Corpus
Modo: Corpus Pro

AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA QUE ES VINCULADA POR EL TRIBUNAL DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DEL LAUDO, EN TÉRMINOS DE LA LEY NÚMERO 364 ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 33/2018. · Registro digital (IUS): 33110
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2025-04-04
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Abril de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.525.

AMPARO EN REVISIÓN 33/2018. 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE SEBASTIÁN MARTÍNEZ GARCÍA. SECRETARIO: JOSÉ VEGA LUNA.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Los agravios expuestos por la autoridad tercera interesada (Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz) son parcialmente fundados, mientras que los agravios formulados por la autoridad responsable (Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz) son fundados; mismos que se analizarán en forma conjunta en la medida en que están estrechamente relacionados, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo.

Cabe precisar que el análisis de tales inconformidades se hará en sus justos alcances, sin ir más allá de lo que en ellas se plantean, pues en materia laboral la suplencia de la queja únicamente procede en beneficio de la clase trabajadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; además, no se advierte que la sentencia recurrida se encuentre fundada en una ley declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por el Pleno de Circuito a que pertenece a este órgano colegiado, para estar en aptitud legal de proceder conforme a la fracción I, del citado precepto legal; incluso obviamente, tampoco se está en el caso de la fracción VII de ese numeral, pues no se aprecia que la inconforme esté en condiciones de pobreza o marginación y, por ende, se encuentre en clara desventaja social para su defensa en el juicio.

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 158/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 359, Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. El artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el numeral 79, fracción V, de ley de la materia en vigor al día siguiente, al prever expresamente que la suplencia de la queja deficiente en materia laboral procede sólo a favor del trabajador, es producto de los procesos históricos de reforma constitucional y legal, cuya distinción de trato, en relación con el patrón, radica en que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos, derivado de que: a) el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo regulan la relación laboral como un derecho de clases; b) el patrón tiene mayores posibilidades económicas, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados y, al tener la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio; y, c) la protección a bienes elementales tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral; motivo por el cual se le liberó de la obligación de ser experto en tecnicismos jurídicos, lo que contribuyó, por un lado, a que no se obstaculizara la impartición de justicia y, por otro, a la salvaguarda de los derechos fundamentales consagrados en el referido artículo 123 de la Carta Magna. En esas condiciones, la Segunda Sala reitera el criterio de la jurisprudencia 2a./J. 42/97 (*), en el sentido de que es improcedente la suplencia de la queja deficiente a favor del patrón, inclusive bajo el contexto constitucional sobre derechos humanos imperante en el país, y en consecuencia, la circunstancia de que sólo opere en beneficio del trabajador, no vulnera el de igualdad y no discriminación, porque la distinción de trato en referencia con el trabajador está plenamente justificada y, por lo mismo, resulta proporcional, es decir, sí guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, ya que tal diferenciación constituye una acción positiva que tiene por objeto medular compensar la situación desventajosa en que históricamente se ha encontrado la clase trabajadora frente a la patronal."

Ahora bien, la autoridad tercera interesada Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz, aduce que el Juez de Distrito al emitir la sentencia combatida violó en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales.

El aludido agravio es inoperante, pues según ha sido considerado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 2/97, cuyos rubro y texto a continuación se citan e identifican, los motivos de agravio esgrimidos en un recurso de revisión, en el que la parte recurrente alega, esencialmente, que el Juez federal al emitir la sentencia violó sus derechos fundamentales, deben reputarse como inoperantes, ya que siendo el recurso de revisión un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, con el objeto de que el tribunal de segundo grado vuelva a analizar los motivos y fundamentos que aquél tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos; luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios planteados en ese sentido, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña, ya que, si así se hiciera, se trataría al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo.

El criterio jurídico del que se acaba de dar noticia, aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 5, del siguiente contenido:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

Por otra parte, la autoridad tercera interesada recurrente, expone que el Juez de Distrito al emitir la sentencia recurrida, se apoyó en la tesis I.7o.A.20 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 799, Tomo X, agosto de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SENTENCIAS. SU CUMPLIMIENTO ES INELUDIBLE. De acuerdo al contenido del artículo 17 constitucional, es una garantía la plena ejecución de las resoluciones que dicten los tribunales; en razón de ello, quien queda constreñido al acatamiento de una sentencia no puede pretender eximirse de esa obligación alegando alguna circunstancia ajena a la litis."

Sin embargo, señala la citada recurrente que se trata de una tesis aislada del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo que dicho juzgador federal se encuentra en el Séptimo Circuito, por lo que al apoyar su argumento en esa tesis viola lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, que establece:

"...Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente.

La jurisprudencia que establezcan los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás Tribunales Colegiados de Circuito.

La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna..."

El referido motivo de disenso resulta inoperante por genérico, pues la recurrente no explica de qué forma le causa agravio el hecho de que el Juez de Distrito al emitir la sentencia combatida se haya apoyado en una tesis aislada de un Tribunal Colegiado de Circuito que se encuentra fuera del Séptimo Circuito, ya que el citado inconforme solamente mencionó que al aplicarse la tesis aislada de otro Circuito se violó lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo y lo transcribió, empero, no indica de qué forma le causa perjuicio tal proceder del juzgador federal, esto es, dicho agravio carece de una estructura lógico-jurídica; de ahí que, como ya se dijo, el argumento de mérito deviene inoperante.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XXXII/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1205, Libro 31, junio de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA IMPUGNADA VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS TRANSCRIBE. Los agravios constituyen el conjunto de enunciados concretos respecto a cuestiones debatidas en un juicio, manifestados a través de razonamientos lógico-jurídicos tendientes a desvirtuar los argumentos y conclusiones del órgano jurisdiccional. Por tanto, la transcripción de los preceptos constitucionales o legales que se consideran violados no puede ser suficiente para formular un agravio, pues no basta la simple expresión de manifestaciones generales y abstractas, sino que es necesario precisar la manera en que se actualizan los perjuicios a que se refiere y explicar las consecuencias que, en su caso, se hayan producido. En ese sentido, si el recurrente únicamente se limita a manifestar que la sentencia impugnada viola en su perjuicio diversas disposiciones constitucionales o legales y las transcribe, careciendo de una estructura lógico-jurídica, dicho agravio debe calificarse de inoperante."

En otro orden, la autoridad tercera interesada recurrente, señala que en su carácter de parte demandada: "...en ningún momento ha eludido el cumplimiento del laudo emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en el expediente laboral **********, del índice del referido órgano jurisdiccional, sino que se han realizado en tiempo y forma las gestiones para lograr dicho cumplimiento, no obstante ser un hecho notorio la grave crisis financiera que atraviesa el Gobierno de Veracruz, proveniente de las anteriores administraciones..."

El mencionado agravio resulta inoperante, porque la parte recurrente no combate las consideraciones torales que sustentan la sentencia aquí impugnada, en donde el juzgador federal, sostuvo:

"...Ahora bien, en materia de cumplimiento de sentencias, concretamente de aquellas dictadas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, resulta necesario atender a lo dispuesto en los artículos 198 y 223 de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, que dicen:

"Artículo 198. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y las Salas en su caso, podrán emplear cualquiera de los medios de apremio necesarios, conjunta o indistintamente, para que las personas concurran a las audiencias en las que su presencia sea indispensable o para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. Los medios de apremio que pueden emplearse son: I. Multa, hasta de 15 veces el salario mínimo general diario vigente en el lugar y tiempo en el que se cometió la infracción. II. Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública; y. III. Arresto hasta por treinta y seis horas.

Artículo 223. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o las Salas, tienen obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictarán todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes."

De la interpretación de los preceptos transcritos, se advierte que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes; así como de emplear cualquiera de los medios de apremio necesarios, conjunta o indistintamente, para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones.

Ahora bien, de las constancias que remitió el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2o., se advierte que el veintisiete de marzo de dos mil catorce [fojas 1 a 45 del anexo], el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz dictó laudo, en el que condenó a la **********, a reinstalar a la actora a su fuente de trabajo y al pago de diversas prestaciones de índole laboral; y si bien es cierto que en diligencia de veintiocho de octubre de dos mil quince, se llevó a cabo la reinstalación de la actora a su fuente de trabajo [fojas 147 a 149 del anexo], sin embargo, no se ha cubierto el monto materia de condena a razón de **********.

Lo anterior, porque si bien la parte demandada fue apercibida que en caso de incumplimiento a la condena se procedería al embargo de bienes propios [fojas 275 y 307 del anexo], e incluso, se le ha impuesto multa por el equivalente a cincuenta días de unidad de medida y actualización [foja 317 del anexo], esas medidas han sido insuficientes para lograr el pago de la condena y por ende, subsiste la rebeldía y el incumplimiento de una resolución jurisdiccional, lo cual, en un estado de derecho, resulta jurídicamente inaceptable.

Lo anterior, con independencia de que en las diligencias de requerimiento de pago, la parte demandada haya manifestado que no cuenta con bienes propios; que de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Bienes del Estado de Veracruz, los bienes propiedad del Estado son inembargables [foja 292 del anexo]; que la autoridad facultada para autorizar el monto es la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, y que se encuentra en espera para que esa dependencia otorgue el dictamen de suficiencia presupuestal, documento que aduce es indispensable para hacer efectivo el pago requerido [fojas 275 vuelta, 292 y 308 del anexo]; y se advierta el oficio de quince de agosto de dos mil diecisiete [foja 337 del anexo], en el que, la Jefa de la Unidad Administrativa de la **********, informó sobre las gestiones que ha realizado para el cumplimiento del laudo, a saber, el acuse de recibo del oficio remitido a la Tesorería de Finanzas y Planeación, pues las manifestaciones realizadas por la autoridad demandada y la documental antes mencionada resultan insuficientes para demostrar que las medidas adoptadas son idóneas para lograr el cumplimiento total de la sentencia, en tanto que, hasta la presentación de la demanda de amparo no se ha logrado el total cumplimiento de ese fallo.

Ello, porque la Secretaría demandada ineludiblemente está obligada a cumplir con dicha condena, en términos de lo dispuesto en los artículos 30, fracción XII, y 211 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, que establecen:

"Artículo 30. Son obligaciones de las Entidades Públicas: (...); XII. Cumplir con las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y de las Salas Especiales en su caso.

Artículo 211. Las resoluciones dictadas por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y las Salas no admiten ningún recurso y deberán ser cumplidas, desde luego, por las autoridades correspondientes."

Entonces, resulta evidente la vulneración a lo previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 198, 223 y 224 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, pues el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz no ha emitido todas las medidas necesarias para lograr el efectivo cumplimiento del laudo, y la autoridad obligada, de hecho continúa en rebeldía, violando derechos fundamentales y afectando el estado de derecho que, en todo caso, debe prevalecer y a lo cual la entidad pública demandada está constitucionalmente obligada; sin embargo, persiste su rebeldía, pues como ya quedó de relieve con anterioridad, el apercibimiento de embargar bienes propios y la multa han sido insuficientes para lograr el cumplimiento del fallo.

Por ende, a fin de cumplir con lo previsto en el artículo 17 constitucional, la autoridad responsable debe emplear todos los demás medios de apremio previstos en el artículo 198 de la referida ley a fin de vencer la conducta contumaz de la parte demandada, esto es, no basta que imponga alguna medida de apremio sino que además debe ordenar a las autoridades exactoras su cumplimiento, así como girar los oficios correspondientes al Gobernador del Estado de Veracruz, al Congreso de esa entidad y a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, incluyendo al tesorero de esa institución, para que en el ámbito de su respectiva competencia, realicen las gestiones necesarias para que se incluya en la partida presupuestal el monto materia de condena..." En estas circunstancias, ante lo ineficaz de los argumentos que se atienden, este tribunal no tiene base para emprender el estudio de las consideraciones medulares expuestas en la sentencia recurrida, precisamente, porque no son rebatidas jurídicamente por la hoy recurrente con los supracitados agravios, en los que en sí, se limita a señalar que en ningún momento ha eludido el cumplimiento del laudo, sino que se han realizado en tiempo y forma las gestiones para lograr dicho cumplimiento, pero sin combatir frontalmente las argumentaciones antes transcritas; incluso, la concesión del amparo fue contra el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, quien según el Juez de Distrito no ha emitido todas las medidas necesarias para lograr el efectivo cumplimiento del laudo y que la autoridad demandada persistía en su rebeldía, pues el apercibimiento de embargar bienes propios y la multa impuesta han sido insuficientes para lograr el cumplimiento del fallo.

Lo cual debe permanecer intocado, y correcto o no, continuar rigiendo el fallo recurrido, al no ser procedente aplicar en este caso la suplencia de la queja deficiente, como ya se dijo al inicio de este considerando.

Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia V.2o. J/12, que se comparte, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 80, Tomo VIII, octubre de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son:

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ESTAR EN RELACIÓN DIRECTA CON LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA. Los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en la sentencia que se recurre y forzosamente deben contener, no sólo la cita de las disposiciones legales que se estimen infringidas y su concepto, sino también la concordancia entre aquéllas, éste y las consideraciones que fundamenten esa propia sentencia, pues de adoptar lo contrario, resultaría la introducción de nuevas cuestiones en la revisión, que no constituyen su materia, toda vez que ésta se limita al estudio integral del fallo que se combate, con vista de los motivos de inconformidad que plantean los recurrentes."

En otro aspecto, la autoridad tercera interesada inconforme, alega que el Juez de Distrito al emitir la sentencia recurrida, no llevó a cabo la ponderación de derechos, pues resulta claro que se está controvirtiendo un derecho humano de naturaleza individual (el de la quejosa), frente a derechos humanos también individuales y colectivos del Estado, pues una condena desproporcionada como la que se contiene en el laudo, cuyo incumplimiento en su ejecución ha dado motivo a la interposición del juicio de amparo indirecto, debe ponderarse frente a todos los derechos humanos de los habitantes del pueblo de Veracruz, ya que la erogación por parte de la Hacienda Pública del Estado de Veracruz, por la cuantía de su condena repercute gravemente en la tutela de otros derechos humanos a que tienen derecho los veracruzanos, como son: la salud, educación, vivienda, transporte y cualquier otro que derive de las actividades propias del gobierno.

Los citados agravios son inoperantes por ser ajenos a la litis constitucional, pues el Juez de Distrito concedió el amparo contra el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, porque estimó que dicha autoridad responsable no había emitido todas las medidas necesarias para lograr el efectivo cumplimiento del laudo, ya que el apercibimiento de embargar bienes propios y la multa impuesta a la parte demandada habían sido insuficientes para lograr el cumplimiento del fallo; por ello, expuso que con la finalidad de cumplir con lo previsto en el artículo 17 de la Carta Magna, el tribunal burocrático debía emplear todos los demás medios de apremio previstos en el artículo 198 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, fin de vencer la conducta contumaz de la parte demandada, esto es, no bastaba que impusiera alguna medida de apremio sino que además debía ordenar a las autoridades exactoras su cumplimiento, así como girar los oficios correspondientes al Gobernador del Estado de Veracruz, al Congreso de esa entidad y a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, incluyendo al Tesorero de esa institución, para que en el ámbito de su respectiva competencia, realicen las gestiones necesarias para que se incluyera en la partida presupuestal el monto materia de condena.

De ahí que lo que aquí alega la recurrente, de que si la condena decretada en el laudo es desproporcionada o no y que si la erogación que se hará para su cumplimiento repercute o no en los derechos humanos de los veracruzanos, es una cuestión ajena a la que fue materia de la litis en el juicio de amparo indirecto, por lo tanto, se reitera, los argumentos así planteados son inoperantes.

Finalmente, la autoridad tercera interesada Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz y la autoridad responsable (Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz), aducen que el Juez de Distrito, indebidamente concedió el amparo contra la autoridad señalada como responsable Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, cuando lo correcto era sobreseer en el juicio, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, pues no puede atribuírsele la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, porque no se encuentra en una relación de supra a subordinación con la actora, sino dentro de una relación de coordinación con la citada trabajadora, esto es, solamente se le vinculó al cumplimiento del laudo decretado en el expediente laboral.

Los agravios de mérito son fundados.

En efecto, tal como lo destacó el Juez de Distrito en la sentencia recurrida, de las constancias que integran el expediente laboral ********** del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que el veintisiete de marzo de dos mil catorce se emitió laudo, a través del cual se condenó a la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz, a reinstalar a la actora ********** en su fuente de trabajo y al pago de diversas prestaciones de índole laboral (fojas 1 a la 45 del tomo I de pruebas, relativo al juicio de amparo indirecto **********); en la diligencia de veintiocho de octubre de dos mil quince, se llevó a cabo la reinstalación de la actora en su fuente de trabajo (fojas 147 a la 149 del tomo I de pruebas, relativo al juicio de amparo indirecto **********); sin embargo, de esas constancias de autos se aprecia que no se ha cubierto el monto materia de condena a razón de "**********" (**********); ante esa circunstancia, mediante proveído de cuatro se marzo de dos mil dieciséis, a solicitud de la parte actora, el tribunal burocrático vinculó al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz al cumplimiento del laudo a fin de que autorizara la erogación correspondiente (fojas 196 a la 198 del tomo I de pruebas, relativo al juicio de amparo indirecto **********).

Así, tal como lo refieren las autoridades recurrentes, se debe sobreseer el juicio de amparo indirecto por cuanto hace al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, pues en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, ya que dicha autoridad administrativa estatal vinculada al cumplimiento del laudo, no realizó actos de autoridad en la controversia laboral.

Lo anterior se sostiene así, pues las actividades de imperio, deben entenderse, las que con fundamento en una norma jurídica se dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar, con el fin de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, las omisiones que no permitan materializar lo anterior.

Y, el juicio de amparo sólo procede cuando se reclamen actos provenientes de relaciones de supra a subordinación que afecten derechos de particulares y no contra actos derivados de relaciones de coordinación, concebidas las primeras (de supra a subordinación), como las existentes entre gobernantes y gobernados, en las que los primeros se encuentran en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público e interés social; mientras que las segundas (de coordinación), son las establecidas entre particulares situados en una situación de igualdad y bilateralidad, regida por el derecho privado.

En ese contexto, la omisión reclamada por la quejosa y que se le atribuye al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, no proviene de nexos de supra a subordinación, por lo que no puede ser considerado acto de autoridad contra el que proceda el medio de control de constitucionalidad, al derivar de un juicio laboral, en el que las actividades de las autoridades vinculadas, se asemejan a las de un particular que debe cumplir obligatoriamente, aunado a que la quejosa puede solicitar de modo directo al resolutor de ese litigio, el cumplimiento de su resolución, en relación con lo cual se estiman aplicables al caso, por analogía, las jurisprudencias 2a./J. 79/2014 (10a.), 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 34/2018 (10a.), sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las páginas 699 y 478, Libro 9, agosto de 2014, Tomo II, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II y Libro 53, abril de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que expresan:

"AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33110-b0b7ca18/autoridad-responsable-para-efectos-del-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.