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Modo: Corpus Pro

COMERCIO. EL DECRETO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN ACATAR LOS PRODUCTORES O INTRODUCTORES PARA LA MOVILIZACIÓN DE GANADO PORCINO, CARNE EN CANAL O PROCESADO EN EL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 30 DE MAYO DE 2009, INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIONES IX Y X, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (Razones aprobadas por mayoría de cinco votos. El señor Ministro José Ramón Cossío Díaz votó en el sentido de que el decreto impugnado únicamente viola la esfera federal en materia de salubridad general; el señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea votó con las salvedades expresadas por el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz y en contra de las consideraciones que involucran problemas de comercio, y el señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo votó con las salvedades expresadas por el señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Los señores Ministros José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández votaron en contra del sentido. La señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos estuvo ausente) CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 5o. Y 9o. DEL DECRETO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN ACATAR LOS PRODUCTORES O INTRODUCTORES PARA LA MOVILIZACIÓN DE GANADO PORCINO, CARNE EN CANAL O PROCESADO EN EL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 30 DE MAYO DE 2009, MODIFICADO Y DEROGADO, RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE DIVERSO EMITIDO EN EL CITADO ÓRGANO DE DIFUSIÓN EL 8 DE AGOSTO DE 2009, EN TANTO QUE CESARON SUS EFECTOS. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos. La señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos estuvo ausente)

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 63/2009. · Registro digital (IUS): 24096
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 1, Pág. 451.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 63/2009. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 10 DE ABRIL DE 2012. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIOS: ARNULFO MORENO FLORES Y JOSÉ ALFONSO HERRERA GARCÍA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de abril de dos mil doce.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el diez de julio de dos mil nueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Miguel Alessio Robles, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del presidente de la República, promovió controversia constitucional en la que señaló como órgano demandado y acto impugnado los siguientes:

"II. Entidad demandada y su domicilio. Gobierno Constitucional del Estado de Colima, por conducto del Poder Ejecutivo Local ... IV. Norma cuya invalidez se demanda y medio de publicación oficial. ‘Decreto que contiene las disposiciones que deberán acatar los productores e introductores para la movilización de ganado porcino, carne en canal o procesado en el Estado de Colima’, publicado en el ‘Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado el 30 de mayo de 2009.’." (anexo 2)

SEGUNDO. En la demanda se narraron los antecedentes del caso, los cuales textualmente son los siguientes:

"Hechos que constituyen los antecedentes de la norma impugnada. Mediante decreto publicado el sábado 30 de mayo de 2009, el Gobernador Constitucional del Estado de Colima expidió el ‘Decreto que contiene las disposiciones que deberán acatar los productores e introductores para la movilización de ganado porcino, carne en canal o procesado en el Estado de Colima’ en el que se establecen diversas medidas con el propósito de restringir la movilización e introducción de ganado porcino en el Estado."

TERCERO. El actor señaló como preceptos violados los artículos 117, fracciones IV, V y VI, y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló los siguientes conceptos de invalidez:

"VIII. Conceptos de invalidez. Primero. El artículo noveno del decreto impugnado viola lo dispuesto en los artículos 117, fracciones IV y V, y 131 de la Constitución Federal, al establecer un gravamen para el tránsito (introducción y movilización) de ganado porcino en el Estado de Colima, facultad que es privativa de la Federación. El decreto que por esta vía se impugna contiene disposiciones que invaden la esfera de atribuciones que, de manera exclusiva, corresponden a la Federación, por conducto del Congreso de la Unión, al establecer una carga onerosa para restringir la introducción y movilización de ganado porcino en el Estado de Colima. En efecto, el artículo noveno grava la introducción y movilización de la especie animal aludida, al establecer lo siguiente: ‘Toda persona que introduzca al Estado de Colima o movilice dentro de él, ganado porcino, tiene la obligación de colaborar con una aportación económica de $15.00 (quince pesos 00/100 M.N.) por cabeza de porcino ...’. Como se precisó en el capítulo de consideraciones previas, la distribución de competencias, dentro del marco establecido en la Constitución Mexicana, se basa en dos reglas fundamentales: a) todo aquello que no esté expresamente atribuido a la Federación es competencia de las entidades federativas (artículo 124 constitucional) y b) las facultades que están prohibidas para los Estados se entienden otorgadas a la Federación, si están previstas en el Texto Constitucional (prohibiciones absolutas y relativas en los artículos 117 y 118, respectivamente, en relación con el 131, párrafo primero, constitucionales). De esta manera, por una parte, la Federación es competente para imponer gravámenes al tránsito comercial en territorio nacional (lo cual incluye al comercio entre entidades federativas), cuya facultad expresa la encontramos en el primer párrafo del artículo 131 constitucional y, por otra, los artículos 117 y 118 de la Constitución Federal establecen una serie de restricciones absolutas y relativas que deben observar los Estados en todo cuerpo legislativo que pretendan emitir, esto es, los preceptos constitucionales referidos contemplan una serie de hipótesis en las que las entidades federativas no pueden actuar y que constituyen, por tanto, una limitante en el ejercicio de las atribuciones que constitucionalmente les corresponden, por lo que, al hacer uso de la facultad legislativa, deben observar no incurrir en los actos que expresamente les están prohibidos y que acotan su ámbito competencial. En la materia de estudio, se encuentran las prohibiciones establecidas en las fracciones IV y V del artículo 117 de la Constitución General de la República, que son absolutas, al no admitir excepciones y, en virtud de ellas, los Estados no pueden, en ningún caso, prohibir o gravar, directa o indirectamente, la entrada a su territorio, la salida de él o el tránsito dentro de los límites de la entidad, de ninguna mercancía nacional o extranjera. La prohibición absoluta antes referida debe relacionarse, además, con lo dispuesto en los artículos 73, fracciones IX y X, y 131 de la Constitución Federal, de los cuales se desprende que el Constituyente prohibió las restricciones al comercio entre entidades federativas y reservó a la Federación, entre otras cosas, la regulación de la materia de comercio y la imposición de gravámenes al tránsito de mercancías en territorio nacional. En efecto, se encomendó a la Federación, por conducto del Congreso de la Unión, impedir que en el comercio de Estado a Estado se establezcan restricciones y la facultó, de manera privativa, para gravar las mercancías que se importen o exporten o pasen de tránsito por el territorio nacional, así como para reglamentar y aun prohibir por motivos de seguridad o policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia, señalándose que el Congreso de la Unión podrá facultar al Ejecutivo Federal para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación y para crear otras, así como para restringir y prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. En esas condiciones, resulta claro que el decreto impugnado, al establecer restricciones para el libre tránsito de mercancías, así como establecer ‘aportaciones económicas’ al ganado porcino que sea introducido al territorio del Estado de Colima, infringe las disposiciones constitucionales señaladas. En primer término, el artículo noveno de la disposición impugnada viola lo previsto en los multicitados 117, fracción IV y 131, primer párrafo, de la Constitución Federal, pues establece un gravamen a la movilización de ganado porcino en el territorio del Estado, lo cual se traduce en que cuando la mercancía referida cruce el territorio de la entidad, también deberá pagar el gravamen aludido. En efecto, al establecerse como obligatorio el pago de $15.00 (quince pesos 00/100 M.N.) por cabeza de ganado porcino que transite por el territorio de la entidad federativa, se configura una carga onerosa para el productor y un ingreso para la hacienda pública local, el cual se destinará a la realización de campañas y a la mejora de la infraestructura sanitaria en la entidad federativa. En este marco, el sentido de la aportación constituye un gravamen, al ser impuesto unilateral y obligatoriamente en el decreto impugnado, carga que corre por cuenta de los productores que deseen movilizar la especie animal referida. Asimismo, el numeral impugnado viola lo dispuesto en el artículo 117, fracción V, constitucional, pues dicho gravamen también se impone a todos aquellos que deseen introducir al Estado cabezas de ganado porcino. Tal y como lo prohíbe el artículo constitucional referido, las entidades federativas no podrán imponer cargas económicas a la introducción de mercancías a su territorio. La naturaleza de esas ‘aportaciones económicas’, que se establecieron en el decreto impugnado, corresponden a las de una alcabala. La palabra alcabala proviene del árabe al gabala; que significa cobranza, recepción. Al respecto, el Diccionario Jurídico Mexicano dice: ‘Originalmente, fue un impuesto de traslación de dominio, convirtiéndose después en un gravamen a la circulación interior de las mercancías por el territorio de un Estado. Su origen es remoto e incierto. Al parecer la alcabala española apareció en la Península Ibérica hacia 1342 y fue un tributo indirecto consistente en un tanto por ciento del precio de las cosas vendidas o permutadas que debía pagarse en dinero al fisco. Inicialmente, la alcabala fue un impuesto extraordinario que se concedió al rey por tres años o mientras durase la guerra de Algeciras ... gradualmente la alcabala fue extendiéndose y prolongándose en el tiempo hasta convertirse en un impuesto ordinario, que en 1491 los reyes católicos fijaron en la décima del precio de las cosas permutadas o vendidas ...’. De ahí que la determinación contenida en el artículo noveno del decreto atacado en la que se grava con una ‘aportación económica’ de quince pesos, cada cabeza de ganado porcino que se introduzca al Estado de Colima, a todas luces transgrede los preceptos constitucionales referidos, por obstaculizar el comercio de una entidad federativa a otra y por gravar mercancías que lleguen a su territorio. Cabe mencionar que el Ejecutivo del Estado de Colima, con anterioridad, incurrió en una transgresión similar al orden constitucional, misma que, al ser controvertida y analizada por ese Alto Tribunal, dio origen a la tesis 2a. CLIII/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 442 del Tomo XXVI de octubre de 2007, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: ‘COMERCIO INTERIOR. EL DECRETO QUE DECLARA DE INTERÉS PÚBLICO LAS ACCIONES TENDENTES A PROTEGER Y GARANTIZAR LA SANA MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS DEL CAMPO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COLIMA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 1996, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 117, FRACCIONES V Y VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’ (se transcribe). Similar criterio se contiene en la tesis 2a. CLIV/2007 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 444 del Tomo XXVI, de octubre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘COMERCIO INTERIOR. EL DECRETO QUE DECLARA DE INTERÉS PÚBLICO LAS ACCIONES TENDENTES A PROTEGER Y GARANTIZAR LA SANA MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS DEL CAMPO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COLIMA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 1996, VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE COMERCIO.’ (se transcribe). Asimismo, resultan aplicables las tesis cuyos rubro, contenido y datos de localización se reproducen a continuación: ‘LEY GANADERA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EXPEDIDA POR DECRETO 353, DE 1o. DE JUNIO DE 1962. EN SUS ARTÍCULOS 3, INCISO A), 84, 86, 90, 119, 128, 179 Y 4o. TRANSITORIO, Y LEY DE INGRESOS DEL MISMO ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1966 EN SUS ARTÍCULOS 53, FRACCIÓN II, INCISO 1), Y PÁRRAFO ÚLTIMO Y 54. INCONSTITUCIONALIDAD.’ (se transcribe). ‘ALGODÓN, INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 4o. DEL DECRETO 127 EXPEDIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EL 28 DE JULIO DE 1952 QUE GRAVA LA SALIDA DEL ESTADO DE.’ (se transcribe). ‘ALCABALAS POR EL TRÁNSITO DE MERCANCÍAS.’ (se transcribe). ‘TRÁNSITO DE MERCANCÍAS.’ (se transcribe). ‘ALCABALAS POR EL TRÁNSITO DE MERCANCÍAS.’ (se transcribe). Por las consideraciones expuestas, deberá declararse la invalidez del decreto impugnado, en virtud de que el establecimiento de un gravamen a la introducción y movilización de ganado porcino en el Estado de Colima viola lo dispuesto en los artículos 117, fracciones IV y V, y 131 de la Constitución Federal. Segundo. El decreto impugnado viola lo dispuesto en el artículo 117, fracción VI, de la Constitución Federal pues, además, de establecer un gravamen, impone la obligación de que la mercancía se acompañe de cierta documentación. El decreto impugnado transgrede la fracción VI del artículo 117 constitucional, pues como ya se indicó en el capítulo d

consideraciones previas, en dicha fracción se proscribe la recaudación de gravámenes a la circulación o consumo de productos nacionales o extranjeros que se efectúe por aduanas locales, o bien, si requiere inspección, registro de bultos o se exija documentación que acompañe la mercancía. Sobre esta fracción, Felipe Tena Ramírez señala: ‘Proscribe el precepto, no el impuesto mismo, como lo hacen las restantes fracciones, sino la forma de recaudarlo. La exacción por medio de garitas revela que el impuesto mismo es alcabalatorio, aparte de que la forma misma es vejatoria y odiosa; por eso se proscribe la exacción en aduanas locales. En cambio, el impuesto puede ser legítimo y, sin embargo, se le condena si su cobro va acompañado de inspección o registro de bultos o exige documentación que acompañe la mercancía; es entonces el procedimiento por constituir un estorbo para la rapidez de la circulación mercantil, el que motiva la censura constitucional.’. Como ya se señaló, el artículo primero del decreto impugnado impone restricciones para la movilización e introducción de ganado porcino al territorio de Colima, al disponer: ‘Cualquier persona, organización, agrupación o asociación que pretenda movilizar e introducir ganado porcino en pie, carne en canal o procesado para su comercialización en el Estado, deberá contar con un permiso vigente de internación expedido por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, el cual será otorgado previo dictamen del Subcomité Técnico Estatal de las Campañas de Fiebre Porcina Clásica y Enfermedad de Aujeszky, y deberá ser exhibido en los puntos de verificación interna fitozoosanitarios del Estado. Sin la presentación de este permiso no podrá ingresar al territorio estatal ninguna cabeza de ganado o producto en canal porcino.’. Además, el artículo quinto del decreto impugnado restringe el tránsito de las mercancías, pues señala: ‘La persona, quien transporte porcinos en pie para su ingreso a el (sic) Estado de Colima, deberá obligatoriamente detenerse en los puntos de verificación interna fitozoosanitarios del Estado, para la desinfección del vehículo en los arcos sanitarios que existen; el costo de esta operación será con cargo al transportista introductor de porcinos a la entidad; el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Colima le entregará al transportista una constancia de desinfección firmada y sellada por personal de verificación interna fitozoosanitaria, la cual deberá presentar en los rastros o bien en los lugares de su destino, así como a la autoridad de inspección fitozoosanitaria que le requiera esta constancia.’. Similar disposición se reproduce en el artículo sexto del decreto impugnado, al disponer: ‘El ganado porcino que sea autorizado para ingresar a sacrificio, carne en canal, repoblación o comercialización al Estado de Colima, deberá ser inspeccionado en los puntos de verificación interna fitozoosanitarios a su ingreso, donde se requerirá a quien transporte, la documentación oficial que ampara el origen y se constatará por el personal de inspección zoosanitario y de la Secretaría de Salud que corresponda, la sanidad e inocuidad de los porcinos o carne que se transporta y se pretenda ingresar al Estado de Colima.’. El artículo décimo primero regula una materia que no le corresponde, al disponer: ‘A quien pretenda ingresar carne en canal y empacada de porcinos para su comercialización al Estado de Colima, el introductor deberá solicitar un permiso de internación al Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural ...’. Al establecerse en el decreto controvertido la existencia de puntos de verificación fitozoosanitarios, en los que los inspectores exigirán a quienes pretendan introducir o movilizar en la entidad federativa, ganado porcino en pie, carne en canal o procesado para su comercialización, un permiso vigente de internación expedido por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, o una constancia de desinfección firmada y sellada por personal de verificación interna fitosanitaria, cuyo costo correrá a cargo del transportista, es claro que se vulnera lo dispuesto en el artículo 117, fracción VI, constitucional, puesto que se está exigiendo documentación que acompañe la mercancía que pretende circularse en el territorio del Estado de Colima. En efecto, los puntos de inspección, el pago de una aportación económica y del costo de la desinfección sanitaria, así como la documentación que se exige para la introducción o movilización de ganado porcino en el Estado, se erigen en un estorbo para la libre circulación mercantil, proscritos por el artículo constitucional en análisis, pues condicionan de manera directa la circulación de la mercancía en la entidad. Por lo anterior, se estima que la invasión de esferas competenciales que afectan directamente a la Federación, por abarcar materias de su competencia, han quedado claramente acreditadas en los términos expuestos a lo largo de esta demanda; de ahí que, se considera, debe declararse la invalidez de los artículos combatidos del ‘Decreto que contiene las disposiciones que deberán acatar los productores e introductores para la movilización de ganado porcino, carne en canal o procesado en el Estado de Colima’, publicado en el ‘Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado’ el 30 de mayo de 2009. No pasa inadvertido que en el considerando cuarto del referido decreto se establece: ‘Que el presente decreto integra la adecuada coordinación de acciones entre las autoridades de los tres niveles de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal ...’. Tal considerando resulta inexacto, en atención a que el decreto impugnado fue expedido de manera unilateral por el gobernador del Estado de Colima e, incluso, tal y como está redactado su artículo sexto, se desprende que las actividades de inspección y vigilancia correrán a cargo de las autoridades locales, sin hacer referencia alguna a las disposiciones que la Federación ha dispuesto en la materia. A mayor abundamiento, el Congreso General emitió diversas disposiciones que regulan la materia del decreto impugnado, tales como la Ley Federal de Sanidad Animal (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 2007), cuyo objeto, según su artículo 1o., consiste en: ‘Artículo 1o. La presente ley es de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto fijar las bases para: el diagnóstico, prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales; procurar el bienestar animal; regular las buenas prácticas pecuarias aplicables en la producción primaria y establecimientos tipo inspección federal dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, esto último coordinadamente con la Secretaría de Salud de acuerdo al ámbito de competencia de cada secretaría; regular los establecimientos, productos y el desarrollo de actividades de sanidad animal y prestación de servicios veterinarios; regular los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos. Sus disposiciones son de orden público e interés social.’. En los artículos del 67 al 77 de la ley federal referida se establecen disposiciones relacionadas con la movilización de mercancías, animales, sus productos y subproductos en el territorio nacional, salvo cuando, por medio de normas oficiales, se establezcan los casos en que para la movilización se requiera de un certificado zoosanitario. En lo que al caso interesa, el artículo 67 dispone: ‘Artículo 67. Corresponde a la Federación por conducto de la secretaría, ejercer de manera exclusiva la atribución de determinar los requisitos zoosanitarios que deben observar los interesados en movilizar mercancías reguladas en el territorio nacional, por lo que las autoridades estatales o municipales no podrán exigir mayores requisitos que los establecidos por la propia secretaría. La secretaría podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con los Gobiernos de los Estados o del Distrito Federal, con la participación, en su caso, de los Municipios, con el objeto de coordinar acciones para la vigilancia del cumplimiento de las medidas zoosanitarias que en materia de movilización de mercancías reguladas determine la secretaría.’. El artículo 67 referido establece que corresponde a la Federación ejercer de manera exclusiva la atribución de determinar los requisitos zoosanitarios que deben observar los interesados en movilizar mercancías reguladas en el territorio nacional y prohíbe, en forma expresa, que las autoridades estatales o municipales exijan mayores requisitos que los establecidos por la autoridad federal. Asimismo, en su artículo 6, establece como facultades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, entre otras, prevenir la introducción al país de enfermedades y plagas que afecten a los animales y ejercer el control zoosanitario en el territorio nacional sobre la movilización, importación, exportación, reexportación y tránsito de animales, bienes de origen animal y demás mercancías reguladas; promover, coordinar y vigilar las actividades de sanidad animal. En este marco, el decreto impugnado invade la esfera de competencias federales, en virtud de que corresponde al Congreso de la Unión impedir las restricciones que los Estados puedan imponer al comercio entre entidades federativas, en términos de lo dispuesto en la fracción IX del artículo 73 constitucional citado, mandato que cumple a través de la expedición de normas de carácter general, situación que se hace aún más evidente si se considera que, como se desprende de las disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal que han sido comentadas, es a la Federación a quien corresponde emitir los lineamientos que regulan esta materia, de ahí que resulta clara la invasión competencial llevada a cabo por el Ejecutivo del Estado de Colima con la expedición del decreto que aquí se impugna. En suma, debe declararse la invalidez del decreto referido por las siguientes razones: 1. La norma general impugnada establece restricciones al comercio entre Estados, al establecer diversas medidas para impedir la introducción y movilización de ganado porcino en pie, carne en canal o procesado para su comercialización en el Estado, ordenamiento que vulnera las competencias de la Federación previstas expresamente en la Constitución Federal; 2. El decreto que se combate grava la introducción o movilización de ganado porcino al Estado de Colima, con una aportación económica de $15.00 pesos (quince pesos 00/100 M.N.), lo cual se traduce en una violación a lo previsto en los (sic) 117, fracciones IV y V, y 131 de la Constitución Federal, pues los Estados, en ningún caso, podrán imponer cargas económicas a la introducción o circulación de mercancías; y, 3. El decreto en cuestión viola lo dispuesto en el artículo 117, fracción VI, de la Constitución Federal, pues los puntos de inspección, el pago de una aportación económica y el costo de la desinfección sanitaria, así como la documentación que se exige para la introducción o movilización de ganado porcino en el Estado, se erigen en un estorbo para la libre circulación mercantil, proscritos por el artículo constitucional referido, pues condicionan de manera directa la circulación de la mercancía en la entidad."

CUARTO. Por auto de trece de julio de dos mil nueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional con el número de expediente 63/2009 y turnarla al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano para que actuara como instructor del procedimiento.

QUINTO. Por proveído de catorce de julio de dos mil nueve, el Ministro instructor tuvo por presentado al consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del presidente de la República, promoviendo la presente controversia constitucional, admitió la demanda, tuvo como demandado en este procedimiento constitucional al Poder Ejecutivo del Estado de Colima, ordenó emplazar a la autoridad mencionada, se reconoció el carácter de terceros interesados a las Cámaras de Diputados y de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, por lo que ordenó darles vista para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera, requirió a la autoridad demandada, para que, al contestar la demanda, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, además, con fundamento en el artículo 35 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Ministro instructor a recabar pruebas para mejor proveer, requirió al Poder Ejecutivo del Estado de Colima, para que, al contestar la demanda, enviara a este Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes del decreto impugnado y, finalmente, tuvo como domicilio de la parte actora para oír y recibir notificaciones el señalado en esta ciudad y como delegados a las personas que se mencionan en su escrito inicial.

SEXTO. Por escrito presentado el día dieciocho de agosto de dos mil nueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Yolanda Verduzco Guzmán, en su carácter de secretaria general de Gobierno del Estado de Colima y representante jurídico del Poder Ejecutivo de dicha entidad, dio contestación a la demanda de controversia constitucional, solicitando el sobreseimiento de la misma, en los términos siguientes:

"Yolanda Verduzco Guzmán, secretaria general de Gobierno, como lo acredito con la copia fotostática certificada del nombramiento expedido a mi favor por el C. Gobernador Constitucional del Estado, licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, en mi carácter de representante jurídico del Ejecutivo del Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y fracción XX del artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, señalando domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Temístocles # 229, colonia Polanco, delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, Distrito Federal, con código postal 11570, designando como delegados en los términos del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los CC. Lics. José Pastor Suárez Turnbull y/o Fernando Torres y/o Domingo Ramírez Rodríguez y/o Elba Clemencia Bautista Larios, atentamente comparezco a exponer: En mi carácter de representante jurídico del Ejecutivo del Estado, me refiero a su oficio número 4314/2009, que contiene el acuerdo de fecha 14 de julio del presente año, dictado en el expediente de la controversia constitucional no. 63/2009, por el Ministro instructor Sergio Salvador Aguirre Anguiano, entre otras cosas, tuvo al C. Licenciado Miguel Carlos Alessio Robles Landa, en su carácter de consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del presidente de la República, promoviendo controversia constitucional en contra del gobernador del Estado, en la que impugna la medida del decreto que contiene las disposiciones que deberán acatar los productores e introductores para la movilización de ganado porcino, carne en canal o procesada en el Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Colima’, el día 30 de mayo del año 2009, me permito manifestar lo siguiente: El Ejecutivo del Estado, en acatamiento al acuerdo mencionado en el párrafo anterior, estando en tiempo y forma exhibe copia fotostática certificada del decreto impugnado, en virtud del requerimiento que se le formuló para dejar debidamente integrado el expediente de la controversia, motivo por el cual se solicita se deje sin materia el apercibimiento decretado en el proveído de referencia. Por otra parte y en vía de contestación a la controversia constitucional promovida por el Ejecutivo Federal, reclamando la invalidez del decreto en cuestión, por iniciativa del Ejecutivo del Estado, el Congreso de esta entidad aprobó modificar el artículo quinto y derogar el artículo noveno, mediante Decreto Número 35, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado ‘El Estado de Colima’, de fecha 8 de agosto del año en curso, dejando sin efecto jurídico el mandamiento que estableció el costo de operación a cargo del transportista introductor de porcino a la entidad, así como también la obligación de colaborar con una aportación económica de $15.00 pesos por cabeza de ganado porcino, como se comprueba con la copia fotostática certificada de ese decreto que se acompaña al presente escrito. En ese orden de ideas, se solicita se turnen los autos al Pleno del Máximo Tribunal de la Nación para que dicte resolución decretando el sobreseimiento de la controversia interpuesta por el Gobierno Federal en contra el Ejecutivo Estatal, por haber cesado el acto materia de la controversia, de conformidad con lo previsto en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

SÉPTIMO. El Ministro instructor, por auto de diecinueve de agosto de dos mil nueve, tuvo al Poder Ejecutivo del Estado de Colima dando contestación a la demanda; asimismo, tuvo como domicilio de la parte demandada para oír y recibir notificaciones el s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24096-eed9ba00/comercio-el-decreto-que-contiene-las-disposiciones-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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