DERECHOS FISCALES. SUBSISTE LA CORRELACION ENTRE LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO Y EL MONTO DE LA CUOTA.
Se publica parcialmente la ejecutoria del 7233/85, así como el voto particular del señor ministro Juan Díaz Romero.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno es competente para conocer del presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y II fracción V, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se interpone contra la sentencia dictada por un juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en que se reclamó la inconstitucionalidad de una ley emanada del Congreso de la Unión, como lo es la que adicionó al artículo 50-A de la Ley Federal de Derechos, que se publicó el treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.
SEGUNDO. La autoridad responsable recurrente expresó como agravios los siguientes: "PRIMERO.- Violación a lo dispuesto por los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por inexacta interpretación e indebida aplicación del diverso 80 de la Ley de Amparo. Se causa el agravio que se hace valer, toda vez que el juez de Distrito en la sentencia que se recurre concede el amparo y protección a la quejosa respecto del C. Administrador de la Aduana Marítima del puerto de Guaymas, Sonora, para el efecto de que se le cobre el importe de las cuotas por concepto de pago de derechos por el servicio de trámite aduanero extraordinario, tomando en consideración el costo aproximado que representó para dicha aduana la prestación de ese servicio, y en su caso, se devuelvan las cantidades pagadas en exceso de acuerdo al artículo 50-A de la Ley Federal de Derechos cuya inconstitucionalidad declaró; criterio por demás erróneo y carente de contenido y apoyo legal alguno, como se demostrará a continuación. En efecto, el juez a quo transgrede los preceptos invocados, puesto que en su sentencia debió limitarse únicamente a conceder o negar el amparo a la quejosa sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, dado que en la especie no se está restituyendo al promovente en el goce de la garantía individual supuestamente violada, sino que el fallo que se combate excede en mucho al alcance y contenido que deben tener las sentencias que se dictan en un juicio de amparo. El juez del conocimiento, como se precisó con antelación, ordenó al C. Administrador de la Aduana Marítima del puerto de Guaymas, Sonora, que cobre los derechos correspondientes a la promovente, `tomando en consideración el costo aproximado que representó para esa aduana la prestación del servicio', pasando por alto que la determinación de las contribuciones en cuanto a su objeto, base, tasa tarifa, etc., debe estar fijada en ley y en modo alguno puede dejarse al arbitrio o discrecionalidad de la autoridad administrativa su determinación ni tampoco la fijación de los elementos de la misma, como sería en este caso la tarifa; ya que en tal supuesto se atentaría en contra del principio de división de poderes que consagra el artículo 49 de la Constitución Federal. En razón de lo anterior, queda de manifiesto que la sentencia que se recurre excede (sic) los alcances de una sentencia de amparo, ya que no es posible que a través de un fallo como el que se analiza, se ordene que una autoridad administrativa fije el monto a cubrir por el pago de un derecho y que más aún, se proceda a devolver cantidades pagadas en exceso conforme al artículo reclamado por el quejoso; puesto que, se insiste, la determinación de contribuciones y específicamente su monto, debe de ser fijado en la ley, habida cuenta que tal facultad es competencia del Congreso de la Unión, quien lo va a llevar a cabo a través del proceso legislativo correspondiente, SEGUNDO. Violación a lo dispuesto por los artículos 76 y 77 de la Ley de Amparo, toda vez que el juez a quo al declarar inconstitucional el artículo 50-A de la Ley Federal de Derechos, omitió interpretar este precepto en forma armónica con el texto de dicho ordenamiento en su conjunto, como se demostrará a continuación. En efecto, el juez de Distrito concedió el amparo de la justicia federal por una supuesta violación a los requisitos constitucionales de proporcionalidad y equidad de las contribuciones, aseveración inexacta y carente de apoyo jurídico, ya que conviene tener presente que nuestra Constitución Política no establece distinciones entre las diversas contribuciones, sino que las regula genéricamente, exigiendo que todas se establezcan en ley, para cubrir los gastos públicos y que sean proporcionales y equitativos. La distinción entre los impuestos y derechos se hace por ley ordinaria y no tiene rango constitucional. La antigua legislación federal distinguía los impuestos de los derechos en que los primeros se establecían para cubrir gastos públicos no relacionados con el contribuyente, por lo que éste nada recibía a cambio, mientras que los derechos se definían como `contraprestaciones en pago de un servicio'; por eso se consideraba que el monto de los derechos debía relacionarse con el costo del servicio, pues el dinero del contribuyente de los derechos se destinaba al sostenimiento del servicio por el que pagaba. Esta concepción de los derechos es propia de los sistemas fiscales poco evolucionados, en que el Estado percibe los ingresos `etiquetados' para cubrir un servicio al propio contribuyente, y ha sido substituida por el moderno concepto de concentración de toda la recaudación tributaria, incluso con los recursos no tributarios, para erogarse con criterios programáticos y de prioridades, en la atención de los gastos previstos en el presupuesto de egresos. Este concepto es el que mejor encuadra en el esquema constitucional, conforme al cual todas las contribuciones se establecen para cubrir el presupuesto, es decir, para los gastos en cuya realización coinciden los poderes Ejecutivo y Legislativo, uno al proponer el presupuesto y el otro al aprobarlo. Si sólo pudiera gastarse en servicios para quienes cubren las contribuciones no habría servicios para quienes carecen de capacidad económica, ni los gastos del Gobierno se harían para los conceptos prioritarios y, hasta regionalmente los gastos se harían en las zonas más desarrolladas y que generan mayor recaudación, en vez de en los lugares en que más se necesita. La redistribución del ingreso sería substituida por la mayor concentración que se produciría si el estado tuviera que emplear las contribuciones en servicios individualizados a quienes los pagan, justificándoles que el dinero gastado en ellos se ajusta a lo que ellos mismos pagaron. Tampoco se podrían cobrar derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público, porque el Estado tendría que demostrar un `costo' contable respecto de la explotación de sus recursos pesqueros, minerales o de otra índole. Ni la constitución establece que los derechos se destinen a cubrir servicios concretos, ni éste sería lógico o razonable. Por el contrario, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1984, prevé en su artículo 9o. que todo sobre ingresos fiscales se concentra en la Tesorería de la Federación y se refleja en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Después se erogarán conforme al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, en los términos del artículo 74 fracción IV de la Constitución Federal. Esto significa que los derechos que la quejosa debe pagar por concepto de derechos por trámites aduaneros extraordinarios no se guardan en la Aduana Marítima del puerto de Guaymas, Sonora para dar servicios exclusivamente a la quejosa. Esto sería absurdo y carente de fundamento constitucional. Desde un punto de vista técnico, la antigua legislación fiscal federal relacionaba el costo de los servicios con el elemento `cuota' de los derechos, lo que se explicaba por la concepción de éstos como contraprestaciones. La legislación vigente hace referencia a que se reciba un servicio en funciones de derecho público, pero no lo vincula con la cuota, sino que lo trata como elemento del hecho generador. Quien recibe un servicio debe pagar un derecho, causa una contribución, pero no paga por el servicio, sino que contribuye a los gastos públicos, esto es, contribuye a cubrir el presupuesto, que es precisamente lo que dispone la Carta Fundamental. Pretender que la proporcionalidad y equidad de los derechos consiste en que mediante éstos se paguen servicios concretos, no sólo equivale a desvirtuar el propósito constitucional de que las contribuciones sean para cubrir el presupuesto artículo 73 fracción VII y 74 fracción IV), sino lo que sería muy grave y triste: desvirtuar la esencia de justicia tributaria contenida en los requisitos de proporcionalidad y equidad que obviamente se refieren a la capacidad económica de los contribuyentes. Desde los antecedentes constitucionales de nuestra ley fundamental, aparece con claridad este sentido, cuando los artículos 8o. y 339 de la Constitución de Cádiz o el 15 del Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano aludían a la proporción con los `haberes' o con las `facultades' del contribuyente o en razón de sus proporciones', principio que en la Constitución de 1857 se expresó como proporcionalidad y equidad. Nuestro máximo Tribunal ha dicho que el requisito se viola cuando las contribuciones son exorbitantes o ruinosas, es decir, cuando no guardan relación con la capacidad contributiva con el particular o cuando lo arruinan, destrozando la fuente del gravamen. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sostenido que si las contribuciones trataran en forma igual a los desiguales serían inequitativas, por lo que debe tenerse en cuenta la situación de los distintos sujetos, consideración esencial de justicia que se haría nugatoria si los derechos debieran atender únicamente al costo de los servicios, pues con esa conclusión tendría que cobrarse lo mismo a las personas con escasa capacidad contributiva que a las empresas millonarias. El juez de Distrito violó los preceptos citados en este agravio, así como el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al apoyarse en una prueba pericial inconducente, ya que por un lado no existían controversia en cuanto a los hechos sino una cuestión jurídica consistente en si la garantía de proporcionalidad y equidad es o no ajena a la capacidad contributiva de los sujetos; el juez resolvió analizando dicha prueba sin atender a que el costo del derecho por servicio aduanero extraordinario, al igual que las demás contribuciones, se concentran como ingresos fiscales en la Tesorería de la Federación, tal y como lo dispone el artículo 9o. de la Ley de Ingresos de la Federación, de 1984, así como también el artículo 1o. del Código Fiscal de la Federación proviene que sólo mediante ley puede destinarse una contribución a un gasto público específico, pues no hay precepto legal que establezca la afectación específica del derecho en comento; lo cual deja sin fundamento la tesis sostenida por el juez a quo sobre la supuesta e infundada relación entre el derecho y el servicio que se presta a la quejosa."
TERCERO. Por razón de orden lógico se examinará en primer lugar el agravio final, en el que la autoridad recurrente ataca el argumento del a quo que lo llevó a concluir que el artículo 50-A de la Ley Federal de Derechos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1983, es inconstitucional.
La recurrente sostiene, básicamente, que el criterio del juez acerca de que el monto del derecho debe tener relación con el costo del servicio, pudo ser acorde con la antigua legislación federal que distinguía los impuestos de los derechos y definía a éstos como contraprestaciones de los servicios prestados, pero tal concepción, que justificaba el destino de la recaudación al sostenimiento del servicio, ya no es el que modernamente impera, en virtud de que la prestación del servicio no se vincula con el monto del derecho, sino que constituye un elemento del hecho generador del tributo, esto es, quien recibe un servicio, paga un derecho, pero no paga por el servicio.
Agrega que la Constitución no distingue tipos de contribuciones, sino que esto lo hace la ley; que aquélla tampoco establece que los derechos se destinen a cubrir servicios concretos; que por lo contrario, la Ley de Ingresos de la Federación prevé que todos los ingresos se concentren en la Tesorería de la Federación y se eroguen con criterio programático conforme al presupuesto de Egresos, no que se guarden en la oficina donde se prestó el servicio.
El examen de tales agravios revela que efectivamente, el artículo 31, fracción IV, constitucional, no define los tributos; tampoco establece clases o tipos de contribuciones, ni las características específicas de cada una de ellas, sino que sólo obliga a los mexicanos a "contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes", regla de la cual ha inferido esta Suprema Corte los tres requisitos básicos de los tributos, a saber, que estén establecidos en una ley, que sean proporcionales y equitativos y que se destinen al pago de los gastos públicos (tesis jurisprudencial 57, Primera Parte, Compilación 1985), debiendo reconocerse que en lo referente al establecimiento de contribuciones, a su clasificación y caracterización, dicho precepto constitucional remite a lo que dispongan las leyes.
Ahora bien, acudiendo a éstas, aparece que el Código Fiscal de la Federación de 1967, establecía en su artículo 3o. que los derechos eran "...las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio", mientras que el artículo 2o., fracción IV, del Código Fiscal de la Federación vigente en la actualidad, esencialmente igual al artículo 1o. de la Ley Federal de Derechos, dispone que éstos "...son las contribuciones establecidas en ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, así como por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación". Sin embargo, a pesar de la diversa configuración de esta clase de tributos, no cabe aceptar la proposición de la recurrente en el sentido de que conforme al régimen actual, cuando hay prestación de servicios, ésta no se vincula con la cuota, ya que únicamente viene siendo un elemento del hecho generador y que el contribuyente no paga por el servicio.
Desde luego, debe hacerse la siguiente distinción que deriva de la actual definición de derechos: a). Las contribuciones establecidas en ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público; y b). Las contribuciones establecidas en ley por el uso o el aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, debiendo indicarse que refiriéndose el presente asunto al supuesto del inciso a), sólo esta clase de derechos se toma en consideración para su examen.
Pues bien, hechas las anteriores aclaraciones, se observa que entre la prestación del servicio y el derecho existe una íntima relación, al grado de que resultan interdependientes, pues la existencia o inexistencia de una significa la existencia o inexistencia del otro; cabe advertir, asimismo, que la prestación del servicio es causa del derecho, característica básica que, entre otras, la diferencia del impuesto, definido por el artículo 2o., fracción I, del Código Fiscal de la Federación vigente en la actualidad, como las contribuciones establecidas en ley que deben pagar quienes "...se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este artículo", esto es, que mientras el pago del impuesto tiene como supuesto de causación el encontrarse en la situación prevista por la ley, el derecho examinado encuentra su causa específica en los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público; por lo tanto, cabe considerar que contrariamente a lo propuesto por la recurrente, las observaciones procedentes permiten llegar al convencimiento de que en el régimen legal vigente en la actualidad, se sigue separando o distinguiendo el concepto de impuesto del de derechos y que tratándose de derechos por servicios, éstos se hallan íntimamente vinculados con la cuota, pese a que la definición legal ya no establece el término "contraprestación".
Todavía más, si la definición interrelaciona las dos prestaciones -servicio y derecho-, ubicando a aquél como supuesto de causación de éste, lógico es que aplicando los principios de proporcionalidad y equidad que establece la fracción IV, del artículo 31 constitucional, exista un razonable equilibrio entre ambos términos y que, ordinariamente, se imponga un trato igual a los que reciben igual servicio, lo que lleva a confirmar la consideración del a quo acerca de que el monto del derecho debe corresponder, aproximadamente al costo del servicio, máxime cuando el propio artículo impugnado 50-A, de la Ley Federal de Derechos, establece que tal contribución "...se destinará a cubrir los gastos que origine la prestación del servicio", prescripción que pone de manifiesto la inexactitud de proposición de la recurrente acerca de que la cuota no está relacionada con el costo del servicio.
La recurrente manifiesta que el criterio del a quo lesiona el concepto de concentración de la recaudación tributaria y la programación de los gastos previstos en el Presupuesto de Egresos, además de impedir la redistribución del ingreso, pero tales objeciones son inaceptables, en vista de que se apoyan en inexactitudes y en señalamientos desorbitados que desvirtúan la consideración del juez. Este, en el aspecto que se impugna, se limitó a considerar que el precepto reclamado es inconstitucional porque permite cobrar cantidades distintas por iguales servicios, cuando la mercancía autorizada tiene distinto valor, agregando que la inconstitucionalidad deriva, asimismo, de que atendiendo al mismo precepto combatido, el monto del derecho debe corresponder, aproximadamente, al costo del servicio; como se ve, el juez censuró, en esencia, la regla referida al monto del tributo, pero sus consideraciones no lesionan la disposición de que dicha contribución, como todas, se concentre en la Tesorería de la Federación, ni interfieren con la erogación de los gastos; es más, el juez tampoco asentó que los derechos causados por los servicios prestados a la quejosa, se guardaran en la Aduana Marítima de Guaymas, Sonora, como lo atribuye la recurrente.
Por lo demás, debe ponerse de manifiesto que el a quo sigue los criterios que este alto Tribunal ha sustentado en relación con los derechos fiscales y que en este asunto se reiteran, pues aunque fueron iniciados tomando como base el régimen del Código Fiscal de la Federación de 1967, en el régimen vigente en la actualidad siguen teniendo validez, por las razones que ya se dieron con anterioridad.
El primero de dichos criterios fue sostenido en los asuntos recogidos en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Primera parte, Volumen 12, página 27, así como en el Volumen 169-174, página 23; este último dice lo siguiente:
"DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ESTOS ESTA REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS.- La satisfacción de las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas fiscales establecidas por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que las leyes tributarias tratan de llevar a cabo en materia de derechos a través de una escala de mínimos a máximos en función del capital del causante de los derechos correspondientes, traduce un sistema de relación de proporcionalidad y equidad que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos, y por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: `las contraprestaciones que se paguen a la Hacienda Pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo o sus dependencias a personas determinadas que los soliciten', de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio que cause los respectivos derechos y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos".
El segundo de los criterios fue sostenido en las ejecutorias referidas en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Primera Parte, Volumen 175-180, páginas 69 y 163, y Volumen 33, página 14; la sinopsis aparece publicada también en la compilación de 1985, Primera Parte, páginas 52 y 53 y es del tenor siguiente:
"DERECHOS FISCALES.- Es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación tributaria, las contribuciones conocidas como derechos son las contraprestaciones que se pagan al Estado como precio de los servicios administrativos prestados, pero este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en esencia, que la palabra contraprestación no debe entenderse en el sentido de derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que presta el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, distribución, venta y lucro debido, pues éste se organiza en función del interés de los particulares; y los derechos que se pagan por los servicios recibidos constituyen un tributo impuesto autoritariamente por el Estado a los particulares que utilicen los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y que, por lo tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con el gravamen correspondiente, que recibe el nombre de derechos."
Por otro lado, debe decirse en cuanto a la parte final del agravio en estudio, que es inexacta la observación de que la prueba pericial desahogada por la quejosa y tomada en cuenta por el a quo, era inconducente por no referirse a los puntos litigiosos; lo inexacto proviene de que con dicha probanza se tuvo por confirmada la proposición de la quejosa acerca de que el derecho es desproporcional e inequitativo en cuanto a su monto.
CUARTO. En el primer agravio, la autoridad recurrente impugna los efectos que a la sentencia del amparo otorgó el juez de Distrito, quien después de asentar que los derechos reclamados no deben establecerse tomando en cuenta el valor de la mercancía exportada, sino el costo aproximado del servicio por el trámite aduanero extraordinario, que en el caso equivale aproximadamente al pago de sueldos, sobresueldos y compensaciones del personal empleado para la prestación del servicio invocó el artículo 80 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, para conceder "...el amparo y protección solicitado respecto de la autoridad responsable C. Administrador de la Aduana Marítima del puerto de Guaymas, Sonora, a efecto de que se cobre a la quejosa únicamente el importe de las cuotas que por concepto de pago de derechos por el servicio de trámite aduanero extraordinario, por los servicios prestados con motivo de los pedimentos de exportación números 45 y 46 ambos de fecha diecisiete de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, formulados por la propia quejosa, debiendo tomar en consideración al efecto, el costo aproximado que representó para la aduana marítima mencionada, la prestación de dicho servicio y en el caso, se proceda a la devolución de las cantidades pagadas en exceso de acuerdo al artículo 50-A de la Ley Federal de Derechos cuya inconstitucionalidad ha sido declarada."
La autoridad recurrente, al referirse a tal decisión, asevera en síntesis, en la parte inicial del agravio, que el a quo no debió dar esos efectos a la sentencia; que debió limitarse a conceder o negar el amparo sin hacer mayor pronunciamiento; que el juez no restituyó al promovente en el goce de la garantía individual supuestamente violada, sino que fue más allá, pues si todos los elementos del tributo deben ser establecidos en ley, no se puede dejar al arbitrio de la autoridad administrativa la determinación de la tarifa, so pena de violar el principio de división de poderes que consagra el artículo 49 constitucional.
Al respecto debe decirse que tal argumento es fundado y suficiente para modificar la sentencia recurrida.
En efecto, debe observarse que para cumplir con la obligación prevista en el artículo 80 de la ley de Amparo en el sentido de "...restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que tenían antes de la violación...", cuando el acto reclamado consista en la expedición de una ley, los efectos de la sentencia de amparo no pueden llegar hasta el extremo de establecer, como lo sostiene el a quo, que se cobre a un particular un derecho que no está previsto en ninguna ley, como sería el monto equivalente al costo de los servicios prestados. Simplemente, si la ley es inconstitucional se deroga para el caso concreto, de lo cual se sigue que el quejoso no tendrá la obligación de pagar derecho alguno pues, se reitera, una sentencia de amparo no puede establecer contribución alguna, por más que la ley que la contenía sea declarada inconstitucional.
Esto es así porque si en el problema jurídico que se resuelve, el juzgador que ejerce el control de la constitucionalidad encuentra que la norma respectiva de la ley reclamada está en contra de principios constitucionales, lo que tiene que hacer no es dictar una nueva ley, sino sólo nulificarla en el caso concreto. Pero esto no significa que se esté derogando la ley por lo que ve a la prestación de un servicio por parte del Estado; se está derogando por cuanto se fija una determinada tasa y, por consiguiente, el Estado está obligado a prestar el servicio aun en forma gratuita, toda vez que no se puede cobrar un derecho que está en contra de las normas constitucionales según lo establece una sentencia de amparo; pues los alcances de ésta no pueden llegar a establecer un impuesto, un derecho o una contribución de seguridad social y, mucho menos, ejercer las facultades que corresponden al Congreso de la Unión de establecer un derecho en una cuantía determinada, lo cual sería con violación fundamental al principio de legalidad tributaria.
Lo anterior, tiene su apoyo en la Jurisprudencia número 264 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, publicado en 1985, tomo común al Pleno y a las Salas, que a la letra dice: "SENTENCIAS DE AMPARO, EFECTOS.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."
Así pues, ha de concluirse que el juzgador del amparo propuesto contra una ley, logra la finalidad establecida por el artículo 80 de la ley de la materia otorgando el amparo liso y llano, al destruir para el caso particular la ley o disposición reclamada.
Así las cosas, al resultar fundada la primera parte del agravio de referencia, es innecesario analizar la restante, en la que la autoridad revisionista alega que el juez de Distrito, indebidamente, dejó en manos de una autoridad administrativa la determinación de la tarifa que debe aplicar a la quejosa como causante de los derechos tributarios impugnados.
En este orden de ideas, siendo fundada la parte inicial del primer agravio, procede modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo a la quejosa lisa y llanamente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE A Mexicana del Cobre, S. A.., en contra de los actos y de las autoridades que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, en los términos especificados en la parte final de este fallo.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al juzgado de su origen, y en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por mayoría de trece votos de los señores ministros de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Azuela Güitrón, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Moreno Flores, Suárez Torres, Chapital Gutiérrez, Schmill Ordóñez y presidente del Río Rodríguez, en contra de los emitidos por los ministros Alba Leyva, Villagordoa Lozano y Díaz Romero, siendo ponente este último.- Impedido el ministro Rocha Díaz. Ausentes los ministros Castañón León, López Contreras y González Martínez.
Encargado del engrose, ministro Ulises Schmill Ordóñez. Firman: Carlos del Río Rodríguez.- Ulises Schmill Ordóñez.- Juan Díaz Romero.- José Javier Aguilar Domínguez, secretario.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/252-a16e350c/derechos-fiscales-subsiste-la-correlacion-entre-la-prestacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- REVISION EN AMPARO DIRECTO IMPROCEDENTE, AUNQUE SE IMPUGNE DE INCONSTITUCIONAL UN PRECEPTO LEGAL, SI EN LA SENTENCIA NO SE HACE PRONUNCIAMIENTO ALGUNO AL RESPECTO. (RECURSO DE RECLAMACIÓN)
- CORREO, DERECHO POR SERVICIOS DE. EL ARTICULO 142 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. (AMPARO EN REVISIÓN)
- REVISION, RECURSO DE. NO PROCEDE EN CONTRA DE UNA SENTENCIA EJECUTORIADA. (RECURSO DE RECLAMACIÓN)
- GASTOS Y EROGACIONES DE LAS PERSONAS. EL ESTADO TIENE FACULTAD DE GRAVARLOS EN EJERCICIO DE SU POTESTAD TRIBUTARIA. * * * NOMINAS, IMPUESTO SOBRE. EL ARTICULO 45-G DE LA LEY DE H (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- INFORME JUSTIFICADO, NO SE SUPLE CON EL PREVIO. (s/clave)
- REVISION. (s/clave)
- ACTO RECLAMADO. (s/clave)
- AGRAVIOS. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis