COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA).
CONFLICTO COMPETENCIAL 4/2017. SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 30 DE MARZO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: HERLINDA FLORES IRENE. SECRETARIA: MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ FLORES.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-La competencia en el presente asunto se surte a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en la Ciudad de Chetumal en turno, por las razones que a continuación se exponen.
El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en lo que aquí interesa que:
"Artículo 107. Todas las controversias de las que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia."
Por su parte, la Ley de Amparo en su numeral 37 ordena lo siguiente:
"Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.
"Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.
"Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda."
De los preceptos transcritos, se advierte que una condición indispensable para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces Federales consiste en determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material; y para el caso que sí sea ejecutable, se fijan dos reglas, a saber: 1. Será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; y, 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones; para el segundo supuesto, es decir, que el acto reclamado no requiera ejecución, entonces, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; así, resulta que la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de garantías depende de la naturaleza del acto reclamado, así como si éste requiere ejecución material o no.
En el presente asunto, se tiene que el accionante del amparo señaló como actos reclamados los siguientes: "...Actos reclamados... I. El oficio de trece de febrero de dos mil diecisiete **********, oficio (sic) mediante el cual se me notifica la conclusión del cargo que venía desempeñando como ********** con el nivel de tabulador PF-05. ... II. La ejecución del oficio **********, mediante el cual se ordena dar conclusión a mi cargo que desempeño como **********..." (foja seis -6- del expediente de amparo)
Asimismo, que dichos actos los atribuye al **********, y el **********, todos de la **********.
De lo que se tiene que el acto reclamado es de naturaleza administrativa, esto es así, porque de la lectura del artículo 123 constitucional, apartado B, fracción XIII, en su primer párrafo, establece que los miembros de las instituciones policiales, como en el caso de los elementos de la Policía Federal, se rigen por sus propias leyes, lo que implica que quedan excluidos del régimen laboral previsto en el citado artículo 123, apartado B, ya que dicho dispositivo, al diferenciar a los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y miembros de las instituciones policiales, en cuanto a las reglas que regulan las relaciones del Estado con sus trabajadores, y señalar que éstos deberán regirse por sus propias leyes, los excluye de la aplicación de las normas laborales establecidas en el propio apartado B y su ley reglamentaria, de lo que se concluye que entonces las relaciones derivadas de la prestación de servicios de los elementos de la Policía Federal son de naturaleza administrativa.
Al respecto sirve de apoyo, por igualdad de razón, la jurisprudencia P./J. 24/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, septiembre de 1995, materia administrativa, página 43, cuya literalidad es la siguiente:
"POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.-La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui géneris. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el Juez de Distrito."
Así como el criterio aislado I.6o.T.10 L (10a.), emitido por este Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicado en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Tomo 2, abril de 2012, materia laboral, página 1708, que es del contenido literal siguiente:
"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.-El primer párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los miembros de las instituciones policiales, como sucede con los elementos de la Policía Federal, se rigen por sus propias leyes, lo que implica que quedan excluidos del régimen laboral previsto en el citado artículo 123, apartado B. Es decir, dicha disposición, al diferenciar a los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y miembros de las instituciones policiales, en cuanto a las reglas que regulan las relaciones del Estado con sus trabajadores, y señalar que deberán regirse por sus propias leyes, los excluye de la aplicación de las normas laborales establecidas en el citado apartado y su ley reglamentaria. En este sentido, resulta inconcuso que la relación entre el Estado y dichas personas, por afinidad, es de naturaleza administrativa y se rige por normas administrativas y reglamentos que les correspondan; por consiguiente, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a esa relación deberán considerarse de naturaleza administrativa, por lo que el conocimiento de los conflictos suscitados con motivo de la prestación de los servicios de los miembros de la Policía Federal, por afinidad, corresponde al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa."
Ahora bien, una vez establecido que el acto que se reclama es de naturaleza administrativa, como bien lo determinó el Juez Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México; sin embargo, existe la problemática de que el acto reclamado de naturaleza administrativa, es de los que traen aparejada ejecución, y ésta tendrá lugar en diversa entidad a esta Ciudad de México; lo que nos conduce a dirimir la competencia por razón de territorio.
Se estima así, ya que de los anexos a la demanda de amparo se advierte que el oficio impugnado **********, en el que se lee, en lo que aquí interesa, lo siguiente: "...con fecha 28 de febrero de 2017, concluye el cargo que venía desempeñando ... en la División de Seguridad Regional, donde continuará prestando sus servicios conforme al grado que ostenta ... Atentamente. ... El Comisionado General ..." (foja veintiséis -26-)
Asimismo, obra el oficio ********** de dieciocho de marzo de dos mil nueve; dirigido al quejoso y signado por el jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, en el que se señala, entre otros, "...se le comunica que deberá presentarse el día veintitrés de marzo de dos mil nueve ... en las oficinas que ocupa la: (como titular) la comandancia de regional XXIII Quintana Roo, ..." (foja veintisiete -27-) y el Formato Único de Personal, en el que se señala, en lo que aquí interesa, "Área de Trabajo. Adscripción Particular. Quintana Roo..." (foja veintiocho -28-)
De lo que resulta que el acto impugnado se ejecutará fuera de esta circunscripción territorial pues, por un lado, en ningún momento se hace alusión a que el quejoso tenga su adscripción en esta Ciudad de México, lo que implica que la materialización de esa resolución de separación no se efectuará en esta entidad federativa; y, por otro, si ha quedado establecido que el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto es el oficio en el que se ordena la conclusión del cargo en el que se venía desempeñando como **********, así como la ejecución de éste; y del contenido del oficio en cita se indica que ahí presta sus servicios, entonces es válido concluir que el acto será ejecutado en el Estado de Quintana Roo; ahora bien, la citada dependencia tiene domicilio conocido en el "**********, como se advierte del Directorio de Comandancias de Región y Comisarías de Sector, de la Policía Federal Preventiva; por lo que debe conocer de este asunto un juzgado en aquella jurisdicción, pues es ahí en donde concluye la función del disconforme; sin que sea obstáculo para considerar lo anterior, que alguna de las autoridades, tanto ordenadoras como ejecutoras tuviera su domicilio en esta Ciudad de México pues, se insiste, el acto tendrá ejecución en la Comandancia Regional XXIII, en el Estado de Quintana Roo.
Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 68/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Tomo I, junio de 2015, materia común, página 916 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 de junio de 2015 a las 9:30 horas», del texto literal siguiente:
"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual desempeñaba el cargo el servidor público o realizaba sus funciones propias. Lo anterior porque no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado."
En consecuencia, se declara legalmente competente al Juez de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en la Ciudad de Chetumal, en turno; en relación con el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.
Sin perjuicio de que no haya participado en el presente conflicto competencial ningún Juez de esa jurisdicción, pues no se puede limitar la resolución del presente conflicto a los términos de un incorrecto planteamiento competencial en favor de alguno de los dos (2) Jueces que teniendo el carácter de contendientes, real y jurídicamente carecen de ella de acuerdo con las normas que rigen la materia, lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 61/99, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, materia común, página 113, que es literalmente como sigue:
"COMPETENCIA, ATRIBUCIÓN PROCEDENTE DE LA. A UN JUEZ NO CONTENDIENTE.-Resulta irrelevante el hecho de que el juzgador en favor de quien se define la competencia no haya intervenido en la contienda competencial, toda vez que el tribunal de competencia no puede encontrarse limitado a los términos de un falso planteamiento competencial y mucho menos a decidir una competencia en favor de alguno de los dos Jueces que teniendo el carácter de contendientes, carecen de ella de acuerdo con las normas que rigen la materia. Adoptar diferente criterio llevaría a absurdos tales como que existiendo un conflicto competencial entre dos juzgadores de determinado fuero, tuviera que decidirse cuál de los dos resulta ‘competente’, aun cuando del análisis del asunto se desprendiera que su conocimiento corresponde a un juzgador de un fuero diferente."
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Se declara legalmente competente al Juez de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en la ciudad de Chetumal en turno, para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto promovido por **********, contra actos del **********.
SEGUNDO.-En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013 emitido por el Pleno del Máximo Tribunal del País, el trece de mayo de dos mil trece, y de acuerdo con lo informado a través de la circular número 20/2011-AGP, envíese al Portal Intranet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el archivo electrónico del presente asunto.
Notifíquese personalmente; remítanse los autos originales a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en la ciudad de Chetumal, a fin de que turne la demanda de amparo en cuestión; asimismo, envíese testimonio de esta resolución a los Juzgados de Distrito contendientes para su conocimiento; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, integrado por los Magistrados, presidenta Herlinda Flores Irene, Genaro Rivera y Jorge Alberto González Álvarez, siendo relatora la primera de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 110, fracción XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27247-235e01f4/competencia-para-conocer-de-los-conflictos-suscitados-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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