INTEGRANTES DE LA GUARDIA NACIONAL. SU RENUNCIA VOLUNTARIA Y EL ACUERDO DE CONCLUSIÓN DE SERVICIO SON RESOLUCIONES DEFINITIVAS IMPUGNABLES EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.
AMPARO DIRECTO 376/2023. 23 DE ENERO DE 2024. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GLORIA AVECIA SOLANO. SECRETARIO: GABRIEL DE JESÚS MONTES CHÁVEZ.
CONSIDERANDO:
NOVENO.—Los conceptos de violación son fundados.
En los conceptos de violación identificados como primero, segundo, séptimo y parte del octavo, el quejoso afirma –de manera sustancial– que la Sala responsable violentó las garantías de audiencia, seguridad jurídica, debido proceso y acceso a la justicia en relación con lo establecido en el artículo 50 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo por que omitió analizar la renuncia que intentó impugnar a través del juicio contencioso administrativo federal.
Al respecto, explica que si bien la Sala admitió parcialmente la demanda por lo que ve al acuerdo de conclusión de servicio y la planilla de compensación, también es verdad que esa decisión fue recurrida a través del recurso de reclamación, el cual se declaró improcedente porque se aseguró que la sentencia analizaría todos los actos impugnados "atendiendo a los conceptos de impugnación."
En esa línea, afirma que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa obvió que es competente para conocer de cuestiones relativas a la separación de los integrantes de los cuerpos de seguridad, sea cual fuere el motivo de cese o baja, por lo que su demanda debió ser admitida por lo que ve a la renuncia en tanto constituye una terminación de la relación administrativa con relación directa a los demás actos por los cuales sí se dio entrada a su escrito inicial.
Afirma que la responsable pasó por alto que su baja en el servicio derivó de "una supuesta voluntad de dar por terminada la relación administrativa", y con "vicios en el consentimiento" además de que la renuncia sí es un acto administrativo en términos del artículo 34 de la Ley de la Guardia Nacional, ya que debe ser emitida por un integrante activo de ese cuerpo, en cualquiera de las situaciones previstas en el diverso 33 de esa misma legislación.
Consecuentemente –explica– en la sentencia reclamada se transgredieron los artículos 50 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y 3, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que prevén que los elementos de los cuerpos de seguridad pueden demandar ante el Tribunal de Justicia Administrativa "cualquier forma de terminación de la relación administrativa."
Máxime que las consecuencias del acuerdo de conclusión derivan de la propia renuncia, al tener ésta como efecto dar por concluida la relación administrativa, de ahí que la Sala estaba obligada a analizar las razones, fundamentos y argumentos que se presentaron contra esa manifestación de voluntad al constituir una renuncia de derechos sustentado sobre "... el dolo y la base del abuso de la autoridad demandada."
En una primera aproximación es necesario tener presente que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es el órgano jurisdiccional competente para resolver los conflictos suscitados entre los miembros de los cuerpos de seguridad federal y las propias corporaciones.
Esto es así porque de la lectura del artículo 123 constitucional, apartado B, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los miembros de las instituciones policiales, se rigen por sus propias leyes, lo que implica que quedan excluidos del régimen laboral previsto en el citado artículo 123, apartado B, ya que dicho dispositivo al diferenciar a los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y miembros de las instituciones policiales, en cuanto a las reglas que regulan las relaciones del Estado con sus trabajadores, y señalar que éstos deberán regirse por sus propias leyes, los excluye de la aplicación de las normas laborales establecidas en el propio apartado B, y su ley reglamentaria, de lo que se concluye que entonces la relaciones derivadas de la prestación de servicios de los elementos de la policía federal son de naturaleza administrativa.
Al respecto, sirve de apoyo, por igualdad de razón, la Jurisprudencia P./J. 24/95 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya literalidad es la siguiente:
"POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui géneris. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII Apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el juez de Distrito."(9)
Así como el criterio aislado I.6o.T.10 L (10a.) emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que es del contenido literal siguiente:
"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. El primer párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los miembros de las instituciones policiales, como sucede con los elementos de la Policía Federal, se rigen por sus propias leyes, lo que implica que quedan excluidos del régimen laboral previsto en el citado artículo 123, apartado B. Es decir, dicha disposición, al diferenciar a los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y miembros de las instituciones policiales, en cuanto a las reglas que regulan las relaciones del Estado con sus trabajadores, y señalar que deberán regirse por sus propias leyes, los excluye de la aplicación de las normas laborales establecidas en el citado apartado y su ley reglamentaria. En este sentido, resulta inconcuso que la relación entre el Estado y dichas personas, por afinidad, es de naturaleza administrativa y se rige por normas administrativas y reglamentos que les correspondan; por consiguiente, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a esa relación deberán considerarse de naturaleza administrativa, por lo que el conocimiento de los conflictos suscitados con motivo de la prestación de los servicios de los miembros de la Policía Federal, por afinidad, corresponde al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa."(10)
Ahora bien, el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."
Esta norma constitucional prevé el derecho a la tutela jurisdiccional, el cual ha sido definido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.
Ahora, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos –desembarazados, libres de todo estorbo– para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público –en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial– no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador.
Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos.
Se cita en apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, que dispone:
"GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos –desembarazados, libres de todo estorbo– para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público –en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial– no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos."(11)
De lo anterior puede advertirse que la justificación de los obstáculos al derecho de acceso a una tutela jurisdiccional efectiva únicamente puede darse cuando, respetando el contenido de ese derecho fundamental, estén encaminados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos, es decir, que no constituyan trabas innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador.
Un ejemplo de dichos obstáculos justificados son las causales de improcedencia en los procesos jurisdiccionales, que prevén diversas hipótesis que impiden el acceso a la impartición de justicia, empero, con el fin de evitar obstaculizar injustificadamente el derecho de las personas al acceso a la impartición de justicia, debido a que esas exigencias, aunque razonables, consisten en obstáculos a dicho derecho, deben interpretarse de manera estricta y actualizarse de manera manifiesta e indudable.
Ello, desde la perspectiva que lo "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es.
Por lo que, de no surgir esas condiciones, es decir, de no interpretarse de forma estricta o de no advertirse manifiesta e indudablemente la causa de improcedencia, no debe ser desechada la acción intentada, pues ante esa falta de certeza, se estaría privando al promovente de manera injustificada de su derecho al acceso a la justicia.
En ese orden, ha menester precisar que a la luz del principio de interpretación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, previsto en el artículo 1o. constitucional y acorde con el principio de tutela judicial efectiva establecido en el artículo 17 constitucional, las causas de improcedencia en el juicio de nulidad –que tienen la misma naturaleza que en el juicio de amparo–, constituyen una excepción a la regla general que es la procedencia del juicio, y, por tanto, para dar lugar al desechamiento de una demanda, deben ser claras e inobjetables, lo que en el caso, según se verá no aconteció.
Además, debe decirse que la facultad de los Magistrados Instructores para desechar demandas, en términos de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no debe entenderse irrestricta, sino acotada a los casos en que la causa resulte notoria y manifiesta.
Ello es así, dado que las causales de improcedencia en el juicio de nulidad, al igual que en el de amparo, deben estar probadas plenamente y no inferirse con base en presunciones, pues sólo por excepción, puede vedarse el acceso a los tribunales, y por lo mismo, en términos del principio pro persona (artículo 1o. constitucional), de más estricta aplicación es lo dispuesto en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para desechar de plano una demanda.
De lo contrario, esto es, de estimarse la posibilidad de desechamiento de demandas sin que su improcedencia resulte notoria y manifiesta, contrariaría el principio de acceso a la justicia, y de la previsión de recursos idóneos y efectivos, pues haría permisible que en esa fase inicial se analizaran cuestiones que son propias de la sentencia de fondo, o incluso que pudiesen ser materia de prueba durante la substanciación del juicio.
En esa misma línea debe tenerse presente que referente al supuesto de "notoria y manifiesta improcedencia", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la tesis aislada 2a. LXXI/2002, que dispone:
"DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por ‘manifiesto’ lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada."(12)
De acuerdo al citado criterio –aplicable por analogía– al "desechamiento" previsto en el juicio contencioso administrativo, un motivo "manifiesto e indudable" de improcedencia de una demanda es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.
En ese tenor, no obstante que el artículo 36, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, establezca que el Magistrado instructor puede admitir, desechar o tener por no presentada la demanda o su ampliación cuando éstas no se ajustan a la ley, debe considerarse que ese estudio no en todos los supuestos puede efectuarse atendiendo como en el caso, a una cuestión inherente al fondo.(13)
En ese contexto, el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y el diverso 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa establecen:
"ARTÍCULO 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
"Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. "Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley."
"ARTÍCULO 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:
"I. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación;
"II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;
"III. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales;
"IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales;
"V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores;
"VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.
"Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración;
"VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;
"VIII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal;
"IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. También, las que por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia;
"X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado;
"XI. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;
"XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;
"XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo;
"XIV. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos;
"XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.
"No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa;
"XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos;
"XVII. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que impongan sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
"XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y
"XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.
"Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.
"El Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren contrarias a la ley."
Tales numerales prevén, en lo que interesa, la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para conocer de los juicios promovidos contra resoluciones, actos o procedimientos, que reúnan el carácter de definitivos, señaladas en la propia Ley Orgánica y otras leyes como competencia del Tribunal, en tanto que para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.
En cuanto a lo que debe entenderse por "resolución definitiva", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 79/2002, al examinar el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis (cuya redacción coincide con el numeral 14 vigente), precisó: que debía consistir en el producto final o última voluntad de la administración; esto es:
a) La última resolución dictada para poner fin a un procedimiento; o bien,
b) Una manifestación aislada que por su naturaleza o características, no requiera de procedimiento que le anteceda para poder reflejar esa voluntad definitiva.
En ese tenor, cuando se trata de resoluciones administrativas que no culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o se trate de actos de naturaleza interprocedimental no podrán considerarse "resoluciones definitivas"; resultando evidente que resolución definitiva sólo puede serlo el fallo con el que culmine dicho procedimiento.
Esto es, excluyéndose a las actuaciones instrumentales que conforman el procedimiento administrativo, entendido como el conjunto de actos realizados conforme a determinadas normas que tienen unidad entre sí y buscan una finalidad, que para este caso es precisamente la producción de la resolución administrativa definitiva cuyo objeto consiste, a su vez, en crear efectos jurídicos.
Asimismo –indicó el más Alto Tribunal del país– que no se generará agravio o conflicto alguno para el gobernado en tanto la administración pública no diga su última palabra por medio de la autoridad legalmente competente y mientras ésta no adquiera firmeza; esto es, que la calidad de última voluntad firme en combinación con la causación de un agravio objetivo son las características de la resolución definitiva para efectos del juicio contencioso administrativo.
Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis aislada de rubro y texto:
"TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS. ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL. La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la Administración Pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan ‘resoluciones definitivas’, y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán carácter de ‘resoluciones definitivas’ las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) com
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32515-26e3dc77/integrantes-de-la-guardia-nacional-su-renuncia-voluntaria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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