SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, EN TRATÁNDOSE DE LA AFECTACIÓN AL ORDEN Y DESARROLLO DE LA FAMILIA. NO PROCEDE EN LOS JUICIOS SUCESORIOS INTESTAMENTARIOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 436/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 26 DE JUNIO DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JORGE ARRIAGA CHAN TEMBLADOR.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de diversos Circuitos, y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, el cual es uno de los órganos entre los que se suscita la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales contendientes, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
I. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, quien conoció del amparo en revisión 373/2016, del cual se advierten los antecedentes siguientes:
Juicio de amparo. Guillermo, Yolanda, Celia, América, Reinalda, todos de apellidos Mora Ortiz y Joel Mora Córdova, promovieron juicio de amparo directo en contra de la sentencia de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, dictada en el toca **********, por la Cuarta Sala del Tribunal Superior del Estado de Veracruz, mediante la cual se modificó la resolución de once de diciembre de dos mil quince, emitida en la sucesión intestamentaria a bienes de Joel Mora Mora, para establecer que en lugar de su resolutivo tercero se declarara heredera intestamentaria a Clara Veneroso Palacios.
El asunto fue resuelto por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, bajo el número de expediente **********, mediante sentencia de veinticuatro de agosto de dos mi dieciséis, en el sentido de conceder el amparo solicitado.
Recurso de revisión. En contra de dicha resolución, Clara Veneroso Palacios interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, bajo el número 373/2016, quien dictó sentencia el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, en el sentido de revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo.
Dicha determinación la sustentó –en lo que interesa para la resolución de la presente contradicción–, en los razonamientos siguientes:
"Previo al estudio de los agravios, el Tribunal Colegiado precisó que en el caso operaba la suplencia de la queja por tratarse de materia familiar, decisión que fue apoyada con los siguientes argumentos:
"Si bien las disposiciones encargadas de regular la familia se encuentran dentro del primer libro del Código Civil para el Estado de Veracruz, mientras que las concernientes a las sucesiones están en el libro tercero, con lo que puede afirmarse que existe una ‘separación’ o diferenciación en cuanto al objeto que regulan, lo cierto es que ello no constituye un motivo para que no se analicen de manera conjunta, ya que los lazos que surgen de las relaciones de familia –tanto en sentido estricto como amplio– constituyen en gran parte las principales directrices que rigen las sucesiones; de igual modo las cuestiones patrimoniales que se dilucidan en estos juicios, repercuten no sólo en el aspecto material de las familias, sino también en las relaciones personales.
"En ese sentido, apuntó que el matrimonio, el concubinato, diversas figuras análogas a las anteriores, y el parentesco, son instituciones presentes de una manera notoria en materia de sucesiones, por lo que no se pueden desvincular al encontrarse estrechamente relacionadas y, en consecuencia, resultaría incorrecto manifestar que, tratándose de derecho familiar sí opera la suplencia de la queja, mientras que en las cuestiones de derecho sucesorio no.
"Consideró importante enfatizar que el artículo 1532 del Código Civil para el Estado de Veracruz establece la procedencia de la sucesión legítima o intestamentaria cuando: a) falta testamento, o el que se otorgó es nulo o perdió su validez; b) el testador no dispuso de todos sus bienes; y, c) no se cumpla la condición impuesta al heredero o que el heredero haya muerto antes del testador, repudie la herencia, es incapaz de heredar o si no se nombró sustituto.
"Así, el precepto citado interpretado conjuntamente con el 1535 del mismo ordenamiento, dispone quiénes son los sujetos que pueden heredar: descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado, y en ciertos casos la concubina o el concubinario. A falta de los anteriores, el fisco del Estado.
"De las personas mencionadas, insistió, los lazos o vínculos familiares, constituyen esencialmente el criterio para establecer quiénes son los herederos, siendo evidente la presencia del derecho familiar en este tipo de sucesiones en específico.
"Abundó al respecto señalando que, atendiendo a una interpretación histórica, desde el derecho romano se reconocía la relación existente entre derecho familiar y derecho sucesorio, para apoyar lo anterior refiere que Guillermo Margadant reconoce tal situación y trajo a colación el siguiente texto escrito por dicho autor:
"Las normas sucesorias están relacionadas en forma íntima con el derecho de familia. Es precisamente en esta materia sucesoria donde podemos observar importantes cambios del derecho familiar, con la transición de la agnatio a la cognatio. Sin embargo, el derecho sucesorio no debe considerarse como parte del derecho de familia; no es indispensable que los herederos, legatarios o fideicomisarios sean parientes del difunto.
"Al respecto, aclara que la última parte de la transcripción pareciera contrariar el argumento expuesto en la sentencia; sin embargo, para el derecho romano la herencia legítima era la más débil de las tres formas de sucesión que existían, no obstante en la actualidad tal postura ha cambiado y se ha convertido en una de las principales.
"Agregó que, con la evolución del concepto de familia y, por tanto, las consecuencias que ello implica, así como las diversas obligaciones del Estado con el propósito de protegerla, se considera que una forma de protección, es a través del ámbito patrimonial. Lo cual se ha visto reflejado en el ámbito jurisdiccional por parte del Estado Mexicano, con la creación de Juzgados de lo Familiar que dentro de sus competencias se encuentra el conocer asuntos en materia de sucesiones.
"Por las razones asentado (sic), consideró que la suplencia de la queja contenida en el artículo 79 de la Ley de Amparo, fracción II, opera también en el ámbito de las sucesiones por su relación con el derecho de familia y su posible afectación.
"Posteriormente, el Tribunal Colegiado abordó el estudio de los argumentos que le fueron formulados."
II. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, quien conoció del amparo en revisión 148/2018, del que se desprenden los antecedentes siguientes:
Juicio de amparo. Isabel Pérez Pérez, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos siguientes:
Autoridades responsables:
• Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en la ciudad de Acapulco, como ordenadora.
• Secretario actuario adscrito al mencionado juzgado, como ejecutora.
Actos reclamados:
• A la autoridad ordenadora reclamó: 1) la resolución interlocutoria de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio intestamentario número a bienes de Juana Pérez Tornes **********, mediante el cual la autoridad declaró improcedente el recurso de reconsideración; y, 2) el acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el referido expediente, por el cual la autoridad le requirió la entrega de llaves de un inmueble.
• A la autoridad ejecutora le reclamó la firma y publicación de las dos resoluciones reclamadas en el punto anterior.
El asunto fue resuelto por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, bajo el número de expediente **********, mediante sentencia de treinta de mayo de dos mil dieciocho, en el sentido de negar el amparo solicitado.
Recurso de revisión. En contra de dicha resolución, Isabel Pérez Pérez interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, bajo el número 148/2018, quien dictó sentencia el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, en el sentido de modificar la sentencia recurrida, negar el amparo y sobreseer en éste.
El estudio realizado por el Tribunal Colegiado fue dividido en cuatro temas, siendo que el que interesa a la presente contradicción es sólo el primero, en donde se estudiaron los argumentos en torno a la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en sucesiones intestamentarias. Al respecto, el Tribunal Colegiado expresó, en síntesis, los siguientes argumentos:
"Calificó como infundado el primer agravio de la recurrente en el que hizo valer que el Juez, al resolver bajo el principio de estricto derecho transgrede el principio de suplencia de la queja, pues al ser un juicio sucesorio intestamentario, que concierne a la materia familiar, entonces, debe aplicarse la suplencia de la queja.
"Para apoyar esa calificación, precisó que la sucesión es el medio por el que una persona ocupa el lugar de otra en derechos y obligaciones; es decir, lleva implícita la sustitución de una persona respecto a su titularidad de derechos y obligaciones, por otra que los adquirirá a falta de la primera; así, a la muerte del de cujus, se está frente a la sucesión hereditaria, y puede hacerse sobre todos sus bienes.
"Al respecto, transcribió los artículos 1084, 1086, 1087, 1090 y 1099 del Código Civil del Estado de Guerrero, de los que obtuvo que: a) la herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos los derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte; b) la sucesión hereditaria implica que una persona traspase a otra su patrimonio, transfiriéndole la titularidad de bienes, derechos y obligaciones; y, c) los herederos adquieren derecho al conjunto de bienes que integran la herencia o masa hereditaria como un patrimonio común, mientras que no se haga la partición.
"Con lo que concluyó que la sucesión hereditaria atiende a cuestiones patrimoniales del de cujus que de ningún modo impactan en perjuicio de los lazos afectivos de sus familiares, por tratarse, precisamente, únicamente de intereses económicos en los que también podrían verse involucrados terceros ajenos al seno familiar como acreedores del difunto.
"De allí que estimara correcto que el Juez de Distrito haya resuelto el juicio bajo el principio de estricto derecho, pues para que operara el principio de suplencia de la queja deficiente en materia familiar, el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como requisito que se vea afectado el orden y desarrollo de la familia, lo que no acontece en cuestiones relativas a sucesiones hereditarias, ya sea testamentarias o intestamentarias, pues eso atiende únicamente a debates sobre herencias en los que sólo se ven involucrados intereses económicos que no lesionan el desarrollo de la familia ni varían su orden existente.
"No pasó desapercibido que existe criterio aislado –el cual contiende en la presente contradicción de tesis– del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que señala que resulta procedente suplir la deficiencia de la queja en los conceptos de violación o agravios, en asuntos donde se diluciden derechos hereditarios derivados de la tramitación de una sucesión intestamentaria, dada la estrecha relación con la materia familiar.
"Pese a ello, consideró que el supuesto relativo a la afectación del orden y desarrollo de la familia, no se actualiza en cuestiones patrimoniales como es el caso de las sucesiones hereditarias, porque en éstas únicamente se debaten intereses económicos en los que, aunque las partes se encuentren unidas con vínculos de parentesco, en estos casos no puede considerarse que se afecta el orden y el desarrollo de la familia."
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Sentada la exposición de las ejecutorias materia de análisis, debe determinarse a continuación si existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito.
Para determinar lo anterior, debe analizarse si los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo con base en argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión; asimismo, deberá existir una discrepancia entre dichos ejercicios interpretativos, pues lo que determina la existencia de una contradicción es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho o sobre un problema jurídico central; y por último, dicha discrepancia deberá dar lugar a la formulación de una pregunta genuina respecto de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Así lo determinó la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia, de rubro siguiente: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(1)
Asimismo, el Pleno de este Alto Tribunal ha determinado que una contradicción de tesis es existente independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes.
Lo anterior, con la finalidad de proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional. De conformidad con la jurisprudencia, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(2)
De acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, una forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe una necesidad de unificación.
En otras palabras, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y dado que el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los tribunales contendientes, entonces, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:(3)
1. Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
2. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se debe encontrar algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
En atención a dichos criterios, esta Primera Sala considera que en el caso sí se actualiza la contradicción de tesis, como se explicará a continuación.
Los dos primeros requisitos se cumplen en tanto que en ambos casos los Tribunales Colegiados contendientes se vieron en la necesidad de analizar si opera la suplencia de la queja en juicios sucesorios testamentarios en términos de la fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo; siendo que en sus determinaciones llegaron a conclusiones disímiles, en tanto que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito concluyó que en tratándose de juicios sucesorios intestamentarios sí procede la suplencia de la queja, pues los lazos que surgen de las relaciones de familia constituyen en gran parte las principales directrices que rigen las sucesiones, por otro lado, el Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito arribó a la conclusión contraria, pues consideró que no operaba la suplencia de la queja en los juicios sucesorios intestamentarios, ello, porque la sucesión hereditaria atiende a cuestiones patrimoniales del de cujus que de ningún modo impactan en perjuicio de los lazos afectivos de sus familiares.
En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito estimó que, aun cuando dentro del Código Civil para el Estado de Veracruz las disposiciones reguladoras de la familia se encontraban en un libro diverso al de las sucesiones, ello no era un motivo para considerar que no pueden analizarse de manera conjunta, ya que los lazos que surgen de las relaciones de familia constituyen en gran parte las principales directrices que rigen las sucesiones, aunado a que las cuestiones patrimoniales que se dilucidan en estos juicios, repercuten no sólo en el aspecto material de las familias, sino también en las relaciones personales.
Asimismo, apuntó que el matrimonio, el concubinato, el parentesco y diversas figuras análogas a las anteriores, son instituciones presentes de una manera notoria en materia de sucesiones, por lo que no se pueden desvincular al encontrarse estrechamente relacionadas y, en consecuencia, resultaría incorrecto manifestar que, tratándose de derecho familiar sí opera la suplencia de la queja, mientras que en las cuestiones de derecho sucesorio no.
Después de hacer referencia a las disposiciones que rigen la sucesión en comento, señaló que los lazos o vínculos familiares constituyen esencialmente el criterio para establecer quiénes son los herederos, siendo evidente la presencia del derecho familiar en este tipo de sucesiones en específico.
Por último, refirió que con la evolución del concepto de familia y, por tanto, las consecuencias que ello implica, así como las diversas obligaciones del Estado con el propósito de protegerla, se considera que una forma de protección, es a través del ámbito patrimonial.
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, concluyó que en juicios sucesorios intestamentarios no opera la suplencia de la queja, puesto que la sucesión hereditaria atiende a cuestiones patrimoniales del de cujus que de ningún modo impactan en perjuicio de los lazos afectivos de sus familiares que, por tratarse, precisamente, únicamente de intereses económicos en los que también podrían verse involucrados terceros ajenos al seno familiar como acreedores del difunto.
Abundó refiriendo para que opere el principio de suplencia de la queja deficiente en materia familiar, el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como requisito que se vea afectado el orden y desarrollo de la familia, lo que no acontece en cuestiones relativas a sucesiones hereditarias, ya sea testamentarias o intestamentarias, pues eso atiende únicamente a debates sobre herencias en los que sólo se ven involucrados intereses económicos que no lesionan el desarrollo de la familia ni varían su orden existente.
Ahora bien, una vez precisado lo anterior, esta Primera Sala considera que también se actualiza el tercer requisito, en torno "a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible"; pues en el caso se considera oportuno, en aras de la seguridad jurídica, clarificar si en los juicios sucesorios intestamentarios opera la suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 79 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal.
En esos términos esta Primera Sala considera que sí existe la contradicción de tesis y, por tanto, procederá al estudio de fondo.
QUINTO.—Criterio que debe prevalecer. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistente en que en los juicios sucesorios intestamentarios no opera la suplencia de la queja, en términos de la fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo, de conformidad con las siguientes consideraciones.
Como punto de partida, debe indicarse que el presente estudio se dirige únicamente a supuestos en los cuales no se encuentran inmiscuidos derechos de menores de edad o incapaces, es decir, en el entendido de que en los juicios sucesorios que dieron origen a los criterios contendientes en la presente contradicción de tesis no estuvieron involucrados justiciables con esas características. Es por ello que, al no haber sido materia de los fallos que generaron la diferencia de criterios, resulta innecesario hacer un pronunciamiento en relación con la primera porción normativa de la fracción II del artículo 79 aludido, que dispone que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios "en favor de los menores o incapaces" –que dicho sea de paso, existe sobre el tema una vasta doctrina emitida por este Alto Tribunal–; sino sólo de aquella que se refiere a "aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia"; que fue precisamente donde los Tribunales Colegiados discreparon en sus ejercicios interpretativos.
Ahora bien, a fin de poder resolver la materia de análisis de la contradicción de criterios que ahora nos ocupa, como punto de partida es necesario explicar ciertos temas, divididos en incisos, como son: a) la institución de la suplencia de la queja; b) la fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo; y, c) los juicios sucesorios intestamentarios; para luego finalizar con los razonamientos que sustenten la conclusión alcanzada.
a) La institución de la suplencia de la queja
Para el estudio del presente inciso, vale la pena traer a colación lo resuelto(4) por esta Primera Sala en el amparo directo en revisión 4636/2018.
En dicho precedente, se determinó que la suplencia de la queja es una institución procesal que se justifica por la necesidad de equilibrar el proceso, especialmente, cuando se trata de favorecer a determinados sectores de la sociedad, históricamente desaventajados.
Su esencia radica en la búsqueda del equilibrio procesal, es decir, en una suerte de nivelación previa a resolver la cuestión planteada, mediante la cual el Juez puede realizar los ajustes necesarios, en la medida de las posibilidades del caso, con la finalidad de que las partes en el litigio puedan acceder al mismo de una forma más equitativa y, por ende, más justa, en relación con al momento en que acudieron al proceso.
Si esto es así, entonces se puede sostener que la suplencia está sujeta a una racionalidad: la búsqueda de la igualdad procesal que, como se sabe, es uno de los más importantes principios procesales.(5)
En nuestro orden jurídico, la institución en comento está prevista en el párrafo quinto del artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, misma que dispone que en el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria.(6) En relación con lo anterior, es claro que el Constituyente dejó amplísimo margen al legislador federal para la concreción de los supuestos y condiciones de la suplencia de la queja, sin constreñirlo a determinados casos, requisitos o exigencias. En este sentido, el legislador goza de libertad configurativa para regular todo lo relacionado con esta institución.
De lo anterior se sigue que los ajustes que deben hacerse mediante la suplencia de la queja, deben estar previamente determinados por el legislador democrático, esto es, no son una actividad que el juzgador pueda hacer sin limitaciones o sin seguir alguna pauta pre-establecida.
La racionalidad de la suplencia, basada en el principio de igualdad procesal, queda en la mayoría de los casos advertida previamente por el legislador; por ello, es menester que el Juez se ajuste a ella, a menos que advirtiera una grosera o absurda implementación legal al respecto. En consecuencia, si un juzgador introduce un ejercicio semejante a la suplencia en una situación no determinada por el legislador, entonces podría alterar la racionalidad y afectar la igualdad procesal, al introducir una ventaja indebida a favor de alguna de las partes.
Es precisamente en cumplimiento de lo previsto por el artículo 107, fracción II, de la Ley Fundamental, que la Ley de Amparo, en su artículo 79, regula la suplencia de la queja y especifica los supuestos y el modo en los que ésta procede, asumiendo cabalmente la libertad que el Texto Constitucional le otorga, en estos términos:
"Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:
"I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito. La jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los Juzgados y Tribunales del Circuito correspondientes;
"II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia;
"III. En materia penal:
"a) En favor del inculpado o sentenciado; y
"b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente;
"IV. En materia agraria:
"a) En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta ley; y
"b) En favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios.
"En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios;
"V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo;
"VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de esta ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y,
"VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio.
"En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios.
"La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo." (Lo subrayado es propio)
En efecto, el Constituyente optó por dejar al arbitrio del legislador ordinario la tipología para determinar en qué casos debía proceder la suplencia de la queja, de modo que éste podría señalar por los supuestos que mejor respondieran a la realidad siempre cambiante.(7)
Como se advierte de la simple lectura, el artículo 79 de la Ley de Amparo prevé diversos supuestos en los que es deber del j
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29113-2973be33/suplencia-de-la-queja-deficiente-prevista-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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