COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA POR LA QUE UN TRABAJADOR O SUS BENEFICIARIOS RECLAMAN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ALGUNA PRESTACIÓN DE LAS QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE SEGURIDAD SOCIAL. CORRESPONDE A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.
COMPETENCIA 15/2012. SUSCITADA ENTRE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTISÉIS DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y LA SALA REGIONAL DEL NORTE CENTRO I DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, AMBAS CON RESIDENCIA EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARÍA DEL CARMEN CORDERO MARTÍNEZ. SECRETARIA: ANA LUISA ORDÓÑEZ SERNA.
CONSIDERANDO:
CUARTO. El artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo dispone:
"Artículo 701. La Junta de Conciliación y las de Conciliación y Arbitraje, de oficio deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen. Si la Junta se declara incompetente, con citación de las partes, remitirá de inmediato el expediente a la Junta o tribunal que estime competente; si ésta o aquél, al recibir el expediente se declara a su vez incompetente, remitirá de inmediato el expediente a la autoridad que debe decidir la competencia, en los términos del artículo 705 de esta ley."
De lo que se sigue:
1. Que la Junta de Conciliación y Arbitraje, puede declararse incompetente antes de la audiencia de desahogo de pruebas.
2. Que para la configuración del conflicto competencial se requiere que la Junta o tribunal a quien se remita el expediente por estimarse que es competente, al recibirlo, se declare a su vez incompetente.
Por cuanto a lo enmarcado con el número 1, se tiene que la referida Junta laboral federal se declaró incompetente para conocer del juicio de origen el veintitrés de abril de dos mil doce, fecha en que tuvo verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, esto es, antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas.
En relación con lo enmarcado con el número 2, se tiene que las mencionadas Junta laboral y Sala regional determinaron en lo conducente:
• La Junta federal laboral, el veintitrés de abril de dos mil doce, fecha en que tuvo verificativo la audiencia incidental de acumulación planteada por la parte demandada del juicio natural, señaló, en esencia, que como el actor reclamaba el pago correcto de pensión de cesantía y nivelación en lo sucesivo de la misma, así como la cantidad que resulte por concepto de diferencias en las prestaciones en dinero, sale de la esfera de competencia de la materia laboral, toda vez que no es una consecuencia de la relación de trabajo que se entabla entre el trabajador pensionado y el **********, porque el Estado se encuentra colocado en su posición de autoridad, en donde se combate un acto de la misma, en uso de sus facultades de imperio, considerando que le corresponde la competencia para decidir sobre la citada reclamación al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que a él le toca dilucidar los juicios que se promueven contra las resoluciones definitivas que se dicten en materia de pensiones civiles que sean con cargo al erario federal, al estar en presencia de una resolución de índole administrativo, dictada de manera unilateral por el demandado, ya que ese instituto al emitir el acto en el que determina retirar la pensión (de manera correcta o incorrecta) que otorgó al derechohabiente, lo hace como autoridad, con facultades de imperio (fojas 53 y 53 vuelta).
• Por su parte, en proveído de once de junio de dos mil doce, el tribunal fiscal determinó no aceptar la competencia declinada porque en el caso no existía resolución definitiva y además el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, establecía que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Seguro Social deben tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, supuesto actualizado por demandarse el pago y corrección de una pensión (foja 56).
Las transcripciones que anteceden, ponen de manifiesto que en la especie sí existe conflicto competencial, conforme a lo dispuesto en los artículos 701 y 704 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que ambos órganos jurisdiccionales contendientes manifestaron su negativa a conocer del juicio de origen, quedando satisfecha la exigencia apuntada para la configuración del conflicto competencial.
Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 30/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 46, Tomo XVII, junio de 2003 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA. Para que exista un conflicto competencial es presupuesto indispensable que los órganos jurisdiccionales contendientes manifiesten de manera expresa, en ejercicio de su autonomía y de su potestad, que no aceptan conocer de determinado asunto sometido a su jurisdicción."
QUINTO. Este Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito estima que es a la Junta Especial Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a quien legalmente corresponde conocer del asunto a que se refiere el presente conflicto competencial, atento a las consideraciones jurídicas que a continuación se exponen.
En efecto, en los casos en que exista un conflicto de competencia, como el presente, debe resolverse exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de las acciones planteadas en esos juicios, lo que regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, debiéndose prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencias, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto.
Por otra parte, para determinar si el acto reclamado se refiere a la materia administrativa o, en su caso, a la materia de trabajo, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
Un acto se califica como formalmente administrativo cuando emana de cualquier autoridad administrativa con independencia de su índole intrínseca.
Asimismo, se considera materialmente administrativo cuando su emisión proviene de cualquier órgano del Estado en ejercicio de sus funciones o atribuciones públicas o por cualquier entidad paraestatal, caracterizándose por su concreción, individualidad y particularidad.
De ahí que al acto administrativo se le haya considerado como la declaración de voluntad de un órgano de la administración pública de naturaleza reglada o discrecional y susceptible de crear con eficacia particular o general, obligaciones, facultades o situaciones jurídicas de naturaleza administrativa.
Otro rasgo distintivo del acto administrativo es que se trata de una declaración de voluntad, unilateral y concreta que constituye una decisión que emana de un sujeto, la administración pública, en el ejercicio de una potestad administrativa que crea, reconoce, modifica, transmite o extingue una situación jurídica subjetiva, cuya finalidad es la satisfacción del interés general, cuyos efectos jurídicos son directos e inmediatos.
A su vez, para determinar qué actos pertenecen al ámbito de la rama del derecho de trabajo, debe tenerse en consideración que la naturaleza laboral de un acto no depende directamente de la naturaleza de la autoridad que lo emite sino, en todo caso, de que lo que esté en controversia sea la tutela de un derecho contemplado en el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, como en el caso, en materia de seguridad social, que dice:
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
"A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:
"...
"XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares."
De lo que se sigue que en dicho precepto constitucional se consagran aspectos de la previsión y seguridad social a favor de los trabajadores, como lo relativo al concepto vida.
Ahora, en la demanda motivadora del juicio de origen, la parte actora señaló tanto las prestaciones reclamadas como los hechos siguientes:
"Prestaciones:
"A. La declaración y/o revaloración de la incapacidad parcial permanente con la cual cuenta el actor, así como el pago de la pensión y/o demás prestaciones en dinero y especie.
"B. El pago correcto de la pensión de cesantía y nivelación en lo sucesivo de la misma, así como la cantidad que resulte por concepto de las diferencias en las prestaciones en dinero, incluidas asignaciones familiares y ayuda asistencial, a que tengo derecho con motivo del estado de cesantía en edad avanzada; el cual reconoce el demandado, sobre la base de un verdadero salario promedio de las últimas 250 semanas de $400.00 pesos diarios, y no como indebidamente la calculó el demandado, desde la fecha de su otorgamiento y hasta que se dé cumplimiento al laudo que resuelva en definitiva.
"C. Asimismo, se reclama con independencia de lo anterior, el pago y cumplimiento de los incrementos a las pensiones que viene gozando el actor en los términos de ley, ya que no se han incrementado en los términos del índice nacional de precios al consumidor, adeudándoseme los mismos desde la fecha de otorgamiento y hasta que se dé cumplimiento al laudo que recaiga en el presente juicio.
"Lo anterior en base a la narración de los siguientes
"Hechos:
"1. Es el caso que el suscrito fui empleado por más de 20 años en el interior de diversas minas en todo el país, siendo mi oficio el de minero, dando mantenimiento, estando expuesto a polvos y ruidos intensos, además de un estrés desmedido, ya que el manejo de los explosivos es una tarea sumamente peligrosa y desgastante, sufriendo a la fecha dolor de oídos, pérdida de audición, dolor de espalda, dificultad para respirar, motivo por el cual he sido trasladado para atención médica de la demandada en donde por la naturaleza del accidente, dictaminó en dicho formato ‘si profesional’, las citadas enfermedades, las cuales se encuentran indebidamente valoradas por la demandada.
"Cabe mencionar que el daño en la salud que presenta el actor son secuelas de enfermedad profesional y le deparan un estado de incapacidad parcial permanente total, dada la peligrosidad de su herramienta de trabajo como lo son los explosivos y el grado de afectación en su salud.
"2. Que en las últimas 250 semanas, obtuve un salario promedio de $400.00 pesos diarios de cotización, hasta que cumplí 60 años de donde ya no me fue posible conseguir trabajo, hasta en tanto solicité a dicho instituto la pensión por dicha situación, calculándome la demandada indebidamente un salario, y no como corresponde a un verdadero salario de $400.00 pesos de salario promedio de las últimas 250 semanas, adeudándoseme la parte diferencial entre el verdadero salario que debió tomarse en consideración y el que indebidamente tomó en cuenta, dado la fecha de otorgamiento.
"3. Es el caso, que vengo recibiendo indebidamente mi pensión, misma que se encuentra mal cuantificada y, por tanto, debe nivelarse en los términos señalados en el cuerpo de esta demanda." (fojas 4 y 5 del anexo).
Lo anterior pone de manifiesto que el actor está reclamando del instituto demandado, la revaloración de la incapacidad parcial permanente con la que cuenta; el pago y corrección de la pensión de cesantía que indebidamente se le paga con base en un salario incorrecto, además del pago de las diferencias económicas que surjan hasta el cumplimiento del laudo, donde deben considerarse las asignaciones familiares mal calculadas, así como la aplicación de los incrementos conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Así, partiendo de que quien demanda la corrección en el pago de la pensión de cesantía, es el propio trabajador **********, lo cual implica una afectación en la pensión que en dinero y especie reclama, en congruencia con ello, la competencia para conocer del conflicto se surte para la Junta federal laboral, porque en términos de lo dispuesto por los artículos 294 y 295 de la Ley del Seguro Social, las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el **********, debe tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; por tratarse de un derecho laboral que se debe respetar por derivar del derecho que le corresponde por los seguros que integran el régimen obligatorio del seguro social, preceptos legales que disponen:
"Artículo 294. Cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como las asegurados o sus beneficiarios consideren impugnable algún acto definitivo del instituto, podrán recurrir en inconformidad, en la forma y términos que establezca el reglamento, o bien, proceder en los términos del artículo siguiente.
"Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones del instituto que no hubiesen sido impugnadas en la forma y términos que señale el reglamento correspondiente, se entenderán consentidos."
"Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto sobre las prestaciones que esta ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa."
Luego, si se parte del hecho de que el actor demanda sustancialmente el pago correcto del monto de la pensión de cesantía, así como los incrementos que existieren y la revaloración de la incapacidad parcial permanente con la cual cuenta, es claro que se trata de una cuestión que queda comprendida en los derechos sociales contemplados en el citado artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, lo planteado en la referida demanda motivadora del juicio de origen incide en el ámbito de la materia de trabajo.
Esto es, si como se indicó, la naturaleza del acto perteneciente a la materia laboral deriva de que en el conflicto se aborden alguno de los derechos de seguridad social contemplados en el citado precepto constitucional y, en el caso, lo demandado incide en uno de ellos, específicamente el de percibir la pensión de cesantía, de acuerdo al salario que dice el actor realmente cotizó; entonces, ello es de naturaleza de trabajo.
De ahí que deba fincarse la competencia para conocer de la citada demanda a la Junta Especial Número Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, por corresponderle el conocimiento, entre otros, de las controversias entre los asegurados y el instituto, sobre las prestaciones que la Ley del Seguro Social otorga.
En cuanto a la competencia de la Junta Federal para conocer del juicio origen del presente conflicto, también sirve de apoyo la parte considerativa de la ejecutoria emitida al resolverse el conflicto competencial 162/2007 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que surgió la jurisprudencia 2a./J. 9/2008, publicada en la página 1085, Tomo XXVII, abril de 2008 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y contenido sustancial siguientes:
"‘SEGURO SOCIAL. SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS POR LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS CONTRA LOS ACTOS QUE EXTINGAN O MODIFIQUEN LAS PRESTACIONES QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO, LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL.’; ejecutoria que en la parte que interesa contiene:
"...
"También se destacó que de acuerdo a los artículos 2o., fracción II, del Código Fiscal de la Federación y 287 de la Ley del Seguro Social, las cuotas del seguro social tienen el carácter de contribuciones, que deberán ser retenidas por el patrón al momento de efectuar el pago de salarios a sus trabajadores y enteradas por aquél al **********, quien está facultado para determinarlas de manera presuntiva, en caso de que el patrón no las entere, así como instaurar el procedimiento económico coactivo para hacerlas efectivas, pues con dichas contribuciones (además de las aportaciones patronales y las que en algunos supuestos entrega el Estado) se cubren las prestaciones en dinero, en especie y los gastos administrativos que generan los seguros de riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como guarderías y demás prestaciones sociales que integran el régimen obligatorio del seguro social.
"Por lo que se concluyó que al tener el hecho que da origen a esas prerrogativas de que disfrutan los trabajadores, la naturaleza de una obligación fiscal, la garantía de audiencia puede otorgarse con posterioridad al acto que los priva de ellas, concretamente, a través del recurso de inconformidad, previsto en el artículo 294 de la propia Ley del Seguro Social.
"El anterior criterio respecto a la oportunidad de defensa en contra de la baja que ordene el ********** del régimen obligatorio de los patrones, sujetos obligados y asegurados, por el incumplimiento en el pago de las cuotas respectivas, se contiene en la tesis 2a. CXLIII/2007, que dice:
"‘SEGURO SOCIAL. LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 251 DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.’
"...
"Ahora bien, la circunstancia de que las mencionadas cuotas del seguro social sean consideradas como contribuciones y que su pago tenga la naturaleza de una obligación fiscal, no implica que sean de la misma índole las prestaciones en dinero o en especie que el ********** deba proporcionar a los trabajadores por el régimen obligatorio en el que se encuentran inmersos, pues estas prerrogativas se otorgan en función de una relación laboral; y esta Suprema Corte de Justicia, al resolver la contradicción de tesis 178/2005-SS, determinó que toda controversia derivada de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a preservar derechos laborales quedarán enmarcados en los objetivos del derecho de trabajo.
"La tesis que contiene ese criterio, fue publicada con el rubro y texto siguientes:
"‘SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. ES COMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO PARA CONOCER DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE PRECEPTOS LEGALES QUE REGULEN EL PAGO Y DEVOLUCIÓN DEL SALDO CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES DEL FONDO DE LAS SUBCUENTAS DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, Y DE VIVIENDA.’
"...
"Consecuentemente, los actos del ********** que impliquen una afectación en las prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como guarderías y demás prestaciones sociales que integran el régimen obligatorio, deben ser considerados como prestaciones de carácter laboral, por haber sido establecidas a favor de un trabajador asegurado, así como de sus beneficiarios, en razón del derecho que corresponde a éste por el régimen obligatorio del seguro social.
"Por tanto, en caso de que los trabajadores o sus beneficiarios pretendan combatir una resolución que modifique o extinga una prestación de ese régimen del seguro social previamente otorgada, tienen la opción de interponer el recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la propia Ley del Seguro Social; o bien, acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, como lo establece el numeral 295 del mismo ordenamiento, el cual también prevé un diverso camino de impugnación para los patrones, al señalar que éstos deberán dirimir sus controversias con el **********, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
"De esa manera se observa en el texto de los mencionados preceptos, que establecen:
"‘Artículo 294. Cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios consideren impugnable algún acto definitivo del instituto, podrán recurrir en inconformidad, en la forma y términos que establezca el reglamento, o bien proceder en los términos del artículo siguiente.
"‘Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones del instituto que no hubiesen sido impugnados en la forma y términos que señale el reglamento correspondiente, se entenderán consentidos.’
"‘Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto sobre las prestaciones que esta ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.’
"En ese contexto, con independencia de que los patrones solucionen sus controversias con el **********, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y de que los trabajadores o sus beneficiarios afectados por una resolución que conceda, modifique o niegue alguna prestación derivada del régimen obligatorio del seguro social, ejerzan la opción de interponer el recurso de inconformidad; lo cierto es que estos últimos deberán impugnar esa determinación ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, atendiendo a la naturaleza laboral de ese acto y por así disponerlo expresamente el artículo 295 de la ley de la materia.
"En esas condiciones, y sin dejar de observar que por las violaciones directas a la Constitución que invoca el impetrante, no haya acudido ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para impugnar su baja como derechohabiente y como consecuencia de ésta, la cancelación del servicio médico y farmacéutico que el ********** previamente le había otorgado como trabajador, es claro que esos actos pertenecen al ámbito del derecho laboral, pues si bien derivan del incumplimiento de una obligación fiscal de su patrón, afectan una prestación establecida en favor de un trabajador asegurado, la cual, como ya se indicó, deriva del derecho que le corresponde por los seguros que integran el régimen obligatorio del Seguro Social.
"En términos similares se pronunció esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en esta sesión los conflictos competenciales 151/2007 y 155/2007; y en sesión de nueve de enero de dos mil ocho, los números 141/2007 y 142/2007.
"Además, ese criterio es congruente con lo resuelto en el diverso 1/2007, aprobado el siete de febrero de dos mil siete, con base en el cual se emitió la tesis 2a. XVII/2007, que dice:
"‘PENSIÓN DE VIUDEZ U ORFANDAD. PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS CONTRA LA MODIFICACIÓN EFECTUADA UNILATERALMENTE POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SON COMPETENTES LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL.’
"...
"De acuerdo a lo antes señalado, quien debe conocer del recurso de revisión interpuesto por el autorizado de **********, en contra de la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo donde dicho impetrante reclamó su baja como derechohabiente y la cancelación del servicio médico y farmacéutico que le proporcionaba el **********, es el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito.
"Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
"ÚNICO.-El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito es el competente para conocer del recurso de revisión interpuesto por el autorizado de **********, en contra de la sentencia dictada el veintitrés de mayo de dos mil siete (terminada de engrosar el dieciocho de junio del mismo año) por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, en el juicio de amparo ********** ..."
Consecuentemente, al tratarse de la reclamación de corrección de prestaciones de índole laboral, la competencia se surte a favor de la Junta Especial Número Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, autoridad a la cual debe remitirse el juicio incoado por **********.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Sí existe conflicto competencial.
SEGUNDO.-La Junta Especial Número Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer de la demanda presentada por ********** contra el **********.
Notifíquese como corresponda; publíquese; anótese en el libro de registro; envíese testimonio de la presente resolución así como los autos, a la Junta Especial Número Veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, hágase del conocimiento de lo anterior, a la Sala Regional Norte Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad y, en su oportunidad, archívese el presente conflicto como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, Magistrados Gerardo Torres García, María del Carmen Cordero Martínez y Manuel Armando Juárez Morales, siendo ponente la segunda de los nombrados.
En términos de lo previsto en el artículo 85 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24123-9f67b476/competencia-para-conocer-de-la-demanda-por-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDOS CONTRA LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LA PENSIÓN DE UN ASEGURADO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO S (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLIC (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- AUTO INICIAL DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES LA ACTUACIÓN OPORTUNA PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO DESECHE LA DEMANDA INSTAURADA POR TRABAJADORES JUBILADOS, PENSIONADOS O SUS BE (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SEGURO SOCIAL. SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS POR LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS CONTRA LOS ACTOS QUE EXTINGAN O MODIFIQUEN LAS (CONFLICTO COMPETENCIAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SEGURO SOCIAL. SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS POR LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS CONTRA LOS ACTOS QUE EXTINGAN O MODIFIQUEN LAS (342)
- SEGURO SOCIAL. SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS POR LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS CONTRA LOS ACTOS QUE EXTINGAN O MODIFIQUEN LAS (136)
- SEGURO SOCIAL. SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS POR LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS CONTRA LOS ACTOS QUE EXTINGAN O MODIFIQUEN LAS (122)
- SEGURO SOCIAL. SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS POR LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS CONTRA LOS ACTOS QUE EXTINGAN O MODIFIQUEN LAS (2a./J. 9/2008)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis