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IMPUESTO PARA EDUCACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES. LOS ARTÍCULOS 92 A 95 DE LA LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUE LO PREVÉN, AL TENER COMO PRESUPUESTO OBJETIVO OTRO IMPUESTO, TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 170/2012. · Registro digital (IUS): 24067
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3, Pág. 1635.

AMPARO EN REVISIÓN 170/2012. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ALMA ROSA DÍAS MORA. SECRETARIO: VÍCTOR HOIL RAMÍREZ.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. De acuerdo con la técnica jurídica que rige el juicio de garantías en materia de amparo contra leyes, en ejercicio de la suplencia absoluta de la deficiencia de la queja prevista en la fracción I del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, este tribunal procede al examen, por vicios propios, de los actos reclamados como aquellos en que se aplicaron los preceptos cuestionados en la demanda de garantías; esto es, respecto del pago del impuesto sobre educación y obra pública municipal, calculado sobre la contribución relativa al impuesto predial, por el ejercicio fiscal de dos mil doce, consignado en los comprobantes de pago con folios números ********** y **********, de fechas treinta y uno y veintisiete de enero de dos mil doce, respectivamente.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 235, Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: ‘LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.’, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada."

Igualmente, es dable citar la tesis aislada que se comparte, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 2140, Tomo XXIV, agosto de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:

"AMPARO CONTRA LEYES O REGLAMENTOS. EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO RELATIVO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO, NO IMPIDE QUE EL ACTO DE SU APLICACIÓN SE ANALICE CUANDO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. La vinculación en el estudio de una ley o reglamento en relación con su acto de aplicación se actualiza cuando la inconstitucionalidad de dicho acto se hace derivar de la propia norma controvertida. Sin embargo, si en una demanda de amparo un ordenamiento de observancia general se tilda de inconstitucional, pero al mismo tiempo su acto de aplicación se combate por vicios propios, salvo que se conceda la protección de la Justicia de la Unión respecto de la norma jurídica, habrá la obligación de examinar y pronunciarse en torno a la legalidad planteada de dicho acto, ya que el análisis respectivo es autónomo por no guardar vinculación alguna con el estudio efectuado en relación con el ordenamiento legal impugnado. Por ende, si se decreta el sobreseimiento en el juicio por lo que se refiere a la ley o reglamento combatido, dicha determinación no impide al órgano de control constitucional abordar los conceptos de violación que fueron propuestos con el objeto de demostrar los vicios propios del acto de aplicación de la norma controvertida, acorde con la obligación que deriva de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo."

Así las cosas, atinente al cobro del impuesto sobre educación y obra pública municipal, consignado en los comprobantes de pago con folios números ********** y **********, de fechas veintisiete y treinta y uno de enero de dos mil doce; este Tribunal Colegiado estima, tal como se adelantó, que los agravios planteados, suplidos en sus deficiencias de manera absoluta, en términos del artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, son sustancialmente fundados y suficientes para modificar la sentencia recurrida, habida cuenta que existe jurisprudencia de este Tribunal Colegiado que ha declarado inconstitucional el tributo en cuestión, según se explica a continuación:

El artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, es del tenor siguiente:

"Artículo 76 Bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

"I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. ..."

Así, previo a examinar los agravios de referencia, conviene razonar la actualización del supuesto de suplencia de la deficiencia de la queja a que nos hemos referido, en mérito de lo cual, cabe precisar que el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que la autoridad que conozca del juicio de amparo debe suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios, en cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en una ley declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El imperativo legal aludido se instituyó con el propósito de salvaguardar, eficazmente, el principio de supremacía constitucional, lo que implica la obligación para los juzgadores de amparo de suplir, en el caso en cuestión, la deficiencia de la queja, en forma absoluta, tanto en amparo directo como indirecto, ya sea en primera instancia o en revisión, pues la norma de amparo no hace distinción en ese sentido.

Lo anterior, porque la finalidad esencial de garantizar el principio de supremacía constitucional es superior a cualquier interés particular, pues se busca evitar la aplicación de leyes contrarias a ella. Consecuentemente, ante el interés público que como bien supremo del Estado debe imperar en todo caso, es necesario que se acate puntualmente la obligación de suplencia de la queja en los términos señalados, sin que pueda estimarse justificado el incumplimiento de ese imperativo legal y menos aún la inobservancia de la jurisprudencia emitida por ese Alto Tribunal.

Sobre el particular, es menester hacer referencia a la contradicción de tesis 52/2004-PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio origen a las jurisprudencias publicadas, respectivamente, en las páginas 7, 8 y 9 del Tomo XXIII, febrero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, las cuales son del tenor siguiente:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. ES APLICABLE EN AMPAROS DIRECTO E INDIRECTO, EN PRIMERA INSTANCIA O EN REVISIÓN. El citado precepto establece que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deben suplir la queja deficiente cuando el acto reclamado se funde en una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin expresar que opere sólo en cierto tipo de amparos, por lo que es dable interpretar que dicho beneficio procesal resulta aplicable en los juicios de amparo directo y en los indirectos, en primera instancia o en revisión, tal como se sostuvo en la exposición de motivos del proceso legislativo que culminó con la reforma del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1951."

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con el proceso legislativo que culminó con la reforma al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967, el fin inmediato de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional una ley es salvaguardar y asegurar la supremacía de la Constitución. Ahora bien, una vez integrada la jurisprudencia, si fuera el caso de suplir la queja deficiente en el juicio de amparo en términos del artículo 76 Bis, fracción I, de la ley de la materia, aquélla podrá aplicarse, pero sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que la suplencia de mérito opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo."

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA, AUNQUE NO SE HAYA PLANTEADO EN LA DEMANDA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY. De los procesos legislativos que culminaron con las reformas a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del entonces 76 de la Ley de Amparo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1951, el 16 de enero de 1984 y el 7 de abril de 1986, así como del texto del actual artículo 76 Bis, fracción I, de la ley citada, se advierte que si el acto reclamado se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe suplirse la queja deficiente aunque en la demanda no se hayan reclamado dichas leyes, ni se haya señalado como autoridades responsables a los órganos legislativos correspondientes o denunciado algún vicio de constitucionalidad de la norma en que se apoya o sustenta el acto. La suplencia debe consistir en juzgar que el acto reclamado se apoya en una disposición inconstitucional en los términos establecidos por la jurisprudencia, con todas sus consecuencias jurídicas, para cumplir con la intención del Poder Reformador de garantizar la constitucionalidad de los actos de autoridad."

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE TRATE DEL SEGUNDO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY. El artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento de la ley cuando no se reclame con motivo de su primer acto de aplicación, pero dicha causal es aplicable solamente a la ley y no los actos de aplicación; en consecuencia, si la prerrogativa procesal contenida en el artículo 76 Bis, fracción I, de la ley citada no queda sujeta a que se trate del primero o ulteriores actos de aplicación cuando no se está en el caso de un amparo contra leyes, y lo que se va a analizar es un acto de autoridad fundado en una norma declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, opera dicha suplencia, sin que obste que se trate del segundo o ulteriores actos de aplicación."

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. SE SURTE AUN ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diferencias tratándose de la suplencia de la queja, advirtiendo que puede ser total ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios, o relativa, cuando son insuficientes, esto es, cuando solamente hay una deficiente argumentación jurídica. Ahora bien, el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deben suplir la queja deficiente, entre otros supuestos, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de esta Suprema Corte, sin precisar si opera de forma relativa o total, pero el estudio del proceso legislativo de reforma de 1951 a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del entonces 76 de la ley citada, pone de manifiesto que dicha suplencia debe ser total, ya que se surte aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios, como acontece en las materias penal tratándose del inculpado, laboral atinente al trabajador, o respecto de menores e incapaces, porque en todos estos supuestos se pretendió atemperar los tecnicismos del juicio de garantías, para dar relevancia a la verdad jurídica."

De los criterios reproducidos es posible establecer que, en términos de la fracción I del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja:

a. Se actualiza tanto en amparo directo como indirecto, en primera instancia o en revisión; aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios.

b. Opera respecto del acto concreto de aplicación, una vez superadas las cuestiones de procedencia referentes a éste, sin que incida la procedencia o no del amparo en cuanto a la ley.

c. Se materializa aunque no se hayan reclamado las leyes declaradas inconstitucionales ni se haya señalado como autoridades responsables a los órganos legislativos; es decir, no es necesario que se trate de un amparo contra leyes.

d. Aplica tratándose no sólo del primero, sino de un ulterior acto de aplicación de una ley declarada inconstitucional, aun ante el sobreseimiento respecto de ésta, pues lo que se analiza es un acto fundado en una norma declarada inconstitucional.

e. Consistirá en juzgar que el acto reclamado se apoya en una disposición inconstitucional, de acuerdo con la jurisprudencia y la concesión, exclusivamente, afectará ese acto, sin producir efectos hacia el futuro.

Establecido lo anterior, este Tribunal Colegiado estima que la hipótesis de suplencia de la deficiencia de la queja en examen, debe entenderse extensiva a la jurisprudencia sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose de asuntos en los que ejercen competencia delegada, en términos del Acuerdo General Número 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el seis de octubre de dos mil once.

Para mayor claridad, es menester reproducir el contenido, en lo conducente, del Acuerdo General de referencia:

"... QUINTO. De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las salvedades especificadas en los puntos tercero y cuarto de este acuerdo, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito:

"I. Los recursos de revisión en contra de sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando:

"A) No obstante haberse impugnado una ley federal o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o se hubiere planteado la interpretación directa de uno de ellos, en la sentencia recurrida no se hubiere abordado el estudio de esas cuestiones por haberse sobreseído en el juicio o habiéndose pronunciado sobre tales planteamientos, en los agravios se hagan valer causas de improcedencia.

"Lo anterior se concretará sólo cuando el sobreseimiento decretado o los agravios planteados se refieran a la totalidad de los quejosos o de los preceptos impugnados, y en todos aquellos asuntos en los que la materia de la revisión no dé lugar a que, con independencia de lo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, deba conocer necesariamente la Suprema Corte de Justicia;

"B) En la demanda se hubiere impugnado una ley local, un reglamento federal o local, o cualquier disposición de observancia general, salvo aquéllos en los que el análisis de constitucionalidad respectivo implique fijar el alcance de un derecho humano previsto en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, respecto del cual no exista jurisprudencia del Pleno o de las Salas de este Alto Tribunal, sin menoscabo de que la Sala en la que se radique el recurso respectivo determine que su resolución corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito;

"C) Habiéndose planteado la inconstitucionalidad de leyes federales, subsista la materia de constitucionalidad de éstas, y exista jurisprudencia del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y

"D) Los amparos en revisión en los que, sobre el tema debatido, se integre, aunque no se haya publicado, jurisprudencia del Pleno o de las Salas o existan tres precedentes emitidos por el Pleno o las Salas indistintamente, en forma ininterrumpida y en el mismo sentido, aun cuando no hubieran alcanzado la votación idónea para ser jurisprudencia.

"II. Los conflictos de competencia, con excepción de los que se susciten entre los Tribunales Colegiados de Circuito;

"III. Los reconocimientos de inocencia; y

"IV. Los incidentes de inejecución, las denuncias de repetición del acto reclamado consideradas fundadas por el Juez de Distrito y las inconformidades promovidas en términos de los artículos 105 y 108 de la Ley de Amparo, derivados de sentencias en que se conceda el amparo, dictadas por Jueces de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito, en los términos del Acuerdo General Plenario respectivo." (énfasis añadido).

Asimismo, conviene citar el texto del artículo 94 de la Constitución General de la República:

"Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.

"La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once Ministros y funcionará en Pleno o en Salas.

"En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público.

"La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece.

"El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y, en su caso, especialización por materia, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

"Asimismo, mediante acuerdos generales establecerá Plenos de Circuito, atendiendo al número y especialización de los Tribunales Colegiados que pertenezcan a cada circuito. Las leyes determinarán su integración y funcionamiento.

"El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados.

"Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se sustanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias.

"La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución.

"La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.

"Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del título cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro.

"Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino."

Ahora bien, una interpretación armónica y sistemática del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, julio de 2001, página 1161, permite establecer que en asuntos en los que se hubiese planteado la inconstitucionalidad de leyes federales, cuyo conocimiento se delegó a los Tribunales Colegiados de Circuito, por regla general, éstos serían quienes podrían emitir jurisprudencia, ya que fungen como órganos terminales y, eventualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación -tratándose de contradicción de tesis o de facultad de atracción-.

En tales condiciones, cuando sobre el tema debatido, tratándose de asuntos de competencia delegada, exista jurisprudencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, este órgano jurisdiccional considera válido hacer extensivo el beneficio de la suplencia de la queja deficiente prevista en el citado artículo 76 Bis, fracción I, y no únicamente cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia del Alto Tribunal.

Lo anterior es así, debido a que cuando se instituyó la referida suplencia de la queja deficiente el artículo 94 de la Constitución Federal, no preveía que la Suprema Corte delegara el conocimiento de asuntos de su competencia originaria a los Tribunales Colegiados de Circuito, como los que enmarca de manera ejemplificativa el punto quinto, fracción I, inciso B) del aludido acuerdo general; en tales condiciones, es inconcuso que en tal supuesto, la hipótesis normativa prevista en la fracción I del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, debe adaptarse a la nueva realidad legal que impera en el sistema jurídico del juicio de amparo, y hacer extensivo el mencionado beneficio cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, máxime cuando la finalidad de la figura es evitar la aplicación de leyes inconstitucionales, en aras de velar por el principio de supremacía constitucional.

Conviene citar en apoyo a lo anterior, la tesis aislada que se comparte, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en la página 3327, Tomo XXVI, octubre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. ES APLICABLE RESPECTO DE JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CON MOTIVO DE LA COMPETENCIA DELEGADA EN SU FAVOR POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A TRAVÉS DEL PUNTO QUINTO DE SU ACUERDO GENERAL NÚMERO 5/2001. De conformidad con el artículo 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde originariamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de los recursos de revisión relacionados con el tema de constitucionalidad de leyes; sin embargo, dicha facultad fue delegada en favor de los Tribunales Colegiados de Circuito, en los términos precisados en el punto quinto del Acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, julio de 2001, página 1161, emitido en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 94, párrafo séptimo, constitucional. Así, tal circunstancia origina que generalmente no sea el Máximo Tribunal quien conozca de la constitucionalidad de las normas que versen sobre las materias precisadas en dicha porción del referido acuerdo y, en consecuencia, sean los Tribunales Colegiados órganos terminales. Por tal razón, en estos casos es aplicable la suplencia de la queja deficiente, prevista en la fracción I del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, a fin de garantizar la funcionalidad del sistema jurídico y evitar la aplicación de leyes inconstitucionales."

Igualmente es dable invocar la tesis aislada que este tribunal hace suya, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, localizable en la página 1167, Tomo XXVII, mayo de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE FUNDE EN LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CON MOTIVO DE LA COMPETENCIA DELEGADA EN ESA MATERIA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. ORIGEN Y RAZONES DE SU PROCEDENCIA. El artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda o de los agravios formulados en los recursos que la propia ley establece, en cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Ahora bien, en el considerando tercero del Acuerdo General 10/2000, de siete de septiembre de dos mil, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de 2000, página 839, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que por decreto de nueve de junio de mil novecientos noventa y nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del mismo año, se reformó entre otros, el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo párrafo séptimo se otorgó al propio Pleno la facultad para expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como para remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquellos en los que hubiere establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos determine, para una mejor impartición de justicia. Asimismo, en los puntos considerativos sexto, séptimo y octavo, estimó que de la experiencia obtenida en el despacho de asuntos en el Pleno y en las Salas, se demostró que por cuestiones técnicas y formales la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en detrimento de su función esencial que es concentrarse en asuntos de constitucionalidad de trascendencia e importancia, había destinado parte significativa de su tiempo en ocuparse de cuestiones diferentes, lo que evidenciaba que no se había logrado la deseable desconcentración de asuntos, especialmente de aquellos en los que se impugnan leyes locales, los que sólo excepcionalmente trascienden de manera significativa en el orden jurídico nacional, y era evidente la conveniencia de que se resolvieran con la mayor cercanía a los justiciables, de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, como manda el artículo 17 de la Constitución Federal, por los Tribunales Colegiados de Circuito distribuidos en todo el territorio nacional; y que éstos tienen una sólida experiencia en la resolución de amparos que requieren el estudio de la constitucionalidad de leyes, pues de conformidad con el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en términos del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 166 de la Ley de Amparo, fallaban cotidianamente sobre tales aspectos cuando en las demandas de amparo directo se hacen valer conceptos de violación de constitucionalidad, así como en resolver, en revisión, amparos promovidos contra normas generales, pues previamente contaban c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24067-16435bfe/impuesto-para-educacion-y-obras-publicas-municipales-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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