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SUCESIÓN LEGÍTIMA. SI EL DE CUJUS FALLECIÓ ANTES DE LA REFORMA A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 1602, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADA EN SU GACETA OFICIAL EL 7 DE JUNIO DE 2006, PERO LA RESOLUCIÓN FIRME QUE DETERMINA LA INEXISTENCIA DE LOS SUCESORES LEGÍTIMOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN I DEL MISMO PRECEPTO ES POSTERIOR A LA ENTRADA EN VIGOR DE AQUÉLLA, LA INSTITUCIÓN CON DERECHO A HEREDAR ES EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 252/2012. · Registro digital (IUS): 24084
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO CUARTO Y EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 1, Pág. 842.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 252/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO CUARTO Y EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 22 DE AGOSTO DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS RESPECTO AL FONDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia civil (penal), en la que se encuentra especializada esta Sala.

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre dos Tribunales Colegiados de un mismo circuito.

En esa distribución de competencias, esta Primera Sala advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra reconocida constitucionalmente como órgano terminal en la solución de este tipo de conflictos; de ahí que dicha competencia constitucional para conocer de contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como sucede en el presente caso.

Tal extensión de competencia encuentra justificación jurídica en un criterio de mayoría de razón, dado que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, este Alto Tribunal debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se generaría indefinición en la solución de asuntos como el que ahora se analiza, en claro perjuicio del orden público y el interés social.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.

I. El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el diecinueve de febrero de dos mil nueve, el amparo en revisión 16/2009, del que es necesario conocer los antecedentes que se resumen a continuación:

1. Por escrito de tres de octubre de dos mil siete, **********, por derecho propio, denunció el juicio sucesorio intestamentario a bienes de **********, quien falleció el veinticinco de febrero de dos mil uno, cuyo conocimiento le correspondió al Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Federal, quien mediante sentencia interlocutoria de dieciséis de julio de dos mil ocho, determinó declarar como único y universal heredero y albacea definitivo al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal.

2. Inconforme con la determinación, la administración del patrimonio de la beneficencia pública interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento le correspondió a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la cual determinó confirmar la sentencia interlocutoria recurrida el primero de octubre de dos mil ocho.

3. Inconforme con la determinación, la parte apelante interpuso juicio de amparo indirecto, cuyo conocimiento le correspondió al Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, quien determinó conceder el amparo.

En desacuerdo con lo anterior, el tercero perjudicado, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, promovió recurso de revisión del cual correspondió conocer al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el que determinó confirmar la resolución recurrida y amparar a la parte quejosa de acuerdo con las siguientes consideraciones sustanciales:

• La ley que debe aplicarse, para determinar qué institución tiene derecho a heredar por sucesión legítima, en caso de no existir sucesores legítimos, es la vigente al momento del fallecimiento, por las siguientes razones:

• De las reformas de los artículos 1602, fracción II, 1745, fracción IV, 1636, 1637 y 1726 del Código Civil para el Distrito Federal;(4) y 779, 815, 817 y 843 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal;(5) así como de la exposición de motivos respectiva,(6) que dio origen a las mismas, se desprende que la única variación que existió fue en el sentido de que la institución tiene derecho a heredar a falta de alguno de los sucesores legítimos contemplados en el artículo 1602, fracción I, del Código Civil para el Distrito Federal. En lugar de decir beneficencia pública, los preceptos se reformaron para quedar el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

• Las reformas que sufrió el Código Civil para el Distrito Federal no son de naturaleza procesal, porque lo dispuesto en esas normas, en su esencia, es de carácter sustantivo, pues al estarse en el caso de fallecimiento y que no existieren sucesores legítimos, los bienes pasarán a la beneficencia pública, siendo actualmente dicho derecho del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal.

• Por tanto, si el fallecimiento del de cujus aconteció antes de la publicación de las reformas, es en ese momento cuando nace el derecho o la capacidad de los sucesores para adquirir los bienes que pertenecían al de cujus, por lo que ese derecho y capacidad deben ser analizados remitiéndose al tiempo en que ocurrió la muerte, aun cuando a la fecha de la iniciación de la denuncia del juicio sucesorio intestamentario ya se habían publicado las reformas.

• Debe tomarse en cuenta que en materia de sucesiones, para efectos de aplicación de una ley, debe tomarse en cuenta la fecha en que ocurrió el fallecimiento, conforme el artículo 1649 del Código Civil para el Distrito Federal,(7) precepto que debe interpretarse como en qué momento surge el derecho a heredar, y éste será cuando ocurre el fallecimiento del autor de la herencia, esto es, a partir de dicho deceso es cuando surgen los derechos sucesorios para los que tuvieran derecho al acervo hereditario.

• El momento del fallecimiento es el que indica los derechos que se generan y, por tanto, es conforme a la ley que rige en ese momento por la cual debe regularse todo lo relativo al mismo, ya que de tomar en cuenta la ley vigente al momento en que se inicia el juicio, pueden afectarse derechos de los presuntos herederos que surgieron inmediatamente después del fallecimiento. Por tanto, el derecho a heredar de la beneficencia pública no se trata de una expectativa de derecho, sino de un derecho adquirido desde el momento en que fallece el de cujus, y si la fecha de fallecimiento es anterior a las reformas, entonces quien tiene derecho a heredar a falta de sucesores legítimos es la beneficencia pública, pues fue en esa fecha el momento en que se generó el derecho a la herencia. Sirve de sustento, por analogía, la tesis: "DERECHOS AGRARIOS. LA CAPACIDAD LEGAL PARA ADQUIRIRLOS POR SUCESIÓN, DEBE ANALIZARSE EN LA ÉPOCA EN QUE SUCEDIÓ EL FALLECIMIENTO DEL DE CUJUS.".(8) Asimismo, se sustentó en las tesis: "SUCESIÓN, DERECHOS DE LA. SE RIGEN POR LAS DISPOSICIONES VIGENTES AL FALLECIMIENTO DEL AUTOR DE LA, Y NO DE LA MUERTE DE QUIEN PUEDA SER HEREDERO."(9) y "SUCESORES DE DERECHOS AGRARIOS. APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, CUANDO EL TITULAR FALLECIÓ DURANTE SU VIGENCIA, NO SE HIZO LA DESIGNACIÓN CORRESPONDIENTE Y EXISTEN DOS O MÁS PERSONAS CON DERECHO A LA SUCESIÓN EN EL MISMO GRADO DE PREFERENCIA."(10)

II. El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el veintiuno de agosto de dos mil ocho el amparo en revisión 209/2008, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes:

1. Mediante escrito de cuatro de septiembre de dos mil seis, **********, **********, ********** y **********, todos de apellidos **********, denunciaron la sucesión intestamentaria a bienes de **********, quien falleció el cuatro de enero de mil novecientos noventa y dos, y en el mismo escrito, los tres últimos manifestaron repudiar la herencia; el conocimiento del asunto correspondió al Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Federal, quien mediante resolución de veintidós de agosto de dos mil siete, determinó que ********** no acreditó su entroncamiento y, en consecuencia, declaró como única y universal heredera a bienes de ********** y albacea definitivo de la sucesión a la beneficencia pública.

2. Inconforme con la determinación, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento le correspondió a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la cual determinó revocar la interlocutoria recurrida y resolver a favor de **********.

3. Inconforme, la administración de la beneficencia pública interpuso juicio de amparo, cuyo conocimiento le correspondió al Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, quien determinó conceder el amparo para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente el fallo reclamado y, en su lugar, dictara otro, sujetándose a los agravios formulados en la apelación.

4. En cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la Sala responsable dejó insubsistente la resolución recurrida y dictó nueva resolución el tres de marzo de dos mil ocho, en la que determinó revocar la sentencia interlocutoria recurrida y declaró como única, universal heredera y albacea al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

5. Inconforme con la resolución anterior, la administración del patrimonio de la beneficencia pública interpuso nuevamente juicio de amparo, cuyo conocimiento correspondió al Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, quien determinó conceder el amparo, esencialmente para que la responsable resolviera en el sentido de confirmar la sentencia que declaró como única y universal heredera a bienes de ********** y albacea definitivo de la sucesión a la beneficencia pública.

6. Inconforme con la determinación, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual determinó revocar la sentencia recurrida y no amparar a la parte quejosa, lo anterior de acuerdo con las siguientes consideraciones sustanciales:

• No se viola la garantía de irretroactividad de la ley en perjuicio de la quejosa (beneficencia pública), por las siguientes razones:

• Es pertinente tomar en cuenta el artículo 14, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para determinar si, efectivamente, la aplicación de los artículos 1636 del Código Civil(11) y 815 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal,(12) en sus textos reformados publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del siete de junio de dos mil seis, que prevén que a falta de herederos sucederá el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, son violatorias o no de la garantía de irretroactividad de la ley en perjuicio de la quejosa.

• Para determinar si una disposición normativa viola el artículo 14, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe atenderse a la teoría de los componentes de la norma, para lo cual habrá que tomar en cuenta los distintos momentos en que se realiza el supuesto o supuestos jurídicos, la consecuencia o consecuencias que de ellos derivan y la fecha en que entra en vigor la nueva disposición. Sirve de sustento la jurisprudencia: "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA."(13)

• El derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho, pues mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al futuro.

• La aplicación de los artículos 1636 del Código Civil y 815 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, en su texto reformado, no viola el principio de irretroactividad de la ley, si se parte de la base de que a la fecha del fallecimiento del de cujus, la beneficencia pública no tenía en su patrimonio ningún derecho adquirido que hubiese nacido durante la vigencia de los artículos reformados con los bienes de aquél, y ni siquiera una expectativa de derecho, puesto que durante esa época aún no se promovía la denuncia de la sucesión intestamentaria a bienes del de cujus en el que pudiera o no concretarse ese derecho.

• Examinadas en conjunto ambas disposiciones, para tener como heredera a la beneficencia pública, no sólo es suficiente que no se presentara aspirante alguno a la herencia (antes o después de los edictos), sino que no fuera reconocido con derecho a la herencia a ninguno de los pretendientes, lo que en el caso se actualizó en la resolución dictada el veintidós de agosto de dos mil siete, de tal manera que si ese derecho se generó en la época en que se encontraban vigentes las reformas de los artículos en comento, el derecho para heredar los bienes del de cujus le corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal.

• Es cierto que conforme el artículo 1288 del Código Civil para el Distrito Federal,(14) a la muerte del autor de la sucesión los herederos adquieren el derecho a la masa hereditaria como a un patrimonio común, mientras que no se hace la división; sin embargo, para que se declare la adquisición de la masa hereditaria, es indispensable que se lleve a cabo el procedimiento sucesorio respectivo previsto en la ley, en el cual, el Juez declara o no el derecho a heredar.

• El punto de partida para determinar los derechos sucesorios de la quejosa (beneficencia pública) inicia a partir del dictado de la resolución firme en la que obtiene una declaración de heredera, y no a la muerte del de cujus, de modo que los efectos de dicha resolución no pueden retrotraerse al fallecimiento de aquél, si en aquella época la beneficencia pública no tenía ningún derecho adquirido. Sirve de sustento la tesis: "DERECHOS ADQUIRIDOS."(15)

CUARTO. En primer lugar, debe precisarse que el objeto de la resolución de una contradicción de tesis radica en unificar los criterios contendientes. Es decir, para identificar si es existente la contradicción de tesis deberá tenerse como premisa generar seguridad jurídica.

De diversos criterios de esta Suprema Corte, podemos derivar las siguientes características, que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de tesis:

1. No es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas. Sirve de sustento la jurisprudencia: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(16) y la tesis: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.";(17)

2. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

3. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general;

4. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible;

5. Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.".(18)

De acuerdo con lo anterior, esta Sala estima que en el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada, en relación con los criterios sustentados por los tribunales contendientes al ocuparse de resolver los juicios de amparo en revisión números 209/2008, del índice del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado y el 16/2009, del índice del Décimo Primer Tribunal Colegiado, ambos en Materia Civil del Primer Circuito.

Lo anterior es así, ya que los Tribunales Colegiados contendientes analizaron un mismo punto jurídico, consistente en determinar: en caso de no existir sucesores legítimos de los previstos en el artículo 1602, fracción I, del Código Civil para el Distrito Federal,(19) cuando el de cujus falleció en fecha anterior a la reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de siete de junio de dos mil seis, pero la sentencia que determinó la ausencia de los indicados herederos es de fecha posterior a la entrada en vigor de tales reformas, cuál es la institución con derecho a heredar por sucesión legítima (beneficencia pública por aplicación de la fracción II del artículo 1602 de esa ley, antes de las reformas de junio de dos mil seis;(20) o el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia por aplicación de la misma fracción después de las reformas señaladas).(21)

En efecto, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo que el fallecimiento es el momento en el que nace el derecho o la capacidad de los sucesores para adquirir los bienes que pertenecían al de cujus, por lo que ese derecho y capacidad deben ser analizados remitiéndose al tiempo en que ocurrió la muerte (previo a la entrada en vigor de las reformas de junio de dos mil seis), aun cuando a la fecha de la iniciación de la denuncia del juicio sucesorio intestamentario ya se habían publicado las reformas. Que de esta manera, es la ley que rige en el momento de la muerte la que regula todo lo relativo a los derechos sucesorios, ya que de tomar en cuenta la ley vigente al momento en que se inicia el juicio, pueden afectarse los derechos de los presuntos herederos que surgieron inmediatamente después del fallecimiento. Por lo que, si el fallecimiento se dio durante la vigencia de los artículos anteriores a la reforma, el derecho para heredar los bienes del de cujus le corresponde a la beneficencia pública (por aplicación de la fracción II del artículo 1602 del Código Civil para el Distrito Federal antes de las reformas de junio de dos mil seis).

Por otro lado, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito señaló que el dictado de sentencia firme es el momento en el que surgen los derechos sucesorios y no el fallecimiento, de modo que los efectos de dicha resolución no pueden retrotraerse al fallecimiento de aquél, si en aquella época la beneficencia pública no tenía ningún derecho adquirido. Que examinados en conjunto los artículos 1636 del Código Civil y 815 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, para tener como heredera a la beneficencia pública, no basta con que no se presente aspirante alguno a la herencia, sino que no fuera reconocido con derecho a la herencia a ninguno de los pretendientes, lo cual en el caso se actualizó en la resolución dictada el veintidós de agosto de dos mil siete, de tal manera que si ese derecho se generó en la época en que se encontraban vigentes las reformas de los artículos en comento, el derecho para heredar los bienes del de cujus le corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (por aplicación de la fracción II del artículo 1602 del Código Civil para el Distrito Federal, después de las reformas de junio de dos mil seis).

Con lo anterior, puede llegarse a la conclusión de que sí existe la contradicción de tesis denunciada y que la litis de la misma consiste en determinar: en caso de no existir sucesores legítimos de los previstos en el artículo 1602, fracción I, del Código Civil para el Distrito Federal,(22) cuando el de cujus falleció en fecha anterior a la reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de siete de junio de dos mil seis, pero la sentencia que determinó la ausencia de los indicados herederos es de fecha posterior a la entrada en vigor de tales reformas, cuál es la institución con derecho a heredar por sucesión legítima, la beneficencia pública (por aplicación de la fracción II del artículo 1602 de esa ley, antes de las reformas de junio de dos mil seis); o el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (por aplicación de la misma fracción después de las reformas señaladas).

QUINTO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

I. Herederos legítimos. Distinción entre herederos legítimos ordinarios y terminales

El artículo 1599 del Código Civil para el Distrito Federal(23) establece las hipótesis en las que es procedente que se abra la sucesión legítima, destacando para el caso que una vez abierta esa clase de sucesión, se debe establecer quiénes son los herederos legítimos.

El contenido del artículo 1602 de la misma legislación civil, tanto en su texto anterior,(24) como en el posterior(25) al decreto de reformas publicado el siete de junio de dos mil seis, permite advertir que el legislador estableció dos categorías de sucesores legítimos cuya determinación es excluyente pero además sucesiva.

Una primera categoría que puede considerarse como preferente ordinaria, se prevé en la fracción uno del precepto, y corresponde a los descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado y la concubina o el concubinario que cumpla con los requisitos previstos por la ley. En esta categoría se estima que basta que se actualice alguna de las hipótesis legales que dan pie a que se abra la sucesión legítima, para que tales herederos adquieran esa calidad y el consecuente derecho previsto en el artículo 1288 de la misma ley(26) sobre la masa hereditaria como patrimonio común, entre tanto se haga la división.

La segunda categoría se puede considerar como no preferente extraordinaria o terminal, se prevé en la segunda fracción del artículo 1602 de la indicada ley y señala que a falta de los herederos mencionados en la fracción I (preferentes ordinarios), tendrá derecho a heredar la institución específica que se indica (la beneficencia pública antes de la reforma de junio de dos mil seis, o el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal después de esa reforma). En esta categoría, se estima que no basta que se actualice alguna de las hipótesis legales que dan pie a que se abra la sucesión legítima, para que la institución designada como heredera en grado terminal adquiera esa calidad ni el derecho previsto en el artículo 1288 de la misma ley sobre la masa hereditaria; sino que, además, es requisito legal y normativo para que se actualice tal consecuencia de derecho, que exista una determinación judicial firme en la que se haya establecido la falta o ausencia de herederos legítimos preferentes u ordinarios, pues será hasta entonces que la institución designada en la fracción II del artículo 1602 de la legislación civil local adquirirá el carácter de heredero y el derecho a heredar por la vía legítima, no antes, pues previo a ello sólo se estima titular de una expectativa de derecho.

La estimación de que la institución designada como heredera en grado terminal adquiere el derecho a heredar hasta que existe la determinación judicial firme que establece la falta o ausencia de herederos legítimos preferentes u ordinarios, encuentra sustento además en el contenido conducente del artículo 779 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (acorde con su texto antes y después de la reforma de siete de junio de dos mil seis),(27) dado que en los juicios sucesorios es el Ministerio Público el que representa los intereses de la institución señalada por la ley como heredera legítima terminal cuando no hay herederos legítimos ordinarios o preferentes, mientras no se haga reconocimiento o declaración de herederos.

Con base en todo lo anterior, por un lado, se evidencia el carácter excluyente de las categorías mencionadas, pues ante la existencia de herederos legítimos preferentes u ordinarios, no puede aceptarse la existencia de un heredero legítimo extraordinario o terminal, dado que la concurrencia de los primeros hace imposible la existencia del segundo.

Asimismo, ante la existencia de un heredero legítimo extraordinario o terminal, no puede aceptarse la concurrencia de herederos legítimos preferentes u ordinarios, dado que la existencia del primero, presupone y parte de la necesaria inexistencia de herederos preferentes u ordinarios.

Además, lo expuesto en las páginas precedentes también permite evidenciar el carácter sucesivo que impera en el análisis sobre la existencia de herederos legítimos, pues siempre debe determinarse, en un primer momento, sobre la existencia de herederos legítimos preferentes u ordinarios, y sólo ante la inexistencia o falta de esa clase de herederos, es que resulta posible determinar la existencia de un heredero extraordinario o terminal a favor de la institución designada como tal en la ley.

II. Ley aplicable con base en la teoría de los componentes de la norma respecto de los herederos legítimos terminales

Sentado lo anterior, resulta útil para el presente estudio señalar que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado en jurisprudencia el empleo de la teoría de los componentes de la norma para resolver problemas relacionados con el ámbito temporal de validez de leyes, así como problemas sobre retroactividad de la ley.(28)

La utilidad de tales criterios resulta de que al efectuar el análisis de la aplicación de la ley bajo la perspectiva de la indicada teoría, el Tribunal Pleno ha señalado, en lo que interesa, que:

i. Toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose así los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas, pero que el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales.

ii. Para determinar las situaciones que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. 2. Que la norma jurídica establezca un supuesto y varias consecuencias sucesivas, y dentro de su vigencia se actualicen el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias. 3. Que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley no se produzcan durante su vigencia, porque tal realización estaba solamente diferida en el tiempo. 4. Que la norma jurídica contemple un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia.

Ahora bien, respecto del caso concreto que se analiza en la presente contradicción, ya se dijo en el apartado precedente que respecto de la categoría de herederos legítimos extraord

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24084-8c7094f1/sucesion-legitima-si-el-de-cujus-fallecio-antes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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