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CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, APLICACIÓN DE SU ARTÍCULO 25. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO PREVÉ COMO FIGURAS DE DEFENSA RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES FISCALES EL RECURSO DE REVOCACIÓN Y EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, CUYO OBJETO ES TUTELAR EL DERECHO HUMANO DE PROTECCIÓN JUDICIAL RECONOCIDO EN DICHO PRECEPTO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 252/2011. · Registro digital (IUS): 24125
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Pág. 1084.

AMPARO DIRECTO 252/2011. 13 DE OCTUBRE DE 2011. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FRANCISCO JAVIER CÁRDENAS RAMÍREZ. SECRETARIO: SALVADOR ALEJANDRO LOBATO RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Los conceptos de violación deben desestimarse, por los siguientes motivos.

Previamente, es preciso destacar que en el juicio de origen la actora demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 600-51-2010-6345, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil diez, emitida por la Administradora Local Jurídica de Puebla Norte, en la cual se determinó que no han prescrito los créditos fiscales 294891, 294892, 294893, 294894, 294895, 294896 y 294897, previamente identificados con los respectivos números de control 277642, 277646, 277649, 277657, 277659, 277682 y 379171 (fojas 1 y 24 a 28).

De los considerandos tercero y cuarto de la sentencia reclamada, se aprecia que la Sala responsable desestimó los conceptos de nulidad primero a quinto, así como el diverso séptimo, cuyo estudio efectuó en forma conjunta, bajo el señalamiento medular de que en ellos se aduce que la ahora quejosa desconoce las actuaciones practicadas con la finalidad de interrumpir el término relativo a la figura de prescripción en relación con los citados créditos; en tanto que la autoridad fiscal exhibió con la contestación de demanda las constancias que justifican que aquéllas se practicaron y le fueron notificadas, sin que la impetrante las hubiera controvertido a través de la ampliación respectiva; y en cuanto al sexto concepto de anulación, lo desestimó en atención a que consideró debidamente fundada la competencia material y territorial de la autoridad que emitió la resolución impugnada; por consiguiente, reconoció la validez de esta última (fojas 261 a 289).

Ahora bien, por razón de método, el estudio de los conceptos de violación se realizará en un orden distinto a aquel en el que fueron formulados, atendiendo al principio de mayor beneficio en el examen de los planteamientos de la quejosa, analizando en primer lugar el cuarto de dichos conceptos (fojas 24 a 27), en el que se aduce la inconstitucionalidad del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, pues de resultar fundado, sobre lo cual no se prejuzga, llevaría a la declaratoria de nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, por estar sustentada en un precepto inconstitucional; posteriormente, se analizará el segundo concepto de violación (fojas 12 y 13), en el que se aduce la existencia de dos violaciones procesales en el juicio de nulidad, consistentes en la omisión de notificar legalmente a la ahora quejosa los respectivos acuerdos en que se tuvo por contestada la demanda, y por precluído su derecho a ampliar dicho escrito inicial; y finalmente, en forma conjunta dada su vinculación, los conceptos de violación primero y tercero (fojas 9 a 12 y 13 a 24), en que se plantea el indebido estudio del argumento relativo a que la autoridad demandada se basó en actuaciones que no le fueron debidamente notificadas, refiriéndose de manera particular la peticionaria de garantías a los planteamiento de anulación sexto y séptimo.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 3/2005, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del tomo XXI, febrero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional."

Igualmente, sirve de apoyo a lo anterior la tesis VI.1o.A.128 A, sustentada por este tribunal colegiado, publicada en la página 746 del tomo XVI, diciembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:

"AMPARO DIRECTO. TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, INCLUIDOS AQUELLOS QUE VERSEN SOBRE UN TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. Al tenor de lo dispuesto en los artículos 158 y 166, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, cuando en amparo directo se ataque la sentencia definitiva, el laudo o la resolución que hubiere puesto fin al juicio, tildando de inconstitucional la ley, el tratado o el reglamento que según el caso se haya aplicado en el acto reclamado, la impugnación respectiva se hará sólo en el capítulo de conceptos de violación de la demanda de garantías, sin señalar como acto combatido la ley, el tratado o el reglamento, pues en la vía directa únicamente puede reclamarse la sentencia definitiva, el laudo o la resolución que ponga fin al juicio. En ese sentido debe decirse que, al momento de analizar los conceptos de violación propuestos, se ha de proceder bajo la premisa de preferir aquellos argumentos que conduzcan a la obtención de mayores beneficios para la parte quejosa, reservando para un examen posterior los planteamientos de menores logros, a fin de hacer efectiva la garantía de acceso a la justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal. Para conseguirlo, es necesario atender al momento procesal en el que se ubique la pretendida violación, es decir, debe seguirse un orden cronológico en el que tenga prelación un vicio cometido al inicio del procedimiento de origen, por encima de otro situado en una etapa ulterior, o bien, en la resolución con que culmine pues, lógicamente, destruido el procedimiento desde el principio, ello traerá como consecuencia que también queden sin efecto las actuaciones posteriores, generándose así un provecho mayor al que se lograría de haberse analizado una transgresión acaecida al emitirse la resolución final del procedimiento, porque en esta última hipótesis los actos previos continuarían siendo válidos. Por consiguiente, observando esa interpretación, un vicio de incompetencia presentado en el origen con alcances de nulidad lisa y llana, tiene prioridad y produce un beneficio superior al que se alcanzaría por otra violación situada en una fase posterior o final, incluso, a pesar de que el planteamiento respectivo versara sobre un tema de constitucionalidad de leyes."

Precisado lo anterior, en el cuarto concepto de violación la quejosa aduce, como se anticipó, la inconstitucionalidad del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación.

En esencia manifiesta que dicho precepto contraviene la garantía de seguridad jurídica prevista en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, ya que no establece en forma clara cómo el particular puede obtener la declaratoria de prescripción de un crédito fiscal, ni precisa qué debe entenderse por "resolución favorable", dejando al criterio de la autoridad fiscal, o como en este caso sucede, según aduce, al de la Sala responsable, el determinar cómo proceder respecto de una solicitud del particular en ese sentido, lo cual resulta conculcatorio de la seguridad jurídica del gobernado.

Es infundado el concepto de violación que se ha sintetizado.

El precepto tildado de inconstitucional, a la letra dice:

"Artículo 146. El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos. El término para que se consume la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor. Cuando se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución en los términos del artículo 144 de este Código, también se suspenderá el plazo de la prescripción. Asimismo, se interrumpirá el plazo a que se refiere este artículo cuando el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. Los particulares podrán solicitar a la autoridad la declaratoria de prescripción de los créditos fiscales."

Sobre el tema planteado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión número 1742/2005, en la ejecutoria pronunciada el treinta de noviembre de dos mil cinco, por unanimidad de cinco votos señaló, entre otras cuestiones, que la garantía de seguridad jurídica no guarda relación alguna con lo previsto en el numeral 146 del Código Tributario Federal, como enseguida se verá.

El primer párrafo del artículo 16 constitucional establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

A la par de la garantía de seguridad jurídica, el referido precepto contiene también la diversa de legalidad en su vertiente relativa a la fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento, por virtud de la cual el acto de molestia realizado por la autoridad competente debe no sólo tener una causa o elemento determinante, sino que ha de ser legal, es decir, debe estar fundado y motivado en una norma de carácter general.

Así, el numeral 146 del Código Fiscal de la Federación no puede transgredir la mencionada garantía de seguridad jurídica, así como tampoco la previamente referida de legalidad, que se desprenden de dicho precepto, en virtud de que no se refiere a un acto de molestia, sino que contiene un derecho en favor de los gobernados, como lo es la prescripción de un crédito fiscal.

En este punto la Primera Sala precisó que no pasaba por alto que ese Alto Tribunal en diversos precedentes ha analizado si una norma infringe o no la garantía de seguridad jurídica contenida en su expresión genérica en el artículo 16 constitucional, considerando que se cumple con dicha garantía cuando un precepto contiene los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades; sin embargo, apuntó, la prescripción del crédito fiscal, al tratarse de un derecho que el legislador ordinario confiere a los gobernados, no constituye trámite alguno que pueda crear incertidumbre jurídica ni un elemento de la norma que sea necesario para que un acto de autoridad produzca afectación.

Por ende, aun ante la circunstancia de que la interpretación que se dé al referido precepto ordinario pudiera implicar, como se aduce en el caso concreto, que exista duda respecto de cómo el particular puede obtener la declaratoria de prescripción de un crédito fiscal, o bien qué debe entenderse por "resolución favorable", dejando al criterio de la autoridad fiscal o de la Sala responsable, el determinar cómo proceder respecto de una solicitud del particular en ese sentido; no es una situación susceptible de generar arbitrariedad por parte de dichas autoridades, y menos aun se desconoce algún derecho que la Constitución confiera a los gobernados.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 2a. LXXV/2002, publicada en la página 449 del Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:

"GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, QUÉ SE ENTIENDE POR. La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que fácilmente explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad, sencillez o irrelevancia, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercitar el derecho correlativo. Lo anterior corrobora la ociosidad de que en todos los supuestos la ley deba detallar en extremo un procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla y suficiente para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular y las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad."

Por otra parte, el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:

"Artículo 14. ... Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.".

Este precepto contiene cuatro garantías específicas de seguridad jurídica, necesariamente concurrentes, que son: el juicio previo al acto de privación; que dicho juicio se siga ante tribunales previamente establecidos; el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento; y la decisión jurisdiccional ajustada a las leyes vigentes con anterioridad a la causa que origine el juicio.

Sobre el particular, la Primera Sala destacó que ese Alto Tribunal ha estimado que las formalidades esenciales del procedimiento son las que garantizan al gobernado una adecuada defensa, previamente al acto privativo de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos; por tanto, dicha garantía tampoco tiene que ver con la prescripción del crédito fiscal a que alude el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que éste no se refiere a la instauración de un juicio o procedimiento en el que pueda dictarse un acto privativo; por el contrario, establece un derecho a favor de quienes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fincó un crédito fiscal, respecto del cual no se gestionó su cobro en el término de cinco años.

Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 133 del tomo II, diciembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

Desde diverso aspecto, cabe advertir que deviene inoperante lo expresado en el sentido de que el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación es inconstitucional porque permite, como en el caso concreto sucede, según se aduce, que sea la autoridad fiscal, o incluso la Sala responsable, quienes determinen cómo proceder respecto de la solicitud de un particular sobre la declaratoria de prescripción de un crédito fiscal, o qué debe entenderse por "resolución favorable", al ser impreciso en tales aspectos el precepto legal en cuestión.

Ello es así en virtud de que la pretendida inconstitucionalidad se hace depender de situaciones o circunstancias individuales o hipotéticas, como son los hechos descritos por la peticionaria de amparo, en atención a que no sería posible cumplir con la finalidad de los argumentos de la quejosa, consistente en demostrar la violación constitucional, dado el carácter general, abstracto e impersonal de la ley.

Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 88/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 43 del tomo XVIII, octubre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente se lee:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA. Los argumentos que se hagan valer como conceptos de violación o agravios en contra de algún precepto, cuya inconstitucionalidad se haga depender de situaciones o circunstancias individuales o hipotéticas, deben ser declarados inoperantes, en atención a que no sería posible cumplir la finalidad de dichos argumentos consistente en demostrar la violación constitucional, dado el carácter general, abstracto e impersonal de la ley."

Similar criterio al antes expuesto, fue sostenido por este cuerpo colegiado al resolver, por unanimidad de votos, los amparos directos DF-267/2007 y DF-388/2007, en sesiones celebradas el seis de junio y quince de agosto de dos mil siete, respectivamente.

Por otro lado, en el segundo concepto de violación la impetrante alega que en el juicio fiscal 3008/10-12-01-4 de origen, se incurrió en dos violaciones procesales que influyeron en el sentido del fallo reclamado, pues no le fueron legalmente notificados los acuerdos de dieciocho de febrero de dos mil once, en que se tuvo por contestada la demanda, y treinta de marzo siguiente, en que se declaró precluído su derecho a ampliar dicho escrito inicial.

Es infundado tal argumento, toda vez que el acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil once (foja 243), en que se tuvo por contestada la demanda, fue notificado personalmente a la quejosa el veinticinco de febrero siguiente, previo citatorio del día veinticuatro de ese mes y año, como se advierte de las razones relativas que corren glosadas al expediente fiscal (fojas 246 y 247, respectivamente); en tanto que el proveído de treinta de marzo último (foja 243), en que se declaró precluído el derecho de la ahora impetrante a ampliar el escrito inicial, fue notificado en forma personal el cuatro de abril del año en curso, previo citatorio del día primero del mismo mes y año (fojas 255 y 256, según corresponde a su orden); consecuentemente, el señalamiento expresado en el concepto de violación en estudio constituye una mera afirmación dogmática carente de sustento, pues de las constancias antes aludidas se desprende que no se incurrió en las violaciones al procedimiento a que hace referencia la peticionaria de garantías, sin que aduzca además planteamiento alguno tendente a controvertir las notificaciones de mérito, del cual este tribunal deba ocuparse.

Con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo, a continuación se analizan de manera conjunta los argumentos formulados en los conceptos de violación primero y tercero, en virtud de que se hallan estrechamente vinculados.

En sustancia expresa la impetrante que, a su parecer, resulta ilegal que la Sala efectuara el estudio conjunto de los conceptos de nulidad primero a quinto y séptimo, así como estima indebido particularmente el análisis de los planteamientos de anulación sexto y séptimo, señalando respecto de este último que la responsable no ponderó conforme a derecho el argumento relativo a que la autoridad demandada se basó en actuaciones que no le fueron debidamente notificadas, pues concluyó que la determinación contenida en la resolución impugnada es legal analizando en forma inexacta el concepto jurídico de interrupción del término de cinco años relativo a la figura de prescripción, que prevé el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, pasando por alto que una vez configurada ésta, ya no es susceptible de análisis si ha transcurrido o no el lapso en cuestión, ya que éste rige exclusivamente para establecer dicha configuración, sin que además el precepto legal de referencia disponga en qué momento específico debe hacerse valer la figura legal de prescripción en estudio, por lo que al concluir que es jurídico el señalamiento de la ahora tercera perjudicada en el sentido de que debió hacerse dentro del diverso juicio de nulidad 2606/07-12-01-5, irroga en su perjuicio la garantía de legalidad y seguridad jurídica.

Deben desestimarse tales planteamientos.

En primer orden, debe señalarse que el artículo 50, párrafo tercero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que la propia responsable invoca en la parte inicial del considerando tercero del fallo reclamado, en forma previa al análisis conjunto que realizó de los conceptos de anulación primero a quinto y séptimo, dispone lo siguiente:

"Artículo 50. Las sentencias del tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios. Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala deberá examinar primero aquéllos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución. Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación ...".

De la parte conducente del precepto citado, se advierte que es facultad legal de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa efectuar el examen conjunto de los argumentos que conforman tal pretensión de la parte actora, las causas de ilegalidad y los demás argumentos de la contestación de demanda, así como los de la ampliación de la demanda y su respectiva contestación, en su caso, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, con la condicionante de que no se aparten de los hechos expuestos en la demanda y en la contestación, por lo que en forma contraria a lo que se aduce, el solo hecho de que en la sentencia reclamada se hayan analizado en forma simultánea los conceptos de nulidad primero a quinto y séptimo, no genera perjuicio alguno a la quejosa, pues éste exclusivamente se verificaría si con tal proceder se hubieran cambiado los hechos que constituyen la litis del juicio, lo cual, como más adelante se advierte, no se verificó en la especie.

Por otra parte, debe decirse que la peticionaria de garantías, en la parte relativa del primer concepto de violación, se concreta a sostener que es ilegal el análisis del concepto de anulación sexto -en que se controvirtió la fundamentación de la competencia de la autoridad demandada-, que fue efectuado en el considerando cuarto del fallo en análisis; sin embargo, no expone argumento alguno relativo a establecer por qué razón, a su parecer, es contrario a derecho el pronunciamiento de la Sala, por lo que en tal sentido es inoperante lo aducido, dado que no se está en la hipótesis de suplir la deficiencia de la queja, en los términos del artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo.

Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia número 173 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 116, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que textualmente se lee:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable."

Ahora bien, en cuanto al aducido estudio indebido del concepto de anulación séptimo, debe precisarse lo siguiente.

Tal como ha quedado establecido en diversos párrafos de los que anteceden, dicho planteamiento fue estudiado por la responsable en forma conjunta a los conceptos de nulidad primero a quinto del escrito inicial.

Según se advertirá de la transcripción que más adelante se realizará, el argumento común que vincula a tales razonamientos, es el señalamiento medular de la ahora impetrante en el sentido de que la autoridad demandada, en la resolución impugnada, se basó en actuaciones que, asevera, desconoce dado que no le han sido legalmente notificadas, para determinar que los créditos fiscales 294891, 294892, 294893, 294894, 294895, 294896 y 294897 (previamente identificados con los respectivos números de control 277642, 277646, 277649, 277657, 277659, 277682 y 379171), no han prescrito.

Y como igualmente se advertirá en la transcripción que se efectuará, la consideración toral por la que la Sala desestimó la premisa en que se sustenta el argumento de ilegalidad que expone la ahora peticionaria de garantías, es en el sentido de que la autoridad demandada exhibió con su contestación, las constancias que justifican las actuaciones practicadas a fin de interrumpir el término de cinco años previsto en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, como requisito para que se configure la prescripción de los créditos fiscales, sin que éstas fueran controvertidas por la entonces actora, dado que no amplió su demanda de nulidad.

El considerando tercero de la sentencia que se analiza es, en la parte que interesa, del siguiente tenor:

"TERCERO. En términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo esta Sala procede al estudio en forma conjunta de los conceptos de impugnación primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo de la demanda original, al encontrarse relacionados entre sí. En el primero agravio de la demanda la parte actora indica que la resolución contenida en el oficio número 600-51-2010-6345 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil diez, emitido por la Administración Local Jurídica de Puebla Norte, a través de la cual se resuelve que los créditos fiscales números 294891, 294892, 294893, 294894, 294895, 294896 y 294897, no han prescrito, en virtud de que la misma no se encuentra debidamente fundada y motivada, y con esto contraviene lo previsto por el numeral 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, ya que se está basando en hechos que no se realizaron y fueron apreciados de forma equivocada por la demandada. Añade la parte actora que la autoridad al resolver la declaratoria de prescripción de su mandante, se basa en el hecho de que los créditos materia de la prescripción números 294891, 294892, 294893, 294894, 294895, 294896 y 294897, no han prescrito, ya que se ha visto interrumpido por diversas diligencias, y que por lo tanto no se ha configurado la prescripción prevista en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación. Indica la accionante que su representada desconoce dichas diligencias, y en este sentido, es ilegal que sostenga que en razón de ellas, no ha operado la figura de la prescripción, pues dichas actuaciones que refiere en el oficio impugnado son del desconocimiento de su mandante, y bajo este contexto es ilegal la resolución que nos ocupa ... La parte actora en el segundo agravio de la demanda indica que la resolución contenida en el oficio número 600-51-2010-6345 de fecha 31 de agosto de 2010, emitido por la Administra

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24125-ce2bcf64/convencion-americana-sobre-derechos-humanos-aplicacion-de-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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