Corpus
Modo: Corpus Pro

REVISION EN AMPARO DIRECTO IMPROCEDENTE, AUNQUE SE IMPUGNE DE INCONSTITUCIONAL UN PRECEPTO LEGAL, SI EN LA SENTENCIA NO SE HACE PRONUNCIAMIENTO ALGUNO AL RESPECTO.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 1981/88. · Registro digital (IUS): 236
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AERONAVES DE MÉXICO, S.A.
Localización: Octava Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, , Pág. 184.

Se publica parcialmente la ejecutoria de la reclamación en el amparo directo en revisión 1981/88, así como el voto particular del señor ministro Juan Díaz Romero.

CONSIDERANDO;

PRIMERO.- Este, Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación legalmente competente para conocer del presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 de la Ley de Amparo y 11, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se interpone en contra de un acuerdo citado por el presidente de este alto tribunal, durante la tramitación de un asunto de la competencia del Pleno.

SEGUNDO.- El recurso se interpuso dentro del término de tres días previsto en el artículo 103 de la Ley de Amparo, toda vez que el auto recurrido fue notificado a la parte quejosa el siete de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho y el escrito de expresión de agravios se presentó el día trece del mismo mes y año.

TERCERO.- Con el objeto de facilitar la comprensión del asunto, se transcribe a continuación el considerando sexto de la sentencia impugnada en revisión, en que se estudian los conceptos de violación que adujo la quejosa:

"SEXTO.- La quejosa en sus conceptos de violación aduce, en síntesis, lo siguientes: a). que hay una distinción entre la organización estatal y la paraestatal y por lo cual son diferentes las contribuciones destinadas a los gastos públicos y las aportaciones para el fondo nacional de la vivienda, por lo que resultan inconstitucionales los artículos 2o. del Código Fiscal de la Federación, 2o., 3o., 7o., 12, 16, 25, y 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al atribuir a estos últimos el carácter de créditos fiscales y a dicho Instituto el de organismo fiscal, pues el deber de contribuir a los gastos públicos descansa en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución mientras que las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores lo es el artículo 123, fracción XII, del pacto Político; que al asignarles el código y ley enjuiciados al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores atribuciones íntimamente legales (sic) al concepto de soberanía, como son la función de liquidar y la jurisdiccional de la Comisión de Inconformidad y de Valuación, viola la garantía de justicia que consagra en artículo 17 constitucional. b). que el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación es inconstitucional, en virtud de que es ilegal el que la responsable niegue la admisión de pruebas que la quejosa debió y pudo ofrecer en la Comisión de Inconformidades del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pues ello viola directamente las garantías de audiencia y de justicia. c). Que es incorrecto lo considerado por la responsable en el sentido de que ninguno de los oficios que analizó del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores libera a la empresa de cubrir las aportaciones por los trabajadores de confianza y eventuales, pues del oficio DG-I-534 se desprende lo contrario. Lo aducido por la quejosa, sintetizado en el inciso a) es inoperante de acuerdo a las siguientes consideraciones: en efecto, el artículo 166, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que cuando se reclama una sentencia definitiva que ponga fin al juicio por estimarse que la ley aplicada es inconstitucional, los argumentos expresados respecto de dicho problema únicamente es (sic) materia de los conceptos de violación que al efecto exprese la parte quejosa. Sin embargo, debe entenderse que para que este tribunal se encuentre en posibilidad para analizar la inconstitucionalidad de la ley en tratándose de los amparos directos, es necesario que los ordenamientos que se estimen inconstitucionales se apliquen en la sentencia definitiva, o resolución que constituya el acto reclamado. En la especie, se advierte de la lectura de la resolución reclamada que en ningún momento la responsable aplica los artículos que se estiman inconstitucionales relativos a los preceptos 2o. del Código Fiscal de la Federación, 2o., 3o., 7o., 12, 16, 25, y 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pues únicamente se analiza la legalidad de la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo a través de los artículos 136 de la Ley Federal del Trabajo, 22, 23 y 24 del Reglamento de la Comisión de Inconformidades y Valuación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. De tal manera que si en el presente caso no se advierte que en la sentencia reclamada se hubieran aplicado los artículos referidos en el inciso a) que se estiman inconstitucionales por la parte quejosa, el concepto de que se trata es inoperante, porque la constitucionalidad de una ley o reglamento, en el amparo directo sólo puede ser analizada a través de un acto de aplicación, ya que la ley por sí sola no causa agravio alguno. Asimismo resulta inoperante lo aducido por la quejosa, sintetizado en el inciso b) pues si bien es cierto que en el caso se aplica el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación en cuanto que la emisión de la sentencia en el fondo (sic), también lo es que la agraviada pretende fundar la inconstitucionalidad que le atribuye no de su texto porque sea contrario éste con algún precepto de la Constitución, sino en la incorrecta interpretación del citado artículo 237 del Código fiscal de la Federación, que afirma hizo la sala responsable, como en seguida se pasa a demostrar. El artículo en cuestión a la letra dice: 237. Las sentencias del Tribunal Fiscal se fundarán en derecho y examinarán todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, teniendo la facultad de invocar los hechos notorios.- Las salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y las causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda. "En el caso, la agraviada aduce, sustancialmente, que no hay razón alguna para que la responsable al "cobijo" del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación desdeñe a título de extemporáneas las probanzas que pudo y debió rendir ante la Comisión de Inconformidades y valuación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Como se aprecia de lo anterior, la quejosa realiza consideraciones ajenas al texto del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación y que en todo caso se refieren a la supuesta ilegalidad de su interpretación por la responsable. Por tanto, como la inconstitucionalidad de la ley no puede derivar de la ilegalidad del acto concreto de aplicación sino del texto mismo del precepto impugnado, en cuanto contravenga o no un precepto del Pacto Federal, resulta que lo aducido por la agraviada, como ya se dijo, es inoperante. Es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 197 del Volumen semestral 157-162, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, que dice: " LEYES, INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS. NO DEPENDE DE LOS ACTOS DE APLICACION.- La inconstitucionalidad de la ley no puede derivar de la siguiente ilegalidad (sic) del acto concreto de aplicación, reclamado, sino, en todo caso, del texto mismo del ordenamiento impugnado, en cuanto que contravenga o no un precepto de la Carta Magna. Desde diverso aspecto y mayor abundamiento, tampoco es ilegal el que la sala responsable hubiera considerado que no podía analizar los contratos colectivos celebrados entre la ahora quejosa y sus sindicatos, así como las nóminas donde se indican sueldos y prestaciones de los trabajadores, en virtud de no haber sido ofrecidos ante la autoridad administrativa, pues independientemente de que sea correcta o no esa consideración de la responsable, lo cierto es que en el caso dicha omisión en el análisis de las referidas probanzas es intrascendente al sentido de la sentencia reclamada, en virtud de que la ahora agraviada no exhibió los contratos colectivos de trabajo debidamente requisitados, sino un simple folleto, sin certificación alguna, ni exhibió los originales de las nóminas de sueldos, sino copias fotostáticas simples, documentos que carecen de eficacia probatoria y que aún considerándolos en el caso más favorable para la agraviada sólo demuestran la celebración de un contrato colectivo y el pago de sueldos, pero de ninguna manera serían suficientes para demostrar que la autoridad administrativa la relevó de cubrir las cuotas para el Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, por lo cual las argumentaciones que expone la solicitante del amparo en contra del rechazo al análisis de las pruebas de que se trata resultan inoperantes. Finalmente, lo aducido en el inciso c) es infundado, pues a la inversa de lo que sostiene la agraviada, la sala correctamente consideró que ninguno de los oficios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores releva a la empresa quejosa de cubrir las aportaciones a dicho Instituto para por (sic) los Trabajadores de confianza y eventuales pues del contenido íntegro del oficio DG-I-539, que ha quedado transcrito a fojas cuarenta y dos a cuarenta y cuatro de la presente ejecutoria, se advierte que únicamente se releva a la empresa de efectuar las aportaciones al Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores en relación con aquellos que se encuentran comprendidos en el Contrato Colectivo de Trabajo, lo que excluye a los trabajadores de confianza y eventuales. En las relacionadas consideraciones al resultar inoperantes infundados los conceptos de violación procede negar a la quejosa el amparo solicitado, pues no probó que la sentencia reclamada viole en su perjuicio las garantías individuales que invoca".

CUARTO.- La recurrente expresó como agravios lo siguiente: "UNICO.- INFRACCION A LOS DISPOSITIVOS 76, 77 FRACCION I, 83 FRACCION V, 90 Y CONCORDANTES DE LA LEY DE AMPARO, 13 FRACCION VII Y RELATIVOS DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION. A la inversa de lo sostenido del acuerdo que se reclama (sic), la procedencia del recurso de revisión de que se trata, engasta claramente en la hipótesis normativa que contempla el artículo 83 fracción V de la Ley de Amparo, porque en la demanda de amparo introductoria se planteó claramente la inconstitucionalidad de los dispositivos 2o., 3o., 7o., 12, 16 y 25 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por lo mismo que el legislador Federal establece que las aportaciones de dicho Instituto son una misma cosa con el crédito a favor del fisco, y que tal determinación entraña sostener que no existe diferencia alguna entre la Administración Pública Centralizada y la Descentralizada, es decir, que tales preceptos secundarios establecen que el sector Paraestatal comparte con la esfera estatal propiamente dicha, o Sector Centralizado, la Soberanía del estado y la dirección del mismo. Se dijo entonces, que la garantía que entraña a la Carta Política en favor de los gobernados, el estado de Derecho, significa que entre gobernantes y gobernados, y aún entre el gobierno propiamente tal y el sector paraestatal hay diferencias significativas tan distintas y abismales, que no es dable salvarlas sin desconocer el régimen jurídico de la República, o lo que es lo mismo, que lo que en ese orden de ideas se sostuvo, es que no es constitucionalmente válido suprimir la distancia que existe entre gobernantes y gobernados; así al asemejar en grado de identidad las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores con los créditos fiscales, asignando a dicho Instituto el carácter de Organismo Fiscal Autónomo, se sostuvo igualmente en la demanda de amparo que una es la justificación política de los impuestos, y otra diversa, la de las aportaciones al Régimen de Seguridad Social, porque aquéllos se destinan al pago del gasto público, y estos últimos, sólo al financiamiento del Instituto. Se sostuvo entonces, en favor de esa inconstitucionalidad denunciada, que uno es el fundamento constitucional de los impuestos (artículo 31 fracción IV), y otro el de dichas contribuciones (artículo 123 fracción XII). Se dijo, finalmente, que la estructura y naturaleza que le adosa el legislador ordinario al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es una misma cosa con autorizar que dicho Instituto se haga justicia por mano propia; todo ello, con violación al dispositivo 17 del Pacto Político. En obvio de suplicaciones inútiles, doy aquí por reproducido el texto cabal de los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo. Igualmente se denunció en la demanda de amparo, que el precepto 237 del Código Fiscal es inconstitucional, porque descansa en la consideración implícita pero evidente-, de que el juicio fiscal entraña una Segunda Instancia de la Fase Oficiosa o Recurso. Así interpretado el dispositivo por la Sala Fiscal, ésta rechazó las consideraciones y pruebas que no se propusieron en la fase de Recurso. Ahora bien, por su parte, el Tribunal Colegiado ante el que plantee, por modo alternativo, la ilegalidad de la interpretación de dicho precepto por la sala, y en todo caso su INCONSTITUCIONALIDAD por las razones apuntadas, el Colegio falló, confirmando la interpretación equivocada de la Sala y negligiendo además, en lo absoluto, el estudio de inconstitucionalidad de dicho precepto 237. También por este capítulo remito a ese H. Pleno, al texto de la demanda de amparo, y al de la sentencia del Colegiado. El uno y el otro ponen de resalto que no ha sido gratuito el planteamiento de inconstitucionalidad que determina, a todas luces, la procedencia de la REVISION ilegalmente rechazada".

QUINTO.- Es infundado el agravio que hace valer el recurrente, por las siguientes razones.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83, fracción V, de la Ley de Amparo, para que proceda el recurso de revisión contra sentencias dictadas en amparos directos por los Tribunales Colegiados de Circuito, se requiere que dichas resoluciones decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I, del artículo 89 Constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los estados, o bien, que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución General de la República.

En otras palabras, la regla general establecida por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 83, fracción V, de la Ley de Amparo es que las sentencias dictadas en amparo directo por los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, pero existen dos excepciones consistentes en que si en tales resoluciones se decide sobre la constitucionalidad de una ley o se hace la interpretación directa de un precepto constitucional, es procedente el recurso de revisión del que debe conocer la Suprema Corte de Justicia, porque el Constituyente quiso reservar al más alto tribunal, como supremo intérprete de la Carta Magna la determinación última de las cuestiones relativas a la constitucionalidad de las leyes y a la fijación del sentido y alcance de los preceptos de la propia Ley Fundamental, lo que le otorga el carácter de auténtico tribunal constitucional. En esa virtud, si en un amparo directo se alega que una ley es inconstitucional, pero en la sentencia no se formula pronunciamiento alguno sobre ese problema, por estimarse que los conceptos de violación son inoperantes debe considerarse que no se da la situación de excepción y declararse improcedente el recurso de revisión.

Ahora bien, del análisis de la sentencia recurrida claramente se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se concretó a señalar que la autoridad responsable en ningún momento aplicó, en su respectiva resolución las disposiciones legales que la quejosa estima inconstitucionales y, por lo tanto, dicho tribunal no estaba en posibilidad de examinar tal inconstitucionalidad, propuesto que las leyes en cuestión no causan por sí solas agravio alguno. Asimismo, en cuanto al artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, que la quejosa impugnó de inconstitucional, el citado Tribunal Colegiado declaró inoperante el concepto de violación correspondiente por estar referido no al contenido de ese precepto, sino a la incorrecta interpretación del mismo por parte de la responsable, teniéndose en cuenta, además, que la inconstitucionalidad de una ley no puede derivar de la ilegalidad del acto concreto de aplicación. Finalmente, el aludido Tribunal Colegiado formuló diversas apreciaciones respecto del alcance de determinadas pruebas documentales de la empresa quejosa.

Por otra parte, debe decirse que si bien es cierto que en la demanda de amparo se planteó la inconstitucionalidad de los artículos 237 del Código Fiscal de la Federación y 2o., 3o., 7o., 12, 16, 25, y 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, también lo es que el referido Tribunal Colegiado, como ya se dijo, no hizo pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la ley alguna, ni estableció la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal.

En consecuencia, debe declararse que en la especie no se da el supuesto exigido por el artículo 83, fracción V, de la Ley de Amparo, para la procedencia del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia pronunciada el quince de junio de mil novecientos ochenta y ocho por el aludido Tribunal Colegiado, en el amparo directo DA-341/87.

SEXTO.- Al haber resultado infundado el recurso de reclamación, procede analizar si se actualizan las hipótesis previstas por los artículos 103, último párrafo, y 3o. Bis, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.

En efecto, aquel precepto establece que "si se estima que el recurso fue interpuesto sin motivo, se impondrá al recurrente o a su representante, o a su abogado, o a ambos, una multa de diez a ciento veinte días de salario."

Por su parte, el artículo 3o. Bis, segundo párrafo, de la misma Ley de Amparo, dispone que "el juzgador sólo aplicará las multas establecidas en esta ley a los infractores que, a su juicio, hubieren actuado de mala fe".

Del examen armónico de ambas disposiciones legales se desprende que la imposición de la multa procede cuando el recurso de reclamación se hace valer sin motivo y con mala fe, hechos que el juzgador debe apreciar, en cada caso concreto, a la luz de las constancias del expediente respectivo.

En la especie, existen elementos suficientes para concluir que se surten las circunstancias señaladas y que, por ende, procede imponer una multa al recurrente David Treviño Peña, representante legal de la Sindicatura de la quiebra de la quejosa. En primer lugar dicho representante, por ser perito en Derecho, debió haber advertido que en la sentencia dictada por el expresado Tribunal Colegiado no hay ninguna declaración de inconstitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento, ni un pronunciamiento sobre interpretación directa de un texto constitucional y, por lo mismo, no era procedente el recurso de revisión que interpuso y, siendo así, la reclamación contra el acuerdo desechatorio de la revisión lógicamente carecía de motivo. En segundo lugar, debe tomarse en cuenta el hecho de que si el promovente del recurso de reclamación lo hace valer sin estar la revisión desechada en alguno de los supuestos del citado artículo 83, fracción V, de la propia ley, es de estimarse que aquel recurso fue interpuesto a sabiendas de que resultaría infundado y, presumiblemente, con la sola finalidad de entorpecer o dilatar el cumplimiento de la sentencia reclamada en el juicio de amparo, que se traduce en el pago de aportaciones habitacionales a los trabajadores al servicio de Aeronaves de México, S. A., conducta que obviamente denota mala fe.

Con relación al quantum de la multa que debe imponerse, se considera procedente imponer sólo la equivalente a diez días de salario, que es la mínima establecida por la ley. En tal virtud, si el escrito en que se interpuso el recurso fue presentado el trece de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, en que el salario mínimo diario general para el Distrito Federal era de $8,00.00 (OCHO MIL PESOS 00/100), dicha multa asciende a la suma de $ 80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N) la cual deberá hacerse efectiva por conducto de la Tesorería de la Federación, a cuyo efecto se le girará oficio informando que de las constancias de autos aparece como domicilio del recurrente, David Treviño Peña, la casa marcada con el número 85 de la calle de Cuernavaca, Colonia Condesa de esta capital, y previniéndola que deberá informar a este alto tribunal sobre el cumplimiento de esta determinación.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 103 y 3o. Bis de la Ley de Amparo y 11, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.- Es infundado el recurso de reclamación interpuesto por David Treviño Peña, como representante legal de la Sindicatura de la Quiebra de Aeronaves de México, S. A., contra el auto de seis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, dictado por el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 1981/88.

SEGUNDO.- Se impone a David Treviño Peña una multa de $80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que deberá hacerse efectiva por conducto de la Tesorería de la Federación, a cuyo efecto se le girará el oficio correspondiente, con la prevención de que informe a este alto tribunal de su debido cumplimiento.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al tribunal de su origen y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por mayoría de quince votos de los señores ministros de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Rocha Díaz, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Villagordoa Lozano, Chapital Gutiérrez, Schmill Ordóñez y presidente del Río Rodríguez, se resolvió declarar infundado el recurso de reclamación interpuesto, y los señores ministros González Martínez y Díaz Romero votaron en contra por mayoría de once votos de los señores ministros Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Villagordoa Lozano, Schmill Ordóñez y presidente del Río Rodríguez se resolvió multar a David Treviño Peña, y los señores ministros de Silva Nava, Rocha Díaz, Martínez Delgado, González Martínez, Chapital Gutiérrez y Díaz Romero votaron en contra de la imposición de la multa. El presidente hizo la declaratoria respectiva. El señor ministro Díaz Romero manifestó que formulará voto particular. No asistieron los señores ministros: Mariano Azuela Güitrón, por licencia concedida, y Fausta Moreno Flores y Angel Suárez Torres, previo aviso a la presidencia. Fue ponente el señor ministro Felipe López Contreras.- Firman los ministros, presidente y ponente, con el Secretario General de Acuerdos que da fe.

Carlos del Río Rodríguez, Felipe López Contreras, José Javier Aguilar Domínguez, secretario.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/236-cb5da2a3/revision-en-amparo-directo-improcedente-aunque-se-impugne · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.