GASTOS Y EROGACIONES DE LAS PERSONAS. EL ESTADO TIENE FACULTAD DE GRAVARLOS EN EJERCICIO DE SU POTESTAD TRIBUTARIA. * * * NOMINAS, IMPUESTO SOBRE. EL ARTICULO 45-G DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, PUESTO QUE DETERMINA EL TERRITORIO DONDE SE APLICA EL IMPUESTO. * * * NOMINAS, IMPUESTOS SOBRE. EL ARTICULO 45-I DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, PUESTO QUE DETERMINA EL TIEMPO EN QUE DEBE PAGARSE EL IMPUESTO. * * * NOMINAS, IMPUESTO SOBRE. LA TASA FIJA DEL 2% PREVISTA EN EL ARTICULO 45-H DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. * * * NOMINAS, IMPUESTO SOBRE. LOS ARTICULOS 45-G A 45-I DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA POR GRAVAR EROGACIONES EN ESPECIE. * * * NOMINAS, IMPUESTO SOBRE. LOS ARTICULOS 45-G A 45-I DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA PORQUE SI DEFINEN EL OBJETO DEL IMPUESTO. * * * NOMINAS, IMPUESTO SOBRE. LOS ARTICULOS 45-G A 45-I DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, PUESTO QUE COLOCAN EN PLENO DE IGUALDAD A TODOS LOS SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO. * * * NOMINAS, IMPUESTO SOBRE. LOS ARTICULOS 45-G A 45-I DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, PUESTO QUE SU OBJETO ES INDICATIVO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DEL SUJETO DEL IMPUESTO. - - -
Se publica parcialmente la ejecutoria en el amparo en revisión 2159/88, así como el voto particular del señor ministro Schmill Ordóñez, consistente en las consideraciones de su proyecto original.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno es competente para conocer del presente recurso de revisión de conformidad por lo dispuesto en los artículos 84, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo y 11, fracción V, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se interpone en contra de una sentencia dictada por un juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se reclamó el decreto de fecha veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno del mismo mes y año, por el que se reformó la Ley de Hacienda del Departamento de Distrito Federal, en cuanto a que se adicionaron los artículos 45-G, 45-H y 45-I, así como la Ley de Ingresos de dicho Departamento para el ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y ocho, en especial en su artículo 1o, fracción I, inciso 6), subsistiendo en la revisión la materia constitucional.
SEGUNDO. El recurrente expresa como agravios los siguientes: "I. Violación a los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, 5o. del Código Fiscal de la Federación, 77, 80 y 192 de la Ley de Amparo. a). En el considerando tercero de la sentencia que se recurre, la juez a quo señaló que es infundado el concepto de violación hecho valer por la quejosa, hoy recurrente, respecto de que el impuesto sobre nóminas que se tilda de inconstitucional, violaba el principio de proporcionalidad y equidad previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República. La a quo sostuvo sobre el tema lo siguiente: "En efecto, ante todo debe quedar establecido que el impuesto a estudio no es un impuesto al ingreso sino que constituye un impuesto al gasto o egreso y, por tanto, no puede ni tiene que atender a la capacidad económica del contribuyente en función de sus ingresos o incremento patrimonial, pues estos elementos nada tienen que ver tratándose de la proporcionalidad del impuesto al gasto". Suponiendo sin conceder que el impuesto sobre nóminas que se reclama de inconstitucional se considere como un impuesto al gasto, ello no libera al legislador de la obligación de que sea proporcional y equitativo en los términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, lo cual contrariamente a lo que opina la a quo, no ocurre en la especie. El requisito constitucional de proporcionalidad y equidad no es privativo de impuesto al ingreso o impuestos directos, tan es así que esa H. Suprema Corte ha establecido que la legislación fiscal debe cumplir con el ideal de justicia acercándose lo más que pueda a la capacidad contributiva. La jurisprudencia que a continuación se transcribe nos da una clara idea de lo que debe ser la proporcionalidad y equidad de los impuestos: "IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. Es del caso insistir en que el impuesto es un fenómeno histórico del actual estado constitucional, quien lo decreta mediante un acto legislativo en ejercicio de su soberanía, siendo propio de su naturaleza la trasmisión de valores económicos, en servicio de los intereses sociales que le toca cumplir. El Estado, de consiguiente, es el único titular de la soberanía fiscal, acreedor por antonomasia, del impuesto, a través del pago de una prestación incondicionada. Todo impuesto afecta directa o indirectamente, la capacidad contributiva personal o real del deudor fiscal. Mas para que el impuesto no sea un acto indebido, ni esté sujeto, por supuesto, a arbitrariedades, es indispensable que sea proporcional y equitativo, con lo cual queda limitada la soberanía del Poder Legislativo de un Estado en la imposición de cargas fiscales. La fuente de toda imposición es el conjunto de bienes que constituyen el patrimonio del contribuyente y de los provenientes de productos de rendimientos del capital, del trabajo o de la unión de relación de uno y de otro. El límite constitucional, a la facultad del legislador, para decretar un impuesto, a fin de que éste sea proporcional y equitativo, es no acabar, jamás destruir, la fuente de la imposición fiscal, porque ello equivaldría a aniquilarse a sí mismo, junto con el sistema económico de un país, que debe estar percatado que la peor política financiera que puede adoptarse contra la sociedad moderna, es la existencia de un Estado con escasos recursos económicos para la satisfacción de sus gastos públicos, estimados dentro de éstos los sociales, y para su cabal desarrollo económico. Corresponde apreciar ya, en cuanto a la función económica que cumple el impuesto en el seno de una sociedad, que si mayor es el potencial económico del contribuyente, mayor tendrá que ser el impuesto, aunque, invariablemente, en proporción a una capacidad contributiva personal o real, pues la teoría del interés público en bien de la misma sociedad esa capacidad contributiva, son las dos bases fundamentales para fijar el impuesto que encuentra, en el escalonamiento de la cuota tributaria una proporción cuyos resultados deberán repercutir en la necesidad de una redistribución de la renta nacional; en el quehacer de procurar el desarrollo económico de su moneda y en el empleo de sus miembros, única forma de lograr, para éstos un mejor equilibrio social y un bienestar económico". -"Amparo en revisión 6051/57. Inmobiliaria Zafiro, S. A. 27 de octubre de 1969. Cinco votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: Ignacio Magaña Cárdenas. Amparo en revisión 3444/57. Isabel, S. A. 27 de octubre de 1969. Cinco votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: Ignacio Magaña Cárdenas. Amparo en revisión 2536/56. Bienes Inmuebles Riozaba, S.A. 27 de octubre de 1969. Cinco votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: Ignacio Magaña Cárdenas. Amparo en revisión 40/57. La Inmobiliaria, S. A. 27 de octubre de 1969. Cinco votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: Ignacio Magaña Cárdenas. Amparo en revisión 668/57. Compañía Inmobiliaria Fare, S. A. 5 de noviembre de 1969. Cinco votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: Ignacio Magaña Cárdenas. Amparo en revisión 3160/57. Bajío, S. A. 5 de noviembre de 1969. Cinco votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: Ignacio Magaña Cárdenas. Amparo en revisión 5397/59. Ascamil, S. A. 5 de noviembre de 1969. Unanimidad de Cuatro votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: Ignacio Magaña Cárdenas. Amparo en revisión 7584/57. Negociadora e Inmobiliaria Metropolitana, S.A. 5 de noviembre de 1969. Cinco votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: Ignacio Magaña Cárdenas. Informe 1969. Sala auxiliar, página 52". La juez a quo, va más allá del texto constitucional, al pretender dar un alcance y sentido distinto al principio de proporcionalidad y equidad en materia tributaria que consagra el artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Magna. El principio de proporcionalidad y equidad tiene como ideal la justicia, independientemente del tipo de tributo que se pretenda establecer. Puesto que la justicia es un valor, y la función de los valores es la calificación de una situación, un acto o un bien, la justicia actuando como factor cualitativo, sirve como criterio de determinación de la alternativa óptima. En este caso debe resolver el problema de la medición de la capacidad contributiva, por lo que debe ser la justicia el factor más importante en el campo de la imposición. Dado que la igualdad es la esencia de la justicia, el concepto que la legislación tributaria consigue de la capacidad contributiva, debe tener sus más hondas raíces en la idea de equidad. El tratadista mexicano Sergio F. de la Garza, en su obra Derecho Financiero Mexicano (Editorial Porrúa, México 1979), señala que no puede existir una separación entre proporcionalidad y equidad sin llegar a resultados absurdos, y que el requisito de contribuir de una manera proporcional y equitativa se refiere a que exista una justicia tributaria, tomando en cuenta las distintas capacidades contributivas. Por su parte, John Stuart Mill, citado por Kaldor, en su obra El impuesto al gasto (Fondo de Cultura Económica, Bogotá, Colombia 1976, página 26), señala que "a menos que nos enfrentemos a la idea de lo que es perfectamente justo, no podemos hacer ninguna aproximación correcta respecto de la justicia en la aplicación práctica. Yo diría que la primera regla es la regla general de tributación, o sea la igualdad, es decir, la imposición en proporción a los medios". Aplicando las anteriores consideraciones al caso que nos ocupa, es decir, al análisis del impuesto sobre nóminas establecido en la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, podemos decir que dicho gravamen de manera alguna cumple con el principio constitucional de proporcionalidad y equidad, ya que no refleja una justicia tributaria, toda vez que obliga al pago de una tasa del 2% de las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal subordinado a las personas que las realizan, lo que evidentemente no va de acuerdo a las ideas expresadas con anterioridad ni con las jurisprudencias sostenidas por esa H. Suprema Corte, que se refieren al principio constitucional ya mencionado. En efecto, el impuesto que se tilda de inconstitucional no es proporcional ni equitativo ya que no es justo que se grave con un impuesto la actividad consistente en la obligación del pago de salarios y otras prestaciones, ya que dicha actividad no refleja una capacidad económica o contributiva, que es el espíritu del artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, pues como ya se ha dicho, el pago de salarios no implica que exista una riqueza susceptible de ser gravada ni significa que el contribuyente sea capaz de soportar una carga tributaria de esa índole. La juez a quo olvida por completo el principio de justicia tributaria, y se dedica a hacer un estudio de la teoría de la clasificación de los impuestos; pero en ningún momento sostiene argumentos o razonamientos jurídicos suficientemente sólidos para acreditar que el gravamen que se analiza sea constitucional. De hecho, la a quo olvidó fundar en derecho la sentencia reclamada, lo que implica que con ella se esté violado en perjuicio de la quejosa hoy recurrente la garantía constitucional consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna. Como se hizo valer en la demanda de garantías, el impuesto que se reclama es inconstitucional al violar la garantía consagrada en la fracción IV del artículo 31 de nuestra Carta Magna, afirmación que no quedó desvirtuada en la sentencia que ahora se recurre pues, como ya se dijo , la juez a quo parte de premisas falsas y de interpretar conceptos como los de proporcionalidad y equidad, que ya han quedado claramente definidos tanto por la doctrina mexicana como por esa H. Suprema Corte, para concluir equivocadamente que el gravamen en cuestión es constitucional. Contrariamente a lo que sostiene la juez a quo, la capacidad económica del contribuyente en función a sus ingresos o incremento patrimonial, tiene mucho que ver tratándose de la proporcionalidad del impuesto al gasto. Nicholas Kaldor en su obra El impuesto al gasto (op. cit. página 195), señala que la cuestión fundamental en un impuesto de esta naturaleza es basar el cobro en una concepción razonable de "gasto personal" que satisfaría los requerimientos de administración eficiente. Asimismo, Thomas Hobbes, en su obra Leviatán (Fondo de Cultura Económica, México 1940, página 284), refiriéndose al impuesto al gasto afirma que "cuando los impuestos son establecidos sobre las cosas que los hombres consumen, cada hombre paga igualmente por lo que usa, y el Estado no queda defraudado por el gasto lujoso de los hombres privados". La mecánica del funcionamiento del impuesto al gasto, a efecto de determinar la base gravable, parte de la cantidad total de dinero a disposición del contribuyente proveniente de todas las fuentes posibles (ahorros, sueldos, salarios, intereses, dividendos, etc.). Luego entonces, en la imposición de tributos al gasto, el ingreso incremento patrimoniales tienen mucho que ver. El artículo 45-G de la Ley de Hacienda del Departamento de Distrito Federal, establece que: "Se encuentran obligadas al pago del impuesto sobre nóminas, las personas físicas y morales que en el Distrito Federal realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado ...". De la anterior transcripción se puede observar que el objeto de este gravamen son las erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado. Se entiende por erogar distribuir, repartir una cosa entre varios; y por remuneración el pago a un salario por un trabajo o un servicio. Ya se decía en la demanda de amparo como ejemplo para demostrar la injusticia del tributo cuestionado, que muchas personas físicas y morales, que sin obtener ingresos, están obligadas a pagar salarios a sus empleados y a la vez, el impuesto controvertido, esto es, sin contar con capacidad contributiva o económica que le permita pagar el gravamen. Se repite, el hecho de erogar mayores cantidades por concepto de salarios y demás prestaciones, no implica que se tenga capacidad de ingreso. Incluso, tampoco puede hablarse de que se tenga más riqueza por el hecho de pagar mayores sueldos porque desde su origen (Edad Media), la riqueza como fuente de imposición ha estado íntimamente ligada al concepto de ingreso como factor determinante de la aptitud individual para cubrir impuesto. Aunque en algunas ocasiones el ingreso y la riqueza fueran considerados como un todo para fines impositivos, actualmente los países que utilizan el concepto de riqueza y el ingreso como base impositiva, los consideran bajo supuestos diferentes. Como se mencionó anteriormente, la base del llamado "impuesto al gasto", es el "gasto personal" es decir, lo que el sujeto consume, compra o desembolsa, derivado de su ahorro, o de sus ingresos provenientes de cualquier fuente posible. Según Kaldor, (op. cit. página 143), el gasto personal puede computarse para propósitos fiscales, tomando su ingreso (como se hace actualmente), sumando el dinero recibido de la venta de bienes de capital, el agotamiento de los depósitos bancarios, etcétera., y restando las cantidades gastadas en la compra de bienes de capital el gasto "no personal" y no gravable. Relacionando los conceptos anteriores podemos concluir que el objeto de este impuesto es la distribución de dinero o de especie con la cual se paga un salario o un servicio, en otras palabras, es el pago que realiza un patrón al empleado por el trabajo realizado. Como se hizo valer en la demanda de garantías, es un pago que se realiza para cumplir con disposiciones constitucionales y de la Ley Federal del Trabajo. Tal erogación no se trata de un consumo personal que debe ser gravado, y que refleje una riqueza objetiva o un ingreso. Es evidente que los elementos del impuesto sobre nóminas que ahora se analiza no coinciden con lo que se ha transcrito en párrafos anteriores sobre lo que se entiende por impuesto al gasto. El ingreso y el gasto han sido estudiados como factores determinantes de la capacidad económica. El ingreso es sin lugar a duda, la mejor alternativa para determinar dicha capacidad para efectos impositivos. Así lo ha reconocido esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación y la doctrina fiscal mexicana. El concepto de gasto como factor susceptible de valoración para fines impositivos, descansa sobre el concepto de ingreso. El impuesto al gasto constituye la imposición al ingreso en el acto de salir del patrimonio del contribuyente. Sin embargo, para ello, sería necesario modificar la estructura jurídica mexicana para subsistir el sistema del impuesto al ingreso por el sistema del impuesto al gasto, y de esta manera determinar gastos brutos, gastos exentos, gastos netos y gastos gravables. Como actualmente se encuentra estructurado nuestro sistema impositivo, no es posible aceptar que quien más gasta signifique que más capacidad económica tiene, como absurdamente lo afirma la juez a quo en la sentencia reclamada. Aplicando la fórmula transcrita, resulta obvio que el pago de salarios o la erogación por remuneraciones al trabajo personal subordinado no es un gasto personal; como ya se ha dicho, constituye el cumplimiento de una obligación legal que se traduce en un pago en efectivo o en especie de acuerdo a ordenamientos laborales federales. No se trata en este caso de desvirtuar la legalidad o procedencia del impuesto al gasto, siempre y cuando el gasto gravado sea el correcto. Tampoco se niega la afirmación de la a quo de que el texto constitucional no señala que las contribuciones fijadas en las leyes que deben ser proporcionales y equitativas deban establecerse sólo sobre los ingresos y no sobre los egresos. Lo que se cuestiona es que la a quo expresa un concepto erróneo del principio de proporcionalidad tributaria, pues aun el impuesto al gasto, como ya se expresó, descansa sobre el concepto de ingreso, llámese ahora salario ganancia de capital, honorario, etc. Ahora bien, la juez a quo confunde el sentido real del impuesto al gasto al afirmar en la sentencia que se recurre que:" "...es obvio que el contribuyente que realiza mayores erogaciones es porque tuvo, tiene o tendrá los ingresos para responder a esos gastos. Así, puede decirse que para efectuar erogaciones o gastos, previa o posteriormente tienen que ingresar al patrimonio del contribuyente los ingresos con que afrontará esas erogaciones". En la doctrina del impuesto al gasto, especialmente lo que sostiene su principal expositor, Nicholas Kaldor, no se hace referencia alguna a un ingreso futuro, sino que se da por sentado que ya existe un ingreso, una riqueza. Sólo así se justifica la imposición al gasto, pues si no hubiera riqueza qué gastar, no se estaría gravando actividad alguna que reflejase la capacidad contributiva del sujeto. Aplicando tan incorrecto razonamiento, la juez a quo pretende justificar la constitucionalidad del gravamen que se cuestiona, siendo que en éste existe una erogación que de ninguna forma implica un ingreso previo. Lo anterior implica que la sentencia que se recurre no se encuentra debidamente fundada y motivada, violándose en consecuencia la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional. De igual manera se viola en perjuicio de las quejosas hoy recurrentes, los artículos 77, 79 y 80 de la Ley de Amparo, en virtud de que la juez a quo no señale fundamentos legales suficientes en lo que se apoye para declarar la constitucionalidad del acto reclamado. Aún más, el citado artículo 80 señala que el amparo tendrá como objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo. En el caso que ahora nos ocupa, la sentencia recurrida al declarar constitucional el acto que se reclama, sin fundamento legal y constitucional alguno, no restituye a la quejosa ahora recurrente en el pleno goce de las garantías individuales violadas, que se encuentran contenidas en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, ya que, al considerar constitucional el impuesto sobre nóminas se le está afectando en su esfera jurídica y patrimonial. Por otro lado, basta citar al tratadista francés Jarach al referirse a que en los impuestos indirectos, en donde se ubicaría el impuesto al gasto, no se toma como base de imposición la riqueza en sí, ya sea en el aspecto estático o dinámico, sino otras manifestaciones como los consumos, las transferencias que hacen presumir la existenciade una riqueza pero no se toma como base la riqueza misma. Es decir, cuando se pretenda gravar de manera indirecta el ingreso, como puede ser a través del gasto, los actos u objetos gravados deben presumir necesariamente la existencia de la riqueza, lo que no sucede si se grava la erogación por concepto de salarios que realizan los patrones, situación que se da en el impuesto sobre nóminas que se tilda de inconstitucional. Cabe citar como ejemplo, el caso de una asociación civil, como una institución de beneficencia, que no persigue ningún fin de lucro y que, sin embargo para el desarrollo de sus actividades requiere personal, al cual, evidentemente, le debe remunerar el trabajo prestado. En este caso, como en muchos otros, el pago de salarios, o la erogación realizada no constituye un gasto para fines impositivos, es decir, un gasto que al determinar una capacidad contributiva sea susceptible de ser gravado. En otras palabras, dicha erogación no implica la existencia de un ingreso previo. Se puede afirmar, como se hizo en el escrito inicial de demanda, que el impuesto sobre nóminas establecido en la Ley de Hacienda del Distrito Federal (sic), no cumple con el requisito constitucional de gravar a los sujetos de acuerdo a su capacidad contributiva, ya que no atiende a su capacidad económica, sino por el contrario lo que grava es un pago que se realiza para cumplir con disposiciones constitucionales y de la Ley Federal del Trabajo. En virtud de las consideraciones anteriores, esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá revocar la sentencia que se recurre y conceder a las quejosas la protección constitucional solicitada. b). Afirma la juez a quo que "según los principios que rigen los impuestos reales, el contribuyente que efectúa mayores gastos es porque tiene o tendrá los ingresos para realizarlos y, de esta manera indirecta se grava el ingreso". Este razonamiento no es del todo cierto, pues como ya se ha dicho, el hecho de que se realice un gasto, o en el caso que nos ocupa, una erogación, no significa que se cuente ya con un ingreso. Así, en el caso del impuesto sobre nóminas que se tilda de inconstitucional, si una sociedad en inicio de operación tiene que pagar sueldo a sus trabajadores y por este hecho cubrir el 2% de ese monto por concepto de impuesto, no va a significar que se cuenta con un ingreso, pues, es lógico que una sociedad en inicio de operaciones no cuenta con ningún ingreso derivado de su actividad. Por otro lado, resulta inconstitucional gravar un ingreso "que se tendrá", como señala la juez a quo en la sentencia que se recurre, es decir, un ingreso a futuro, pues no se tiene la certeza de que éste se obtendrá, por lo que no hay capacidad económica o contributiva. Incluso, hay casos en los que se tiene la certeza de que no habrá un ingreso futuro, como puede ser una sociedad en liquidación o una asociación civil. Aplicando el razonamiento anterior al caso que nos ocupa, es evidente que una sociedad en liquidación o una asociación civil con domicilio en el Distrito Federal, se verá obligada a cubrir el impuesto sobre nóminas, lo cual resulta desproporcional, ya que no atiende a una capacidad económica ni contributiva, pues no existe ingreso gravable directa o indirectamente. Es en esta situación donde radica la inconstitucionalidad del gravamen que se reclama y que la juez a quo no considera, violando con la sentencia que se recurre las garantías constitucionales consagradas en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, así como los artículos 77 y 80 de la Ley de Amparo. Ahora bien suponiendo que se tuviera un ingreso a futuro, éste es gravado al momento de entrar al patrimonio del contribuyente a través del Impuesto sobre la Renta, pues es hasta ese momento cuando tal ingreso es cuantificable. Según la teoría de la a quo, el Impuesto sobre Nóminas estaría gravando un ingreso que en un futuro sería gravado por otro tributo, lo cual también resulta inconstitucional por desproporcional e inequitativo. La misma juez a quo, señala que la proporcionalidad se cumple de diferente manera en los impuestos reales que en los personales y, así, aunque ambos atienden a la capacidad económica lo hacen de diferente manera. Ello puede ser parcialmente cierto. Sin embargo, para que el impuesto al gasto real, como lo define la a quo sea proporcional, no puede partir de presunciones o de expectativas de ingreso. En la sentencia que se revisa, la juez a quo está creando una nueva teoría tributaria, consistente en la grabación indirecta de un ingreso futuro mediante el establecimiento de un impuesto a una erogación, y pasa por alto la jurisprudencia de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que es obligatoria en los términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, que la a quo viola por falta de aplicación. Esta resulta ser una teoría, además de absurda, a todas luces inconstitucional. No es aceptable de punto de vista alguno, la teoría de la juez a quo, pues en realidad el fisco sólo puede gravar algo real, existente, como lo es el ingreso en efectivo, en crédito, en bienes o en servicios. No puede gravar ingresos futuros, irreales o expectativas de ingresos. Ello sería confiscatorio. Aun considerando la posibilidad de establecer impuestos al gasto, ello no sería sobre la base que pretende la juez a quo de que se grave con ello indirectamente un ingreso futuro, pues repito, en el impuesto al gasto tendría que estructurarse de la siguiente manera:
1) Depósitos bancarios y efectivo al principio del año....... .............................................................
2) Ingreso (en dinero o equivalentes al dinero, como sueldos, intereses, dividendos, donaciones, etc)..........
3) Dinero obtenido en préstamo o recibido como pago de préstamos..............................................
4) Pendientes de venta.......................................
Ingresos totales_______________________
MENOS:
5) Dinero prestado o pagados por empréstitos anteriores................................................
6) Compra de inversiones (inclusive casa)....................
7) Saldos bancarios y efectivo al final del año..............
Gasto Bruto__________________________
MENOS:
8) Gastos exentos............................................
9) Exención para dispersión de gastos en bienes duraderos.................................................
SUMAR:
10) Proporción del gasto sobre bienes duraderos en que se ha incurrido en años anteriores y gravable en el año en curso.............................................
Gasto gravable _______________________
Los conceptos 1) y 4) representan la cantidad total de dinero a disposición del contribuyente. Los conceptos 5) y 7) representan la cantidad total de dinero que se aplica en forma distinta al gasto personal. La diferencia entre ambos es el "gasto personal bruto" del cual después de deducciones y ajustes se llega al gasto gravable. Como esa H. Suprema Corte de Justicia podrá apreciar, al establecerse un impuesto al gasto no puede, como lo pretende infundadamente la a quo, partir de ingresos futuros e inciertos. Deben considerarse los ingresos efectivos y reales del particular. No puede ser entonces válida la teoría de la a quo de que el gravamen que se cuestiona es proporcional porque "quien realiza mayores erogaciones es porque tuvo, tiene o tendrá los ingresos para responder a esos gastos", pues con ese razonamiento llegaríamos a un estado de absoluta inseguridad e incertidumbre jurídica en donde el fisco se apoderaría de todos los bienes del particular sin atender a su verdadera capacidad económica, dado que si tuvo en el pasado ingresos, puede ser que el presente, cuando tenga que pagar salarios ya no los posea y no tiene la certeza absoluta que en el futuro los obtenga. En el caso que no ocupa, el impuesto sobre nóminas no atiende en manera alguna a la capacidad económica, como se demostró en el escrito de demanda y que ha quedado reiterado a lo largo de este recurso, por lo que no cumple con el principio de proporcionalidad y equidad a que se refiere la fracción IV del artículo 31 constitucional. Consecuentemente, esa H. Suprema Corte de Justicia deberá revocar la sentencia que se recurre y en su lugar dictar una nueva en la que se conceda a la quejosa hoy recurrente el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. II. Violación a los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución General de la República. La juez a quo señala en la sentencia recurrida que debe desestimarse el concepto de violación hecho valer por las quejosas en cuanto a que el impuesto en cuestión viola el principio constitucional de equidad tributaria. Sin embargo, no expresa razonamiento jurídico alguno que desvirtúe tal afirmación. En efecto, se limita a decir la a quo que la quejosa está equiparando el concepto de ingreso con el de renta y que en el momento en que una persona realiza mayores erogaciones (sea vía salarios de sus trabajadores o cualquier otra vía) es porque contó con los ingresos suficientes para afrontarlos aunque estos ingresos no hayan sido necesariamente en efectivo sino en crédito. La a quo parte de una indebida interpretación del concepto de violación hecho valer por la quejosa, pues de la lectura del inciso b) del primer concepto de violación que se hace valer en la demanda de garantías que dio origen a este recurso, se aprecia que en ningún momento se está haciendo referencia a concepto de renta o de utilidad. La inequidad del gravamen sobre nóminas radica como ya se dijo, en que los sujetos deberán cubrir tal gravamen en la misma proporción sin importar su situación económica. Como se expresó en la demanda de garantías, es injusto, inequitativo e inconstitucional que un patrón, tenga que pagar el Impuesto sobre Nóminas sin importar su situación económica, por ejemplo, un sujeto que se dedica a la manufactura de cierto producto, requiere para el logro de su actividad de un número elevado de empleados, al no contar con maquinaria sofisticada para la elaboración del producto, debido a su alto costo, esta situación, es decir, el contar
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/241-84d6c76b/gastos-y-erogaciones-de-las-personas-el-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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