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Modo: Corpus Pro

DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2524/2015. · Registro digital (IUS): 26491
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-08-26
Promovente: —
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Pág. 605.

DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2524/2015. 10 DE FEBRERO DE 2016. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: LUZ HELENA OROZCO Y VILLA.

III. Competencia

15. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es constitucional y legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, en relación con el Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de haberse interpuesto en contra de la sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo.

IV. Oportunidad

16. El recurso de revisión fue interpuesto oportunamente, pues la sentencia se notificó a las partes, por medio de lista, el martes veintiuno de abril de dos mil quince,(7) surtiendo efectos dicha notificación el día hábil siguiente; es decir, el miércoles veintidós de abril. El plazo de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo concede para interponer el recurso de revisión, corrió del jueves veintitrés de abril al viernes ocho de mayo del mismo año, descontando de dicho plazo los días veinticinco y veintiséis de abril, uno, dos, tres y cinco de mayo por ser inhábiles, en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo vigente y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

17. En esas condiciones, al haber sido presentado el recurso de revisión el siete de mayo de dos mil quince en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, puede concluirse que su interposición fue oportuna.

V. Cuestiones necesarias para resolver el asunto

18. A fin de resolver sobre la procedencia y, eventualmente, sobre el fondo del presente asunto, se sintetizan a continuación los conceptos de violación expresados por la quejosa, las consideraciones del Tribunal Colegiado para conceder el amparo y, finalmente, los agravios expresados por los terceros interesados en el recurso de revisión.

19. Conceptos de violación. Inconforme con la determinación de segunda instancia, la quejosa hizo valer los siguientes conceptos de violación:(8)

19.1. En sus conceptos de violación segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, la quejosa argumentó que la Sala Familiar responsable, en lugar de transcribir los agravios que planteó en la apelación, hizo una indebida síntesis e interpretación de los mismos con el objeto de causarle daños y resolver desfavorablemente a sus pretensiones.

19.2. En el primer concepto de violación, la quejosa adujo que la presunción de legalidad de las sentencias es iuris tantum, pues admite prueba en contrario, siendo que en el caso existen indicios que adminiculados entre sí llevan a considerar que hubo "tráfico de influencia". Ello en razón de que la demandada ********** se encuentra unida en matrimonio con el general brigadier del Ejército Mexicano ********** o **********, quien ejerció una indebida "influencia" en las autoridades jurisdiccionales.

19.3. En el segundo concepto de violación, la quejosa sostuvo que la sentencia de la Sala responsable, al no condenar a los demandados al pago de alimentos en su favor, violó en su perjuicio el derecho que tiene toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Federal. Al respecto, manifestó que los alimentos, en términos de las disposiciones civiles aplicables, son de orden público. En el mismo tenor, sostuvo que la Sala dejó de aplicar lo dispuesto en los artículos 301, 304 y 308 del Código Civil para el Distrito Federal, relativos a la institución de alimentos.

19.4. Por otra parte, la quejosa sostuvo que la Sala responsable omitió aplicar en su beneficio la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, cuyo artículo 5o. garantiza la integridad y dignidad de los adultos mayores, así como la preferencia que deben dar las instituciones públicas al momento de garantizar su derecho a percibir alimentos.

19.5. La quejosa planteó además la violación a lo dispuesto por el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el cual prevé la suplencia de la queja deficiente en los asuntos del orden familiar. En este sentido, señaló que la Sala responsable incumplió su obligación de protegerla en su reclamo de alimentos y, de haber sido necesario, suplir la deficiencia de sus planteamientos.

19.6. En el tercer concepto de violación, la quejosa sostuvo que contrariamente a lo resuelto por la autoridad responsable, en ningún momento pretendió percibir alimentos de los hijos de su difunto esposo, sino que inició la acción de alimentos en contra de la sucesión de éste. Lo anterior -afirmó-, en términos del artículo 1624 del Código Civil, mismo que prevé el supuesto de concurrencia de descendientes y cónyuge de la persona, cuya sucesión legítima se sigue. Dicho numeral -sostuvo- no señala prohibición alguna al cónyuge supérstite para reclamar alimentos.

19.7. En relación con lo anterior, subrayó lo dispuesto por el artículo 320 del Código Civil local, mismo que a su juicio no dispone que la obligación de dar alimentos termina con la muerte del deudor alimentario. Al respecto, precisó que si en ningún precepto de la legislación civil se establece que la obligación alimentaria se extinga con el fallecimiento de persona alguna, entonces la sucesión es la encargada de seguir dando alimentos al acreedor del difunto.

19.8. La quejosa adujo que la Sala responsable hizo una mala interpretación del artículo 1624 del Código Civil para el Distrito Federal, olvidando que los alimentos son fundamentales para la supervivencia del acreedor alimentario y que esperar a la conclusión del juicio sucesorio intestamentario supondría un peligro para éste. Lo anterior, dijo, en perjuicio de los artículos 4o., 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, así como de los artículos 12, 15 y 17 del Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

19.9. La quejosa cuestionó también que la autoridad responsable sostuviera que condenar a la sucesión al pago de una pensión alimenticia en su favor equivaldría a otorgarle dos porciones hereditarias -al considerar su calidad de heredera-. A su parecer, ninguna base jurídica existía para arribar a dicha conclusión.

19.10. Según la quejosa, la Sala responsable debió aplicar por analogía y mayoría de razón lo dispuesto en los artículos 1643 y 1646 del Código Civil para el Distrito Federal, relativos a la obligación de dar alimentos a la viuda que quedare encinta y el deber del Juez de resolver en favor de ésta. Además, combatió la afirmación hecha por la autoridad responsable en el sentido de que la quejosa no carece de bienes al haber adquirido la propiedad de una parte de los bienes que conforman la masa hereditaria. Al respecto, sostuvo que la Sala Familiar olvidó que sus necesidades alimenticias no pueden verse colmadas por los "tabiques, ladrillos, alambres, tubos hidráulicos" de la casa que comprende la masa hereditaria de la sucesión de su difunto esposo.

19.11. En el mismo concepto de violación, la quejosa adujo que eran aplicables al caso concreto las disposiciones del capítulo del Código Civil local sobre la institución de alimentos, ante su derecho como cónyuge supérstite dedicada al hogar a recibir alimentos.

19.12. En el cuarto concepto de violación, la quejosa sostuvo que la Sala responsable hizo una indebida valoración de las testimoniales a cargo de ********** y **********, de apellido **********, vulnerando los artículos 402 y 403 del Código adjetivo civil del Distrito Federal. Entre otras cuestiones, sostuvo que la autoridad responsable debió tomar en consideración las manifestaciones sobre la ingratitud de los demandados respecto de su progenitor, pues nunca prodigaron a éste, afecto, alimentos, medicinas o dinero para su propia subsistencia.

19.13. En el quinto concepto de violación, la quejosa argumentó que la responsable hizo una indebida interpretación de la prestación consistente en obtener el 50% (cincuenta por ciento) de los bienes que el de cujus adquirió en su vida de casado. A su parecer, dicha prestación era procedente por analogía, mayoría de razón y conforme a los principios generales del derecho, fundando su petición en el artículo 267, fracción VI, del Código Civil. Según la quejosa, ante el silencio de la ley para aquellos casos en los cuales se disuelve el vínculo matrimonial por muerte de uno de los cónyuges y el cónyuge supérstite carece de bienes por haberse dedicado al hogar, la autoridad responsable debió estimar procedente su reclamo.

19.14. Finalmente, en el sexto concepto de violación y en relación con la prestación consistente en declarar incapaces para heredar a los terceros interesados, la quejosa sostuvo que la Sala responsable debió presumir que ********** tenía necesidad de alimentos por existir suficientes indicios para ello, sin que los cuatro hijos demandados hubieran realizado esfuerzo alguno para aliviar su situación.

20. Sentencia recurrida. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito estimó que los conceptos de violación segundo y tercero eran sustancialmente fundados y suficientes para otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, ofreciendo los siguientes razonamientos:

20.1. En primer lugar, el Tribunal Colegiado sostuvo que el derecho de alimentos se ha estimado de orden fundamental al encontrarse íntimamente vinculado con la dignidad humana, misma que se proyecta y reconoce en los artículos 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, inciso c); y, 25 de la Constitución Federal. Al respecto, el Tribunal Colegiado precisó que la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y, por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta como el interés inherente a toda persona a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada.

20.2. En relación con lo anterior, recordó que esta Primera Sala de la Suprema Corte ha afirmado que los derechos humanos establecidos en la Constitución tienen una doble cualidad: por una parte, tienen una función de derechos públicos subjetivos; y, por otra parte, se traducen en una función objetiva, que permean a todo el ordenamiento jurídico, incluyendo a las relaciones que se establecen entre particulares.(9)

20.3. El Tribunal Colegiado continuó afirmando que la institución jurídica de los alimentos descansa en las relaciones familiares y surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las cuales la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia. Recordó, además, que la obligación de alimentos depende del estado de necesidad del acreedor alimentario, un vínculo familiar y la capacidad económica del obligado a prestarlos.

20.4. En relación con el Código Civil para el Distrito Federal, el Tribunal Colegiado sostuvo que la institución de alimentos es una cuestión de dignidad humana, orden público e interés social. Precisó que, conforme al artículo 302 del mismo ordenamiento, los cónyuges están obligados a proporcionarse alimentos y la ley determina cuándo queda subsistente esa obligación. Además, mencionó que, conforme al artículo 311 Bis, el cónyuge que se dedica al hogar tiene la presunción de necesitar alimentos.

20.5. Por otra parte, citó los artículos 1368 a 1377 del propio Código Civil, relativos a los testamentos inoficiosos, así como los diversos artículos 1643 y 1646 del mismo ordenamiento, relativos al derecho de alimentos que tiene la viuda encinta y que se encuentran a cargo de la masa hereditaria. De la interpretación de los mismos, el Tribunal Colegiado sostuvo que el legislador estableció la institución de alimentos como un medio de respuesta al estado de necesidad en el cual se encuentran determinados sujetos y agregó que, aunque en principio pudiera pensarse que la obligación de dar alimentos se extingue con la muerte, ello no es así pues el legislador previó diversas hipótesis en las que el testador debe dejar alimentos al cónyuge supérstite cuando esté impedido para trabajar y no tenga bienes suficientes, y aunque los tenga, pero su producto no iguala la pensión que debería corresponderle, o cuando la viuda del fallecido se encuentre encinta.

20.6. Con base en lo anterior, el Tribunal Colegiado concluyó que, de inicio, la cónyuge supérstite sí puede gozar de una pensión alimenticia con cargo a la sucesión, sin que tal derecho sólo sea aplicable a la sucesión testamentaria, sino que también por analogía puede aplicarse a la sucesión legítima.

20.7. Luego, el Tribunal Colegiado sostuvo que, si bien el diverso artículo 1624 del Código Civil local establece que en la sucesión legítima es heredera la cónyuge supérstite en la misma proporción que los hijos del de cujus, en el supuesto de que éstos concurran, lo cierto es que no se excluye la posibilidad de que el cónyuge goce de la calidad de heredero y, al mismo tiempo, se le reconozca el derecho a recibir alimentos.

20.8. En ese orden de ideas, considerando que "donde existe la misma razón debe existir la misma disposición", el tribunal federal estimó aplicables, por analogía los artículos 1368, fracción III, y 1376 del Código Civil en el caso concreto. Ello lo definió en los siguientes términos:

"... En el caso, se dan las condiciones necesarias para la aplicación del método analógico, porque, en primer lugar, el artículo 1624 dispone que la cónyuge supérstite tendrá derecho a heredar la porción de un hijo, si concurre con descendientes del autor de la sucesión, pero no prevé la posibilidad de que pueda recibir alimentos a cargo de la masa hereditaria, y en segundo lugar, existe igualdad esencial en los hechos, ya que las normas que establecen que el testador debe dejar alimentos al cónyuge, se basan en que la pareja guarda una obligación recíproca de proporcionarse los medios y recursos necesarios para cubrir sus necesidades y esa obligación no se extingue con la muerte, en caso de que concurran las características que la ley señala, como el que el cónyuge supérstite no tenga bienes suficientes o esté impedido para trabajar. ..."

20.9. El Tribunal Colegiado sostuvo que no pasaba desapercibida la manifestación hecha por los terceros interesados en el sentido de que la quejosa tenía una pariente más próxima a quien podría exigirle alimentos -su hija- pero precisó que el artículo 1369 del Código Civil no podía tener la connotación que pretendían darle, en atención a que antes incluso que los hijos y los descendientes próximos en grado, el obligado a proporcionar alimentos es el cónyuge, de conformidad con el artículo 302 de ese ordenamiento, sin que obste para ello que este último haya fallecido.

20.10. Además, el Tribunal Colegiado sostuvo que en el juicio natural los demandados no combatieron la afirmación relativa a que la quejosa se dedicó al hogar durante los años de su matrimonio con el de cujus. Eso -continuó el tribunal- aunado a que la quejosa es una adulta mayor y no existen pruebas de que tenga una vida laboral activa, hace procedente que por concepto de alimentos se grave a favor de ella y con cargo a la sucesión, el derecho de usufructo vitalicio sobre el inmueble que habita, reservándose para los herederos declarados la nuda propiedad.

21. Agravios. El recurso de revisión contiene los siguientes motivos de inconformidad:

21.1. En términos generales, los recurrentes manifiestan que el Tribunal Colegiado interpretó de forma errónea el derecho humano consagrado en el artículo 1o. de la Constitución sobre la dignidad humana, a partir del cual el órgano jurisdiccional destruyó la labor legislativa sobre sucesión legítima y determinó que se debían aplicar por analogía los artículos correspondientes a la sucesión testamentaria. Esta operación, según los recurrentes, fue contraria al principio de legalidad que establece que el Juez debe fallar con apoyo en las normas generales integrantes del ordenamiento jurídico positivo.

21.2. En su primer agravio, los recurrentes sostienen que la interpretación realizada por el Tribunal Colegiado de la dignidad humana como derecho supremo en relación a la institución de los alimentos es violatoria del artículo 14 de la Constitución Federal por no atender la letra de la ley. Específicamente, los recurrentes impugnan la aplicación analógica de las normas previstas en el capítulo V ("De los bienes que se pueden disponer por testamento y de los testamentos inoficiosos") del título segundo ("De la sucesión por testamento") del libro tercero ("De las sucesiones") del Código Civil para el Distrito Federal al caso concreto, el cual corresponde a una sucesión legítima o intestamentaria, regulada por el título cuarto del mismo ordenamiento. Ello en virtud -afirman- de que existen normas aplicables a la sucesión legítima que fueron dejadas de aplicar indebidamente por el tribunal del conocimiento.

21.3. Al respecto, los recurrentes exponen que el capítulo V del título segundo del libro tercero del Código Civil -relativo a los alimentos que el testador debe dejar oficiosamente- busca la protección de las personas que, a pesar de necesitar alimentos, no fueron consideradas por el testador en la libre disposición que hizo de sus bienes, entre ellas, la cónyuge supérstite. No obstante -continúan- en el caso de las sucesiones intestamentarias, el legislador no se olvida de la cónyuge supérstite, pues al tener ésta derecho a heredar en igualdad de circunstancias que los descendientes del de cujus, queda perfectamente protegida.

21.4. Para sustentar sus determinaciones, los recurrentes citan la tesis aislada de la extinta Tercera Sala de este Alto Tribunal, de rubro: "ALIMENTOS, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE.",(10) en la que se establece que si los acreedores alimentarios demandan a una sucesión intestamentaria el pago de los alimentos, el juicio es improcedente si los acreedores tienen a su vez el carácter de herederos legítimos, porque, en todo caso, deben ejercitar la acción para que se efectúe la distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios.

21.5. En el segundo agravio, los recurrentes reiteran que fue indebida la aplicación analógica de las normas relativas a los testamentos inoficiosos al caso concreto y aducen que, contrario a lo sustentado por el Tribunal Colegiado, no existen las mismas razones en las sucesiones testamentaria e intestamentaria para considerar aplicables a ambos casos los artículos 1368, fracción III, y 1376 del Código Civil para el Distrito Federal.

21.6. Por lo anterior, los recurrentes afirman que la concesión del amparo a la quejosa fue sustentada en una indebida interpretación del derecho a la dignidad humana, la cual fue incongruente, inoperante e incluso violatoria de los derechos de dichos herederos. Asimismo, refieren que la analogía solamente puede aplicarse cuando hay completa ausencia de norma específica para el caso concreto, lo que no sucede en la especie.

21.7. Los recurrentes aducen que la quejosa -cónyuge supérstite- adquirió bienes propios al momento de ser declarada heredera en la misma porción que los hijos del de cujus, por lo que no puede estimarse que carece de bienes, además que el hecho de demandar alimentos a la sucesión implicaría demandarse alimentos a sí misma. Adicionalmente, los recurrentes sostienen que la propia quejosa ha manifestado que su hija ********** ha sido siempre la responsable de darle alimentos, por lo que no se encuentra en desamparo alguno.

21.8. En el mismo agravio, los recurrentes cuestionan la aplicación del artículo 1643 del Código Civil para el Distrito Federal, que prevé la situación de la viuda que se encuentra encinta. Al respecto, afirman que dicho numeral no tiene como finalidad la protección de la cónyuge supérstite, sino del no nacido, por lo que combaten la aplicación analógica realizada por el tribunal federal de ese precepto a fin de otorgar un derecho que se encuentra perfectamente regulado en otras disposiciones.

21.9. Por otra parte, los recurrentes refieren que en la sucesión sólo existe un bien inmueble -ocupado por la quejosa-, de forma que de confirmarse la sentencia del Tribunal Colegiado por la cual se gravó el mismo con un usufructo vitalicio, habría imposibilidad de llevar a cabo la partición de la herencia. Lo anterior -señalan- en perjuicio de su derecho a la propiedad como herederos legítimos.

21.10. En el tercer agravio, los recurrentes cuestionan que la sentencia recurrida establezca cargas y gravámenes a la sucesión y que haya liberado a la hija de la quejosa de su obligación de otorgar alimentos, inaplicando con ello, los artículos 304 y 1369 del Código Civil local. En el mismo tenor, afirman que de confirmarse la sentencia del Colegiado se estaría fincando el criterio consistente en que los deudores alimentarios puedan ser exculpados de su obligación alimentaria cuando el acreedor es parte de una sucesión legítima.

21.11. Asimismo, los recurrentes refieren que no guardan ninguna relación de parentesco con la quejosa, por lo que no se le debería imponer carga alguna a la sucesión de la que forman parte, siendo además necesario establecer que, fuera del único bien inmueble que forma parte de la masa hereditaria, dicha sucesión carece de bienes, lo que implicaría que la carga se aplicara a los herederos, vulnerando su derecho a la propiedad.

21.12. En el cuarto agravio, los recurrentes aducen que es erróneo que el Tribunal Colegiado pretenda fundar el contenido y alcances del derecho humano a la dignidad humana en los artículos 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, inciso c); y, 25 de la Constitución Federal, pues tales preceptos se refieren a cuestiones en materias indígena, educativa y de desarrollo económico, que nada tiene que ver con el caso concreto. Por tanto, señalan que la interpretación realizada por el Tribunal Colegiado los coloca en estado de indefensión, al carecer de fundamento.

21.13. Finalmente, en el quinto agravio, los recurrentes relatan lo que estiman son los antecedentes del caso, precisando que: (i) el amparo no derivó del juicio sucesorio intestamentario; (ii) de las constancias que obran en autos se desprende que la quejosa dispuso de más de $********** de una cuenta bancaria de la cual el de cujus era cotitular; y, (iii) la quejosa no está en estado de necesidad al advertirse varios depósitos en sus cuentas bancarias.

21.14. Además, los recurrentes insisten en denunciar la determinación del Tribunal Colegiado consistente en la orden de constituir un usufructo vitalicio en beneficio de la quejosa sobre el único bien inmueble de la herencia. Ello -sostienen-, además de vulnerar el derecho de propiedad de los demás herederos y dar por concluido el juicio sucesorio, implica conceder a la quejosa un doble derecho sobre dicho inmueble, ya que, por un lado, le otorga el usufructo vitalicio pero también le reconoce una parte de la nuda propiedad, en tanto es heredera de la sucesión.

VI. Procedencia

22. De conformidad con las reglas establecidas en la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, el artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, la fracción III del artículo 10, así como la fracción III del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que un recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en amparo directo sea procedente, es necesario que la misma decida sobre la constitucionalidad de normas legales (leyes federales y locales, tratados internacionales y reglamentos federales y locales) o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, o bien, que en dichas resoluciones se omita hacer un pronunciamiento al respecto cuando se hubiera planteado en la demanda.

23. Dicho requisito se cumple en el caso que nos ocupa, ya que de la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado se desprende que éste hizo una interpretación constitucional específica del derecho a la dignidad humana en relación con la institución de los alimentos, a partir de la cual determinó que era posible que la cónyuge supérstite demandara una pensión alimenticia a la sucesión legítima de su difunto esposo, de la cual forma parte en calidad de heredera. Tales consideraciones fueron combatidas por los terceros interesados, aquí recurrentes, quienes aducen que la interpretación constitucional del tribunal federal fue incorrecta y llevó a una indebida aplicación analógica de las reglas establecidas para las sucesiones testamentarias en el Código Civil para el Distrito Federal a un juicio sucesorio intestamentario.

24. Sin embargo, para la procedencia de un recurso es necesario también que la cuestión de constitucionalidad tenga la potencialidad de llevar a la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Conforme al punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 9/2015, la importancia y la trascendencia de un asunto dependen de la susceptibilidad de que su resolución implique un pronunciamiento judicial novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional.

25. Esta Primera Sala de la Suprema Corte considera que se surte también este segundo requisito de procedencia del recurso de revisión que nos ocupa, ya que su resolución permitirá definir los alcances del derecho a la dignidad humana en relación con la institución de los alimentos, a fin de establecer la debida interpretación de las normas del Código Civil para el Distrito Federal en el supuesto de que el cónyuge supérstite requiera allegarse de medios para su subsistencia durante el juicio sucesorio intestamentario.

VII. Consideraciones y fundamentos

26. De la síntesis de los antecedentes se desprende que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en aras de proteger el derecho de alimentos, así como la dignidad humana de la quejosa **********, estimó aplicable a una sucesión legítima lo dispuesto en el artículo 1368 del Código Civil para el Distrito Federal, a fin de condenar a la sucesión del difunto cónyuge de la quejosa al pago de una pensión alimenticia en su favor. Sin embargo, los recurrentes afirman en su escrito de agravios que la interpretación del Tribunal Colegiado sobre los alcances de la dignidad humana en relación con la institución de los alimentos es errónea, toda vez que la aplicación analógica del numeral en cuestión es más bien violatoria del principio de legalidad y de su derecho a la propiedad como herederos.

27. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el primer agravio de los recurrentes es fundado y suficiente para revocar la sentencia recurrida, ya que -como éstos lo aducen- fue incorrecta la interpretación del Tribunal Colegiado sobre los alcances del derecho a la dignidad humana en relación con la institución de los alimentos como sustento de la aplicación analógica del artículo 1368 del Código Civil para el Distrito Federal a una sucesión legítima.

28. Para demostrar lo anterior, en la presente resolución se desarrollará en primer lugar la forma en que los títulos segundo y cuarto del libro tercero del Código Civil para el Distrito Federal protegen al cónyuge supérstite, a fin de determinar si el contenido y alcances de la dignidad humana exigen que en la sucesión legítima se integre la ley analógicamente con las disposiciones de la sucesión testamentaria. En un segundo momento, a fin de resolver a cabalidad la problemática planteada, se analizará la acción que podría ejercer el cónyuge supérstite -que tiene a su vez el carácter de heredero legítimo- a fin de aliviar sus necesidades más apremiantes.

29. En este orden de ideas, esta Primera Sala considera que las preguntas que deben responderse a fin de resolver el presente recurso de revisión, son las siguientes:

• En la sucesión testamentaria ¿de qué forma protege el Código Civil para el Distrito Federal al cónyuge supérstite del de cujus cuando éste no ha sido designado heredero por disposición testamentaria y necesita allegarse de los medios para la satisfacción de sus necesidades básicas?

• En la sucesión legítima o intestamentaria, ¿de qué forma protege el Código Civil para el Distrito Federal al cónyuge supérstite?

• En relación con la protección del cónyuge supérstite, ¿fue correcta la determinación del Tribunal Colegiado en relación con la aplicación analógica de las reglas de la sucesión testamentaria a una sucesión intestamentaria o legítima?

• En la sucesión legítima o intestamentaria, ¿qué acción puede ejercer el cónyuge supérstite -que tiene a su vez el carácter de heredero legítimo- a fin de aliviar sus necesidades más apremiantes que no pueden esperar a la conclusión del proceso sucesorio?

Primera cuestión: En la sucesión testamentaria ¿de qué forma protege el Código Civil para el Distrito Federal al cónyuge supérstite del de cujus cuando éste no ha sido designado heredero por disposición testamentaria y necesita allegarse de los medios para la satisfacción de sus necesidades básicas?

30. En el derecho mexicano, la sucesión -que en términos del artículo 1281 del Código Civil para el Distrito Federal supone la transmisión de todos los derechos y obligaciones de una persona que muere, siempre que no se extingan por la muerte- puede ser clasif

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26491-f55f27a5/dignidad-humana-constituye-una-norma-juridica-que-consagra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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