RENTA, PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA. * * * RENTA. SOCIEDADES MERCANTILES. OBJETO Y MOMENTO EN QUE SE GENERA EL IMPUESTO. - - -
Se publica parcialmente la ejecutoria del amparo en revisión 8456/87, con el voto disidente del ministro Ulises Schmill Ordóñez, inserto en la votación.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, y 11, fracción V, inciso A) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que la sentencia que se recurre fue dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de garantías en el que se reclama la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del día treinta de abril de mil novecientos ochenta y seis, concretamente en lo que se refiere a sus artículos Tercero y Sexto, en tanto en ellos se reforman los artículos 12 y 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, respectivamente, por estimarlos directamente violatorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, subsistiendo en el recurso el problema de constitucionalidad a virtud de lo resuelto por el Juzgador Federal y el contenido de los agravios formulados por la quejosa.
SEGUNDO.- Como agravios, la parte quejosa, ahora recurrente, expresó lo siguiente:
"AGRAVIOS"
"Como anteriormente se precisó, el 24 de agosto del presente año, el C. Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito de Amparo, dictó en el juicio de amparo No. 534/86, el acuerdo (sic) de referencia, mismo que determina una serie de sobreseimientos, así como a la vez no ampara ni protege a mi representada en el juicio de amparo por ella promovido".
"Toda vez que establece una serie de dichos, los cuales a continuación son impugnados por mi poderdante en virtud de su imprecisión y/o carencia de un estricto sentido jurídico".
"En lo que toca al primer punto de la resolución que por esta vía se impugna, en la cual el citado juzgado señala que se sobresea el juicio de garantías promovido por mi mandante en contra de los actos consistentes en la expedición, promulgación y refrendo (del decreto promulgatorio) y publicación de los artículos 11, 12, 17 y 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (vigente en 1986), es de establecerse que los mismos en ningún momento se están señalando en la demanda de garantías, como impugnados, única y exclusivamente se hace referencia a los mismos en relación al artículo 5 (sic) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado que fue reformado mediante decreto publicado el treinta de abril de mil novecientos ochenta y seis, el cual sí, como ya anteriormente se ha venido mencionando, es el objeto de la demanda de amparo que se hizo valer en su momento. Asimismo, cabe destacar que tales numerales, es decir, el 11, 12, 17 y 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, fueron citados en la demanda interpuesta única y exclusivamente con el objeto de establecer concretamente los supuestos en los que se colocaba mi representada y que en virtud de ello estaba obligada a enterar el pago del Impuesto en comento dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que realizara cualquiera de las operaciones tanto de enajenación de cualquiera de los productos que fábrica, vende o comercializa, o bien cuando preste cualquiera de los servicios permitidos por sus estatutos y dieran origen a la causación del impuesto, es decir, únicamente enlistó y transcribió los artículos referidos, para hacer una relación bien clara al juzgador del porqué en virtud a los artículos así transcritos, referidos al artículo 5o., que fue el directamente impugnado, se estaba causando un perjuicio a mi poderdante, concretamente en relación a la fracción IV del artículo 31 constitucional, toda vez que la reforma publicada en el Diario Oficial el treinta de abril de mil novecientos ochenta y seis, carece de la falta de proporcionalidad establecida por el artículo constitucional antes señalado, en virtud de que se obliga a mi mandante a pagar de su peculio una cantidad equivalente al 15% del Impuesto al Valor Agregado, que ha generado una operación por ella efectuada aún y cuando no haya cobrado el importe de dicha operación, es decir, que aún no lo ha trasladado al adquirente de los bienes y servicios de conformidad con la propia Ley del Impuesto al Valor Agregado.".
"Así, claramente se puede observar que el sobreseimiento establecido en el primer punto de resolución que por esta vía se recurre, proviene de la "nada jurídica".
"Y esta afirmación se hace en virtud a que de lo no impugnado por mi representada, ese juzgador estableció o señaló un sobreseimiento de algo que no existía en la litis del asunto a tratar".
Esta reflexión se hace única y exclusivamente con el fin de que esa H. (sic) Suprema Corte de Justicia pueda ver claramente que hay suposiciones que están de más en la resolución dictada por el C. (sic) Juez Octavo de Distrito".
"Sin mayor comentario, pasamos a tratar el segundo de los sobreseimientos".
"En relación al segundo punto de la resolución que por esta vía se recurre, cabe manifestar que en obvio de repeticiones, los mismos comentarios referidos al primer punto se tienen por transcritos en relación con el sobreseimiento que decreta ese C. (sic) Juzgador en relación al artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, toda vez que como anteriormente se señaló en relación a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en los artículos 11, 12, 17 y 18, el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se relacionó, mas nunca se impugnó, para efectos de establecer qué tipo de ingresos serían los que debieran acumular las sociedades mercantiles y esto en relación al artículo 12 reformado por el multicitado decreto, el cual sí fue materia del juicio de garantías promovido por mi representada. Es más, la referencia al artículo 15 que señalamos, fue porque este artículo señala los ingresos que han de acumularse y deben tomarse en cuenta durante todo el ejercicio fiscal, es decir, con lo señalado por el artículo 15, estamos tratando de determinar en realidad que la causación del Impuesto es en forma anual no en forma parcial, mes a mes, tal cual, lo señala esa H. (sic) Autoridad, puesto que vamos a saber que se obtuvo una utilidad o una pérdida hasta el cierre del ejercicio, cuando ya se tomaron en cuenta la totalidad de los ingresos a acumular, así como los gastos en que incurrió mi representada, a fin de establecer el resultado fiscal base del impuesto a pagar al fisco".
"En nuestros comentarios tanto del primero como segundo puntos resolutorios que por esta vía se recurre (sic), no hacemos mayor profundización, toda vez que lo que estamos tratando de precisar es que el juzgador, hasta ese momento, no ha entrado al fondo de lo impugnado por mi representada, exclusivamente se ha limitado a hacer señalamientos que provienen de premisas erróneas e inexistentes".
"En relación al tercer punto resolutorio, mediante el cual se sobresee en lo referente a lo hecho valer por mi representada en cuanto a la expedición, promulgación, refrendo (del decreto promulgatorio) y publicación de la Ley que Reforma, Adiciona y Decreta (sic) Diversas Disposiciones Fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha treinta de abril de mil novecientos ochenta y seis, por cuanto hace únicamente a la reforma del artículo 111 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, es de hacerse notar que si se impugnó el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reformado en decreto publicado el treinta de abril de mil novecientos ochenta y seis, esto fue en virtud de que contrariamente a lo determinado por ese C. (sic) Juzgador, dicho artículo, sí afecta el interés jurídico de mi representada, toda vez que si bien el mismo se refiere como destinatario a la persona física, este artículo viene a complementar la idea y el agravio esgrimido por mi poderdante de trato desigual existente entre las personas físicas con actividades empresariales y las sociedades mercantiles como mi mandante, toda vez que a la persona física se le obliga exclusivamente a hacer tres pagos provisionales del Impuesto sobre la Renta en los meses de mayo, septiembre y enero del siguiente año, mientras que, en igualdad de circunstancias y por las mismas actividades, a las sociedades mercantiles como mi representada, se le obliga a hacer doce pagos mensuales; es importante tomar en cuenta que en relación a nuestros anteriores comentarios se puede observar la relación en base al artículo 111 con respecto a la falta de equidad impugnada por mi representada".
"A la par de todo lo expuesto, el hecho de que se pretende sobreseer el juicio promovido por mi representada es no entrar al aspecto sustancial de la falta de proporcionalidad del artículo , cuestión fundamental de dicho juicio, de acuerdo al contenido propio de la misma".
"CUESTION DE FONDO".
"Por otra parte y entrando ahora así ya a la cuestión de fondo de la demanda de Amparo y de la resolución en la cual se señala en el resolutivo CUARTO "La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A TECNOLOGIAS UNIDAS, S.A., en contra de los actos de expedición, promulgada (sic), refrendo (del decreto promulgatorio) y publicación de la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha treinta de abril de 1986, por lo que hace a la reforma de los artículos 12 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 5o., párrafos segundo y tercero, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por los razonamientos expuestos en el cuarto considerando de esta sentencia", es de manifestarse que la posición y suposiciones de este H. (sic) Juzgador para determinar que no es procedente conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, es consecuencia de que parte de una premisa errónea y falsa toda vez que establece en la hoja 8 de su resolución, que no es obligatorio hacer pagos provisionales cuando el ejercicio inmediato anterior se hubiera obtenido pérdida fiscal pendiente de disminuir en ejercicios anteriores (sic) exceda a la utilidad fiscal, con lo cual concluye, el artículo 12 del primer párrafo (sic) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no va más allá de la capacidad contributiva, porque establece que si hay pérdida no van a hacerse pagos provisionales y en consecuencia señala que no existe violación al principio de proporcionalidad establecido en el artículo 31, fracción IV".
"Señalamos que tal postura y tales conclusiones son inadecuadas y erróneas, porque si bien en el ejercicio inmediato anterior se obtuvo una pérdida fiscal, que sucede, si por el contrario, la utilidad fiscal del ejercicio anterior es, en comparación con el ejercicio por el cual están cubriendo pagos provisionales, mucho mayor por las condiciones económicas imperantes en la actualidad".
"Lo anterior es una suposición, lo mismo tendrá igual validez que las del Juzgado que presupone que no va a haber obligación de efectuar el pago provisional en la medida que se obtenga una pérdida del ejercicio anterior".
Se quiere hacer notar, que no se está peleando la obligatoriedad del pago provisional en la medida en que se haya obtenido una utilidad o una pérdida fiscal, lo que se está impugnando es la notoria y clara violación al principio establecido en el artículo 31, fracción IV, de nuestra Constitución, toda vez que el artículo 12, en el primer párrafo, establece que el pago provisional se ha de cubrir en base a una utilidad fiscal, la cual se obtiene restando al total de los ingresos en el mes a que corresponda el pago, las deducciones permitidas por la propia ley. Aquí es donde radica la falta de proporcionalidad de dicho artículo, esto a que por las actividades de venta de prestación de servicios de mi representada, por los cuales recibe pago en 30, 45, 60, 90 o hasta 120 días incluso, por el hecho de realizarlas ya obtenga un ingreso (sic), sin tomar en cuenta que aún no lo ha percibido realmente".
"Lo que establece en la hoja 8v (sic) de su resolución ese C. (sic) Juzgador de que "no es exacto lo que afirma la quejosa en el sentido de que sólo hasta el final del ejercicio fiscal se puede saber si hubo pérdidas o utilidades, pues también al final de cada mes es factible determinar una utilidad o una "pérdida fiscal", no es cierto ni mucho menos, pues se reitera de nueva cuenta, que es hasta el final del ejercicio cuando mi representada sabrá de manera absoluta y real si obtuvo o no utilidades que sean materia del pago de un Impuesto o si en su defecto incurrió en pérdida".
"Lo que se expresa es corroborado por la fracción VIII del artículo 58 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde se señala la opción de las sociedades mercantiles de presentar la declaración anual en la que se determine el resultado fiscal del ejercicio y el monto del impuesto de éste, y más aún, el artículo 10 y 13 de la propia ley comentada señala el procedimiento y tarifa respectivamente en base al resultado fiscal determinado para el pago al que se vaya a estar obligado".
"Asimismo, toda esta posición es corroborada por las Jurisprudencias que a continuación se transcriben":
"IMPUESTOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD." (la reproduce).
"IMPUESTOS. PROPORCIONALIDAD DE LOS. TARIFAS PROGRESIVAS." (la reproduce).
"IMPUESTO SOBRE LA RENTA, INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ANTICIPOS DEL." (la transcribe).
"Estos criterios expresados por esa H. (sic) Suprema Corte, dejan fuera de toda duda el respeto que un impuesto debe tener a la garantía de proporcionalidad establecido en la Constitución".
"A la par de lo expresado, en su sentencia, ese C. (sic) Juzgador está violando flagrantemente el artículo 192 de la Ley de Amparo, en la medida en que no presta atención alguna a las jurisprudencias antes transcritas que son de observancia obligatoria para ese C. (sic) Juzgador, mismas que una vez se hicieron valer textualmente en la demanda de garantías, cuestión que es notoria en la medida en que ni siquiera las toman en cuenta, o hace relación alguna en torno a ellas".
"Todo ello es violatorio de procedimiento a seguir para emitir sus resoluciones, lo que por sí sólo es más que suficiente para revocar la sentencia de ese C. (sic) Juzgador".
"Además, el hecho de que el Juzgador establezca que en un momento determinado se puede disminuir, cuando proceda, en los casos y cumpliendo (sic) los requisitos que señala el reglamento de la Ley, el pago o el entero más bien dicho, del pago provisional, ello no significa en ningún momento que por ese simple hecho el impuesto que nos ocupa se causó o dejó de causarse anualmente, ello no significa que dicho pago no carezca de la proporcionalidad que es exigida para todo impuesto de conformidad con la fracción IV del artículo 31 multicitado".
"En consecuencia, sí es inconstitucional el que la Ley disponga que los pagos provisionales deben hacerse mensualmente, ya que la base del pago en ningún momento es el resultado fiscal, y de ninguna manera se puede establecer que exista en base a ingresos no percibidos a la fecha una utilidad fiscal con la cual, lo que verdaderamente se está gravando con los anticipos mensuales es el capital de trabajo de mi representada, cuestión todo esto que en ningún momento es desvirtuado, en el marco jurídico correspondiente, por el Juzgador".
"Por lo que toca a los comentarios asentados en la hoja 9, en los cuales señala en relación al principio de equidad establecido en el artículo 31, fracción IV, multicitado, de que tal principio en ningún momento es violado por el artículo impugnado, porque se otorguen plazos distintos para realizar los pagos provisionales a cuenta del supuesto impuesto causado en relación con las personas físicas que realicen igual actividad empresarial como lo es mi representada. Esta suposición subjetiva, y carente de la visión de lo que es el sentido de un impuesto en base al principio de equidad referido, se denota en la medida en que el Juzgador señala que en el caso de una actividad empresarial igual, ya sea realizada por persona física o por sociedad mercantil, el que se establezca un plazo distinto para realizar un pago provisional, en nada es un trato desigual respecto de uno y otros contribuyentes. Aduce al respecto, para basar su postura, que el principio de justicia tributaria establecida en la Constitución no constituye una regla por la cual todos los mexicanos deban contribuir exactamente de la misma manera al sostenimiento de los gastos públicos, sino que tiende a que en condiciones análogas se impongan gravámenes idénticos, lo cual no impide que el Legislador vaya a crear categorías de contribuyentes afectados con impuestos distintos y en consecuencia con obligaciones diversas, siempre y cuando tales categorías no sean arbitrarias".
"Con la anterior afirmación hecha por el Juzgador, se puede ver como claramente cae él mismo en una contradicción, toda vez que señala que si bien en efecto, el principio de justicia tributaria no constituye una regla por la cual todos los mexicanos deban contribuir exactamente de las misma manera al sostenimiento de los gastos públicos, esto es totalmente cierto, sin embargo, más adelante señala que ello significa que en condiciones análogas se impongan gravámenes idénticos. En el caso que nos ocupa, podemos ver cómo si a las personas físicas que se dedican a actividades empresariales y personas morales, en el caso en específico sociedades mercantiles, que realicen esas mismas actividades deben tener un trato igual ante la misma ley y ante el mismo impuesto, es decir, un tratamiento idéntico en hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., y que el Legislador prevea categorías distintas en un mismo impuesto es a todas luces e independientemente de la opinión particular del juzgador, una absoluta y total falta de equidad, puesto que dicho principio radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en la concerniente hipótesis de causación, etc., tal y como ya previamente se señaló, de tal manera que resulta incuestionable que para que un tributo, es decir, un impuesto, cumpla con la garantía de equidad consagrada en nuestra Constitución, es necesario e indiscutible que a dos sujetos que se encuentran en idénticas circunstancias, es decir, que realicen las mismas actividades y perciban el mismo tipo de ingreso, se les coloque en un plano de igualdad por lo que se refiere a los ingresos acumulados, deducciones permitidas, y en especial y sobre todo, a los plazos de pago; es más, en la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que transcribe el Juzgador en la hoja 10, que señala que aparece publicada con el número 20 en las páginas 293 a 295 de la Primera Parte del Informe de 1983, que en la parte conducente dice: "Ley del Impuesto sobre la Renta, sus artículos 68 y 70, fracción X, son constitucionales...", ahí mismo claramente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que "el Principio de Justicia Tributaria establecida en la Constitución tiende a que, en condiciones análogas, se impongan gravámenes idénticos..." esta es la postura que precisamente sustenta y es base de los argumentos esgrimidos desde un principio en su demanda de garantías ha señalado (sic) mi representada, es decir, que cómo es posible que en el artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se determine que mi representada como sociedad mercantil que es, tenga la obligación de efectuar unos pagos provisionales en determinadas fechas y por determinados periodos, mientras que las personas físicas en el artículo 111 de la propia Ley del Impuesto sobre la Renta y más adelante en el 5o. de la Ley del I.V.A. (sic), marque que tengan una preferencia para pagar en plazos y días posteriores el impuesto que han de causar por una actividad que realiza en igual manera".
"Ahora bien, el señalamiento que hace también el juzgador respecto a que no se le impide que el legislador cree categorías de contribuyentes afectados con impuestos distintos, esto es cierto, pero como él mismo lo señala, es en relación a impuestos distintos, es decir, aún con obligaciones diversas, pero si se trata del mismo impuesto por la actividad empresarial que realiza, ya sea independientemente de que sea persona física o moral, como es el caso de las sociedades mercantiles, esto no implica de ninguna manera que sea un impuesto distinto que pretende hacer valer erróneamente el C. (sic) Juzgador en su resolución".
"Ahora bien, el que se pretenda determinar que las personas físicas y las sociedades mercantiles no se encuentran en un plano de igualdad y por ende no es indispensable que se les dé el mismo tratamiento, independientemente de que sea el mismo impuesto el que se vaya a causar y por la misma actividad, es un absurdo, porque si bien se establecen títulos distintos dentro de la propia Ley del Impuesto sobre la Renta para unos y otros, de la simple lectura que se haga de los mismos se ve como tan substancialmente uno y otro regímenes son la misma situación por la cual va a causarse el impuesto, es más, el juzgador, al pretender que existe una desigualdad entre una y otras clases de contribuyentes, está con ello haciendo suposiciones totalmente erróneas, pretendiendo, de alguna forma así lo entendemos, allegarse facultades de "Legislador", toda vez que si de la simple lectura que se haga de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se ha de determinar que en ningún momento se hace un distingo como el que pretende el C. (sic)) Juez Octavo de Distrito en su resolución, pretendiendo dar un trato discriminatorio en lo relativo a los plazos de pago tanto del Impuesto sobre la Renta como del Impuesto al Valor Agregado".
"En lo que respecta a todo lo aquí expresado, en sus argumentos por parte de mi representada se puede claramente observar que de ninguna manera y en ningún momento el C. (sic) Juzgador en su resolución ha podido desvirtuar o checar abajo (sic) lo establecido por mi representada, concretándose únicamente a hacer una serie de aseveraciones por demás subjetivas y carentes de sentido jurídico, limitándose a sacar conclusiones de premisas o bien inexistentes o bien total y absolutamente falsas, por lo cual lo que procede es dictar la revocación de la sentencia que por esta vía se recurre en que no obstante que a través del presente, mi mandante ha echado abajo todos y cada uno de los puntos resolutorios hasta ahora planteados, lo cual es motivo de la revocación de la resolución en comento; nos falta por aclarar un punto de la misma la cual está contenida en la hoja 11v (sic) y señala que son infundados los conceptos de violación manifestados por mi representada en relación al artículo 5o. párrafos segundo y tercero, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, porque de ninguna manera se viola el principio de proporcionalidad tributaria por el hecho de que las empresas, sociedades mercantiles como mi representada, tengan que pagar de su patrimonio y en forma anticipada un impuesto que no han podido trasladar, toda vez que no han recibido aún el precio de los artículos enajenados; más adelante, señala el juzgador que de hecho no se tiene que anticipar el Impuesto al Valor Agregado que corresponde a cargo de terceros, cuando no se cobre anticipadamente el precio correspondiente por enajenar a plazos; para ello se basa en lo dispuesto por el artículo 12, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 25, párrafos primero y segundo, del Reglamento de la Ley en comento, las cuales establecen, palabras más, palabras menos, que se puede diferir el impuesto de conformidad con el Reglamento de dicha ley y las enajenaciones que sean a plazo en los términos del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación y que el impuesto correspondiente al precio pactado, excluyendo los intereses, podrá diferirse conforme sean efectivamente recibidos los pagos. Más aún, señala el C. (sic) Juzgador que mi representada no está obligada a pagar el impuesto si no ha recibido los pagos respectivos, por ser una enajenación a plazos y que por ende, el artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no viola el principio de proporcionalidad tributaria, considerando falsa la premisa de la que parte mi poderdante y en consecuencia, declarándola infundada".
"Para aclarar este punto creemos conveniente señalar que lo que hace mi representada al establecer unos pagos, en función a la situación económica del país, de 30, 45, 60, 90 de incluso 120 días, en ningún momento puede ser considerado como una enajenación a plazo según los términos del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, el cual en su parte conducente señala lo siguiente:
"Artículo 14. Se entiende por enajenación de bienes:"
"Párrafo Segundo: se entiende que se efectuarán enajenaciones a plazo con pago diferido o en parcialidades, cuando se efectúan con clientes que sean públicos en general, se difiera más del 35% del precio para después del sexto mes y el plazo pactado exceda de 12 meses. No se considerarán enajenaciones a público en general, cuando en la documentación comprobatoria se traslade en forma expresa y por separado el impuesto al valor agregado".
"Sino por el contrario, lo que hace mi representada al vender sus productos o prestar sus servicios, es lo que se conoce en la práctica como vender a "contado mercantil", es decir, a 30, 45, 60, 90 e incluso 120 días. De hecho como se da en la realidad, no se vende de contado y sin embargo se le obliga a anticipar un pago que la ley le señala que debe trasladar".
"Ahora bien, en relación con el citado artículo 12 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y 25 de su reglamento, para señalar esa autoridad que puede en un momento determinado diferir el pago del impuesto respectivo, esto es una falsedad, toda vez que de lo derivado del propio artículo 14 antes transcrito, se puede ver que en ningún momento, en los términos del propio Código, se está en la presencia de una enajenación a plazo, porque no se cumple ninguno de los requisitos de la misma, es decir, en ningún momento las ventas que hace mi representada son al público en general, porque en todas ellas, en la documentación comprobatoria, se traslada en forma expresa y por separado el impuesto al valor agregado, esto en segundo lugar, jamás como se puede observar, se difiere más del 35% del precio para después del sexto mes, porque el plazo máximo de pago es a 120 días, esto es, de 4 meses, y en última instancia, el plazo pactado jamás es de 12 meses, sino, como ya precisamente se señaló, es como máximo de 4 meses. En consecuencia no nos ubicamos en el supuesto de la enajenación a plazo y por ende no se puede en un momento determinado diferir el pago del impuesto al valor agregado, con lo cual queda perfectamente demostrado que no se le da la oportunidad, en los términos de la Ley de la Materia a mi representada de trasladar dicho impuesto, sino por el contrario, lo que se obliga a hacer es a anticipar de su capital de trabajo una cantidad que, de hecho debiera repercutir a los adquirentes de los bienes o receptores de los servicios que presta".
"Más aún si se trata de un impuesto que grava el valor que se le adiciona a los bienes dentro de la etapa que va desde su fabricación hasta su consumo, si de hecho ya se enajenó un bien pero su precio no ha sido pagado de manera real y efectiva, esto indica claramente que no ha sido agregado valor alguno, ello se realizará hasta el momento en que el precio del bien en cuestión sea cubierto; por tanto, no ha habido adición de valor, no puede cobrarse sobre un concepto que de hecho aún no existe.
"Es de esta manera como queda constatado el que ese Juzgador parte de una premisa total y absolutamente falsa, en la medida en que piensa que se trata de una enajenación a plazo las que hace mi representada, contraviniendo lo establecido en el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, intentando con su resolución aplicar de manera inexacta las leyes que han de regir en un momento determinado la actividad y contribución de mi poderdante, con lo cual se hace notoria la ilegalidad de la resolución que por esta vía se recurre, cuestión que debe tomar y tener bien en cuenta esa H. (sic) Suprema Corte para dejar sin efecto alguno dicha resolución.
"En lo relativo al argumento hecho valer en su demanda de amparo por parte de mi representada, consistente en la violación que con la reforma publicada en el Diario Oficial el 30 de abril de 1986 se está haciendo al artículo 74, fracción IV, de la Constitución, ese Juzgador, en la página 13 y 13v. (sic) de su resolución, pretende establecer que resulta infundado el concepto de violación hecho valer por mi mandante en la medida en que señala que la Constitución no prevé la obligación de que todas las contribuciones que se impongan deban ser reformadas o establecidas en determinado periodo o necesariamente antes de aprobarse el presupuesto de egresos.
"Esto como se ve, es un comentario totalmente carente de sentido jurídico, puesto que si se está a la letra de lo que señala el artículo 74, claramente se puede observar que en su fracción IV señala lo siguiente:
"Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: Fracción IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación y el del Departamento del Distrito Federal, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlos; así como revisar la cuenta pública del año anterior".
"Es precisamente el propio artículo 74 el que expresamente prevé que la obligación de la Cámara de Diputados es de anualmente cumplir
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/257-15febdd2/renta-pagos-provisionales-del-impuesto-sobre-la-renta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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