CONCURSO REAL DE DELITOS CALIFICADOS. LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE IMPONER LAS PENAS INHERENTES A CADA UNO DE LOS TIPOS BÁSICOS, ADEMÁS DE SUS RESPECTIVAS CALIFICATIVAS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE UNA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL NON BIS IN IDEM PREVISTO EN EL ARTÍCULO 23 CONSTITUCIONAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 77/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JOSÉ DÍAZ DE LEÓN CRUZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente DENUNCIA de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que por su naturaleza penal corresponde a la materia que es especialidad de esta Primera Sala. Lo anterior con base además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número **********.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que de conformidad con el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) en relación con el artículo 197-A de la Ley de Amparo,(6) los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, se encuentran facultados para tal efecto, al tratarse de uno de los órganos de control constitucional contendientes, por lo cual se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Diferendo de criterios y fijación del tema a dilucidar. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(7) puesto que dicho criterio ya fue interrumpido.
Con base en ello, una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.
Así, ¿qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para responder a esta pregunta, se impone una interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer. ..."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
En ambos artículos se contiene una norma que confiere poderes de ejercicio obligatorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando ya sea en Pleno o en Salas (se reitera, acorde con la interpretación armónica del artículo tercero transitorio del decreto de reforma al artículo 107 constitucional). Mediante el ejercicio de ese poder conferido se busca, esencialmente, la unificación de los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados o las Salas de la Corte, en su caso, llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto.
Las normas citadas expresan como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean antagónicos, esto es, contradictorios. El sentido del concepto contradictorio sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios como fuente generadora de seguridad jurídica. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.
La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una antinomia de criterios, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas, no necesariamente contradictorias en términos lógicos, aunque legales.
Lo anterior no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen respuestas correctas únicas, esencialmente, porque las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional, mediante el cual se va creando el llamado derecho en acción.
La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que dentro de límites más o menos amplios, la interpreten en relación con el supuesto concreto que han de solventar o completen algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.
Así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver, deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.
Resumiendo: Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los tribunales contendientes -no tanto en los resultados-, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
2. Entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
3. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Con este pequeño test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.
El anterior criterio se sustenta en las tesis jurisprudenciales números 22/2010 y 23/2010, aprobadas por esta Primera Sala que, respectivamente, a la letra establecen:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(8)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."(9)
Primer y segundo requisitos: Arbitrio judicial y ejercicio interpretativo realizado sobre un mismo punto. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada respecto de un mismo punto de derecho. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:
I) Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 41/2004. Como antecedentes del asunto, se informan los siguientes:
a) El ocho de mayo de dos mil se denunció el hecho de que en la gasolinera denominada **********, llegó un vehículo con tres personas a bordo, mismo al que se le despachó combustible, momento en el que uno de los tripulantes exigió la entrega del dinero de las ventas, manifestándole al despachador que se trataba de un asalto y que le estaban apuntando con un arma desde el vehículo, por lo cual, se les hizo entrega de la cantidad de ********** en efectivo.
Por otra parte, se formuló una diversa denuncia por parte de otro despachador de la gasolinera denominada **********, quien manifestó que el treinta de abril de dos mil llegó un vehículo a cargar combustible, momento en el que al ser atendido uno de los sujetos que se encontraba en el interior, le hizo una seña al conductor del vehículo, quien sacó una pistola exigiéndole al encargado la entrega del dinero de las ventas.
De igual manera, un diverso despachador del negocio denominado ********** denunció que el siete de mayo de dos mil, una persona que viajaba con otros dos sujetos abordo de un vehículo, después de que se le despachó combustible, le ordenó que le entregara todo el dinero, ya que de no hacerlo "SE IBAN A MORIR", tanto él como el resto del personal que en ese momento laboraba en dicho lugar; mientras tanto, el chofer del vehículo le apuntaba con una pistola.
Por último, un empleado de la negociación **********, denunció que el ocho de mayo de dos mil, cuando se encontraba en el interior de dicho negocio acompañado de dos empleados, ingresaron al mismo diversas personas, de las cuales una de ellas solicitó una bolsa para meter unas cervezas, ante lo cual se le respondió de forma negativa, ya que no estaban en el horario de venta de cerveza, no obstante ello, el sujeto se apoderó de dos paquetes, por lo que comenzaron a forcejear, momento en el que uno de sus acompañantes los amenazó con una pistola, por lo cual, los agresores salieron del lugar en posesión de dichas bebidas embriagantes.
b) Por tales hechos, los sujetos activos fueron declarados penalmente responsables al resolverse diversos procesos penales acumulados derivados de la comisión del delito de ROBO, tipificado por el artículo 364 del Código Penal para el Estado de Nuevo León,(10) ilícitos que se estimaron CALIFICADOS, al haberse empleado en todos ellos la VIOLENCIA MORAL, ya que los sujetos pasivos fueron amagados con un arma de fuego para, de esta forma, ser obligados a entregar los bienes y valores afectos; además de que también fueron cometidos por tres personas que sin estar organizados con fines delictivos cometieron los ilícitos, lo que constituyó la modalidad de PANDILLERISMO a que se refiere el artículo 177 del mismo ordenamiento jurídico local.
c) Resolución jurisdiccional que fue materia de impugnación; de esta forma, el diecisiete de septiembre de dos mil uno, el Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, al resolver el toca de apelación **********, determinó MODIFICAR la sentencia de primer grado a fin de imponer a los justiciables una pena definitiva de **********, ********** PRISIÓN.
d) Inconforme con esa determinación, uno de los cosentenciados interpuso juicio de amparo directo, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito (tribunal denunciante), y en sesión de veintidós de junio de dos mil cuatro resolvió, en la parte relativa a la presente contradicción de tesis, esencialmente, lo siguiente:
"El quejoso, en su concepto de violación número tres, sostiene que la autoridad responsable lo condenó doblemente por la calificativa de violencia moral, pues si ya lo consideró en el delito de mayor entidad, no es dable lo condene por dicha calificativa por el robo concursado. Tal afirmación es inexacta, dado que la aplicación de las reglas del concurso, en el caso real o material de delitos,(11) es en función a la comisión de varios ilícitos como aquí acontece y la agravante es independiente, es decir, si el quejoso violó varias veces la misma disposición penal y en cada una de ellas utilizó la violencia moral, la pena será aplicada por cada uno de los ilícitos con su respectiva agravante pues, de no ser así, quedaría impune la violencia ejercida en el sujeto o sujetos pasivos del delito. Efectivamente, en el caso concreto, el quejoso primero llegó aproximadamente a las veintiuna horas con cincuenta minutos del día siete de mayo del dos mil, a la gasolinera ********** ubicada en ... y con pistola en mano amagó a ... para despojarlos, al primero de la **********, y al segundo de su cartera. Posteriormente, el quejoso se dirigió en compañía de otros a esta ciudad de Monterrey, donde aproximadamente a las cero horas con cuarenta y cinco minutos del día ocho de mayo de dos mil, entró al negocio denominado ********** de la calle ... y con la misma arma amenazó al dependiente ... para despojarlo de dos paquetes de veinticuatro botes de cerveza. De lo anterior se advierte que ... utilizó la violencia moral en cada uno de sus actos delictivos; esto es, afectó la capacidad de oposición de resistencia de los pasivos al sembrar en su ánimo el miedo, la perturbación y angustia, al verse amenazados por el quejoso con el arma con la cual fueron amagados, circunstancia que le facilitó el apoderamiento de una cosa mueble ajena sin consentimiento de quien tenía el derecho a disponer de ella, lo que materializó el delito de robo, según lo prevé el artículo 364 del Código Penal del Estado. De ahí que resulta claro que en la especie debe aplicarse la agravante de violencia moral en cada delito; toda vez que en cada uno de ellos el impetrante hizo uso de la violencia para lograr el apoderamiento; y el apoderamiento (sic) y el artículo 371 del código en cita refiere en lo atinente, que si el robo se ejecuta con violencia (en el caso moral), a la pena correspondiente por tal antisocial se agregarán de seis meses a nueve años de prisión, de lo cual se advierte que dicho precepto no hace distinción alguna sobre su aplicación cuando se actualicen las reglas del concurso real o material de delitos como aquí acontece. Cabe destacar, que aun cuando los delitos sean de la misma naturaleza, no debe perderse de vista que si la materialización se dio en circunstancias de modo, tiempo y lugar distintos y no en forma simultánea, de manera que no se está en el caso de concurso ideal de delitos, ni tampoco en el de que los distintos robos fueron cometidos unos con la calificativa y otros sin ella. De ahí que no existe una doble aplicación de la pena."
De las consideraciones anteriores derivó el criterio aislado que contiene los datos de identificación, rubro y texto siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, enero de 2005
"Materia: penal
"Tesis: IV.1o.P.18 P
"Página: 1740
"CONCURSO REAL O MATERIAL. DELITO DE ROBO CALIFICADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Si el quejoso llevó a cabo diversos robos en circunstancias de modo, tiempo y lugar distintas, ejerciendo en cada uno de ellos la violencia moral, es inconcuso que debe aplicarse la pena agravada correspondiente a cada uno de los delitos, conforme al artículo 371 del Código Penal del Estado de Nuevo León, bajo las reglas del concurso real que contempla el numeral 76 de la legislación en comento, ya que el miedo, la perturbación y la angustia que sufren los pasivos al verse amenazados por el activo del delito no deben quedar impunes, pues aun cuando los ilícitos son de la misma naturaleza, no fueron realizados en forma simultánea."
Criterio que el referido Tribunal Constitucional reiteró al resolver el diverso juicio de amparo directo **********, en sesión de diecinueve de enero de dos mil doce, en donde en el acto reclamado, igualmente se cuestionó la aplicación de las calificativas en tratándose de diversos delitos de ROBO CALIFICADO (VIOLENCIA MORAL).
II) Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 188/93. De la ejecutoria de referencia se advierten los antecedentes que a continuación se indican:
a) El apoderado legal de la empresa **********, presentó querella en la que refirió que el veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, el vendedor y chofer de un camión repartidor, le informó que sufrió un asalto por parte de tres sujetos que se encontraban armados con pistolas, quienes le habían quitado el dinero de las ventas.
Por otra parte, el chofer de un camión de la empresa **********, denunció que el tres de abril de mil novecientos noventa, al encontrarse repartiendo producto en compañía de su ayudante, fueron asaltados por un sujeto quien los amenazó con una pistola, y por temor a resultar herido, entregó el dinero producto de la venta, más otra cantidad que era de su propiedad.
b) Los hechos narrados originaron la apertura de procesos penales acumulados, en los cuales, una vez agotada la instancia se dictó la respectiva sentencia condenatoria. Uno de los imputados en tales hechos, apeló la sentencia condenatoria dictada en su contra, fallo que fue CONFIRMADO en sus términos por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California.
c) Dicho acto reclamado fue materia del referido juicio de amparo directo **********, del cual conoció el citado Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito (segundo Tribunal contendiente), mismo que en sesión de ocho de junio de mil novecientos noventa y tres, en lo que a la presente contradicción de tesis se refiere, resolvió lo que a continuación se transcribe:
"En cambio, en cuanto a la individualización de la pena, en suplencia de la queja, este tribunal estima que la sentencia reclamada sí resulta violatoria de garantías individuales. En efecto, la Sala responsable confirmó la sentencia apelada, no obstante que el Juez de primera instancia al condenar al quejoso hizo una incorrecta aplicación de las normas de la acumulación a que se contrae el artículo 82 del Código Penal en vigor,(12) en la época de los hechos (idéntico al 82 del código actual), y se dicte lo anterior, porque como puede observarse, a dicho quejoso se le impuso una pena privativa de libertad de ********** de prisión y multa equivalente a **********, como penalmente responsable del delito de robo, por la cantidad de ********** y ********** días de multa equivalente a **********, como penalmente responsable del delito de robo, por la cantidad de **********, a que se contrajo la causa penal ********** (robo que se consideró como el delito mayor, de los dos que cometió). Por otra parte, como tal ilícito fue cometido con violencia moral, por dicha calificativa se le impuso una pena ********** de prisión, ascendiendo el monto de la pena privativa de libertad a ********** de prisión. Asimismo, con apoyo en el artículo 82 ya citado, por tratarse de un concurso real de delitos, se aumentó la pena anterior ********** de prisión y **********, multa equivalente a **********, en relación al delito de robo a que se refiere la diversa causa acumulada **********, además, por considerar que este segundo delito (estimado como el ilícito menor), también se ejecutó con violencia moral, se le condenó por ********** de prisión, por tal calificativa. Ahora bien, como se aprecia, el artículo 82 en comento acoge lo que doctrinariamente se denomina acumulación jurídica, la cual sanciona el concurso real de delitos con una pena única o total, en virtud de que en este supuesto, el activo realiza una conducta que tiene la característica de ser reiterativa, dado que son actos autónomos cometidos en diversos espacios de tiempo y lugar, pero no por ello deja ser reiterativa, dado que son actos autónomos cometidos en diversos espacios de tiempo y lugar (sic), pero no por ello deja de ser una sola conducta antisocial, tan es así que el referido artículo 82 del Código Penal del Estado, claramente señala: ... esto es, señala una sola sanción, por eso se afirma que tal penalidad es única, a diferencia de otros sistemas punitivos que señalan penas, como delitos se cometan, restringiendo el arbitrio del juzgador que lo someten a realizar simples sumas aritméticas de las penas que correspondan a cada delito considerado independiente. Ahora bien, es verdad que esa pena única puede ser aumentada discrecionalmente por el juzgador en una mitad más de las penas correspondientes a los demás delitos cometidos, configurándose así la pena total, es decir, la que se integra con la impuesta en base a la que corresponda al delito que merece la mayor (pena única) y la que decide el Juez imponer como aumento, en caso de que se haga uso de la facultad discrecional que le concede el citado artículo 82 del Código Penal, siendo la primera obligatoria y la segunda potestativa para dicho juzgador. En ese orden de ideas, si en la especie, el Juez de primera instancia impuso al quejoso una pena de ********** de prisión y ********** días de multa, equivalente a **********, como la correspondiente al delito que mereció la mayor; y por considerar calificado dicho ilícito, lo sancionó también con una pena más de ********** de prisión y, por otra parte, además de esta pena única de **********, consideró prudente aumentar, con base en la citada facultad discrecional que le concede el precepto en comento, con ********** de prisión, haciendo una pena total **********, ********** meses, no podía ya entonces hacer un diverso aumento con base en que el segundo robo considerado como delito menor aunque hubiese sido cometido igualmente con violencia moral, pues tal calificativa ya había sido sancionada, por lo que al hacerlo de nueva cuenta, condenó doblemente un mismo hecho, causando agravio al quejoso, ya que no es dable jurídicamente duplicar la sanción por una misma circunstancia en todos sus aspectos (robos), aun cuando, como ya se dijo, cometidos a través de una conducta reiterada y en distintos espacios de tiempo y lugar, y al no haberlo estimado así, la Sala responsable en la sentencia reclamada, ésta resulta, en ese aspecto, violatoria de garantías individuales y, por ende, debe concederse al quejoso ... el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala responsable dicte una nueva sentencia en la que subsistiendo como correcta la estimación de la comprobación del cuerpo del delito y la responsabilidad penal del quejoso en su comisión, las penas de ********** meses correspondiente al delito de mayor, la de ********** meses por la calificativa, y la de ********** por la calificativa (sic), y la de ********** meses como aumento por razón de la acumulación, deje sin efecto la de ********** meses por la calificativa en relación al robo referente a la causa penal **********."
De las consideraciones transcritas derivó el criterio aislado que contiene los datos de identificación, rubro y texto siguientes:
"Octava Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: XII, julio de 1993
"Materia: penal
"Página: 178
"CONCURSO REAL DE DELITO. CALIFICATIVAS (ARTÍCULO 82 DEL CÓDIGO PENAL DE BAJA CALIFORNIA). Si el Juez de primera instancia impuso al quejoso una pena de un año tres meses de prisión y setenta y cinco días de multa, equivalente a seiscientos ochenta y siete mil pesos, como la correspondiente al delito que mereció la mayor; y por considerar calificado dicho ilícito lo sancionó también con una pena más de un año tres meses de prisión, y por otra parte, además de ésta pena única de dos años nueve meses, cons
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24169-51c7e4e0/concurso-real-de-delitos-calificados-la-autoridad-judicial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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