PERSONALIDAD Y PERSONERIA, EXAMEN DE LA (CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACAN).
AMPARO EN REVISION 344/94. ESPERANZA MARQUEZ DE PEREZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Los transcritos agravios son infundados, como a continuación se pondrá de manifiesto:
Para arribar a esa determinación, precisa traer a colación que la ahora recurrente Esperanza Márquez de Pérez, dentro del período de ejecución de sentencia decretado en el juicio sumario civil número 513/89, que promovió Aurora Ayala viuda de Trillo, sobre terminación de contrato de arrendamiento y otras prestaciones, frente a dicha inconforme, ante el Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad, hizo valer el incidente de falta de personería de César Tavera Montero, con base en los siguientes hechos: "1. Como aparece del auto de 7 de los corrientes este auto fue dictado: Como lo pide César Tavera Montero se manda conceder el término de 3 tres días ... no encuentro en ninguna parte del expediente que César Tavera Montero tenga reconocido el carácter de representante o apoderado para pleitos y cobranzas de la señora Aurora Ayala viuda de Trillo, ni de ninguna persona, mediante contrato civil en que se le hubiera conferido el carácter de apoderado para pleitos y cobranzas y, por ende, el de representante legal de la actora, de acuerdo con los artículos 2399, 2409, 2449 y relativos del sustantivo civil; y que el mismo, estuviere vigente. En ese orden de ideas, como se auto denomina (sic) César Tavera Montero, carece de personería para pedir nada en estos autos, por no tener acreditado de acuerdo con el artículo 39 de la ley adjetiva civil, el carácter de representante legítimo de la actora, Aurora Ayala viuda de Trillo, y por ese motivo se deberá dejar sin efecto todo lo actuado a petición de esta persona carente de representación legal para comparecer solicitándose me dé término para cumplir con la sentencia dictada por la Sala que obra en autos. 2. Es obligación del juzgado revisar la personalidad de las partes en cualquier momento del proceso, también examinará bajo su responsabilidad la personería de los representantes y mandatarios de las partes al tiempo de comparecer éstos, según reza el artículo 40 del código en comento está acreditado fehacientemente que este juzgado incumplió la obligación legal que tenía de revisar en qué se apoyaba César Tavera Montero, al decir: Con el carácter que tengo reconocido en autos ¿cuál? esto es, el juzgado simplemente acordó lo que se le solicitó y aunque pretende fundamentar y motivar este auto en los artículos 39 y 40 del código en comento, no da la fundamentación y motivación suficientes que le impone el artículo 16 constitucional. En consecuencia, vulnera también la jurisprudencia 'FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. GARANTIA DE.', número 402 (Séptima Epoca), página 666, Volumen Segunda Sala, Tercera Parte, Apéndice 1917-1975, porque para que la autoridad cumpla con la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca. Nada dijo el auto y por eso se viola con él por falta de fundamentación y motivación suficientes esta norma constitucional ...".
Incidente que el Juez del conocimiento el treinta y uno de mayo del año próximo pasado, lo resolvió, declarándolo improcedente, basándose en las siguientes consideraciones: "... En efecto, porque contrario a lo sostenido por la incidentista, la personería de los representantes y mandatarios de las partes, se examina al tiempo de comparecer éstos, como lo establece el párrafo segundo del artículo 40 del Código de Procedimientos Civiles, y no en cualquier momento del proceso, pues este último es aplicable únicamente a la personalidad, y en el presente caso, el incidente versa sobre la personería, examen que en su momento procesal oportuno se efectuó por este tribunal al admitir la demanda respectiva; pero, suponiendo sin conceder que no se haya estudiado la personería del licenciado César Tavera Montero, resulta inoperante hacerlo a estas alturas del procedimiento, pues ya concluyeron los términos que la ley señala para tal efecto, no reuniéndose los extremos del numeral 41 del propio cuerpo legal, que establece que la personería si no se impugna oportunamente, sólo se podrá hacer por causas supervenientes, entendiéndose como tales un acontecimiento de hecho o de derecho no conocido hasta después de los términos establecidos por la ley de la materia para su impugnación, y en el presente caso, como puede observarse de las constancias procesales, existe la certeza de que ya era del conocimiento de la demandada tanto del mandato como de su contenido, pues el mismo fue exhibido juntamente con el escrito inicial de demanda, por lo que cualquier irregularidad que se hubiese presentado la pudo impugnar a su debido tiempo, lo que nos conlleva a determinar que no existe causa superveniente alguna. Pero, en el caso no admitido de que lo alegado por el incidentista de mérito fuera lo correcto, aun así sería improcedente, ya que si bien en los cuadernillos que emanan del expediente principal no aparece constancia del poder notarial que inviste de carácter al licenciado César Tavera Montero, aquél sí obra dentro de las que conforman el sumario principal (el que se encuentra en el tribunal superior de amparo), pues fue exhibido conjuntamente con el escrito inicial de demanda, como puede apreciarse de la copia certificada por el secretario de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, del escrito respectivo, poder con el que, como ya se dijo, fue examinada la personería de dicho profesionista en el momento de la admisión de su demanda, y resultaría ocioso e inútil examinarla en cada promoción que éste presentara, máxime que no existe causa legal para hacerlo, más aún que la incidentista no fundamenta debidamente ni allega medio convictivo alguno con el cual pudiera desvirtuar ese documento público y por ende la personería del licenciado Tavera Montero.".
En principio, es inexacto que la Juez Segundo del Distrito en el Estado, hubiese eludido examinar los conceptos de violación que la quejosa, aquí inconforme, formuló en la demanda de garantías que promovió y, que por ende, hubiera violado la litis planteada en ese libelo actio; por cuanto que dicha resolutora sí se ocupó de analizar tales motivos de inconformidad, según se advierte claramente de la sentencia que ahora constituye la materia de la presente revisión, mismos que estimó infundados, lo que motivó que concluyera negando el amparo y protección de la justicia federal a la impetrante de él; aunado a que el hecho de que dicha juzgadora considerara infundados los conceptos de violación, de ninguna manera implica que no los estudió, sin que pueda estimarse lo contrario, por la circunstancia de que la juez a quo haya expresado que el juez responsable no aludió la tesis planteada por la inconforme, cuando lo que debió expresar es que dicha autoridad no eludió la tesis planteada, porque de las consideraciones que al respecto expuso aquel órgano de control constitucional y que a la letra dicen: "... Resulta infundado también el concepto de violación que hace valer la quejosa en el sentido de que el juez responsable al resolver el incidente del cual emana el acto reclamado, haya 'aludido la tesis planteada', ya que como puede apreciarse en el escrito mediante el cual promovió dicho incidente, reclamó esencialmente que el licenciado César Tavera Montero, carecía de personería para 'pedir nada en estos autos', refiriéndose al juicio mencionado, porque no existía poder que acreditara el carácter de apoderado o representante de la actora en aquel juicio, y que era obligación del Juez que conoció del asunto, revisar su personería en cualquier momento del proceso; lo cual resolvió dicha autoridad en los términos ya apuntados, ajustándose a lo solicitado por el promovente, sin variar o 'aludir' la litis como lo alega la peticionaria de garantías ..."; indudablemente se advierte que la Juez constitucional sí se ocupó de la inconformidad formulada por la quejosa, acerca de que la autoridad responsable eludió ocuparse de la tesis planteada por la incidentista, ya que determinó que tal autoridad sí se ocupó de resolver la litis incidental, sin variarla, aun cuando dijo que no "aludió".
Ahora bien, incorrectamente la recurrente sostiene que César Tavera Montero, carece de personería para solicitar nada en el sumario del cual emana la sentencia interlocutoria reclamada, concretamente al que se concediera a aquélla, quien es parte demandada en el sumario del cual emana el acto reclamado, el improrrogable término de tres días, para que voluntariamente cumpliera con la desocupación del inmueble objeto indirecto del juicio, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo, se procedería al lanzamiento a su costa, porque en el cuaderno que integró el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien conoció del recurso de apelación interpuesto por la aquí inconforme contra la sentencia definitiva de primera instancia, para que se procediera a la ejecución de tal resolución, en virtud de que la parte demandada había promovido amparo directo contra el fallo de segunda instancia, mediante el que se confirmó el apelado, y solicitado la suspensión del acto reclamado, sin que otorgara la fianza correspondiente; no obra el poder que le hubiese otorgado Aurora Ayala viuda de Trillo, ni de ninguna otra persona, merced al cual ostentara el carácter de representante o mandatario de ella, como tampoco copia certificada de dicho documento. Habida cuenta que aun cuando efectivamente en el cuaderno de ejecución no obra el poder que la indicada Aurora otorgó al licenciado César Tavera Montero, ni tampoco copia certificada del mismo, porque dicho cuaderno únicamente se integró con las copias certificadas de la demanda y contestación a ella, formuladas por las partes actora y demandada del juicio, respectivamente, y de las sentencias de primera y de segunda instancias; lo cierto es que la ausencia de tal documento en el cuaderno de ejecución de ninguna manera acarrea la falta de personería del señalado profesionista, porque al constituir ese procedimiento de ejecución únicamente una etapa dentro del juicio sumario en el cual se actuó, no era necesario que obrara en él, porque de considerarlo así, implicaría que por cada etapa en que se actuara en un juicio, los mandatarios tendrían que exhibir en cada una de ellas el documento o documentos que acreditaran ese carácter, porque si el mismo ya les fue reconocido al momento de su comparecencia ante la autoridad judicial, ello es suficiente para que con posterioridad se ostenten con dicho carácter y, por otra parte, como en la especie ocurrió, también el órgano jurisdiccional si ya había reconocido la personería al señalado profesionista al momento de admitir la demanda en términos de lo dispuesto por el artículo 40, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, no tenía por qué volver a hacer declaración al respecto y, además, carecía de fundamento para de oficio volverla a revisar en cada etapa por la que se desarrollara el juicio, sin perjuicio de que lo hiciera, pero en virtud de la impugnación oportuna de la contraparte, esto es, a instancia de parte, conforme a lo establecido en el numeral 41 de dicho ordenamiento jurídico; razón por la cual, inclusive, tanto el Juez responsable como la Juez de amparo, en sus correspondientes resoluciones se refirieron a dicha circunstancia, o sea, a que si aquella autoridad ya había analizado y reconocido la personería del abogado al momento de comparecer ante ella, con posterioridad a ello, de oficio legalmente no podía revisarla nuevamente; máxime que contrario a ello, la incidentista en el ocurso en que hizo valer el aludido incidente de falta de personería, concretamente en el hecho segundo, sostuvo que el Juez tenía la obligación legal de revisar la personería de César Tavera Montero, al momento de que compareciera ante él.
De donde se sigue que no es violatorio de las garantías individuales de la quejosa, ahora recurrente, el que la autoridad responsable hubiera tenido al señalado profesionista como mandatario jurídico de la parte actora, aquí tercero perjudicado, dentro del cuaderno de ejecución, sin que en él obrara el poder otorgado a tal abogado por la indicada parte; por cuanto que ese carácter ya había sido reconocido con antelación y al no haber sido impugnado, aún seguía rigiendo por encontrarse firme; sin que ello de ninguna manera implique que se tomaran en cuenta documento o documentos que no obraban en el cuaderno de ejecución, dado que dicho procedimiento de ejecución forma parte del juicio en el que se encuentra el poder general para pleitos y cobranzas de mérito, de ahí que se trate únicamente de un juicio.
Finalmente, debe decirse que respecto a la alegación de que el indicado poder otorgado al licenciado César Tavera Montero por Aurora Ayala viuda de Trillo, el doce de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, por dos años, a la fecha, once de febrero del año próximo pasado, en que ese profesionista solicitó se concediera a la recurrente el improrrogable término de tres días para que voluntariamente cumpliera con la sentencia definitiva emitida en el juicio de antecedentes, ya había fenecido; que atenta la técnica del juicio de amparo, al no constituir el mismo una tercera instancia, este tribunal de ninguna manera puede ocuparse de su estudio y decisión, puesto que en ella no se hizo consistir la litis del incidente de falta de personería, esto es, en tal circunstancia no se basó dicha incidencia y, por ende, al respecto el Juez responsable ni el constitucional estuvieron jurídicamente en condiciones de examinarla y decidirla y, por ende, menos puede hacerlo este tribunal revisor, como ya se dijo.
En mérito de lo así considerado, lo procedente es confirmar la resolución recurrida.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia a revisión.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ESPERANZA MARQUEZ DE PEREZ, contra el acto que reclamó del Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad capital, que precisado quedó en el resultando primero de la presente ejecutoria.
Notifíquese; publíquese; anótese en el libro de registro; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos respectivos al lugar de su procedencia y en su oportunidad archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los ciudadanos Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, licenciados: Salvador Enrique Castillo Morales, Juan Díaz Ponce de León y Raúl Murillo Delgado, habiendo sido relator el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2399-78bc639c/personalidad-y-personeria-examen-de-la-codigo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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