TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL DISPONER IMPLÍCITAMENTE LA SINDICACIÓN ÚNICA PARA LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFÓN EN CADA DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL, VIOLA EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIONES VIII Y X, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EL CONVENIO 87 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.
AMPARO DIRECTO 123/2012. 5 DE JULIO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS; MAYORÍA EN CUANTO AL SENTIDO Y TEMA DE LA TESIS. PONENTE: MARÍA DEL ROSARIO MOTA CIENFUEGOS. SECRETARIA: YOLANDA RODRÍGUEZ POSADA.
CONSIDERANDO:
QUINTO. En el presente asunto, se advierte que el sindicato quejoso plantea en el primero, así como en el tercero, cuarto y quinto conceptos de violación, la inconstitucionalidad del artículo 54 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; argumentando los motivos siguientes:
Que su pretensión era integrar con la demandada las Comisiones de Escalafón y de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para velar por los intereses de los afiliados al sindicato quejoso, toda vez que de no tener representación sindical se le dejaría en un plano de desigualdad, violando con ello el principio de igualdad jurídica consagrado en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como derecho fundamental.
Que el laudo le causó agravio, porque la responsable fundó la negativa a otorgar al sindicato quejoso el derecho a recibir el mismo trato jurídico establecido en el artículo 54 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y esto reflejó la inaplicabilidad, no sólo del invocado artículo 54, sino de las Condiciones Generales de Trabajo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, además de que violó el principio de pluralidad sindical, sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque si bien era cierto que ese dispositivo señala que en cada dependencia funcionará una Comisión Mixta de Escalafón y de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la cámara demandada no se contaba con integrantes del sindicato quejoso, además de que la responsable aplicó incorrectamente el artículo 54 citado, toda vez que es inconstitucional, en virtud de que transgrede la garantía de igualdad y el derecho de los trabajadores al escalafón, así como la pluralidad de sindicatos, garantías contenidas en el artículo 123, apartado B, fracciones VIII y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior, aunado a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que establecía la sindicación única, por tanto, al haber sido declarado inconstitucional este último, posibilitó la existencia de pluralidad de sindicatos, lo que conlleva la existencia de otro u otros sindicatos en una misma dependencia y trae aparejado el reconocimiento expreso y aplicación en igualdad de derechos, estando entonces ante un trato desigual, en ese orden de ideas, esos principios fueron vulnerados por la responsable, ya que el artículo 68 entra en conflicto de interpretación y concordancia con lo dispuesto en el artículo 54, de la misma ley burocrática, por lo que este último debería correr la misma suerte a fin de no violar sus derechos fundamentales, lo que la responsable inobservó en la emisión del laudo combatido, al aplicar el numeral 54, dejando de considerar que el diverso 68, fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en consecuencia lógico jurídica, resulta inaplicable el 54, porque en la dependencia existe pluralidad de sindicatos, por lo que concluye, que de considerar aplicable ese precepto, como hizo la responsable, entra en franca contradicción con el artículo 123, apartado B, fracciones VIII y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que en la emisión del laudo, la responsable violó el principio de autonomía sindical, respecto de los derechos escalafonarios, porque el sindicato quejoso no tenía intervención en los movimientos escalafonarios del sindicato coexistente en la dependencia demandada, tampoco formaba parte de las Comisiones de Escalafón y de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por lo que transgredió lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra que los trabajadores tendrán derecho a asociarse para la defensa de sus intereses comunes.
Que la responsable hizo nugatorio el derecho de asociación, al pretender que el sindicato coexistente en la dependencia demandada intervenga en la vida interna del sindicato quejoso, violando el principio de autonomía sindical, además de que el quejoso no tenía representantes ante las Comisiones Mixtas de Escalafón y de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por tanto, los trabajadores afiliados al quejoso no tenían quién los representara en beneficio de sus intereses, por lo que hace al derecho de escalafón, ni respecto de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Que el criterio tomado por la responsable en la emisión del laudo viola las garantías de igualdad, libertad de asociación, autonomía sindical y los derechos de escalafón, al aplicar el artículo 54 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en contravención a lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracciones VIII y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ese precepto se aplicaba cuando en la ley burocrática se establecía la sindicación única, por lo que al posibilitar la Norma Fundamental la pluralidad de sindicatos, el invocado artículo 54 se aplicó en contravención a lo establecido en el artículo 123 constitucional, apartado B, fracciones VIII y X, así como el artículo 1o., por lo que es inconstitucional, ya que es inconcuso que al existir pluralidad de sindicatos en una misma dependencia, cada uno de ellos y de manera individual tiene derechos y obligaciones, tanto con la autoridad administrativa, como para con sus agremiados.
Que debería tomarse en cuenta la jerarquía de leyes, a que alude el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al resultar el artículo 54 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de menor jerarquía que el artículo 123, apartado B, donde se consagran los derechos fundamentales que contienen las garantías de tener derecho al escalafón e integrar las Comisiones Mixtas de Escalafón y de Seguridad e Higiene en el Trabajo, sin importar que se pertenezca o no a un sindicato mayoritario o minoritario, ya que el invocado artículo 123, no establece o limita a que el sindicato que cuente con mayor número de empleados sea el único que pueda integrar o conformar esas comisiones mixtas, debiendo respetarse la jerarquía de leyes.
Invoca el quejoso el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, en relación con la libertad sindical.
En este aspecto, al existir el planteamiento del sindicato quejoso en cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 54 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, este Tribunal Colegiado considera que debe suplirse la deficiencia de la queja, con fundamento en el artículo 76, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que se advierte que el acto reclamado se apoyó en el invocado artículo 54, que si bien, no ha sido declarado específicamente inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos establecidos por la jurisprudencia, con todas sus consecuencias jurídicas, en el caso concreto se aplicó al sindicato quejoso dicha norma, no obstante la existencia de la tesis P. XLV/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 1999, página 28, de rubro: "SINDICACIÓN ÚNICA. EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, VIOLA LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL.", a través de la cual se declaró inconstitucional el artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al considerar que este precepto viola la garantía social de libre sindicación, consagrada en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al restringir la libertad de asociación de los trabajadores para la defensa de sus intereses, toda vez que en el laudo reclamado se aplicó lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y se relacionó con el artículo 68 de la ley invocada, declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del derecho del sindicato quejoso en cuanto a conformar las Comisiones Mixtas de Escalafón y de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 104/2007, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 14, de rubro y texto siguientes:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA TEMÁTICA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER PREVALECER LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Debe suplirse la queja deficiente respecto del acto concreto de aplicación de una norma legal, que si bien no ha sido específicamente declarada inconstitucional a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ingresa sin mayor dificultad dentro del ámbito de regulación de una jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes, entendida ésta como aquella referida a los actos legislativos que no pueden realizarse válidamente. Esta conclusión se justifica por las siguientes razones: 1) el Juez constitucional tiene el deber de hacer prevalecer la Constitución en cuanto ley suprema, además tiene facultades propias y autónomas para decidir si un acto o una ley viola alguna norma constitucional, con el efecto de inaplicarlo en el caso concreto, y para casos futuros en relación con el quejoso, por lo que, por mayoría de razón, tiene facultades para ejercer un prudente juicio de analogía con el objeto de verificar la aplicabilidad directa del principio contenido en la jurisprudencia al caso de su conocimiento; 2) de actualizarse el juicio de analogía, se surte la aplicabilidad del principio general contenido en la jurisprudencia, dando lugar en consecuencia al surgimiento del deber del juzgador para hacer prevalecer el derecho fundamental o la norma constitucional cuyo alcance ha sido definido; 3) el Juez constitucional tiene el deber de evitar la subsistencia de actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales, con independencia de la no impugnación o el consentimiento de éstas, porque dichos actos al constituir una individualización de la norma legal, contienen necesariamente los vicios de inconstitucionalidad que la ley les ha trasladado, además de los posibles defectos propios de ilegalidad que en consecuencia se producen; y 4) el Juez constitucional tiene el deber de actuar conforme a derecho, lo que no ocurre si mediante su actuación impide la plena eficacia de la jurisprudencia temática invocada, pues ello implicaría la violación de los derechos fundamentales tutelados a través del orden jurídico."
Para la resolución del presente asunto, es menester precisar, que del texto del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, se desprende que consagra las relaciones laborales que existan entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, destacando, que en la fracción VIII, establece el derecho de escalafón y en la fracción X, el derecho de asociación de los trabajadores.
El texto del artículo 123, en la parte que se invoca, es el siguiente:
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
"...
"B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:
"...
"VIII. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingreso en su familia;
"...
"X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que este artículo les consagra;
"..."
Como se apuntó, el sindicato quejoso invoca en los conceptos de violación, la existencia del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, así como la jerarquía de leyes a que alude el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A este respecto, debe decirse que de conformidad con el artículo 133 constitucional, los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal, aprobados por el Senado de la República y que estén de acuerdo con la misma, se encuentran en el mismo rango de la Constitución en la jerarquía de normas en el orden jurídico mexicano, por lo que destaca la supremacía de los tratados frente a la legislación local; así, por disposición expresa de la Constitución, se aplica ésta y el tratado internacional antes que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
El Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, se encuentra vigente en nuestro país (fue adoptado el nueve de julio de mil novecientos cuarenta y ocho por la XXXI Conferencia Internacional del Trabajo, en San Francisco, California, como consta en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves veintiséis de enero de mil novecientos cincuenta).
Este convenio establece, dentro de sus disposiciones más importantes, las siguientes:
"Parte I. Libertad sindical.
"Artículo 1. Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente convenio se compromete a poner en práctica las disposiciones siguientes:
"Artículo 2. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir organizaciones de su elección, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de conformarse a los estatutos de las mismas."
"Artículo 3.1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, de elegir libremente sus representantes, de organizar su administración y sus actividades y de formular su programa de acción.
"Artículo 3.2. Las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a impedir su ejercicio legal."
"...
"Artículo 7. La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores y de empleadores, sus federaciones y confederaciones no puede estar subordinada a condiciones de naturaleza tal que limiten la aplicación de las disposiciones de los artículos 2, 3, y 4 de este convenio."
"...
"Parte II. Protección del derecho sindical.
"Artículo 11. Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente convenio, se compromete a tomar todas las medidas necesarias y apropiadas para asegurar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho sindical."
Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el concepto de libertad sindical contenido en el artículo 123 constitucional y sus alcances, entendido éste en sentido pleno de universalidad, partiendo del derecho personal de cada trabajador a asociarse reconociendo un derecho colectivo, una vez que el sindicato adquiere existencia y personalidad propias, por lo que la libertad sindical debe entenderse en sus tres aspectos: 1. Un aspecto positivo que consiste en la facultad del trabajador para ingresar a un sindicato ya integrado o constituir uno nuevo, 2. Un aspecto negativo que implica la posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y la de no afiliarse a sindicato alguno y, 3. La libertad de separación o renuncia de formar parte de la asociación; por lo que determinó, que el mandamiento de un solo sindicato por dependencia del gobierno, viola la garantía de libre sindicación de los trabajadores prevista en el artículo 123, apartado B, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que al regular la sindicación única restringe la libertad de asociación de los trabajadores para la defensa de sus intereses; en ese sentido, declaró la inconstitucionalidad del artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Lo anterior, a través de la tesis P. XLV/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 1999, página 28, que dice:
"SINDICACIÓN ÚNICA. EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, VIOLA LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL. El artículo 123 constitucional consagra la libertad sindical con un sentido pleno de universalidad, partiendo del derecho personal de cada trabajador a asociarse y reconociendo un derecho colectivo, una vez que el sindicato adquiere existencia y personalidad propias. Dicha libertad sindical debe entenderse en sus tres aspectos fundamentales: 1. Un aspecto positivo que consiste en la facultad del trabajador para ingresar a un sindicato ya integrado o constituir uno nuevo; 2. Un aspecto negativo, que implica la posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y la de no afiliarse a sindicato alguno; y 3. La libertad de separación o renuncia de formar parte de la asociación. Ahora bien, el mandamiento de un solo sindicato por dependencia gubernativa, establecido en el artículo 68 de la citada ley, viola la garantía social de libre sindicación de los trabajadores prevista en el artículo 123, apartado B, fracción X, de la Constitución Federal de la República, toda vez que al regular la sindicación única restringe la libertad de asociación de los trabajadores para la defensa de sus intereses."
El contenido del invocado artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es el siguiente:
"Artículo 68. En cada dependencia sólo habrá un sindicato. En caso de que concurran varios grupos de trabajadores que pretendan ese derecho, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje otorgará el reconocimiento al mayoritario."
Partiendo de esta base, dio lugar a que en cada dependencia gubernamental pueda existir más de un sindicato.
Es menester transcribir el contenido del artículo 54 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado:
"Artículo 54. En cada dependencia funcionará una Comisión Mixta de Escalafón, integrada con igual número de representantes del titular y del sindicato, de acuerdo con las necesidades de la misma Unidad, quienes designarán un árbitro que decida los casos de empate. Si no hay acuerdo, la designación la hará el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en un término que no excederá de diez días y de una lista de cuatro candidatos que las partes en conflicto propongan."
De este precepto se desprende la prohibición de constituir otro tipo de organizaciones sindicales, si no es con el sindicato mayoritario, en específico, la Comisión Mixta de Escalafón que funcionará en cada dependencia gubernamental, al señalar que ésta se formará con igual número de representantes del titular de la dependencia y del sindicato, por lo que retoma lo establecido en el numeral 68, que dispone la sindicación única, al hacer alusión sólo a un sindicato en específico, lo que prohíbe tácitamente el registro y existencia de otro sindicato, aspecto que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al restringir la libertad sindical y en el punto específico, en relación con el artículo 54, limita el derecho para conformar la Comisión Mixta de Escalafón que funcionará en cada dependencia gubernamental, al disponer que será sólo con representantes del titular y del sindicato, lo que también transgrede el derecho del sindicato minoritario a la participación dentro de la dependencia en cuanto a la conformación y funcionamiento de la comisión mixta, lo que hace nugatorio el derecho a la libertad sindical, pues ahora se prevé la existencia de más de un sindicato dentro de la dependencia, el que tiene derecho a que su opinión sea tomada en cuenta.
De lo hasta aquí expuesto, debe estimarse que el artículo 54 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al establecer que la integración de la Comisión Mixta de Escalafón se conformará con igual número de representantes del titular de la dependencia y del sindicato, transgrede el marco jurídico que sobre el particular ordena el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 123, apartado B, fracciones VIII y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al permitir la conformación de la Comisión Mixta de Escalafón con el sindicato único existente dentro de la dependencia gubernamental, por lo que al disponer el invocado artículo 54 la sindicación única, que es violatoria de la libertad sindical consagrada en la fracción X del artículo 123, apartado B, como acto reflejo de lo estipulado en el artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que fue declarado inconstitucional por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso, se surte la aplicabilidad del principio en ella contenido; por ende, es inconstitucional el artículo 54 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues participa de las mismas características del artículo 68, al establecer la sindicación única que restringe la libertad de asociación de los trabajadores para la defensa de sus intereses; entonces, debe prevalecer el derecho cuyo alcance ya fue definido, lo que trae como consecuencia lógica efectos en materia de legalidad y conduce a la inaplicación al caso concreto al sindicato quejoso del artículo 54 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al ser inconstitucional, pues de considerar lo contrario, implicaría una violación de los derechos fundamentales tutelados por el orden jurídico nacional.
SEXTO. Establecido lo anterior, conviene precisar los efectos que en materia de legalidad produce la inconstitucionalidad del artículo 68, en relación con el 54, ambos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por ende que deba declararse su inaplicación al sindicato quejoso.
Es cierto que un solo sindicato (el mayoritario o más representativo), tiene derechos exclusivos para negociar con la dependencia, por ejemplo, las condiciones generales de trabajo aplicables en la dependencia gubernamental, lo que es compatible con los principios de libertad sindical, que es el esquema adoptado por la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; sin embargo, si la legislación establece una distinción entre el sindicato más representativo y los demás, este sistema no puede impedir el funcionamiento de los sindicatos minoritarios, menos de privarlos de derecho de representar a sus miembros, de lo que puede colegirse, que sobre el tema de que se trata, respecto de la conformación de la Comisión Mixta de Escalafón, para no restringir el derecho a la libertad sindical, debe darse participación a un sindicato minoritario para emitir sus opiniones, respecto de la conformación de la Comisión Mixta de Escalafón y su funcionamiento dentro de la dependencia; dicho en otras palabras, es permisible establecer que únicamente un sindicato puede tener la titularidad del contrato colectivo de trabajo, en materia burocrática, de las condiciones generales de trabajo, siempre que no se prive a los sindicatos minoritarios de los medios esenciales para defender los intereses de sus miembros, ni del derecho de organizar su gestión y su actividad y de formular su programa de acción, lo que conlleva que si bien, los sindicatos mayoritarios pueden gozar de algunos privilegios, no es absoluto su derecho, pues no puede privarse al minoritario de que sea tomado en cuenta, de acuerdo al grado de representatividad dentro de la dependencia, en el aspecto que aquí se trata, a fin de la formación de la comisión mixta.
Sobre este punto, debe decirse que en el ejercicio del derecho a la libertad sindical, en una empresa puede haber uno o varios sindicatos, como prevé el artículo 388 de la Ley Federal del Trabajo; no obstante, el más representativo o mayoritario puede tener ciertos privilegios admisibles constitucional y convencionalmente, consistentes en: 1) La facultad exclusiva de negociar el contrato colectivo de trabajo con la empresa; 2) Prioridad respecto de las consultas con los gobiernos; o, 3) Prioridad en materia de designación de los delegados ante organismos internacionales; lo cual es congruente con las decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. No obstante, estos privilegios no son absolutos y encuentran límites, pues: a) Es inadmisible que se prive a los sindicatos minoritarios de los medios esenciales para defender los intereses profesionales de sus miembros o del derecho de organizar su gestión y su actividad y de formular su programa de acción; b) Los elementos para distinguir entre las organizaciones más representativas de las que no lo son deben basarse en criterios objetivos y fundarse en elementos que no ofrezcan posibilidad de parcialidad o abuso; c) Las ventajas otorgadas al sindicato más representativo no pueden ser de tal naturaleza que influyan indebidamente en la decisión de los trabajadores para elegir la organización a la que deseen afiliarse; y, d) Las organizaciones minoritarias deben poder ejercer su autoridad, actuar como portavoces de sus miembros y representarlos en casos de conflictos individuales. Consecuentemente, no todo privilegio en favor de un sindicato mayoritario es válido por sí solo, sino que debe ajustarse a los límites referidos.
Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la tesis 2a. I/2012 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo II, febrero de 2012, página 1697, de rubro y texto siguientes:
"LIBERTAD SINDICAL. PRIVILEGIOS ADMISIBLES EN FAVOR DEL SINDICATO MÁS REPRESENTATIVO O MAYORITARIO. El artículo 123, apartado A, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho, tanto de los obreros como de los patrones, de coaligarse en defensa de sus intereses formando sindicatos, asociaciones profesionales u otros grupos. Este derecho también es reconocido por el artículo 2 del Convenio 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho Sindical, de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a ellas, siempre que observen sus estatutos. Ahora bien, en ejercicio del derecho a la libertad sindical, en una empresa puede haber uno o más sindicatos, como lo prevé el artículo 388 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, el más representativo o mayoritario puede tener ciertos privilegios admisibles constitucional y convencionalmente, consistentes en: 1) La facultad exclusiva de negociar el contrato colectivo de trabajo con la empresa; 2) Prioridad respecto de las consultas con los gobiernos; o, 3) Prioridad en materia de designación de los delegados ante organismos internacionales; lo cual es congruente con las decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. No obstante, estos privilegios no son absolutos y encuentran límites, pues: a) Es inadmisible que se prive a los sindicatos minoritarios de los medios esenciales para defender los intereses profesionales de sus miembros o del derecho de organizar su gestión y su actividad y de formular su programa de acción; b) Los elementos para distinguir entre las organizaciones más representativas de las que no lo son deben basarse en criterios objetivos y fundarse en elementos que no ofrezcan posibilidad de parcialidad o abuso; c) Las ventajas otorgadas al sindicato más representativo no pueden ser de tal naturaleza que influyan indebidamente en la decisión de los trabajadores para elegir la organización a la que deseen afiliarse; y, d) Las organizaciones minoritarias deben poder ejercer su autoridad, actuar como portavoces de sus miembros y representarlos en casos de conflictos individuales. Consecuentemente, no todo privilegio en favor de un sindicato mayoritario es válido por sí solo, sino que debe ajustarse a los límites referidos."
Asimismo, debe decirse que, en relación con el tema de la libertad sindical, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció criterio acerca de que la cláusula de un contrato colectivo de trabajo que prevé que las comisiones mixtas formadas al interior de la empresa estarán siempre integradas sólo por representantes del sindicato mayoritario, viola el derecho a la libertad sindical.
Lo anterior, a través de la tesis 2a. VI/2012 (9a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 2, febrero de 2012, página 1694, de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24086-24276eea/trabajadores-al-servicio-del-estado-el-articulo-54 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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