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SEGURO SOCIAL. LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA SUBCUENTA DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ AL GOBIERNO FEDERAL, NO VIOLA EL DERECHO DE AUDIENCIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 432/2012. · Registro digital (IUS): 23903
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, Pág. 1366.

AMPARO EN REVISIÓN 432/2012. 29 DE AGOSTO DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR.

CONSIDERANDO:

10. PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con apoyo en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno; lo anterior, en virtud de que se trata de un recurso de revisión interpuesto contra una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional en un juicio de amparo indirecto en donde se planteó la inconstitucionalidad de los artículos, entre otros, décimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, así como el noveno transitorio de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicada en el propio medio de difusión el veinticuatro de diciembre de dos mil dos, sin que se advierta que para su resolución se requiera de la intervención del Tribunal Pleno.

11. SEGUNDO. No es el caso de hacer pronunciamiento alguno sobre la oportunidad del recurso de revisión principal interpuesto, en virtud de que sobre tal aspecto se ocupó el Tribunal Colegiado de Circuito que previno en el conocimiento del asunto (foja 9 de este toca).

12. TERCERO. Como antecedente destacado del juicio de amparo contra leyes del que deriva el presente recurso, se advierte que el quejoso recibió una pensión por vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta mil novecientos noventa y siete "Régimen 73", según se advierte de la resolución **********, a partir del catorce de enero de dos mil once.

13. Ahora, antes de examinar los agravios planteados contra la sentencia recurrida es necesario precisar que en ésta el Tribunal Colegiado del conocimiento declaró firme el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito respecto de los actos atribuidos al Instituto Mexicano del Seguro Social y secretario de Hacienda y Crédito Público, en tanto que no fueron impugnados por la parte a la que pudiera agraviar.

14. Por otro lado, el Tribunal Colegiado sobreseyó en el juicio por lo que hace a la Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, Sociedad Anónima de Capital Variable, señalada como responsable por la parte quejosa, ello con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, al considerar que a la citada administradora no se le puede otorgar el carácter de autoridad responsable.

15. Enseguida, el órgano colegiado se ocupó del agravio en que el quejoso recurrente combate el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito respecto del artículo 190 de la Ley del Seguro Social, de cuyo examen concluyó que en el caso en concreto no se había acreditado un acto concreto de aplicación de dicha norma, siendo que es de naturaleza heteroaplicativa; y, confirmó el sobreseimiento por diversas razones a las que señaló el Juez, declarando así la inoperancia del agravio relativo. Sobre tal decisión destacó que el quejoso debía haber demostrado no sólo que su pensión tuviera origen en un plan establecido por su patrón o que derivara de una contratación colectiva, sino también que ese plan haya sido autorizado y registrado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro; y, que su pensión no sea mayor a un treinta por ciento a la garantizada, lo cual no era susceptible de advertirse de la resolución para el otorgamiento de pensión de cesantía que ofreció el quejoso como prueba.

16. Precisado lo anterior, procede hacerse cargo de los diversos agravios formulados por el recurrente, respecto de los que el Tribunal Colegiado reservó jurisdicción a esta Suprema Corte.

17. En su escrito de agravios el recurrente refiere en esencia lo que sigue:

18. Que la litis del juicio de amparo no versó en establecer si tenía o no derecho a recibir los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, sino en establecer si son constitucionales o no los preceptos impugnados aplicados, precisamente a la luz y mandato del artículo 14 de la Constitución Federal; y, que en su demanda planteó que los preceptos reclamados violentan la garantía de irretroactividad, sin que haya sido debidamente abordado.

19. Que en la sentencia recurrida tampoco se examina si los preceptos combatidos vulneran la garantía de seguridad social prevista en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal. En este sentido el recurrente refiere que el juzgador debió analizar si dichos preceptos violentan o no la garantía de irretroactividad de la ley, ya que los recursos generados a partir de julio de mil novecientos noventa y siete (cuarto bimestre), hasta el día en que causó baja para pensionarse (veinte de octubre de dos mil nueve) bajo el amparo de la "nueva" Ley del Seguro Social (de mil novecientos noventa y siete), no pueden ser aplicados para el pago de la pensión que le fue otorgada al amparo de la anterior ley (de mil novecientos setenta y tres), ya que se aplicaría aquélla en forma retroactiva (contrario sensu), violando el artículo 14 de la Constitución Federal, sin que el Juez se haya pronunciado al respecto, al desviar o confundir la litis, incumpliendo los principios de exhaustividad y congruencia que deben contener las sentencias de amparo, acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo.

20. Que sobre ese mismo aspecto, los preceptos reclamados no respetan el principio de irretroactividad de la ley, pues regulan el traslado de los recursos acumulados en el sistema de cuentas individuales previsto en el régimen de la Ley del Seguro Social de mil novecientos noventa y siete al Gobierno Federal para el pago de su pensión prevista en la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, siendo aplicados en su perjuicio en forma retroactiva, dado que no obtuvo su pensión bajo el esquema de cuentas individuales, sino conforme al anterior sistema de reparto o fondo común, entonces, los recursos que generó a partir de la entrada en vigor de la Ley del Seguro Social de mil novecientos noventa y siete no fueron aplicados para la determinación de su cuota pensionaria, ni formaron parte del número de semanas de cotización requeridas para pensionarse; por ello, se aplicaron retroactivamente en su perjuicio los preceptos impugnados al establecer el traslado de los recursos RCV (mil novecientos noventa y siete) para ser destinados al Gobierno Federal para el pago de una pensión obtenida bajo el régimen de la ley de mil novecientos setenta y tres, vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete.

21. Que el Juez no tomó en consideración justamente lo que sostuvo en su demanda de amparo en el sentido de que los preceptos combatidos son inconstitucionales y transgreden el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 14 y 16; ya que le impiden gozar del monto que válidamente le corresponde (subcuentas de cesantía, vejez y retiro), pues de conformidad con lo establecido por el artículo 169 de la Ley del Seguro Social, dichos recursos son de su propiedad para ser disfrutados al momento de encontrarse beneficiado con la pensión de cesantía que actualmente disfruta, por lo que se benefició con el sistema pensionario establecido en la anterior Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (de mil novecientos setenta y tres); de forma que al ser determinada su pensión de cesantía, automáticamente se aplicaron en su perjuicio los preceptos que tacha de inconstitucionales, con los que se pretende privar de los fondos acumulados en sus subcuentas de retiro, cesantía y vejez, para que sean entregados al Gobierno Federal por la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), resultando que dichos recursos le pertenecen y, por tanto, no deben ser entregados al Gobierno Federal, ya que es incierto su destino; además, tal entrega es contraria a las garantías de seguridad y certeza jurídicas previstas en las normas constitucionales antes citadas; pues el hecho de que se entreguen al Gobierno Federal resulta un acto privativo de sus derechos patrimoniales de seguridad social, dado que tales recursos (ahorro para el retiro) forman parte del seguro de retiro que fue expresamente creado para que el trabajador lo utilice cuando más lo necesite, lo que puede coincidir con el desempleo, la incapacidad o el retiro como en su caso, al gozar de pensión de cesantía; precisando que tales recursos no se aplican directamente al pago de la pensión de cesantía en edad avanzada que actualmente disfruta, ya que dicha pensión le fue otorgada al amparo de la anterior Ley del Seguro Social (de mil novecientos setenta y tres), que prevé un sistema financiero de pago de pensiones que garantiza cubrir su cuota pensionaria; y, si bien en la sentencia recurrida se hace un análisis del artículo 123 constitucional, no se efectúa pronunciamiento en el sentido de si los preceptos impugnados lo transgreden, vulnerando la garantía de seguridad social en él contenida.

22. Que en la sentencia recurrida se alude al origen tripartita de los recursos de la subcuenta RCV, pero no se hace pronunciamiento en cuanto a que esos recursos le pertenecen, por lo que no deben ser entregados al Gobierno Federal, así como que es incierto su destino, lo que constituye un acto privativo, de forma que no puede afirmarse que se destinan al pago de su pensión. Concluye así, que los preceptos impugnados violan las garantías de seguridad y certeza jurídicas previstas en las referidas normas constitucionales y que el Juez se limitó a reiterar lo que los preceptos impugnados establecen, esto es, que los recursos deben ser enviados al gobierno federal para costear las pensiones del sistema de régimen solidario (de mil novecientos setenta y tres).

23. Finalmente, el recurrente señala que el Juez violentó gravemente el mandato contenido en el primer párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo al desatender la tesis 58/2009 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte, que establece claramente que los preceptos reclamados violan la garantía de seguridad social prevista en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal, teniendo aplicación la tesis de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SUS TRABAJADORES JUBILADOS POR AÑOS DE SERVICIOS CONFORME AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES, CON LOS BENEFICIOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS RELATIVOS AL RUBRO DE RETIRO DE LA SUBCUENTA DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (RCV 97)."

24. Pues bien, como lo ha establecido esta Segunda Sala en varios precedentes, para examinar los argumentos a través de los cuales se cuestiona la decisión del Juez de Distrito de declarar la constitucionalidad de los artículos décimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco; y noveno transitorio de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de dos mil dos, resulta necesario tomar en consideración, en términos generales, cómo opera el sistema transitorio de pensiones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se encuentran inmersos los preceptos invocados.

25. Régimen transitorio de pensiones

El veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la actual Ley del Seguro Social, que derogó la anterior publicada el doce de marzo de mil novecientos setenta y tres.

26. La nueva Ley del Seguro Social estableció un sistema transitorio destinado a las personas que ya se encontraban afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social para proporcionarles básicamente dos modalidades de pensión: una bajo el amparo de la ley derogada; otra, conforme las normas vigentes al momento en que deba pensionárseles por alguno de los motivos previstos en la ley, alternativas a elección del asegurado.

27. El dictamen de la Cámara de Senadores (Revisora) presentado en el proceso legislativo que antecedió a la vigente Ley del Seguro Social, explicó cómo operaría el derecho de los trabajadores para escoger el sistema pensionario que mejor les conviniera, en los siguientes términos:

"En lo relativo al pago de pensiones el instituto, con recursos aportados por el gobierno seguirá pagando las pensiones de los retirados actuales, incrementándolas de acuerdo al salario mínimo. En esta misma tesitura, todo trabajador activo ingresará al nuevo sistema, pero al final de su carrera laboral a partir de los 60 años al alcanzar el término de la vejez, tendrá derecho a escoger la pensión que más le convenga entre lo que haya acumulado en su cuenta individual de retiro o la pensión que hubiera alcanzado de seguir cotizando en el anterior sistema. Por su parte, los nuevos cotizantes iniciarán su cuenta individual de retiro en el nuevo sistema de pensiones."

28. La nueva Ley del Seguro Social entró en vigor el primero de julio de mil novecientos noventa y siete, conforme se dispuso en su artículo primero transitorio, cuyo texto es el siguiente:

"Primero. Esta ley entrará en vigor en toda la República el día primero de julio de mil novecientos noventa y siete.

"A partir de la entrada en vigor de esta ley, se derogan la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el día doce de marzo de 1973, la ley que incorpora al Régimen del Seguro Social obligatorio a los productores de caña de azúcar y a sus trabajadores, publicada el siete de diciembre de 1963 en dicho órgano oficial, así como todas las disposiciones legales que se opongan a la presente ley."

29. Asimismo, el derecho de los trabajadores para elegir el sistema pensionario que mejor les conviniera se plasmó en las disposiciones transitorias siguientes:

"Tercero. Los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley, así como sus beneficiarios, al momento de cumplirse, en términos de la ley que se deroga, los supuestos legales o el siniestro respectivo para el disfrute de cualquiera de las pensiones, podrán optar por acogerse al beneficio de dicha ley o al esquema de pensiones establecido en el presente ordenamiento."

"Cuarto. Para el caso de los trabajadores que hayan cotizado en términos de la Ley del Seguro Social que se deroga, y que llegaren a pensionarse durante la vigencia de la presente ley, el Instituto Mexicano del Seguro Social, estará obligado, a solicitud de cada trabajador, a calcular estimativamente el importe de su pensión para cada uno de los regímenes, a efecto de que éste pueda decidir lo que a sus intereses convenga."

"Quinto. Los derechos adquiridos por quienes se encuentran en periodo de conservación de los mismos, no serán afectados por la entrada en vigor de esta ley y sus titulares accederán a las pensiones que les correspondan conforme a la ley que se deroga. Tanto a ellos como a los demás asegurados inscritos, les será aplicable el tiempo de espera de ciento cincuenta semanas cotizadas, para efectos del seguro de invalidez y vida."

"Undécimo. Los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley, al momento de cumplirse los supuestos legales o el siniestro respectivo que, para el disfrute de las pensiones de vejez, cesantía en edad avanzada o riesgos de trabajo, se encontraban previstos por la Ley del Seguro Social que se deroga, podrán optar por acogerse a los beneficios por ella contemplados o a los que establece la presente ley."

"Duodécimo. Estarán a cargo del Gobierno Federal las pensiones que se encuentren en curso de pago, así como las prestaciones o pensiones de aquellos sujetos que se encuentren en periodo de conservación de derechos y las pensiones que se otorguen a los asegurados que opten por el esquema establecido por la ley que se deroga."

"Décimo tercero. Por cuanto hace a los fondos de los trabajadores acumulados en las subcuentas de retiro se estará a lo siguiente:

"a) Los sujetos que se encuentren en conservación de derechos y que se pensionen bajo el régimen de la ley anterior, recibirán además de la pensión que corresponda, sus fondos acumulados en la subcuenta del seguro de retiro en una sola exhibición.

"b) Los sujetos que lleguen a la edad de pensionarse por cesantía en edad avanzada y vejez bajo la vigencia de esta ley pero que opten por lo (sic) beneficios de pensiones regulados por la ley anterior, recibirán la pensión indicada bajo los supuestos de la ley que se deroga y además los fondos que se hubieran acumulado en su subcuenta de seguro de retiro. Los acumulados en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez serán entregados por las Administradoras de Fondos para el Retiro al Gobierno Federal."

30. Adicionalmente, el artículo noveno transitorio de la Ley de los Sistema de Ahorro para el Retiro dispone:

"Artículo noveno. Los trabajadores que opten por pensionarse conforme al régimen establecido en la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, tendrán el derecho a retirar en una sola exhibición los recursos que se hayan acumulado hasta esa fecha en las subcuentas del seguro de retiro y del Fondo Nacional de la Vivienda, así como los recursos correspondientes al ramo de retiro que se hayan acumulado en la subcuenta del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, vigente a partir del 1o. de julio de 1997, incluyendo los rendimientos que se hayan generado por dichos conceptos.

"Igual derecho tendrán los beneficiarios que elijan acogerse a los beneficios de pensiones establecidos en la Ley del Seguro Social que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997.

"Los restantes recursos acumulados en la subcuenta del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previsto en la Ley del Seguro Social vigente a partir del 1o. de julio de 1997, deberán ser entregados por las administradoras de fondos para el retiro al Gobierno Federal."

31. Así, debe considerarse que aun cuando la ley anterior fue derogada, no deja de tener efectos jurídicos para aquellos asegurados que al pensionarse elijan el régimen de aquélla, pues esas pensiones habrán de otorgarse precisamente bajo los parámetros de la ley de mil novecientos setenta y tres.

32. Igualmente, debe apreciarse de las disposiciones transcritas, que tanto los asegurados que elijan pensionarse con el régimen anterior como los trabajadores que se encuentren en periodo de conservación de derechos recibirán su pensión o prestaciones económicas del Gobierno Federal.

33. Cambio de régimen pensionario

A partir de la entrada en vigor de la nueva ley, el régimen pensionario de los asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social cambió sustancialmente. De un sistema totalmente solidario con un régimen financiero que manejaba de manera conjunta los recursos destinados a los diversos seguros, cuyas pensiones se cubrían con los fondos acumulados en el seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, con las cuotas y aportaciones realizadas por los trabajadores, los patrones y la contribución que correspondiera al Estado, pasó a un régimen mixto que conserva en cierta medida la forma de reparto anterior y añade un sistema de contribución definida o de capitalización individual, únicamente para los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, en donde cada afiliado al sistema posee una cuenta individual en la que se depositan las cotizaciones que le corresponden por su parte, la del patrón y la del Gobierno Federal, formando un fondo individual y personal (no común) con el que ha de financiarse, el mismo asegurado, la pensión de cesantía en edad avanzada o vejez que en un futuro le corresponda.

34. Es decir, la nueva ley distingue el esquema de los seguros de invalidez y vida (antes seguro de muerte), del de retiro, cesantía y vejez, manteniendo un sistema de reparto para los primeros y el de cuentas individuales para los segundos.

35. Entonces, para el financiamiento del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, la nueva Ley del Seguro Social prevé la existencia de una cuenta individual para cada trabajador asegurado, la cual tiene su origen con la creación del seguro de retiro.

36. En efecto, la anterior Ley del Seguro Social fue adicionada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos, a fin de crear el seguro de retiro en virtud del cual los patrones quedaron obligados a enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la constitución de depósitos de dinero en favor de cada trabajador, el importe de las cuotas correspondientes al ramo de retiro, las cuales serían por el importe equivalente al dos por ciento del salario base de cotización del trabajador, y para ello, el patrón debería llevar a cabo la apertura de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro del trabajador en la o las instituciones de crédito o entidad autorizadas que eligiera el patrón.

37. Esta cuenta individual, en un principio, únicamente comprendía dos subcuentas: la de retiro, con las aportaciones a que se refirió el párrafo anterior y la del Fondo Nacional de la Vivienda. En la actualidad esa cuenta individual se conforma de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; de vivienda y de aportaciones voluntarias.

38. Aunque la diferencia parece mínima, en realidad es tan distinta como el régimen de pensión que corresponde a cada ley. Mientras en el régimen pensionario anterior dicha cuenta únicamente comprendía la subcuenta de retiro; bajo el nuevo esquema pensionario, la subcuenta comprende las cantidades acumuladas en el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, precisamente porque con este fondo el propio trabajador financiará la pensión que pueda llegar a corresponderle.

39. Así, conforme al régimen pensionario de la Ley del Seguro Social vigente hasta mil novecientos noventa y siete, las cantidades acumuladas en el seguro de retiro podrán ser entregadas al trabajador que cumpla sesenta y cinco años de edad o adquiera el derecho a disfrutar una pensión por cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez, incapacidad permanente total o incapacidad permanente parcial del 50% o más. Esto es, una vez que el trabajador adquiera la edad requerida o la pensión que el Instituto Mexicano del Seguro Social le otorgue, puede solicitar la entrega de los fondos acumulados en esa subcuenta de retiro.

40. En cambio, conforme al régimen pensionario de la nueva ley, el trabajador que tenga derecho a una pensión podrá disponer de su cuenta individual con el objeto de disfrutar de una pensión de cesantía en edad avanzada o de vejez, únicamente conforme a alguna de las alternativas siguientes:

41. I. Contratar con la institución de seguros de su elección una renta vitalicia, o

42. II. Mantener el saldo de su cuenta individual en una Administradora de Fondos para el Retiro y efectuar con cargo a éste (retiros programados).

43. Así, en el caso de las pensiones del régimen anterior, éstas corren a cargo del Gobierno Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo segundo transitorio de la nueva Ley del Seguro Social; en cambio, conforme al nuevo régimen las pensiones corren a cargo de los propios asegurados quienes deberán contratar una renta vitalicia o efectuar retiros programados del saldo de su cuenta individual.

44. Distinción absoluta entre regímenes

Lo expuesto permite concluir que el régimen pensionario derivado de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, no debe ser confundido con el que deriva de la Ley del Seguro Social vigente.

45. 1) Ha quedado definido cómo su financiamiento es distinto. Mientras la ley anterior previó un sistema de reparto en el que las pensiones son cubiertas de las reservas acumuladas por las aportaciones que todos los trabajadores afiliados al instituto hicieron al seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, y corren a cargo del Gobierno Federal; las pensiones del nuevo régimen son financiadas con los recursos que los trabajadores acumularon durante su vida laboral en su cuenta individual y, por tanto, se encuentran a cargo de los propios asegurados.

46. 2) Por otra parte, las pensiones del régimen anterior se cuantifican a partir del salario base de cotización, en su promedio de las últimas 250 semanas en relación con la antigüedad del trabajador, es decir, atendiendo al número de semanas cotizadas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 167 y 171 de la ley derogada; mientras que las nuevas pensiones atenderán exclusivamente a las cantidades acumuladas en la cuenta individual y será el trabajador quien decida su monto, siempre y cuando la pensión que se le calcule en el sistema de renta vitalicia sea superior en más del treinta por ciento de la pensión garantizada, una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios, pudiendo recibir el excedente en una sola exhibición, conforme a lo previsto en los artículos 157 y 164 de la Ley del Seguro Social vigente.

47. 3) La ley derogada exige requisitos de edad para la pensión de cesantía; mientras la nueva ley permite al asegurado pensionarse antes de cumplir las edades establecidas, siempre y cuando la pensión que se le calcule en el sistema de renta vitalicia sea superior en más del treinta por ciento de la pensión garantizada, una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios.

48. 4) La pensión que el instituto otorgue al trabajador conforme al régimen de la ley de mil novecientos setenta y tres será pagada por el Gobierno Federal. La pensión que sea otorgada conforme a la ley vigente, correrá a cargo de una aseguradora o de la Administradora de Fondos para el Retiro, con los fondos de la cuenta individual del trabajador.

49. Las anteriores consideraciones se expusieron por esta Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 360/2010 en sesión de once de mayo de dos mil once, de la que surgió la siguiente tesis:

"SEGURO SOCIAL. RÉGIMEN TRANSITORIO DEL SISTEMA DE PENSIONES ENTRE LAS LEYES DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA Y VIGENTE. SUS DIFERENCIAS. El 21 de diciembre de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la actual Ley del Seguro Social, que derogó a la anterior publicada en el indicado medio de difusión oficial el 12 de marzo de 1973. La nueva ley estableció un sistema transitorio destinado a las personas que ya se encontraban afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social para proporcionarles básicamente dos modalidades de pensión: una bajo el amparo de la ley derogada y otra conforme a las normas vigentes al momento en que deba pensionárseles, alternativas a elección del asegurado; régimen regulado en los artículos tercero, cuarto, quinto, undécimo, duodécimo y décimo tercero transitorios de la Ley del Seguro Social vigente, a partir de lo cual debe considerarse que aun cuando la ley anterior fue derogada, no deja de tener efectos jurídicos para los asegurados que al pensionarse elijan el régimen de aquélla, pues esas pensiones habrán de otorgarse bajo los parámetros de la ley de 1973, al igual que para los asegurados que se encuentren en periodo de conservación de derechos, y serán cubiertas por el Gobierno Federal. Por lo anterior, el régimen pensionario derivado de la Ley del Seguro Social derogada, no debe confundirse ni mezclarse con el de la Ley del Seguro Social vigente, por las siguientes razones: 1) Su financiamiento es distinto; la ley anterior previó un sistema de reparto en el que las pensiones se cubren con las reservas acumuladas por las aportaciones que los trabajadores afiliados al Instituto hicieron al seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, y corren a cargo del Gobierno Federal en términos del indicado artículo duodécimo transitorio; mientras las pensiones del nuevo régimen son financiadas con los recursos que los trabajadores acumularon durante su vida laboral en su cuenta individual y, por tanto, se encuentran a cargo de los propios asegurados, quienes deberán contratar una renta vitalicia o efectuar retiros programados del saldo de su cuenta individual; 2) Las pensiones del régimen anterior se cuantifican a partir del salario base de cotización en su promedio de las últimas 250 semanas en relación con la antigüedad del trabajador, es decir, atendiendo al número de semanas cotizadas, conforme a los artículos 167 y 171 de la ley derogada; mientras que las nuevas pensiones atenderán exclusivamente a las cantidades acumuladas en la cuenta individual y será el trabajador quien decida su monto, siempre y cuando la pensión que se le calcule en el sistema de renta vitalicia sea superior en más del 30% de la pensión garantizada, una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios, pudiendo recibir el excedente en una sola exhibición, conforme a los artículos 157 y 164 de la Ley del Seguro Social vigente; 3) La ley derogada exige requisitos de edad para la pensión de cesantía; la nueva permite al asegurado pensionarse antes de cumplir las edades establecidas, siempre y cuando la pensión que se le calcule en el sistema de renta vitalicia sea superior en más del 30% de la pensión garantizada, una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios; y 4) La pensión

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23903-1350f6bf/seguro-social-la-transferencia-de-recursos-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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