adicional a las que establece la Ley del Seguro Social, la cual estaría encaminada a la protección y el bienestar de los trabajadores y de sus familiares. Se trata de un seguro de retiro que se instrumentaría a través de un sistema de ahorro. Este seguro tendría por objeto aumentar los recursos a disposición de los trabajadores al momento de su retiro, mediante el establecimiento de cuentas bancarias individuales abiertas a su nombre en las que los patrones acreditarían tanto las cuotas correspondientes a este nuevo seguro de retiro, como las aportaciones que actualmente se efectúan al Fondo Nacional de la Vivienda. La propuesta contenida en la presente iniciativa es conforme con la intención manifiesta del Constituyente plasmada en la fracción XXIX del apartado A del artículo 123 constitucional, en el sentido de permitir que en la correspondiente ley reglamentaria se previeran no sólo los seguros enumerados en el propio precepto constitucional, sino también cualquier otro ‘encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares’; características que se identifican claramente en la prestación que se propone. De aprobarse por esa honorable representación nacional la presente iniciativa, se habría avanzado en el desarrollo del principio del derecho social que nos rige, en el sentido de que, en tratándose de garantías, la Ley Fundamental establece los límites mínimo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23904-abaa029a/seguro-social-regimen-transitorio-del-sistema-de-pensiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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