ALIMENTOS. SENTIDO Y ALCANCE DE LA FRASE "QUEDANDO VIGENTES TODAS LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A ALIMENTOS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 323, FRACCIÓN XVIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 264/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO A LA COMPETENCIA. DISIDENTE Y PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE TRES VOTOS EN CUANTO AL FONDO. DISIDENTES: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: TERESITA DEL NIÑO JESÚS LÚCIA SEGOVIA.
II. Trámite
4. Trámite de la denuncia: El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la formación y registro de la denuncia de contradicción de tesis con el número de expediente 264/2012, mediante un auto fechado el dieciocho de junio de dos mil doce. Igualmente, ordenó girar sendos oficios a los presidentes de los tribunales involucrados para que remitieran copias certificadas de los documentos que contienen los criterios denunciados como contradictorios, así como los asuntos más recientes en los que se hubieran sustentado criterios similares, a fin de que el expediente estuviera debidamente integrado.
5. El presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación copia certificada de la resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil doce, dictada en el amparo directo civil 1284/2011 y un disco compacto, mediante oficio de fecha ocho de junio de dos mil doce.
6. El veinte de junio de dos mil doce, el subsecretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación certificó que el plazo otorgado a la titular de la Procuraduría General de la República correría del veintiuno de junio al diecisiete de agosto del presente año.
7. El presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el avocamiento del asunto a dicha Sala, mediante auto de fecha veinticinco de junio de dos mil doce.
8. Por otra parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito remitió la copia certificada de la resolución dictada en el juicio de amparo directo civil 222/2011, mediante oficio de fecha veintiocho de junio de dos mil doce.
9. Previo a la integración del asunto, la secretaria de Tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito envió, mediante oficio de fecha dos de julio de dos mil doce, copia certificada a este Alto Tribunal de las sentencias relativas al A.R.C 104/2011 y A.D.C 467/2011, asuntos en los que se ha reiterado el criterio de la tesis XVI.3o.C.T.1 C (9a.) de rubro: "ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. NO SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS EN LOS CASOS DE DIVORCIO FUNDADO EN LA CAUSAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 323, FRACCIÓN XVIII, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO."
10. Integración y turno del asunto: En consecuencia, el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante auto de fecha nueve de julio de dos mil doce, consideró debidamente integrado el expediente en que se actúa y ordenó dar a conocer dicho acuerdo a la titular de la Procuraduría General de la República para que en el plazo de treinta días emitiera el pedimento correspondiente.
11. Mediante acuerdo de fecha nueve de julio de dos mil doce, el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar los autos al Ministro José Ramón Cossío Díaz, para la elaboración del proyecto correspondiente.
12. La titular de la Procuraduría General de la República, a través del agente del Ministerio Público de la Federación designado para intervenir en este asunto, formuló el pedimento correspondiente, por oficio número DGC/DCC/974/2012, de dieciséis de agosto de dos mil doce, recibido el mismo día en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En dicho pedimento sostuvo que sí existe contradicción de tesis, pero resulta improcedente, en virtud de que la discrepancia de criterios entre los tribunales en contienda, ya fue objeto de pronunciamiento por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
III. Competencia
13. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.
14. No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre dos Tribunales Colegiados de un mismo circuito.
15. En esa distribución de competencias, esta Primera Sala advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra reconocida constitucionalmente como órgano terminal en la solución de este tipo de conflictos; de ahí que dicha competencia constitucional para conocer de contradicciones de tesis, deba estimarse extendida a los criterios contradictorios suscitados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como sucede en el presente caso.
16. Tal extensión de competencia encuentra justificación jurídica en un criterio de mayoría de razón, dado que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, este Alto Tribunal debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se generaría indefinición en la solución de asuntos como el que ahora se analiza, en claro perjuicio del orden público y del interés social.
IV. Legitimación
17. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue realizada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.
V. Existencia de la contradicción
18. El presente asunto cumple con los siguientes requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que ha fijado esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretando la normatividad aplicable:
19. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
20. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
21. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
22. Estas condiciones se encuentran en las siguientes tesis de jurisprudencia:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."(1)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(2)
23. A continuación, se explicitan las razones por las cuales se considera que el asunto cumple con los requisitos de existencia:
24. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:
25. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito al resolver el amparo directo 1284/2011.
26. Antecedentes del asunto. ********** demandó de **********, en la vía ordinaria civil, la disolución del vínculo matrimonial que lo unía con la demandada; lo anterior, con fundamento en la causal prevista en la fracción XVIII del artículo 323 del Código Civil vigente en el Estado de Guanajuato.
27. Realizado el emplazamiento correspondiente, la demandada dio contestación a la demanda oponiendo las excepciones y defensas que consideró pertinentes. Asimismo, reconvino al actor respecto de la pensión alimenticia provisional y en su caso definitiva a favor de la demandada y de su hijo **********, el aseguramiento de dicha pensión, así como el pago de alimentos caídos y deudas contraídas por la demandada bajo el concepto de alimentos. El actor reconvenido opuso las excepciones y defensas que consideró convenientes a dichas prestaciones.
28. Seguidos los trámites legales, el Juez Primero Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato dictó sentencia con fecha diecinueve de septiembre de dos mil once, en la cual, por una parte, decretó la disolución del vínculo matrimonial que unía a ********** y ********** con fundamento en la fracción XVIII del artículo 323 del Código Civil del Estado de Guanajuato, y por otra, absolvió a la parte demandada reconvencionista ********** de las prestaciones que le fueron reclamadas, en virtud de que la actora reconvencionista ********** no acreditó su acción de pago de pensión alimenticia, dejando a salvo los derechos de **********, para reclamar alimentos en la vía y forma que determine la ley.
29. Inconforme con la resolución anterior, ********** interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Primera Sala Civil mediante sentencia pronunciada el cuatro de noviembre de dos mil once, modificando la resolución de primer grado a efecto de declarar procedente el pago de alimentos a favor de **********.
30. En contra de la sentencia anterior, ********** promovió juicio de garantías. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, a quien correspondió el conocimiento del asunto, al emitir ejecutoria en sesión de treinta y uno de mayo de dos mil doce, dentro del amparo directo civil 1284/2011, negó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que se reclamaba de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, consistente en la resolución de cuatro de noviembre de dos mil once, pronunciada en el toca de apelación **********. Las razones que apoyaron su decisión son las siguientes:
"... Aunado a lo anterior, no es factible introducir que la tercero perjudicado trabaja y que por ello no requiere de aquella pensión, pues por una parte, fue un tema, que como ya se anunció, no formó parte de la litis y por ello no es factible examinar si quedó o no probado en autos tal situación, y por otra, el propio quejoso relevó a la disidente de probar la necesidad de recibir la pensión alimenticia. Además, tal como lo asevera la responsable, la necesidad a recibir alimentos se presume, pues todo sujeto requiere de ellos para solventar sus necesidades de comida, vestido, habitación y salud, como mínimo y el hecho de que ********** no le haya reclamado tal prestación al disidente, durante diecinueve años, no evidencia por sí que no los requiera, sobre todo si se tiene en consideración que el propio inconforme, como ya se dijo, reconoce tal situación, al aducir que ha estado colmando tal obligación.
"...
"Resulta igualmente infortunado acudir a criterios de equidad, de justicia o de insubsistencia de las obligaciones maritales para tratar de evidenciar la improcedencia del pago de la pensión alimenticia, pues el origen de la obligación surgió con el matrimonio, acto voluntario verificado por el quejoso y sólo concluye en aquellos casos en que la ley lo prevé y ello no ocurre cuando se solicita la disolución del vínculo matrimonial con sustento en el artículo 323, fracción XVIII, del Código Civil del Estado, que expresamente contempla la subsistencia de la obligación de darse alimento entre quienes tuvieron la calidad de cónyuges, a pesar de haber expirado el matrimonio.
"Sin que obste para concluir lo anterior, el criterio sustentado en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XXIII, marzo de 2006, página 17, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del rubro y texto siguientes: ‘ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. NO SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS EN LOS CASOS DE DIVORCIO FUNDADO EN LA CAUSAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1451, FRACCIÓN XVII, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ.’ (se transcribe).
"De suerte, es claro que si la legislación sustantiva local a diferencia de la del Estado de Veracruz contempla la subsistencia de las obligaciones alimenticias entre los cónyuges, no es el caso de aplicar el diverso ordinal 342 del Código Civil del Estado de Guanajuato, que alude a los supuestos en que existe un cónyuge culpable, de ahí que el criterio jurisprudencial en referencia no resulta aplicable en la especie, como tampoco lo son las diversas tesis de los rubros: ‘ALIMENTOS. NO PROCEDE SU PAGO CUANDO SE DECLARA EL DIVORCIO, CON BASE EN EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN XVIII, DEL CÓDIGO CIVIL.', 'ALIMENTOS, CESACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR LOS. CARGA DE LA PRUEBA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’, ‘ALIMENTOS. EL ESPOSO NO ESTÁ OBLIGADO A PROPORCIONARLOS A LA CÓNYUGE SI ÉSTA PERCIBE UNA REMUNERACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’, ‘ALIMENTOS. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE SUMINISTRARLOS EN LOS CASOS DE DIVORCIO NECESARIO FUNDADO EN LA SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES POR MÁS DE DOS AÑOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN).’, que invoca ahora el disidente.
"En relación con lo anterior, debe decirse que por las razones antes apuntadas, este órgano de control constitucional no comparte el criterio asumido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo sexto Circuito, publicado en el tomo (sic) Libro I, octubre de 2011, Tomo 3, página 1602, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que es del rubro y texto siguientes: ‘ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. NO SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS EN LOS CASOS DE DIVORCIO FUNDADO EN LA CAUSAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 323, FRACCIÓN XVIII, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.’ (transcribe).
"Se aduce lo anterior, en función de la ejecutoria que dio génesis al anterior criterio, se desprende se consideró que al adicionarse, mediante reforma publicada el tres de julio de de dos mil ocho, la fracción XIX del artículo 323 entre el primer párrafo y el segundo de lo que originalmente era la diversa fracción XVIII, ese segundo párrafo pasó a formar parte de la distinta porción normativa XIX; cuando del Periódico Oficial del trece de junio de dos mil ocho no se desprende así, según se advierte de la siguiente inserción:
‘Periódico Oficial 13 de junio-2008, página 7
"‘...
"‘Artículo 323. Son causas ...
"‘1. a XVIII.
"‘XIX. La violencia intrafamiliar grave o reiterada entre los cónyuges, o de éstos con respecto a los hijos, que hagan imposible la vida conyugal.’
"‘Artículo 337. La sentencia de divorcio’."
31. De la transcripción anterior se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito interpretó el contenido del artículo 323, fracción XVIII, del Código Civil del Estado de Guanajuato y consideró que esta porción normativa expresamente contempla la subsistencia de la obligación de darse alimentos entre quienes tuvieron la calidad de cónyuges, base sobre la cual concluyó que la obligación del pago de la pensión alimenticia no se extingue cuando se solicita la disolución del vínculo matrimonial con fundamento en el artículo 323, fracción XVIII, a pesar de haber expirado el matrimonio.
32. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito emitió su criterio al resolver el amparo directo civil 222/2011.
33. A continuación se expresan los antecedentes y las correspondientes consideraciones del Tribunal Colegiado que tuvo conocimiento del asunto:
34. ********** demandó el divorcio necesario a ********** por la causal establecida en la fracción XVIII del artículo 323 del Código Civil de Guanajuato. El Juez del conocimiento dictó sentencia, en la cual declaró disuelto el vínculo matrimonial que unía a los contendientes, dejando a salvo y vigentes las obligaciones alimenticias a cargo de ********** a favor de ********** y de sus hijos.
35. **********, mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil diez, demandó en la vía sumaria civil de ********** el pago de una pensión alimenticia definitiva, fundamentando dicha acción en el artículo 342 del Código Civil de Guanajuato, el cual, según la actora, le daba el derecho a alimentos, ya que tenía dicha necesidad por no contar con ningún ingreso para su subsistencia, pues no contaba con ninguna profesión ni oficio.
36. El demandado fue debidamente emplazado y, por escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil diez **********, contestó a los hechos de la demanda entablada en su contra oponiendo excepciones y defensas.
37. Seguido el juicio por todos sus trámites legales, el Juez Cuarto Civil del Partido Judicial de Salamanca, Guanajuato, dictó sentencia en la cual declaró improcedente la acción de alimentos intentada por la parte actora ********** al haber quedado acreditada su falta de legitimación activa en la causa, por lo que procedió a absolver al demandado ********** de las prestaciones reclamadas.
38. Inconforme con la resolución anterior, ********** interpuso recurso de apelación y el diecisiete de diciembre de dos mil diez la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato dictó sentencia, en la cual confirmó la sentencia recurrida de primer grado.
39. ********** promovió juicio de garantías en contra de la resolución anterior. El Tribunal de Mérito negó el amparo y la protección de la Justicia Federal. En lo atinente al tema que se analiza expuso las consideraciones siguientes:
"... En concepto de este Tribunal Colegiado, es incorrecta la interpretación jurídica que la impetrante de garantías realiza de los artículos 342 y 323, fracción XVIII, del Código Civil para el Estado de Guanajuato, porque se advierte que de la literalidad de dichos preceptos no se colige que el supuesto de divorcio por separación de los consortes por más de dos años sea una excepción para recibir alimentos, con independencia de reunir el requisito de contar con la calidad de mujer inocente para tener derecho a alimentos, con independencia de reunir el requisito de contar con la calidad de mujer inocente para tener derecho a alimentos, porque éste establece categóricamente que la ex cónyuge tiene derecho a alimentos; pues contrario a lo anterior el texto normativo en cita no lo menciona de manera expresa ni categórica.
"Los preceptos citados establecen:
"‘Artículo 323. Son causas de divorcio: ...’ (transcribe)
"‘Artículo 342. En los casos ...’ (transcribe)
"Debe mencionarse que por reforma al Código Civil para el Estado de Guanajuato publicada el trece de junio de dos mil ocho se adicionó la fracción XIX, en las causales de divorcio de que prevé el artículo 323 del orden normativo en cita, entre el que era el segundo párrafo de la fracción XVIII y el texto que ahora constituye la misma, los cuales eran uno mismo, como se aprecia del dictamen que aprobó dicha causal y cuya reforma fue publicada el veintiocho de julio de mil novecientos ochenta y nueve y que al mismo tiempo le daba a esta causas, una naturaleza jurídica distinta a la de las demás, como en su momento lo manifestó el legislador.
"El ahora último párrafo del artículo 323 del código sustantivo civil, no establece literalmente que los cónyuges tengan derecho a alimentos ni establece excepción alguna de ningún supuesto de divorcio necesario para cubrir menos requisitos de los que exige el diverso numeral 342 que se encarga de establecer en qué casos de divorcio subsiste el derecho de los cónyuges para reclamar alimentos, puesto que la oración ‘La acción podrá ejercitarse en cualquier tiempo y no tendrá más objeto que declarar la disolución del vínculo, conservando ambos la patria potestad de los hijos y quedando vigentes todas las obligaciones relativas a alimentos.’, en su actual localización no es congruente con el resto del texto del mismo precepto legal, ni clara en el tema de alimentos pues al abordar en la misma frase conservando ambos la patria potestad de los hijos y quedando vigentes las obligaciones relativas a alimentos, más que establecer una excepción, parece referirse a que quedan vigentes las obligaciones relativas a alimentos a ambos padres, al igual que la patria potestad.
"Empero, la posición en que actualmente se encuentra este párrafo, de hacer una interpretación exegética nos llevaría a la incorrecta conclusión de que en todos los casos de divorcio necesario ambos padres conservan la patria potestad, puesto que ese mismo precepto legal establece también supuestos en los que el cónyuge culpable pierde de la patria potestad.
"Por lo tanto, ante la falta de claridad del precepto en cita, acudir a sistemas de interpretación jurídica tales como el apogógico, pragmático, psicológico, sistemático y teleológico, como en el caso lo hizo la responsable, fue correcto.
"De inicio, porque de la voluntad de los legisladores guanajuatenses, plasmada en el dictamen publicado en el diario de debates del siete de julio de mil novecientos ochenta y nueve, de la Cámara de Diputados del Congreso del Estado de Guanajuato, se advirtió que la separación de los consortes por más de dos años, con independencia de la causa y de la voluntad de ellos, genera la acción de divorcio necesario, sin que ninguno tenga la calidad de culpable o inocente, como se aprecia del texto del mismo que se cita a continuación: (se transcribe).
"Quedando el texto de la fracción XVIII en el momento en que se aprobó de la siguiente manera:
"Circunstancia que aclara el verdadero sentido del precepto normativo que se interpreta, robusteciendo a lo anterior que existe identidad de motivos en la jurisprudencia 1a./J. 4/2006 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: ‘ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. NO SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS EN LOS CASOS DE DIVORCIO FUNDADO EN LA CAUSAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN XVII, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ.’, como ya lo dejó asentado la Magistrada propietaria de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, pues al igual que en Veracruz, en Guanajuato son aplicables los argumentos que obran en la ejecutoria de la jurisprudencia citada en la sentencia reclamada.
"Así como en el caso de la causal contenida en la fracción XVIII del artículo 323 del Código Civil de Guanajuato, en la que el legislador guanajuatense decidió que no existiría calificación de cónyuge culpable o inocente, igualmente la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal consideró que la diversa fracción XVII del numeral 141 del Código Civil Veracruzano, es clara al señalar que no importa si el motivo de la separación esa el abandono o el mutuo acuerdo, procede declarar el divorcio cuando se compruebe un elemento objetivo, en el caso, la separación por más de dos años, sin que para dicha causal deban comprobarse elementos subjetivos, y por identidad de contenido entre ambas fracciones como de la regulación correlacionada, es que dicho razonamiento es aplicable en nuestro orden jurídico local.
"...
"Tratándose del divorcio solicitado con base en esa cual, no puede existir declaratoria de cónyuge culpable, porque en este caso, para disolver el vínculo matrimonial, no es necesario comprobar cuestiones subjetivas como a cuál de los cónyuges se debe la separación, sino que basta con el elemento objetivo citado para que proceda el divorcio.
"...
"De modo que cuando desaparece el vínculo matrimonial también lo hace la obligación de darse alimentos recíprocamente entre los cónyuges, salvo cuando uno de ellos causó la disolución del vínculo, pero únicamente en esos casos, razón por la cual, cuando existe una separación por más de dos años y dicha separación genera la acción para pedir el divorcio, independientemente de la causa que la generó, no subsiste la obligación alimenticia.
"...
"Ello encuentra fundamento además, en que si se toma como la única fuente de la obligación alimenticia la necesidad de una persona respecto a la capacidad de otra, sin tomar en cuenta que ya no existe un vínculo que pueda generar dicha obligación, se llegaría al absurdo de considerar que cualquier persona con medios económicos suficientes tendría que suministrar alimentos a otra persona que no los tuviera, aunque entre los dos no existiera vínculo o relación jurídica alguna.
"...
"Así, es cierto que la necesidad de los alimentos se basa en la intención de que se conserve la vida de la personas y de las familias, garantizando su subsistencia, pero ello no implica que exista la obligación de pagarle alimentos a alguien que ya no tiene relación jurídica con el supuesto acreedor, ni está obligado l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24048-b6debb6e/alimentos-sentido-y-alcance-de-la-frase-quedando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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