CORREO, DERECHO POR SERVICIOS DE. EL ARTICULO 142 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
Se publica parcialmente la ejecutoria, así como los votos particulares de los señores ministros Mariano Azuela Güitrón y Ulises Schmill Ordóñez. En el amparo en revisión 8667/84 se sostuvo el mismo voto por el señor ministro Azuela, asunto respecto al que también se publica el voto particular formulado por el ministro Juan Díaz Romero.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Es competente este Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer del presente juicio de amparo en revisión de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VIII, inciso a), de la Constitución General de la República, 84, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo y 11, fracción V, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor; en virtud de que la sentencia que se recurre fue dictada por juez de Distrito en audiencia constitucional de un juicio de garantías en el que se plantea la inconstitucionalidad de una ley emanada del Congreso de la Unión, como lo es, la ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, en la parte en que se reforma el título de la Ley Federal de Derechos para el ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y tres.
SEGUNDO.- En el escrito de revisión interpuesto a nombre del Presidente de la República, se expone el siguiente agravio:
"UNICO.- Violación de los artículos 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76, 77 fracciones I, II y III, 78 y 80 de la Ley de Amparo, 222 y 349 del Código Federal de Procedimientos Civiles.- a). El juez de Distrito violó los preceptos que se citan y causó el presente agravio, porque resolvió conforme argumentos de la quejosa y a los propios de dicho juzgador, sin que hubiere analizado los razonamientos expuestos por estas responsables en el informe con justificación, por ello, también violó el procedimiento además de que omitió fundar sus propias argumentaciones y con base en ellas consideró que la ley reclamada carecía de validez.- b). El artículo 92 constitucional dispone que todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República, deberán estar refrendados por el Secretario del despacho a que el asunto corresponda, requisitos sin el cual no serán obedecidos. Este precepto constitucional, obviamente no se refiere a las Leyes del Congreso de la Unión, las cuales no podrán quedar sin efecto o sin aplicación por decisión de un Secretario de Estado (pues hasta el Presidente de la República tiene conforme al artículo 89, fracción I de la ley fundamental la obligación de cumplirlas), sino que se refiere a que el Secretario del ramo a que el asunto corresponda, debe refrendar los actos del Ejecutivo Federal; de manera que es infundado el razonamiento del a quo en el sentido de que si un acto legislativo no es refrendado por el Secretario de Estado cuyo ramo sea afectado por la ley, por ese hecho el acto legislativo carece de validez, ya que se repite, sólo los actos del Presidente de la República (reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes), deben refrendarse por el Secretario del ramo a que el asunto corresponda, por lo que la falta de refrendo a la ley por parte de una autoridad no invalida a la misma.- Tampoco podría considerarse que el decreto presidencial que promulgó la ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales debió haber sido refrendado por el Secretario de Comunicaciones y Transporte, porque dicho decreto no guarda relación con las materias de la competencia de la Secretaría de Comunicaciones, pues se limita a disponer la publicación de la ley citada en el Diario Oficial de la Federación.- El decreto presidencial que promulgó dicha ley contiene únicamente una orden de publicación de la propia ley, siendo aplicable la tesis 23, páginas 538 y 539 contenidas en el tomo correspondiente al Pleno del informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su presidente al terminar el año de 1980, que dispone que la promulgación no es otra cosa que la publicación formal de la ley. A mayor abundamiento, si se separa el decreto promulgatorio de la ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, que requiere refrendo del texto mismo de la ley, se dice que no lo requiere, puede observarse gráficamente que la decisión presidencial nada tiene que ver con la competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El texto íntegro de dicho decreto es el siguiente: "MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente DECRETO (Texto de la Ley).- En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente DECRETO en la residencia del Poder Ejecutivo Federal a los veintiocho días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y dos".- Como puede apreciarse gráficamente, el decreto del Presidente se limitó a dar a conocer a los habitantes, como para su debida observancia una ley del Congreso de la Unión, por lo que se trata de un asunto que corresponde exclusivamente al ramo de la Secretaría de Gobernación, conforme al artículo 27, fracciones I y II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El Secretario de Gobernación refrendó el citado decreto por lo que el artículo 92 fue cumplido en sus términos.- Es cierto que en algunas ocasiones los decretos presidenciales son firmados por Secretarios de Estado a cuyo ramo no corresponde el asunto, lo cual no afecta la validez de los decretos respectivos, pues la Constitución únicamente exige que sean refrendados por el Secretario a que el asunto corresponda. Las firmas adicionales no tienen trascendencia jurídica, y no cabría invocarlas, como lo hacen los promoventes, para pensar que se ha agregado un nuevo requisito a la Constitución o que el hecho de firmar algún decreto el asunto se vuelve del ramo del Secretario que lo haya firmado adicionándose fácticamente la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal porque las adiciones a la Constitución son las previstas en el artículo 135 de la misma ley y no mediante costumbre, la cual tampoco puede modificar las leyes, conforme a lo dispuesto por el artículo 10 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable en toda la República en materia federal, por lo que el argumento resulta infundado y procede revocar la sentencia y negar el amparo.- c).- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ninguna parte señala que los Secretarios de Estado deban intervenir con su refrendo en los actos del Poder Legislativo, ni tampoco el juez de Distrito menciona en la sentencia que se combate qué artículo constitucional únicamente se refiere a refrendo por parte de los Secretarios de Estado a cuyo ramo corresponde el asunto de actos del Presidente de la República, consistentes en acuerdos, órdenes, reglamentos y decretos, por lo que en este sentido el juez de Distrito violó también el artículo 92 constitucional".
Por su parte, el Secretario de Comunicaciones y Transportes adujo como agravios los siguientes:
"El juez del conocimiento, sin ningún fundamento controlable, en la especie suple la deficiencia de la queja, esto es así, porque el peticionario en su pliego de demanda reclamó. e). Del C. Secretario de Comunicaciones y Transportes, el cumplimiento que está llevando a cabo el contenido de la Ley de Reformas Fiscales, y entre ellas, a la Ley Federal de Derechos, por conducto de la Dirección General de Correos, dependiendo de dicha Secretaría. f). Del C. Director del Diario Oficial de la Federación, publicación material en dicho periódico, del decreto presidencial promulgado y apercibido en el correspondiente, al 31 de diciembre de 1983; g). Del C. Director General de Correos, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el cumplimiento material del contenido de las reformas y concretamente del cobro de las nuevas tarifas de los derechos de correo conforme a las nuevas cuotas; h). De los CC. administradores de las Administraciones de Correos mencionadas con anterioridad, el cobro de los derechos del servicio de correos, incluido el cobro de la rehabilitación de las máquinas franqueadoras que usan las quejosas.- Dentro del mismo concepto de actos reclamados, señalamos todas las consecuencias directas o indirectas, mediatas o inmediatas que sean consecuencia o se relacionen con los actos reclamados, expresamente señalados, que lleven a cabo las propias autoridades por sí, o a través de subordinados o agentes de las mismas.- En el INFORME CON JUSTIFICACION, se dijo: Es cierto, que la suscrita autoridad ejecutora, viene dando cumplimiento a la Ley Federal de Derechos, aplicando las nuevas tarifas por los derechos de correo. Ahora bien, el a quo en la sentencia que se combate, concede la protección de la justicia federal a la quejosa, argumentando sustancialmente que el suscrito Secretario de Comunicaciones y Transportes, no refrendó la Ley Federal de Derechos publicada en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1982.- Como se acredita con lo transcrito, en ninguna parte del capítulo correspondiente, se reclama a esta responsable el refrendo a la Ley Federal de Derechos publicado en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1982. Luego entonces, el razonamiento que hace el juez Federal para conceder la protección de la justicia federal a la quejosa, no es congruente con lo reclamado en el capítulo respectivo del pliego de demanda, en este evento, suple la deficiencia de la queja contraviniendo los preceptos legales invocados en el epígrafe, e irrogando agravio por su proceder a esta responsable.- SEGUNDO.- INFRACCION POR INEXACTA E INDEBIDA APLICACION E INTERPRETACION DE LOS ARTICULOS 76, 77, 78 Y CONEXOS DE LA LEY DE AMPARO, ASI COMO A LOS PRECEPTOS 41, 49, 70, 71, 72, 80, 89, FRACCION I, 92, 94 Y RELATIVOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- La ley constituye un acto formal y material del órgano legislativo, que requiere en el proceso de su formación del órgano ejecutivo, a través de la promulgación que hace el Presidente con fundamento en el artículo 89, fracción I, del pacto federal.- En efecto, la fracción y artículo citado del pacto federal otorgan al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos la facultad de promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso, en uso de la facultad de promulgar, interviene en el proceso legislativo, en cuanto a la facultad de ejecutar las leyes que expide el Congreso proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, lo hace a través de órdenes, reglamentos, decretos y acuerdos, lo que constituye una actividad normativa en el ámbito de la administración pública de naturaleza material.- Luego entonces, el acto más importante, trascendental y solemne del sistema jurídico, es la ley, por lo que resulta ilógico que se condicione su validez o su obligatoriedad a la firma de un Secretario de Estado, toda vez que de aceptar esto, es tanto como sujetar los poderes fundamentales del Estado, a la voluntad de un funcionario, con lo que en breve se acabaría con el régimen de gobierno consagrado en el artículo 40, constitucional.- El Decreto de Promulgación que (sic) expide bien porque el Ejecutivo no tiene observaciones que hacer al respecto, o porque éstas fueron superadas por el Legislativo y como el Presidente mantiene relación con las Cámaras del Congreso de la Unión por conducto de la Secretaría de Gobernación, a quien corresponde también la publicación de las leyes y decretos, así como el publicar y administrar el Diario Oficial de la Federación; el Decreto Promulgatorio, que en sí mismo sólo se contrae a certificar el texto auténtico de la ley o decreto requiriendo únicamente ser refrendado por el Secretario de Gobernación, como en la especie aconteció. Destacando que el Secretario de Gobernación no refrenda el acto del Presidente si no que sirve como conducto institucional administrativo por medio del cual el Presidente hace del conocimiento general su intervención en el proceso de elaboración de una ley, pero ello, no significa en forma alguna, que le otorgue validez a la promulgación, lo que sería tanto como subordinar la función legislativa a la voluntad de los Secretarios de Estado. Por lo demás, los argumentos en los que pretende apoyar su razonamiento el a quo para otorgar el amparo y protección a las quejosas, no son aplicables, así, la tesis de Jurisprudencia número 95 que invoca, tiene como excepción, al no exigir el refrendo de un decreto, cuando en el mismo se toque, SOLO DE MANERA INCIDENTAL O ACCESORIA, ALGUNA MATERIA.- Ahora bien, en la especie la Ley Federal de Derechos se dirige a toda la administración pública, luego no es competencia exclusiva de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino que incide sólo de manera accesoria, el área de correos, SIENDO LA MATERIA PRINCIPAL, TODA LA ADMINISTRACION PUBLICA.- Por lo que en este orden de ideas, el juez del conocimiento al considerar que era necesario que se cumpliera con el refrendo, para que la ley tuviera validez y fuese obedecida, causa agravios a esta responsable, que deberá ser reparado en la Alzada, bien sobreseyendo, o negando el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos".
TERCERO.- En el primero de los agravios expuestos por el Secretario de Comunicaciones y Transportes se sostiene que el juez a quo suplió la deficiencia de la queja porque en el capítulo de actos reclamados de la demanda de garantías, se le señaló como autoridad responsable sin reclamarle en forma específica la falta de refrendo de la ley que establece reformas fiscales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y el juez a quo precisamente por dicha falta de refrendo concede la protección constitucional, lo que no es congruente con lo reclamado en el capítulo respectivo.
Es inconducente el anterior argumento, ya que si bien es cierto que en el capítulo de actos reclamados de la demanda de garantías no se le reclamó expresamente al Secretario de Comunicaciones y Transportes la falta de refrendo de la citada ley, también lo es, que la quejosa en el tercer concepto de violación alega precisamente dicha falta de refrendo por el Secretario de Comunicaciones y Transportes y es esta circunstancia, la parte medular del concepto de violación y por ello no puede desestimarse por no estar incluido en el capítulo de actos reclamados, ya que la demanda de amparo debe considerarse como un todo y así también debe examinarse.
En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia número 123, visible en la página 186, de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, INDIVISIBILIDAD DE LA.".
Por cuanto hace, con el segundo agravio, expuesto por el Secretario de Comunicaciones y Transportes y el formulado en representación del Presidente de la República, deben analizarse en forma conjunta, ya que en esencia son los mismos argumentos.
En dichos agravios se combate el análisis que realizó el juez de Distrito para conceder la protección constitucional, ya que consideró que las disposiciones legales reclamadas, son violatorias del artículo 92 constitucional porque el decreto promulgatorio de la ley que establece, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, carece de refrendo por parte del Secretario de Comunicaciones y Transportes.
Ahora bien, en primer lugar alegan los recurrentes que la sentencia del juez de Distrito es ilegal, porque éste resolvió basándose en sus propios argumentos y en el expuesto por los quejosos sin analizar los razonamientos hechos valer por las autoridades responsables en los informes justificados y que además el resolutor omitió fundar sus propias argumentaciones.
Lo anterior es inexacto, ya que como se aprecia en la sentencia recurrida, el juez de Distrito fundó su decisión de otorgar el amparo a la parte quejosa, por falta de refrendo del Decreto Promulgatorio de la ley reclamada, en los artículos 92 de la Constitución General de la República y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como en la Jurisprudencia número 101, visible en la página 196, Primera parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que se encuentra bajo el rubro: "REFRENDO DE LOS DECRETOS DEL EJECUTIVO POR LOS SECRETARIOS DE ESTADO RESPECTIVOS", Luego no existe la omisión de los fundamentos de la sentencia que se aduce.
Por otro lado, el juez de Distrito no estaba obligado a realizar un análisis de los razonamientos que se exponen en los informes justificados, pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que así lo ordene. Resulta aplicable la tesis número 32, visible en la página 349, de la Primera Parte del Informe de Labores correspondiente al año de mil novecientos ochenta y cuatro, que es del tenor siguiente: "INFORMES JUSTIFICADOS NO ES NECESARIO QUE EL JUEZ LOS ANALICE EN SU SENTENCIA.- El artículo 149, párrafo II, de la Ley de Amparo, no señala que el juez de Distrito, en las consideraciones de su sentencia deba referirse expresamente a las argumentaciones que contengan los informes que rindan las autoridades señaladas como responsables".
A continuación los recurrentes sostienen que el artículo 92 constitucional no establece la obligación por parte de los Secretarios de Estado de refrendar las leyes que expide el Congreso de la Unión, sino que únicamente señala que deberá observarse este requisito tratándose de reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República y no del Decreto Promulgatorio de una ley y por ello no tenía por qué ser refrendado por el Secretario de Comunicaciones y Transportes.- Añade además, que sólo era suficiente que dicho decreto promulgatorio estuviera refrendado por el Secretario de gobernación, como en realidad sucedió, para que se cumpliera con lo que establece el citado artículo 92 constitucional, pues el decreto presidencial en cuestión, solamente contiene la orden de publicación de una ley, asunto que es de la competencia de dicha Secretaría.
Por último, agrega que es intrascendente que en algunas ocasiones los decretos promulgatorios de leyes sean refrendados por los Secretarios de Estado a cuyo ramo no corresponda el asunto, porque tal costumbre no modifica el texto constitucional que en ninguna parte señala que dichos Secretarios deban intervenir con su refrendo en los actos del Poder Legislativo.
Son esencialmente fundados los anteriores agravios de conformidad con el criterio sustentado por este Tribunal en Pleno al resolver los siguientes amparos en revisión: "Amparo en revisión 8150/84.- Televisión González Camarena, S. A. y coagraviados.- 14 de octubre de 1986.- Unanimidad de 17 votos de los señores ministros: de Silva Nava, López Contreras, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela Güitrón, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gutiérrez de Velasco, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Schmill Ordóñez, Díaz Romero, Olivera Toro y presidente del Río Rodríguez.- Ponente: Fernando Castellanos Tena.- Secretario: Alfredo Villega Ayala.- Precedente: Amparo en revisión 2066/84.- Broad Casting Baja California, S. A. y coagraviados.- 29 de abril de 1985.- Unanimidad de 18 votos de: de Silva Nava, López Contreras, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela Güitrón, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Moreno Flores, Schmill Ordóñez, Díaz Romero, Olivera Toro y presidente del Río Rodríguez.- Ponente: Carlos del Río Rodríguez y el engrose estuvo a cargo del ministro Schmill Ordóñez.- Secretario: Rubén Pedrero Rodríguez.
El criterio sustentado en aquella ocasión es exactamente aplicable al caso, razón por la cual se transcribe: "En materia de refrendo de los decretos del Ejecutivo Federal, este Tribunal en Pleno hasta ahora ha establecido las tesis jurisprudenciales números ciento uno y ciento dos, visibles en las páginas ciento noventa y seis y ciento noventa y siete, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y cinco, cuyos rubros son los siguientes: "REFRENDOS DE LOS DECRETOS DEL EJECUTIVO POR LOS SECRETARIOS DE ESTADO RESPECTIVOS" Y "REFRENDO DE UNA LEY, CONSTITUCIONALIDAD DEL". Ahora bien, el análisis sistemático de los artículos 89, fracción I y 92 de la Constitución General de la República conducen a este Tribunal en Pleno a interrumpir las invocadas tesis jurisprudenciales hasta ahora sustentadas, en mérito de las consideraciones que en seguida se exponen. El primero de los preceptos mencionados establece: "Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia". A su vez, el artículo 92 dispone: "Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar firmados por el Secretario de Estado o jefe del Departamento Administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos". De conformidad con el primero de los numerales reseñados el Presidente de la República tiene, entre otras facultades, la de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión, función ésta que lleva a cabo a través de la realización de uno de los actos que señala el artículo 92 constitucional, es decir, al través de la emisión de un decreto mediante el cual ese alto funcionario ordena la publicación de la ley o decreto que le envía el Congreso de la Unión. Esto significa, entonces, que los decretos mediante los cuales el titular del Poder Ejecutivo Federal dispone la publicación de las leyes o decretos de referencia constituyen actos de los comprendidos en el artículo 92 en cita pues al utilizar este precepto la locución "todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente...", es incuestionable que su texto literal no tiene lugar a dudas acerca de que también a dichos decretos promulgatorios, en cuanto actos del presidente, es aplicable el requisito de validez previsto por el citado artículo 92, a saber, que para ser obedecido deben estar firmados o refrendados por el Secretario de Estado a que el asunto o materia del decreto corresponda. Los razonamientos anteriores resultan todavía más claros mediante el análisis de lo que constituye la materia o contenido del decreto promulgatorio de un a ley. En efecto, en la materia de dicho decreto se aprecian dos partes fundamentales: la primera se limita a establecer por parte del Presidente de la República, que el Congreso de la Unión le ha dirigido una ley o decreto cuyo texto transcribe o reproduce y la segunda a ordenar su publicación para que la ley aprobada por el Congreso de la Unión pueda ser cumplida u observada. Por consiguiente, si la materia del decreto promulgatorio está constituida en rigor por la orden del Presidente de la República para que se publique o dé a conocer la ley o decreto para su debida observancia, mas no por la materia de la ley o decreto oportunamente aprobados por el Congreso de la Unión, es de concluirse que el decreto respectivo única y exclusivamente requiere para su validez constitucional de la firma del Secretario de Gobernación cuyo ramo administrativo resulta afectado por dicha orden de publicación toda vez que es el acto que emana de la voluntad del titular del Ejecutivo Federal, y, por ende, el que debe ser refrendado, sin que deba exigirse, además, la firma del Secretario o Secretarios de Estado a quien corresponda la materia de la ley o decreto que se promulgue o publique, pues sería, tanto como refrendar un acto que ya no proviene del titular sino del órgano legislativo, lo cual evidentemente rebasa la disposición del artículo 92 constitucional, pues dicho precepto instituye el refrendo sólo para los actos del Presidente de la República ahí detallados. Lo hasta aquí expuesto lleva a concluir que es inexacto que el artículo 92 constitucional exija, como se sustenta en las jurisprudencias transcritas, que el decreto promulgatorio de una ley deba refrendarse por parte de los Secretarios de Estado cuyos ramos sean afectados por la misma ley, pues tal interpretación no tiene fundamento en el precepto constitucional en cita ni en otro alguno de la Ley Suprema".
En esas condiciones, siendo fundados los agravios estudiados en este considerando, a continuación, con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, procede examinar los conceptos de violación en los que la parte quejosa también plantea la inconstitucionalidad de la ley reclamada y cuyo análisis fue omitido por el juez de Distrito al estimar fundado el concepto de violación que examinó.
CUARTO.- Son infundados los conceptos de violación que alegan los quejosos.
En el primero de ellos se aduce que las leyes que regulan contribuciones tienen vigencia anual y la Ley de Ingresos de la Federación para mil novecientos ochenta y tres, es el soporte y sustento de la ley reclamada y como en aquélla no se establece específicamente como derecho el de la prestación del servicio de correos no podrán recaudarse los derechos respectivos aunque se cuantifiquen en el artículo 4o. de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales publicada en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos.
Al respecto debe decirse que este Tribunal Pleno ha integrado jurisprudencia en el sentido de que no es necesario que las contribuciones estén previstas en la Ley de Ingresos de la Federación, sino que para cumplir con el requisito de legalidad que consagra la fracción IV del artículo 31 constitucional basta con que estén contemplados en una ley con todos sus elementos esenciales. Tal criterio puede consultarse en las páginas trescientos sesenta y nueve y trescientos setenta de la Primera Parte del Informe de Labores correspondiente al año de mil novecientos ochenta y cinco y su texto es el siguiente:
"CONTRIBUCIONES. NO EXISTE INCONVENIENTE CONSTITUCIONAL ALGUNO PARA DECRETAR UNA CONTRIBUCION (IMPUESTOS, DERECHOS Y CONTRIBUCION ESPECIAL) QUE DEBA RECAUDARSE EN UN AÑO DETERMINADO AUN SIN ESTAR ENUMERADA EN LA LEY DE INGRESOS DE ESE AÑO.- De acuerdo con nuestro sistema legal, anualmente debe el Congreso decretar las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto del año fiscal siguiente (artículo 65, fracción II, de la Constitución). La forma en que normalmente se decretan tales contribuciones es haciendo en la Ley de Ingresos respectiva una simple enumeración de las diversas exacciones que deben cubrirse durante el año, sin especificar, salvo casos excepcionales, ni cuotas, ni formas de constitución del crédito fiscal y sólo estableciendo que las contribuciones enumeradas se causarán y recaudarán conforme a las leyes en vigor. Sin embargo, esto no significa que el Congreso de la Unión tenga dos facultades distintas para expedir, por una parte las leyes específicas impositivas y, por otra, la Ley de Ingresos, sino que en los términos en que están redactados los textos constitucionales, no hay más que una facultad. Lo que sucede es que el Congreso se vale de un procedimiento práctico para evitarse la tarea de volver a discutir y aprobar toda la legislación fiscal que ha regido en años anteriores y que debe seguir rigiendo en un año determinado, pero si el Congreso considera necesario decretar otro gravamen para cubrir las necesidades previstas por el Presupuesto de Egresos no es indispensable que se prevea en la Ley de Ingresos, constitucionalmente basta que esté en una ley expedida por el Congreso de la Unión, salvo los casos limitativamente señalados en el artículo 131 de la Carta Magna. Por ello no existe inconveniente constitucional para decretar una contribución que deba recaudarse en un año determinado aún sin estar enumerada en la ley de ingresos de ese año. No hay precepto constitucional que se refiera a una "Ley de Ingresos" ya que la Constitución sólo se refiere a que los mexicanos están obligados a contribuir a los gastos públicos en la forma proporcional y equitativa que señalan las leyes (en plural) por lo cual ello puede hacerse en uno o varios ordenamientos".
En la especie, el Congreso de la Unión mencionó en la Ley de Ingresos para mil novecientos ochenta y tres, en forma conceptual su voluntad de recaudar los derechos para la prestación de servicios que correspondan a funcionarios de derecho público y de allí que se encuentre cumplida cabalmente la disposición constitucional mencionada y no por ello exista duda y mucho menos le falte base y fundamento a la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, reclamada, la cual entre otras disposiciones reforma la Ley Federal de Derechos en donde precisamente se contienen en forma pormenorizada las cuotas para los diversos servicios que corresponden a funciones de derecho público, entre los que se encuentran los derechos de correos reclamados por las quejosas, por lo cual resulta evidente que el Congreso los decretó para el ejercicio de mil novecientos ochenta y tres y el hecho de que se encuentren regulados en una ley específica de vigencia indefinida, que además fue reformada en los renglones reclamados a partir de mil novecientos ochenta y tres, no determina su invalidez, pues de conformidad con lo que dispone el artículo 1o. transitorio de las reformas fiscales, la mism
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/262-3e4e2d3e/correo-derecho-por-servicios-de-el-articulo-142 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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