COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE NULIDAD PROMOVIDA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL ISSSTE EN RELACIÓN CON EL AJUSTE A LA PENSIÓN QUE SOLICITÓ UN EX SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE A LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y NO AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN LOCAL.
COMPETENCIA 9/2012. SUSCITADA ENTRE LA SEGUNDA SALA REGIONAL DE OCCIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE NAYARIT. 9 DE AGOSTO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: TOMÁS GÓMEZ VERÓNICA. SECRETARIO: GUILLERMO GARCÍA TAPIA.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-Este Tribunal Colegiado considera y determina que la competencia para conocer y resolver de la demanda promovida por **********, se surte en favor de la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
En efecto, el artículo 14, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, establece:
"Artículo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:
"...
"VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ..."
Del precepto transcrito se desprende que las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, son competentes para conocer y resolver respecto de resoluciones de carácter administrativo dictadas en materia de pensiones civiles a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Por tanto, toda resolución que tenga el carácter de definitiva dictada por el citado instituto o por los órganos competentes dependientes de ella, en ese entorno de pensiones, se ubica en el citado supuesto competencial.
Luego, si en el caso concreto, el actor promovió demanda de nulidad en contra de la resolución definitiva contenida en el oficio ISS 018.300.302.6/597/2011, de diecinueve de diciembre de dos mil once, emitida por el subdelegado de prestaciones de la Delegación Estatal en Nayarit, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante la cual resuelve como infundada su solicitud de pago de las diferencias respecto de la gratificación anual que recibe y la que estima debe percibir, al igual que un trabajador en activo, en términos del último párrafo del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete.
Y, en la demanda de nulidad se resaltó que en términos del citado numeral, dicha gratificación anual fue otorgada a los jubilados y pensionados "... en igual número de días a la concedida a los trabajadores en activo según la cuota diaria de su pensión ..."
Además, argumentó: "... hago del conocimiento de los integrantes de esta Sala que desde el inicio de mi pensión por jubilación anualmente he estado recibiendo por concepto de gratificación anual, por parte del instituto demandado, el resultado que se traduce a razón de cuarenta días en base a la cuota diaria de mi pensión ...".
De ahí que se estime que lo determinado por el referido instituto, es una resolución definitiva que guarda íntima relación con la pensión que se encuentra recibiendo el actor, pues se cuantifica según la cuota diaria que corresponde a ésta y el monto del citado concepto es con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Por tanto, constituye una resolución administrativa dictada en materia de pensiones civiles con cargo al referido instituto y, por ende, su impugnación es susceptible de conocerse por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
De lo que se sigue que quien resulta competente para conocer de tal determinación es la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito -que se comparte-, cuyos datos de localización, rubro y texto son del tenor:
"Novena Época
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXV, marzo de 2007
"Tesis: IV.3o.A. J/14
"Página: 1558
"TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO POR UN PENSIONADO O JUBILADO CONTRA LA NEGATIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO O DE LOS ÓRGANOS DEPENDIENTES DE ÉSTE, DE PAGAR DIFERENCIAS RESPECTO DE LA GRATIFICACIÓN ANUAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE DICHO INSTITUTO.-Del análisis al artículo 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se advierte que este órgano es competente para conocer y resolver respecto de resoluciones de carácter administrativo dictadas en materia de pensiones civiles a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Luego, toda resolución dictada por dicha entidad o por los órganos competentes dependientes de ella en ese entorno de pensiones, se ubica en el citado supuesto competencial. Aunado a lo anterior, debe ponderarse que la gratificación anual que prevé el último párrafo del artículo 57 de la ley que rige dicho instituto en favor de los jubilados y pensionados, es un concepto que guarda íntima relación con la propia pensión, por tres razones: la primera, porque el derecho a recibirla depende de que se obtenga una pensión de cualquier naturaleza; la segunda, porque se otorga sin distingo a todos los que legalmente gozan del carácter de jubilados y pensionados; y, la tercera, porque por más que materialmente se entregue por separado de la pensión, se cuantifica según la cuota diaria que corresponde a ésta. Bajo ese orden de ideas se concluye que cualquier determinación que dicho instituto adopte en un plano de supra a subordinación sobre el otorgamiento de tal gratificación anual, como la negativa de pagar diferencias respecto de ésta, constituye en puridad jurídica una resolución administrativa dictada en materia de pensiones civiles con cargo al referido instituto y, por ende, su impugnación es susceptible de conocerse por el mencionado tribunal."
Aunado a lo anterior, en el caso, no se está resolviendo respecto del otorgamiento de una pensión, sino que ésta ya fue otorgada, por lo que la litis en el asunto lo constituye una determinación del subdelegado de prestaciones dependiente de la Delegación Estatal de Nayarit del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emitida en un plano de supra a subordinación en relación al otorgamiento de la gratificación anual que recibe el pensionado por parte del mencionado instituto.
Por lo que se trata de una relación de naturaleza administrativa y no laboral.
Consecuentemente, se estima que corresponde al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el conocimiento del asunto de que se trata.
Robustece lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito -que se comparte-, al tenor:
"Novena Época
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXV, mayo de 2007
Tesis: XX.1o. J/67
Página: 1724
"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y SUS PENSIONADOS. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y NO A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUANDO SE RECLAME EL INCREMENTO DE LAS PENSIONES JUBILATORIAS Y EL PAGO DE DIFERENCIAS CORRESPONDIENTES A DICHO AUMENTO POR TRATARSE DE UNA RELACIÓN DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y NO LABORAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007).-Del análisis lógico y sistemático de los artículos 1o., fracción I, 3o., fracción V, 4o., 48, 51, párrafos antepenúltimo y último, 60, 73, 74, 150, fracciones II y VI y 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007, y 1o., 2o., fracción II, 5o., 6o., 23 y 25 del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del propio instituto, se advierte que al citado organismo por sí o por medio de los diversos órganos que lo integran y que jerárquicamente dependen de él, compete resolver las solicitudes planteadas respecto de las pensiones que otorga, lo cual denota que la situación que éste guarda con los pensionados es de supra a subordinación, porque constituye una relación de carácter administrativo y no laboral, con independencia de que las pensiones tengan como fuente una relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia u organismo en los cuales laboró. En este sentido, en términos de la fracción VI del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que esencialmente le atribuye competencia a ese órgano para conocer y resolver los asuntos que sean de naturaleza administrativa, como las resoluciones emitidas en materia de pensiones civiles con cargo al referido instituto, resulta claro que las determinaciones relacionadas con las solicitudes de incremento de pensiones jubilatorias y el pago de diferencias correspondientes a dicho aumento, planteadas en términos del artículo 57 del ordenamiento citado en primer término, deben ser impugnadas a través del juicio contencioso administrativo y no ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, porque las pensiones las otorga el aludido instituto con cargo a su presupuesto, de acuerdo con los artículos 178, 181, 182 y 184 de la legislación que lo rige; sin que obste a lo anterior que el pensionado no precise en la demanda la existencia de una resolución definitiva, ni haga referencia a que existe alguna solicitud que pudiera configurar una negativa ficta, porque ello en modo alguno constriñe al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a soslayar la observancia de las normas contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para emitir la determinación que corresponda, porque para fijar la competencia material de un órgano jurisdiccional no debe estarse a la forma en que se ejercitó la acción, sino a la sustancia de la cuestión sometida a la litis pues, en todo caso, ello únicamente debe considerarse para establecer la procedencia o improcedencia del propio juicio, en términos de la fracción XI del artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo." -lo resaltado es de este órgano federal-.
Incluso, los criterios invocados por la Sala Regional, de rubros: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD." y "PENSIONES DEL ISSSTELEÓN. EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN.", apoyan lo considerado con antelación.
Cierto, como se vio, la resolución que se impugna es precisamente una resolución administrativa dictada por el subdelegado de prestaciones de la Delegación Estatal de Nayarit del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que niega la modificación del monto que por concepto de gratificación anual, percibe el jubilado actor por parte del mencionado instituto y, por tanto, se trata de un acto de autoridad que pertenece a la materia administrativa y, por ende, resulta impugnable a través del juicio contencioso administrativo.
Máxime que en el caso no se cuestiona el derecho a obtener la pensión ni la gratificación anual, sino que se impugna la inclusión en la pensión de una partida líquida correspondiente a los incrementos que le corresponden acorde con la norma aplicable.
De ahí que, como se anticipó, este tribunal estima que la competencia para conocer del juicio en que se reclama su indebida cuantificación se surte a favor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
En consecuencia, este Tribunal Colegiado considera y determina que la competencia legal para conocer de la demanda promovida por **********, se surte en favor de la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Este Tribunal Colegiado considera y determina que la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es el órgano competente para conocer de la demanda promovida por **********.
SEGUNDO.-Envíense los autos a la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para que prosiga con el conocimiento de la citada demanda; asimismo, hágase saber el contenido de esta resolución al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit.
Notifíquese y cúmplase; háganse las anotaciones respectivas y, en su oportunidad, archívese este toca competencial como asunto concluido.
Así por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que integran los señores Magistrados Enrique Rodríguez Olmedo, presidente, Tomás Gómez Verónica, ponente y la secretaria en funciones de Magistrada Emma Ramos Salas, de conformidad con lo que instituye el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal otorgada a este órgano colegiado mediante oficio CCJ/ST/3742/2012 de ese mismo día, por el secretario técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal.
En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24053-cd1f5040/competencia-para-conocer-de-la-demanda-de-nulidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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