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Modo: Corpus Pro

CONFLICTO COMPETENCIAL EN MATERIA LABORAL. SE INTEGRA CUANDO EL TRIBUNAL A FAVOR DE QUIEN SE DECLINA, RECHAZA EL ASUNTO; DE AHÍ QUE NO PUEDA PLANTEAR COMPETENCIA A DISTINTA AUTORIDAD.

Tipo de asunto: CONFLICTO COMPETENCIAL 9/2014. · Registro digital (IUS): 25087
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-06-13
Promovente: SUSCITADO ENTRE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, SEXTA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y OCTAVA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTI
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Pág. 1401.

CONFLICTO COMPETENCIAL 9/2014. SUSCITADO ENTRE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, SEXTA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y OCTAVA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 27 DE FEBRERO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MAURICIO BARAJAS VILLA. SECRETARIA: ANA MONTSERRAT GÁMIZ SUÁREZ.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. Cuestión procedimental previa. Es menester poner de manifiesto, previamente a la resolución del presente conflicto competencial, que este tribunal estima indebido el proceder adoptado por la Sexta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el sentido de declinar competencia en favor de ulterior autoridad jurisdiccional, pues tal manera de actuar entraña la violación a las formalidades esenciales del procedimiento de competencia por declinatoria previsto en los artículos 701 y 705 de la Ley Federal del Trabajo(2) en detrimento del acceso eficaz a la jurisdicción.

De acuerdo con dichos preceptos si un tribunal a favor de quien se declina competencia estima, a su vez, que también carece de competencia para conocer de determinado expediente, no puede enviar el asunto al distinto órgano jurisdiccional que -desde su punto de vista- sea competente, sino remitir el asunto a aquel que legalmente puede zanjar el conflicto competencial así trabado.

Y es que, el segundo de los artículos citados establece que, para el caso de que el conflicto de competencia se suscite (entre otros) entre una Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y alguna Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, quien deberá resolver dicha cuestión será el Poder Judicial de la Federación.

Así pues, dicha normatividad descarta la posibilidad de que la autoridad a favor de quien se declina competencia en un primer momento, a su vez pueda plantearle competencia a una tercera y distinta autoridad jurisdiccional, sino que le conmina a remitir los autos al Poder Judicial de la Federación para que sea éste el que resuelva dicha cuestión.

Tales reglas procesales son reflejo fiel de los principios constitucionales de expeditez y prontitud, propios del debido acceso a la tutela judicial efectiva establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(3)

No vera sí la (sic) ley implicaría someter al gobernado a la innecesaria incertidumbre de no saber quién terminará conociendo de su demanda y lo enfrentaría, además, a obstáculos y pérdida de tiempo valioso para la eventual consecución de sus pretensiones.

En estas condiciones, se exhorta comedidamente a la Sexta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que, en lo subsecuente, de estimar que carece de competencia para conocer de cualquier negocio que le haya sido remitido por declinatoria, se abstenga de plantear, a su vez, ulterior competencia a distinto órgano jurisdiccional y, en lugar de actuar de esa manera, con sujeción a los destacados principios y preceptos se sirva remitirlos (sic) autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda.

Lo expuesto no significa que dicha Sexta Sala quede en imposibilidad de argumentar la competencia de una tercera autoridad jurisdiccional, pues en todo caso dichos argumentos podrán ser ponderados por el Tribunal Colegiado que conserva arbitrio para decidir la competencia en favor de distinto tribunal de los contendientes.(4)

TERCERO. Naturaleza laboral del juicio de origen (exclusión del conflicto de la Sala del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa).

Pues bien, en este asunto es menester definir la naturaleza del juicio de origen, al tenor de las prestaciones reclamadas por el actor en aras de determinar si se trata de un proceso de índole laboral o administrativo.

Al respecto, este tribunal considera que, de acuerdo con las prestaciones reclamadas en la demanda de origen, la naturaleza del juicio es eminentemente laboral y no así administrativa.

Lo cual es así por dos razones esenciales:

La primera es porque todas las reclamadas si bien son prestaciones que se encuentran vinculadas al ámbito de la seguridad social en beneficio del actor, lo cierto es que presuponen el reconocimiento del vínculo laboral existente entre el demandante y, en este caso, la Secretaría de Educación Pública.

La segunda razón estriba en que dichas prestaciones no encuentran cabida en ninguna de las hipótesis para la procedencia del juicio de nulidad de que conocen las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues amén de que, no se pretende la anulación de ningún acto administrativo, lo cierto es que, se insiste, no se encuentran contempladas dentro del catálogo de supuestos a que se contrae el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En efecto, el actor **********, demandó de Afore PENSIONISSSTE Administradora de Fondos para el Retiro y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), fundamentalmente, la declaración de que es el único beneficiario de los derechos derivados de la relación laboral que tuvo con los organismos demandados, y la devolución de las aportaciones realizadas en su cuenta individual en el FOVISSSTE.

Ahora bien, el fondo de la vivienda es administrado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, atento al sistema de financiamiento que al efecto establece la ley del citado instituto, en atención a que el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso f), constitucional,(5) señala las bases mínimas y los principios fundamentales de la seguridad social, siendo uno de los aspectos relevantes en las garantías sociales, la necesidad de los trabajadores que prestan servicios al Estado de contar con una vivienda.

Por tanto, si en el presente caso lo que se solicita es la devolución de las aportaciones que acumuló en su vida laboral el actor, es indubitable que la naturaleza del acto es competencia de las autoridades en materia de trabajo, ya que tienen como fundamento directo la relación laboral existente entre actor y demandado, sin la cual no podrían haberse generado, toda vez que se encuentran estrechamente vinculadas con las prestaciones reclamadas.

Consecuentemente, el actor dentro de sus prestaciones en ningún momento demanda la nulidad de algún acto administrativo, ni tampoco se surte ninguna de la hipótesis establecidas en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, relativas a los casos de procedencia del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en cuyo caso se necesitaría de una resolución definitiva dictada por la Administración Pública Federal, como lo son aquellas que se dictan en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones sobre la materia antes indicada.

Lo que en el presente caso no acontece, dado que lo reclamado por la accionante, como se expresó, se trata de la devolución de sus aportaciones acumuladas en su cuenta individual administrada por el PENSIONISSSTE y el FOVISSSTE.

Estas razones excluyen la posibilidad de considerar que alguna de las Salas del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa pueda ser competente para conocer de la demanda de origen.

CUARTO. Estudio de fondo.

Este Tribunal Colegiado de Circuito estima que es la Sexta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la autoridad jurisdiccional competente para conocer y resolver respecto de la demanda promovida por **********, en contra de Afore PENSIONISSSTE Administradora de Fondos para el Retiro y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).

Esto es así, con base en la acción principal ejercida por el actor, consistente en la devolución de las aportaciones realizadas en su cuenta individual del FOVISSSTE, y conforme a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,(6) el cual establece que cualquier conflicto que verse sobre la entrega del saldo correspondiente a la cuenta individual reclamada por quien se ostente como beneficiario, concierne a la competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, sin que dicho dispositivo prevea supuesto de excepción alguna.

Asimismo, en relación con el conflicto competencial que se resuelve, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XLVII/2001, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, de rubro:

"INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN."(7)

Estableció los lineamientos a seguir para determinar cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de los juicios en los que se reclame el pago de prestaciones de seguridad social al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y que atiende, en esencia, al régimen constitucional y legal que regula el vínculo laboral del cual deriva la relación jurídica entre el trabajador y la dependencia u organismo para el que haya laborado, señalando dos supuestos, a saber:

1. Cuando un trabajador presta sus servicios para alguno de los Poderes de la Unión, o de las entidades federativas, al encontrarse regulada la respectiva relación laboral por el apartado B del artículo 123 de la Constitución General de la República, o bien, por la correspondiente ley burocrática local, en términos del diverso 116, fracción VI, de la propia norma fundamental, entonces, la autoridad competente de ese tipo de asuntos, es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; y,

2. En cambio, cuando un trabajador labora para un organismo descentralizado que sustituye en su carácter de patrón al titular de alguna dependencia de la administración pública centralizada, ello da lugar a que ese vínculo jurídico ya no se rija por el apartado B del artículo 123 constitucional, sino por el régimen que deriva de lo dispuesto en el apartado A del citado precepto fundamental, lo que implica que la competencia para conocer tanto de los conflictos estrictamente laborales que se susciten, como de los surgidos dentro de las relaciones jurídicas derivadas directamente de ese vínculo laboral, se sustancien ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

En el caso, se surte la hipótesis establecida en el inciso a), toda vez que ********** narró en los hechos de la demanda, que como lo acreditaba con la constancia de concesión de pensión otorgada a su favor, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le otorgó una pensión jubilatoria, habiendo cotizado para dicho instituto 42 años, 2 meses y 15 días; que fue empleado en activo de la administración pública.

En esa medida, se advierte que se trata de un ex trabajador que prestó sus servicios para el Gobierno Federal, cuyas relaciones se rigen por el artículo 123, apartado B, de la Constitución General de la República, por lo que en términos del citado ordenamiento, así como en el diverso 116, fracción VI, de la propia Norma Fundamental, la competencia para conocer de tal juicio corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Por las razones expuestas, es factible concluir que es competente para conocer del asunto la Sexta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por lo que deberá remitírsele el expediente para la sustanciación del juicio respectivo.

Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se resuelve:

ÚNICO. Se declara competente a la Sexta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para conocer de la demanda planteada por **********, en contra de Afore PENSIONISSSTE Administradora de Fondos para el Retiro y Fondo de la Vivienda de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), en términos de las razones de derecho precisadas en los considerandos de esta sentencia.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución a las autoridades y devuélvanse los autos a la Sexta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este tribunal; y, en su oportunidad, archívese como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Mauricio Barajas Villa (presidente y ponente), y Alicia Rodríguez Cruz, así como la licenciada Juana Fuentes Velázquez, secretaria en funciones de Magistrada de Circuito, por acuerdo de sesión de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de enero de dos mil catorce, con apoyo en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

2. "Artículo 701. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje de oficio deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen. Si la Junta se declara incompetente, con citación de las partes, remitirá de inmediato el expediente a la Junta o al tribunal que estime competente; si ésta o aquél, al recibir el expediente, se declara a su vez incompetente, remitirá de inmediato el expediente a la autoridad que debe decidir la competencia, en los términos del artículo 705 de esta ley."

"Artículo 705. Las competencias se decidirán:

"... III. Por las instancias correspondientes del Poder Judicial de la Federación, cuando se suscite entre:

"a) Juntas Locales o Federales de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. ..."

3. "Artículo 17. ...

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ..."

4. Al respecto, este tribunal comparte el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial VI.T. J/13 del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 1981, de rubro:

"COMPETENCIA EN MATERIA LABORAL. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE DEBE RESOLVER EL CONFLICTO RELATIVO NO ESTÁ OBLIGADO A OTORGÁRSELA A ALGUNO DE LOS CONTENDIENTES, SINO QUE PUEDE DÁRSELA A UN TERCER ÓRGANO JURISDICCIONAL."

5. "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

"...

"B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

"...

"XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

"...

"f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

"Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos. ..."

6. "Artículo 78. Los beneficiarios legales del trabajador titular de una cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez serán los familiares derechohabientes que establece la sección de pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida.

"En caso de fallecimiento del trabajador, si los beneficiarios a que se refiere el párrafo anterior, ya no tienen derecho a pensión por el seguro de invalidez y vida, el PENSIONISSSTE o la administradora respectiva entregarán el saldo de la cuenta individual en partes iguales a los beneficiarios legales que haya registrado el trabajador en el instituto.

"El trabajador, deberá designar beneficiarios sustitutos de los indicados en el párrafo anterior, única y exclusivamente para el caso de que faltaren los beneficiarios legales. El trabajador podrá en cualquier tiempo cambiar esta última designación. Dicha designación deberá realizarla en el PENSIONISSSTE o en la administradora que le opere su cuenta individual.

"A falta de los beneficiarios legales y sustitutos, dicha entrega se hará en el orden de prelación previsto en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. Cualquier conflicto deberá ser resuelto ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje".

7. "... esta Segunda Sala arriba a la conclusión de que para determinar a qué órgano jurisdiccional corresponde conocer del juicio en el que se demanda una prestación de seguridad social al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe atenderse al régimen constitucional y legal que rige el vínculo laboral del cual deriva como una consecuencia directa la diversa relación jurídica que se entable entre el trabajador y esa entidad de seguridad social. Al efecto, debe tomarse en cuenta que las prestaciones de esa naturaleza como son, entre otras, el pago de indemnizaciones, pensiones, servicios, asistencias médicas, quirúrgicas o farmacéuticas si bien derivan directamente de la relación jurídica que por disposición legal se entable entre ese organismo y los trabajadores o sus beneficiarios, la misma tiene su origen en la existencia del vínculo laboral que se da entre el respectivo trabajador y la correspondiente dependencia o entidad de la administración pública, generalmente federal, por lo que aquel vínculo es derivado de la relación laboral entablada; de ahí que, para determinar qué órgano jurisdiccional es el competente para conocer de los juicios laborales en los que se demanden las referidas prestaciones debe atenderse al régimen constitucional y legal que regula la respectiva relación jurídica laboral, dado que la relación derivada o accesoria debe regirse por el régimen constitucional y legal que norma a la relación jurídica principal. En esa medida, si un trabajador que presta sus servicios para alguno de los Poderes de la Unión, o de las entidades federativas, demanda al mencionado instituto el pago de una prestación principal, debe estimarse que al encontrarse regulada la respectiva relación laboral por el apartado B del artículo 123 de la Constitución General de la República o bien por la correspondiente ley burocrática local, en términos del diverso 116, fracción VI, de la propia Norma Fundamental, la competencia para conocer de tal juicio corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; al tenor del mismo criterio, si como consecuencia del fenómeno de la descentralización de la prestación de servicios, un organismo descentralizado sustituye en su carácter de patrón al titular de alguna dependencia de la administración pública centralizada, ello dará lugar a que ese vínculo jurídico ya no se rija por el apartado B del artículo 123 constitucional ni, en su caso, por la respectiva legislación burocrática local, sino por el régimen que deriva de lo dispuesto en el apartado A del citado precepto fundamental, lo que implicará que la competencia para conocer tanto de los conflictos estrictamente laborales que se susciten, como de los surgidos dentro de las relaciones jurídicas derivadas directamente de ese vínculo laboral, se sustancien ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de ahí que a este órgano jurisdiccional corresponde conocer del juicio en el que un trabajador de un organismo descentralizado, de cualquier nivel de gobierno, demanda el pago de una prestación principal al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; destacando, además, que el referido criterio genera certeza a los trabajadores sobre el órgano jurisdiccional competente para conocer de los juicios que entablen en contra de su patrón equiparado y del referido instituto, ...". Competencia 312/2000. Suscitada entre el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Toluca y la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal. 2 de marzo de 2001. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.

"Nota: Este criterio ha sido abandonado parcialmente por la tesis 2a./J. 111/2005, de rubro ‘INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.’.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25087-3beb7fa9/conflicto-competencial-en-materia-laboral-se-integra-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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