VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. LA MANIFESTACIÓN DEL ACTOR EN EL SENTIDO DE QUE NO SE LLEVÓ A CABO EN UN RECINTO FISCAL, NO DA LUGAR A DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DEL CRÉDITO FISCAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 212/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 8 DE AGOSTO DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: MIROSLAVA DE FÁTIMA ALCAYDE ESCALANTE.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito en Materias Administrativa y de Trabajo.
No pasa desapercibido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio pasado, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre dos Tribunales Colegiados especializados de un mismo circuito, como acontece en el presente asunto.
Sin embargo, esta Segunda Sala considera que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues fue denunciada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, órgano que sustenta uno de los criterios entre los que se suscita la posible contradicción.
Lo anterior, ya que los artículos citados en el párrafo precedente establecen, en esencia, que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, podrán denunciar la contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual decidirá la tesis que debe prevalecer. En consecuencia, el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito está legitimado para hacer la denuncia respectiva.
TERCERO. Por otra parte, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que es procedente la contradicción de tesis, sin que sea óbice a lo anterior, que se trata de criterios derivados de recursos de revisión fiscal.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial de esta Segunda Sala, que a la letra dispone:
"Registro No. 183405
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVIII, agosto de 2003
"Página: 330
"Tesis: 2a./J. 65/2003
"Jurisprudencia
"Materia: administrativa
"REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESA NATURALEZA. Toda vez que las resoluciones que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia de revisión fiscal, generan pronunciamientos que se encuentran en íntima conexión con los temas y problemas que, en su caso, se presentan en el juicio de garantías, concretamente en el amparo directo y, además, la principal característica de los criterios que son materia de contradicción de tesis, es la de que son emitidos por un tribunal terminal, y en estos supuestos los Tribunales Colegiados de Circuito actúan como órganos terminales, de conformidad con lo previsto por los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 248, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, es indudable que la Segunda Sala está facultada para resolver la contradicción que se suscita en asuntos de aquella naturaleza."
Asimismo, no obsta a la procedencia de la presente contradicción de tesis, el hecho de que los Tribunales Colegiados, Primero y Segundo en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, no hayan emitido criterios jurisprudenciales a partir de las consideraciones expuestas en cada uno de los asuntos correspondientes, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Carta Magna y 197-A de la Ley de Amparo, que establece el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito.
CUARTO. Ahora, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, ya que constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál postura debe prevalecer.
Para que exista contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:
1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.
Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en la jurisprudencia que a continuación se cita:
"Registro: 164120
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXXII, agosto de 2010
"Tesis: P./J. 72/2010
"Página: 7
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
En esa línea de pensamiento, conviene insertar las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, al resolver los recursos de revisión fiscal RRF. **********, RRF. ********** y RRF. **********, respectivamente, que son del tenor siguiente:
I. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, al fallar los recursos de revisión fiscal RRF. ********** y RRF. **********, en sesiones de dieciocho de noviembre y quince de diciembre de dos mil once, respectivamente, determinó lo siguiente:
Se transcriben sólo las consideraciones contenidas en el recurso de revisión fiscal RRF. **********, en virtud de que se tratan de las mismas que sirvieron de base para resolver el diverso RRF. **********.
RRF. **********
"III. Negativa lisa y llana formulada por el actor y sus consecuencias procesales (apartado I del considerando noveno en relación con los punto 2, 3 y 5 del décimo).
"En otro orden de ideas, asiste razón jurídica a las autoridades inconformes en cuanto afirman, en lo sustancial, que adversamente a lo resuelto por la Sala Fiscal, no correspondía a la autoridad demandada la carga probatoria de demostrar que el recinto fiscal en el que se realizó la inspección del vehículo estaba autorizado como tal.
"Para demostrar el anterior aserto, es menester precisar que los procedimientos administrativos representan los cauces legales por los que se regula la actuación de las autoridades administrativas y tienen como fin igualar las potestades y prerrogativas propias de la administración pública, que se ejercen de manera unilateral e impositiva, con los derechos y las libertades de las personas.
"Por eso, a través de los procedimientos administrativos se ejerce un control sobre la administración pública, pues se le obliga a respetar formalidades mínimas tendientes a garantizar los derechos fundamentales del gobernado.
"Entre esos derechos fundamentales se ubican las garantías de seguridad jurídica y de legalidad que prevén los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues mediante la instrumentación del procedimiento administrativo, la autoridad finalmente llegará a una determinación que podrá representar un acto privativo para el gobernado que, en el caso de los procedimientos administrativos en materia aduanera, puede traducirse en la privación de los bienes que no se encuentran legalmente en el país.
"De tal manera que, para salvaguardar la propiedad o posesión de bienes de procedencia extranjera, una de las formalidades a las que está vinculada la autoridad administrativa en materia aduanera, cuando ordena y ejecuta la verificación de su legal estancia en territorio nacional, es la relativa a la realización de un acta circunstanciada en la que se asienten los hechos y las omisiones que advierta en la ejecución del acto de verificación, como se precisa en el artículo 150 de la Ley Aduanera pues, a través de ello, se preconstituye una prueba de la existencia del acto administrativo a partir de la pormenorización de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevó a cabo, a fin de permitir al particular controvertir la legalidad de la posterior decisión de la autoridad administrativa, porque en ese documento se materializa lo ocurrido.
"Ahora, el acto administrativo en principio se presume legal, a menos que el particular manifieste lisa y llanamente que lo desconoce o bien, que los hechos de los que derivó no acontecieron; porque, de ser así, la autoridad deberá demostrar la legalidad de su actuar, por así disponerlo el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, que dice: (lo transcribió).
"En el caso de las actuaciones agregadas a fojas 70 y 71 del expediente de nulidad, se observa que el personal actuante hizo constar que: ‘A petición del personal verificador, el compareciente traslada el vehículo al recinto fiscal ubicado en **********, siendo las 09:25 del día 01 de septiembre de 2009, se suspende la presente acta a efecto de que en dicho recinto fiscal se realice la verificación física y documental del vehículo en cuestión’, así como que: ‘En la ciudad de León, Guanajuato, siendo las 09:35 horas del día 01 de septiembre de 2009, los verificadores actuantes ciudadanos ********** y **********, personal adscrito a la Dirección General de Verificación al Comercio Exterior de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del Estado de Guanajuato, se constituyen en el domicilio que ocupa el recinto fiscal ubicado en **********, **********, de la ciudad de León, Guanajuato, a efecto de continuar con la verificación física y documental del vehículo que nos ocupa’.
"Al respecto, en el séptimo concepto de nulidad el actor negó que el lugar al que se trasladó el vehículo de procedencia extranjera para continuar con su verificación, sea un recinto fiscal; sin embargo, esa manifestación no se traduce en una negativa lisa y llana de la existencia del acto administrativo en cuestión, ni de los hechos que lo motivaron, porque el demandante no rebate que la verificación se llevara a cabo en la hora, fecha y lugar indicados en el acta relativa, ni que, adversamente a lo asentado por el personal actuante, hubiere demostrado la legal estancia en el país del vehículo en cuestión, o bien, que los ejecutores no le dieran la oportunidad de hacerlo.
"Además, aunque tal manifestación, ciertamente, constituye una negativa lisa y llana de que el domicilio sito en ‘**********, de la ciudad de León, Guanajuato’, sea un recinto fiscal; sin embargo, para tal negativa no rige la regla de arrojar la carga de la prueba a la demandada, porque la negativa entraña una afirmación: ese lugar no es un recinto fiscal.
"Luego, si la razón de ser de trasladar la carga de la prueba estriba en que, por regla general, no pueden probarse hechos negativos, en el caso, esa regla no rige porque la actora podía probar su afirmación.
"A mayor abundamiento, la negativa está dirigida contra un dato asentado en el acta de verificación que constituye un elemento accesorio no preponderante para la validez de ese documento, cuya elaboración se rige por los artículos 46 y 150 de la Ley Aduanera, que dicen: (los transcribió).
"De los preceptos antes transcritos, se advierte que cuando las autoridades aduaneras con motivo de la verificación de mercancías en transporte, tengan conocimiento de cualquier irregularidad, la misma se hará constar en acta circunstanciada que para el efecto se levante, de conformidad con el procedimiento que corresponda. El acta a que se refiere este artículo tendrá el valor que establece la fracción I del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, y deberá contener los hechos u omisiones observados, además de asentar las irregularidades que se observen del dictamen aduanero.
"Así, las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera cuando con motivo de la verificación de mercancías en transporte, embarguen precautoriamente mercancías en los términos previstos por esta ley; en el citado documento, se debe hacer constar la identificación de la autoridad que practica la diligencia, los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento, la descripción, naturaleza y demás características de las mercancías, la toma de muestras de las mercancías, en su caso, y otros elementos probatorios necesarios para dictar la resolución correspondiente.
"Además, debe requerirse al interesado para que designe dos testigos y señale domicilio para oír y recibir notificaciones; dicha acta deberá señalar que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga; finalmente la autoridad que levante el acta respectiva deberá entregar al interesado, copia del acta de inicio del procedimiento, momento en el cual se considerará notificado.
"Así las cosas, los datos del oficio mediante el cual se autorizó como recinto fiscal el domicilio ubicado en ‘**********, de la ciudad de León, Guanajuato’, no es un requisito para la validez del acta de verificación; consecuentemente, la negativa de que ese dato se haya asentado y, por ende, de que dicho lugar efectivamente sea un recinto fiscal, se insiste, no se traduce en la negativa de un hecho originario del acto privativo que deba ser demostrado por la autoridad aduanera.
"En ese sentido, adversamente a lo considerado por la Sala Fiscal, la demandante no revirtió la carga de la demostración de la legalidad del acto administrativo impugnado a la autoridad demandada y, por ende, prevalece la presunción de que es legal.
"Consecuentemente, ante la ilegalidad de la sentencia que se revisa, lo que procede es revocarla, para el efecto de que la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dicte otra, en la que, atento a lo aquí expuesto, prescinda de los argumentos con base en los cuales consideró que a la autoridad demandada correspondía demostrar que el domicilio ubicado en ‘**********, de la ciudad de León, Guanajuato’, es un recinto fiscal y, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda, sin dejar de observar lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
"Atento a la conclusión alcanzada, es innecesario analizar el tercer motivo de disenso formulado por el jefe del Servicio de Administración Tributaria, en el que aduce que la Sala del conocimiento no especificó de qué manera la ilegalidad del acta de verificación afectó las defensas del actor y cómo trascendió al resultado de la resolución impugnada; habida cuenta que tal declaratoria de ilegalidad, por las razones expuestas con antelación, habrá de quedar sin efectos."
II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, al resolver en sesión de veinticuatro de febrero de dos mil doce el recurso de revisión fiscal RRF. **********, sustentó lo siguiente:
" En esa tesitura, contrario a lo que sostiene la autoridad recurrente, la Sala Fiscal no violó en perjuicio de la representación fiscal el principio de congruencia aludido.
"Se asevera lo anterior, pues del análisis de la demanda de nulidad que consta en los autos del juicio de origen, se advierte que la parte accionante del juicio contencioso en su concepto de impugnación marcado con el numeral VIII, entre otras cosas, indicó que la determinación emitida por la autoridad demandada le causó perjuicio porque era fruto de actos viciados de origen, ya que los actos de fiscalización de las mercancías de procedencia extranjera, invariablemente deben llevarse a cabo en los recintos fiscales que estén debidamente autorizados por la autoridad aduanera; siendo que, en el caso concreto, la verificación se llevó a cabo en un lugar distinto a los autorizados, por lo que en términos del artículo (sic) 68 del Código Fiscal de la Federación y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, negó lisa y llanamente que la verificación física y documental se realizó en un recinto fiscal autorizado por la autoridad competente.
"Sobre este alegato, la Sala del conocimiento determinó que era fundado, esencialmente, porque del contenido de la propia resolución impugnada se desprendía que el vehículo de procedencia extranjera en tránsito, marca **********, del Estado de California, Estados Unidos de Norteamérica, se encontraba circulando a las doce horas con cuarenta minutos en ********** y, posteriormente, el actor fue conminado a trasladar su unidad a un diverso domicilio, ubicado en **********, en la misma ciudad; lugar en el que el personal adscrito a la autoridad demandada procedió a levantar el acta de verificación en materia aduanera.
"En esa medida, la Sala indicó, que tal circunstanciación en el sentido de que el vehículo se trasladó a un lugar para ser verificado, no implicó que el procedimiento fuera legal pues, precisamente, el actor en el juicio negó lisa y llanamente en los términos de los artículos 68 del Código Fiscal de la Federación y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que el domicilio ubicado en **********, en la misma ciudad, se tratara de un recinto fiscal habilitado por el Estado de Guanajuato.
"Por ende, la Sala recurrida puntualizó si, por una parte, el anexo 8, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal, constriñe al Estado de Guanajuato a registrar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los lugares en que habrán de ser depositadas las mercancías y los vehículos objeto del anexo y que podrán ser utilizados para efectuar los actos de fiscalización señalados en la Ley Aduanera y, por otra, el demandante negó lisa y llanamente que el domicilio al que fue llevado su unidad vehicular tuviera esa característica, entonces la autoridad demandada estaba obligada a demostrar que efectivamente tal sitio fue habilitado como recinto fiscal.
"En ese sentido, la Sala abundó que ante la negativa lisa y llana del actor, la autoridad demandada debió demostrar que, efectivamente, el sitio donde procedió a revisar tanto física como documentalmente la unidad vehicular objeto del procedimiento administrativo en materia aduanera, era un recinto fiscal, esto es, que debió acreditar que tal domicilio estaba registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que podría ser utilizado para efectuar los actos de fiscalización señalados en la Ley Aduanera que fueron delegados al Estado; aunado a que, la Sala Fiscal señaló que la autoridad demandada debió acreditar que tal sitio fue habilitado por el propio Estado de Guanajuato, de acuerdo con la normatividad que al efecto emitiese la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tales fines, por lo que al no haberlo hecho así, tuvo por actualizada la causal de anulación prevista en el artículo 51, fracción IV, en relación con el 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
"Bajo esa medida, contrario a lo que alude la recurrente, de lo expuesto hasta aquí se puede constatar que la negativa que formuló la parte actora en el juicio de nulidad, fue en el sentido de que la verificación física y documental del vehículo de procedencia extranjera se haya llevado a cabo en un lugar autorizado para esto, como lo fue el inmueble ubicado en **********, de la ciudad de León, Guanajuato, que la autoridad fiscalizadora indicó en el acta de verificación levantada con motivo de dicha diligencia.
"De ahí que, el argumento que tuvo en consideración la Sala resolutora para declarar la nulidad de la resolución recurrida es apegado a derecho, en razón a que la negativa planteada por la parte actora se formuló en tal sentido, lo que evidencia lo infundado de los argumentos esgrimidos por la recurrente pues, al analizar el concepto de impugnación de que se trata, la Sala sí se ciñó al punto medular de la causa de pedir del actor en el contencioso, toda vez que fijó la litis conforme a lo efectivamente planteado por el actor en su escrito inicial de demanda, en relación con la resolución impugnada, con lo que cumplió con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
"En la medida en que, como se vio, acorde a los antecedentes del caso, este Tribunal Colegiado advierte que la Sala del conocimiento resolvió el juicio de nulidad, en atención a la pretensión efectivamente planteada; de modo que no infringió lo dispuesto por el numeral 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sino acorde a la teleología del propio precepto, ya que es una obligación ineludible para las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, considerar todos los puntos controvertidos en el juicio contencioso administrativo, de forma tal que, para emitir una resolución ajustada a derecho, se deben respetar los principios de exhaustividad y congruencia de la disposición legal invocada, pronunciándose respecto de todos y cada uno de los argumentos propuestos.
"Además, de una intelección de los artículos 50 y 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se colige que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al dictar sus fallos, resolverán ‘sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada’; lo cual, patentiza que el contenido y finalidad de las sentencias implica considerar la causa de pedir deducida de la pretensión propuesta por el accionante.
"Es así que, sobre una base no formalista de un fundamento de hecho, la Sala debe apreciar si la esencia y relevancia de lo planteado es conforme con el ordenamiento o el precepto legal que se dice violado; luego, de una manera razonable, integral y no rigorista, sin desvincularlo de la esencia de la pretensión efectivamente planteada por las partes y privilegiando una respuesta basada en la verdad fáctica y real, la Sala resolutora no sólo se encuentra facultada, sino obligada a emitir un pronunciamiento completo y amplio de la litis propuesta ante su potestad jurisdiccional, atendiendo a la solución de fondo, al problema jurídico y a la controversia, tal como lo ordena el artículo 17 constitucional.
"Por identidad de razón, se estima aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J. 63/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 323, cuyo rubro es: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.’ (la transcribió).
"En esas condiciones, si la sentencia recurrida no viola el principio de congruencia, la tesis que invoca la recurrente de rubro: ‘SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA.’, aun cuando es aplicable el caso por cuanto alude al tópico en estudio, sin embargo, no le beneficia a sus intereses al no contravenir la resolución recurrida ese principio.
"Sin que la jurisprudencia 22/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRÁNSITO. CONSTITUYE UNA FORMALIDAD QUE LA AUTORIDAD VERIFICADORA REQUIERA AL CONDUCTOR QUE ACREDITE SU LEGAL ESTANCIA EN TERRITORIO NACIONAL, EN DONDE SEA DETENIDO, ANTES DE ORDENAR SU TRASLADO AL RECINTO FISCAL PARA CONTINUAR CON LA INSPECCIÓN.’, sea aplicable al caso en particular, por cuanto que la misma se refiere a la hipótesis en que el conductor es requerido de la documentación que ampare la legal estancia o tenencia del vehículo en el país en el momento en que es detenido, en tanto que la litis en este asunto se centró en determinar si la autoridad fiscalizadora estaba obligada o no a acreditar que el domicilio al que fue trasladado el vehículo para continuar con su inspección, se trataba de un recinto fiscal autorizado para esto, de ahí su inaplicabilidad.
"En otro aspecto, la representación fiscal expone que la sentencia recurrida causa agravio, ya que la negativa lisa y llana que formuló la parte actora en el juicio de nulidad de origen, no se hizo en relación a algún acto o hecho efectuado por la autoridad dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera que fuera indispensable circunstanciar en el acta de verificación de veinte de julio de dos mil nueve, ni tampoco estuvo referido al cumplimiento de algún precepto legal a fin de dem
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24151-7a81045b/verificacion-de-vehiculos-de-procedencia-extranjera-la-manifestacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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