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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN JUBILATORIA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. FORMA DE VERIFICAR SU DISMINUCIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO (BIENIO 2005-2007).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 273/2012. · Registro digital (IUS): 24134
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN C
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Pág. 655.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 273/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, QUINTANA ROO. 3 DE OCTUBRE DE 2012. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIA: AMALIA TECONA SILVA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el tema sobre el que versa la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de distinto circuito, corresponde a la materia de trabajo, en la que esta Segunda Sala se encuentra especializada.

Es importante indicar que si bien a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformaron diversas disposiciones, entre ellas, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponiéndose que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización; también lo es que en sesión de once de octubre de dos mil once, el Pleno de este Alto Tribunal determinó que la Suprema Corte es competente para conocer de las contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de diversos circuitos, sustentando al respecto la tesis P. I/2012 (10a.), cuyos rubro, texto y datos de publicación, son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito." (Tesis P. I/2012 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro IUS 2000331)

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios denunciados como divergentes.

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito al resolver, por unanimidad de votos, el amparo directo **********, en sesión de veinticuatro de mayo de dos mil doce, en la parte conducente, sostuvo:

"SÉPTIMO. Análisis del amparo directo. Entre las cuestiones necesarias para resolver el asunto destaca lo siguiente:

"I. Antecedentes relevantes del caso.

"1) En el procedimiento laboral de origen iniciado conforme a la demanda presentada el veinticinco de octubre de dos mil siete, **********, quien refirió haber sido trabajador y, posteriormente, jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social, le reclamó a dicho órgano lo siguiente en lo fundamental, como prestaciones ‘A’, ‘B’ y ‘C’:

"a) Pago retroactivo de diferencias de pensión jubilatoria, así como las subsecuentes e incrementos, por no incluir dentro del salario base los conceptos siguientes:

"• Estímulo por asistencia (clave de pago 32).

"• Estímulo por puntualidad (33) (foja 1 del expediente de origen).

"b) La devolución de la cantidad que resulte de $**********, que refiere como descuento indebido y sin ningún fundamento de la patronal, porque la restó del salario base de pensión jubilatoria como ‘ajustes’ y, anota la parte actora, le ha afectado desde el cálculo de su pensión (foja 1 del expediente laboral).

"c) Las demás prestaciones a que tuviera derecho, en función de la demanda laboral. Mediante escrito de ampliación y aclaración de demanda, presentado en audiencia de veinticinco de enero de dos mil ocho (fojas 24 a 28), este punto se aclaró en torno a que era materia de reclamo la parte proporcional de los conceptos siguientes del contrato colectivo de trabajo:

"‘11 Ayuda de renta cláusula 63 bis, b).

"‘14 Infectocontagiosidad no médica.

"‘22 Ayuda de renta cláusula 63 bis, c).

"‘49 Aguinaldo cláusula 107.’

"2) El instituto de seguridad social demandado fue emplazado y formuló su contestación (fojas 29 a 45) y sustanciado el juicio en sus correspondientes fases, fue dictado laudo de diez de octubre de dos mil once (fojas 99 a 112 del expediente laboral), bajo la precisión de que prosperó parcialmente la acción planteada.

"En lo que es objeto de interés, de acuerdo a las consideraciones del laudo reclamado, la conclusión sobre el reclamo de la parte actora, fue la siguiente:

"• Resultó improcedente la prestación ‘A’ relativa a la inclusión dentro del salario base, de los conceptos de ‘estímulos de asistencia y puntualidad’. El motivo sustancial, que no están dentro de los rubros que pueden incidir limitativamente en su cálculo, a que refiere el artículo 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del instituto demandado (fojas 107 a 110).

"• Asimismo, la Junta absolvió de la prestación ‘C’, en virtud de estimar que para la cuantificación de la pensión de la parte actora, sí habían sido incluidos los conceptos de ayuda de renta (cláusula 63 bis, incisos b) y c), aguinaldo (cláusula 107) e infectocontagiosidad no médica, bastando para ello imponerse del contenido de la cédula de datos relativa (foja 111).

"• La prestación ‘B’ de la demanda laboral procedió, al estimarse que era indebido el descuento de la patronal denominado ‘ajustes’ del salario base de pensión jubilatoria, cuestionado. Lo anterior, al considerar que si pretendía tratarse de la disminución a que alude el artículo 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del instituto demandado, de cantidades equivalentes al impuesto sobre productos de trabajo, al fondo de pensiones y jubilaciones, así como cuota social, el demandado tenía la obligación de haberlo precisado así en la respectiva cédula de datos en que fue cuantificada la pensión.

"Que la connotación ‘ajustes’, por sí sola, no era suficiente para tener por demostrada la medida defensiva opuesta, de que el descuento realizado obedeciera a los conceptos referidos, sino era menester la indicación del importe al que correspondía cada uno de ellos, omitiéndose por el empleador la precisión de los hechos que fundamentaran las excepciones opuestas y que la antes citada era imprecisa.

"II. Estudio del asunto. Una vez delimitado lo anterior, se aprecia que, en una parte, son ineficaces los conceptos de violación expuestos y, en otra, fundados parcialmente, bajo la precisión de que el juicio de amparo es promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social que figura como parte demandada en el asunto de origen.

"Precisiones sobre las particularidades del caso. De acuerdo con los antecedentes del asunto, sólo es materia de interés el tema de pensión jubilatoria fijada a la parte actora y la condena parcial que al respecto decretó la Junta responsable sobre el pago de diferencias con sus respectivos incrementos, tomando en cuenta la prestación:

"• ‘B’, relativa a un descuento que se alegó indebido y sin ningún fundamento de la patronal, al restar del salario base de pensión jubilatoria (contenida en la cédula de datos relativa), la cantidad de $**********, como ‘ajustes’.

"De ahí que con fundamento en el principio de instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el estudio de los conceptos de violación formulados y laudo reclamado tendrá en cuenta que la parte que agravia al instituto demandado es la antes precisada.

"Ahora bien, con la finalidad de facilitar la comprensión del asunto los planteamientos de inconstitucionalidad serán analizados en distinto orden al propuesto. Por lo que primero serán precisados los argumentos que corresponde desestimar y finalmente los que dan lugar a otorgar la protección constitucional.

"• Precisión de las cuestiones de constitucionalidad a estudiar. Atento a lo que es materia de perjuicio para el instituto quejoso, se obtiene que los argumentos de inconstitucionalidad que habrán de analizarse por el margen de repercusión jurídica que podrían tener respecto del laudo, en la parte que le resultó condena, son los que aluden a los siguientes temas, de los que podría intentar obtener una absolución total o parcial:

"a) Improcedencia de la acción por no haber reclamado expresamente la nulidad de las cláusulas del convenio celebrado, que perjudicaran a la parte actora.

"b) Deber de la Junta laboral de analizar la procedencia de la acción, con independencia de las excepciones opuestas.

"c) Que la expresión ‘ajustes’ en la cédula de datos que fijó la pensión jubilatoria controvertida, debe considerarse una enunciación genérica de los conceptos a disminuir del salario base de pensión, que dispone el artículo 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones. Esto es, las equivalentes a: i) impuestos sobre productos del trabajo; ii) fondo de jubilaciones y pensiones; y, iii) cuota sindical.

"Así que en el caso particular, estos son los planteamientos que en esencia alega el instituto quejoso, para referir que el laudo reclamado viola los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, en relación con los numerales 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo. Lo que se contesta a continuación:

"A. Posibilidad de que la responsable analizara la acción de pago de diferencias, sin que fuera menester una acción expresa de nulidad de convenio. En cuanto a este punto, el problema jurídico planteado es, en lo sustancial, si la Junta responsable requiere que la parte actora demande expresamente la acción de nulidad del convenio que se aduce celebrado, en las cláusulas que afectan sobre la aceptación de la pensión jubilatoria, cuando alega el pago de diferencias por un incorrecto cálculo, o bien, si puede examinar la controversia sin necesidad de que se alegue directamente dicha nulidad de convenio.

"Sobre ese cuestionamiento jurídico, este órgano colegiado si bien ha fijado interpretación en el sentido de que no es indispensable formular una acción directa de nulidad de convenio para analizar el reclamo de pago de diferencias de una pensión jubilatoria fijada por el citado instituto de seguro social, donde se alegue que está incorrectamente cuantificada porque la nulidad del convenio puede surgir también en vía de excepción, o bien, de oficio (amparos directos **********, ********** y **********, resueltos en sesión de veintitrés de marzo de dos mil doce), también es verdad que en el presente caso el concepto de violación en estudio es inoperante, porque parte de una premisa inexistente.

"Cierto, el instituto quejoso para sustentar el planteamiento de inconstitucionalidad en consulta asume que en el juicio laboral de origen quedó acreditada la existencia de un convenio previo entre la parte actora y el referido Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre la aceptación de la pensión jubilatoria otorgada y su cuantificación, sin embargo, no fue así.

"Ello, porque en la demanda laboral (fojas 1 a 11) y escrito de aclaración y ampliación (fojas 24 a 26), no se observa que el actor hiciera referencia a hechos concretos sobre la celebración de un convenio anterior en que se hubiere pactado sobre la citada pensión jubilatoria y cuantía fijada. En similar sentido, tampoco existe narración de hechos sobre un convenio de ese orden en la contestación de demanda del referido instituto (fojas 29 a 44).

"Inclusive, dentro del material probatorio allegado por ambas partes, tampoco aparece algún convenio previo, sino sólo la resolución de otorgamiento de pensión jubilatoria de **********, que confiere la referida pensión con efectos a partir del ********** (foja 54), y la respectiva cédula de datos para efectos de jubilación o pensión de ********** (foja 56).

"Luego, es inoperante el concepto de violación de referencia que parte de una premisa falsa, como es la relativa a que esté evidenciado un convenio previo, que afecte a la parte actora, sobre la pensión jubilatoria fijada, y del que dice el instituto debió plantear directamente su nulidad, pues al no estar corroborada esa premisa a ningún fin práctico conduciría el examen del argumento que se apoya en esa situación no verificada.

"En ese sentido, es aplicable por similitud de razón la tesis aislada 2a. XXXVII/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone:

"‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS.’ (la transcribe)

"B. Obligación de la Junta resolutora de analizar la procedencia de la acción sobre el descuento de la patronal denominado ‘ajustes’ del salario base de pensión jubilatoria. En relación a este tema se analiza de forma conjunta lo alegado en cuanto a que la responsable tiene el deber de analizar la procedencia de la acción, independientemente de las excepciones deducidas y lo relativo a que, en opinión del instituto inconforme, la referida connotación de ‘ajustes’ debe considerarse una enunciación genérica de los conceptos a disminuir del salario base de pensión, que dispone el artículo 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones. Esto es, las equivalentes a: i) impuestos sobre productos del trabajo; ii) fondo de jubilaciones y pensiones; y, iii) cuota sindical.

"Dichos planteamientos son parcialmente fundados.

"En efecto, asiste razón al instituto quejoso en lo relativo a que al analizar controversias como la de que se trata, los tribunales del trabajo tienen el imperativo de examinar la procedencia de la acción, incluso sobre prestaciones extralegales, con independencia de las excepciones opuestas, como lo informa la jurisprudencia 2a./J. 148/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que precisa:

"‘PRESTACIONES EXTRALEGALES. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE TIENEN OBLIGACIÓN DE EXAMINAR SU PROCEDENCIA, CON INDEPENDENCIA DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS.’ (la transcribe)

"Ahora bien, de acuerdo con esta jurisprudencia y que en el juicio laboral de origen fueron aportadas pruebas relevantes sobre la fijación de pensión jubilatoria, como son:

"1) Resolución de otorgamiento de pensión jubilatoria de la parte actora (fojas 54 y 55).

"2) Cédula de datos para efectos de jubilación y pensión que contiene la cuantificación de la pensión otorgada (foja 56).

"3) Artículos 4 y 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, que disponen la manera de calcular dicha prestación contractual; y,

"4) Recibos de nómina de la parte actora, previos a la fecha en que inició su pensión jubilatoria, con las respectivas claves de pago (fojas 61 a 75).

"En consecuencia, era dable que el órgano resolutor analizara dichos elementos de prueba y el reclamo de la parte actora, como prestación ‘B’, para que decidiera sobre la procedencia de la acción planteada y respectiva pretensión, en relación a si había sido indebido el descuento de ajustes controvertido, con independencia de lo eficaz de las excepciones opuestas.

"Ahora bien, de este punto en particular conviene precisar que propiamente existe una presunción contractual de que los referidos ajustes corresponden a las disminuciones que autoriza el numeral 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, pero ante el cuestionamiento de que fue indebida la cantidad disminuida a título de ‘ajustes’ al salario base de pensión, correspondía a la Junta laboral resolver si, efectivamente, el monto señalado bajo ese rubro coincide, según la situación particular del actor, con las equivalentes a: i) impuestos sobre productos del trabajo; ii) fondo de jubilaciones y pensiones; y, iii) cuota sindical, que podía disminuir el instituto demandado.

"Lo que toma en cuenta estos dos planos de análisis en asuntos como el relatado: a) tener presente la mecánica contractual y en abstracto del cálculo de la pensión jubilatoria como prestación extralegal, sobre cuáles son los conceptos a sumar y restar para obtener la cuantía básica de pensión; y, b) la aplicación o individualización en cada caso concreto del mecanismo de cuantificación de pensión jubilatoria, en especial, lo relativo a si las cantidades disminuidas corresponden a las que contractualmente puede restar al salario base de pensión, el patrón, para en su oportunidad definir si fue debida o indebida la cantidad descontada o materia de ajuste.

"En efecto, desde un plano general, el órgano jurisdiccional puede tener presente cómo se configura la pensión jubilatoria de referencia. Para ese fin, es suficiente con atender que el Alto Tribunal ha determinado que el salario base de pensión al que debe estarse es el previsto en el régimen de jubilaciones y pensiones, así como a los conceptos que limitativamente se indica para integrar el salario y a las deducciones que igualmente pactaron las partes, al tratarse de la jubilación de una prestación extralegal (configurada en los términos que desarrollan las partes contratantes, sobre qué convienen que integre el salario base de pensión y qué debe restarse para obtener su cuantía básica).

"De ahí que el importe de la pensión jubilatoria se determina conforme a una cuantía básica, que se obtiene con la integración del último salario percibido por el trabajador, con los conceptos, límites y descuentos determinados, conforme a lo previsto en los numerales 4 y 5 de tal reglamento contractual, que fijan los términos convencionales como se debe pagar dicha prestación extralegal.

"La indicada cuantía básica se obtiene sumando todas las prestaciones económicas percibidas por el trabajador, que se enumeran en el artículo 5 del referido régimen -obviamente en tanto el operario a jubilar las hubiere disfrutado cuando estaba en activo-, y un factor derivado de los años de servicio prestados, conforme a las tablas que el artículo 4 contiene; luego, a ese salario base se le deducen las cantidades equivalentes al impuesto sobre productos de trabajo, al fondo de pensiones y jubilaciones, así como a la cuota sindical, como lo informa la jurisprudencia 4a./J. 25/93, de la otrora Cuarta Sala del Alto Tribunal, que es del contenido siguiente:

"‘SEGURO SOCIAL. PENSIÓN JUBILATORIA, MANERA DE INTEGRARSE.’ (la transcribe)

"En virtud de lo anterior, desde un plano abstracto y de acuerdo a las disposiciones contractuales que configuran la prestación extralegal como la citada pensión jubilatoria, efectivamente existen parámetros generales que el órgano de justicia laboral puede tomar en cuenta al resolver controversias sobre su correcta cuantificación. Específicamente, la relativa a que al salario base de pensión debe restársele ‘cantidades equivalentes’ a determinados conceptos, que son utilizados como simples referentes o indicadores del monto a disminuir al salario pensionario para obtener después la cuantía básica de pensión respectiva.

"De ahí que el artículo 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones refiere:

"‘Artículo 5.’ (lo transcribe)

"Esa es la mecánica general para obtener la cuantía básica de pensión jubilatoria y bajo la acotación de que la disminución de que se trata, no significa que al momento de calcularse la pensión ocurra una retención tributaria de impuesto sobre productos al trabajo (actualmente impuesto sobre la renta),(1) o bien, un descuento como tal por fondo de jubilaciones y pensiones, ni directamente alguno de cuota social, sino sencillamente que al salario base de pensión obtenido, por pacto expreso de las partes que configuraron la citada prestación extralegal, han decidido reducirla en una determinada proporción (cantidades equivalentes a los conceptos citados) para así obtener finalmente una cuantía básica de pensión mensual.

"De lo hasta aquí referido, es que este órgano colegiado concluye que al efectuar el Instituto Mexicano del Seguro Social la cuantificación de la pensión jubilatoria, en la respectiva cédula de datos para efectos de jubilación o pensión, por virtud del propio numeral 5 del régimen anotado, existe la obligación contractual de restar al salario pensionario obtenido, las ‘cantidades equivalentes’ a los siguientes elementos referenciales: i) impuestos sobre productos del trabajo; ii) fondo de jubilaciones y pensiones; y, iii) cuota sindical.

"Lo que genera una presunción de orden contractual, de que al efectuarse esa cuantificación se aplica la mecánica general para obtener la cuantía básica de pensión, entre ello, disminuir cantidades equivalentes a los tres conceptos anteriores. Empero, esto sería una presunción iuris tantum, es decir, salvo prueba en contrario, como sería la hipótesis de una cuantificación incorrecta de la pensión (derivada de disminuir más de lo permitido). De forma que no se trata de una presunción de pleno derecho (iure et de iure), que faculte a aseverar que la cantidad descontada como ajustes sea real y forzosamente el monto que podía disminuirse al salario base de pensión, en términos del numeral 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones.

"Cierto, ese deber contractual en abstracto no significa asumir a priori que al cuantificar la relativa pensión, el instituto patronal hubiere cumplido en realidad con su obligación contractual. Al llevar a la práctica la referida mecánica de cuantificación de pensión, la parte patronal puede incurrir en yerros que ocasionen una disminución indebida al respecto, es decir, un decremento para el jubilado o pensionado, de lo que podía contractualmente restarle su órgano empleador al individualizar en su esfera las disposiciones que configuran en un plano general e impersonal la prestación extralegal de que se trata. Situación que impediría estimar que el ajuste o descuento en exceso, pudiera estimarse debido.

"De ahí que el órgano jurisdiccional debe estar atento a decidir no sólo bajo el plano abstracto e impersonal, los reclamos relativos a este tipo de ajustes que el sujeto de derecho laboral alega como disminuciones indebidas y sin sustento a su pensión fijada.

"En efecto, sería ideal que toda cédula de datos en que consta la cuantificación de pensión jubilatoria, como expresión de una aplicación de los numerales 4 y 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del referido instituto correspondiera a una cuantificación pormenorizada, exacta y coincidente en forma plena de los conceptos a sumar y restar para obtener la cuantía básica mensual de pensión.

"Sin embargo, ese es el mundo jurídico del deber ser y, por ende, no forzosamente del que en realidad ocurre, ya que durante la aplicación concreta y material de las referidas disposiciones contractuales, puede suceder en forma distinta a lo que fue estipulado y, en ocasiones, causar agravio, de implicar infracción a los citados derechos laborales contractuales.

"En lo que incumbe a las disminuciones a realizar al salario base de pensión, sería perfecto que estuviera claramente señalado en el propio contenido de la cédula de datos, la cantidad específica que se disminuye y desglosado cada concepto al que hace referencia, para facilitar el examen de si el órgano patronal cumplió con su deber contractual de restar al salario base de pensión lo que válidamente podía reducir en términos de las disposiciones que rigen a dicho beneficio.

"Sin embargo, como no siempre las conductas materializadas coinciden con tales ideales, es que comúnmente surgen los cuestionamientos de si efectivamente se cumplió con lo pactado. Ahí es cuando el posible afectado decide acudir a los tribunales para que éstos diriman si fueron cumplidas las estipulaciones generales y abstractas que regulan la prestación que considera indebidamente cuantificada, en la especie, una de orden extralegal o contractual como es la pensión jubilatoria.

"Luego, corresponde al tribunal conducente decidir tal tipo de controversia, verificando si fue indebida o debida, la cantidad objeto de ajuste, según las circunstancias particulares del caso.

"Así, opuesto a lo que afirma el instituto quejoso, cuando éste realiza la referida cuantificación de pensión jubilatoria, lo que en todo caso puede tener como premisa la Junta resolutora, es que ha aplicado el mecanismo de cálculo previsto en las disposiciones 4 y 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones en consulta, así como una presunción contractual de que la cantidad restada al salario base de pensión, con la expresión ‘ajustes’, pretende reflejar la operación aritmética de haber disminuido ‘cantidades equivalentes’ a los conceptos de i) impuestos sobre productos del trabajo; ii) fondo de jubilaciones y pensiones; y, iii) cuota sindical.

"Empero, no es verdad que baste esa presunción para que la resolutora absuelva en forma automática del reclamo de ajustes indebidos atribuidos al instituto, sobre el salario base de pensión, ya que ello dependería de que la cantidad ajustada no sea superior a la que de acuerdo al marco general que rige dicha pensión, podía restarse contractualmente al salario base señalado, para la obtención de la cuantía básica de pensión mensual.

"De esa forma, en lo que resulta incorrecto el planteamiento de inconstitucionalidad en estudio, es en asumir que la expresión ‘ajustes’ como cantidad restada al salario base de pensión señalado en la cédula de datos conducente, sea por sí solo un descuento debido, porque no es así. Ese proceder no es categórico en permitir una inferencia absoluta o plena de que la cantidad ajustada sea la que comprenda forzosamente los conceptos citados y, especialmente, que coincida con lo que podía restarse realmente por esos rubros, según la situación particular del jubilado o pensionado correspondiente.

"Así que, en dicho sentido, no se comparte parcialmente la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/1 (9a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Cent

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24134-82670e5d/pension-jubilatoria-de-los-trabajadores-del-instituto-mexicano · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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