CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO FIJADAS POR EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. PRESTACIONES QUE SÓLO SON APLICABLES A LOS TRABAJADORES DE BASE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 215/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y QUINTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 8 DE AGOSTO DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: AURELIO DAMIÁN MAGAÑA.
CONSIDERANDO:
7. PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, del Pleno de este Alto Tribunal y el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de tesis sustentadas por dos Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos que versan sobre la materia laboral, que es de la especialidad de esta Sala.
8. No pasa inadvertido para esta Sala que el cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del año en cita, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
9. De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización.
10. Sin embargo, esta Segunda Sala considera que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto.
11. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Tribunal Pleno cuyos rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito." (Registro IUS 2000331, tesis P. I/2012 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, materia común, página 9)
12. SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.
13. El artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.
14. En el caso, la denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en razón de que fue formulada por el Magistrado presidente integrante del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, cuyo órgano intervino en uno de los asuntos que originaron el posible criterio en contraposición, por lo que cabe concluir que la denuncia proviene de parte legítima.
15. TERCERO. Con el propósito de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados contendientes:
16. El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, en sesión de tres de mayo de dos mil doce, consideró, en la parte que interesa, lo siguiente: (fojas 36 vuelta a 59 vuelta del presente toca).
"SEXTO. ... Por otra parte, en la segunda parte de su concepto de violación, alega el quejoso que la responsable no analizó si lo reclamado en los incisos g), h), i), j), k) y l), relativos al pago de canasta básica, previsión social múltiple, ayuda económica para gastos de traslado, bono de buena disposición y bono de eficiencia establecidos en las cláusulas vigésima séptima, vigésima novena, trigésima, trigésima tercera y trigésima cuarta de las condiciones generales de trabajo, se excluye o no de manera expresa a los trabajadores de confianza; que si bien las citadas condiciones establecen que las prestaciones se concederán a los trabajadores de base, cierto es también que en ese documento no se limita de manera expresa otorgar dichas prestaciones a los trabajadores de confianza, pues no contemplan prohibición específica que los excluya de los beneficios contenidos en las referidas condiciones laborales, ni que expresamente no sean extensivas para ello.
"Es fundado el concepto de impugnación.
"De las cláusulas que contienen las prestaciones reclamadas por el quejoso, se desprende lo siguiente:
"‘Cláusula vigésimo séptima.’ (se transcribe)
"‘Cláusula vigésimo novena.’ (se transcribe)
"‘Cláusula trigésima.’ (se transcribe)
"‘Cláusula trigésima tercera.’ (se transcribe)
"‘Trigésima cuarta.’ (se transcribe)
"En efecto, de la literalidad de las cláusulas de las Condiciones Generales de Trabajo que rigen entre las demandadas y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, no se desprende de manera expresa ni en forma clara, precisa ni manifiesta, que las condiciones de trabajo no podrán hacerse extensivas a los trabajadores de confianza, ya que no basta para considerar que se está ante una disposición en contrario el hecho de que se establezca dentro del propio contrato colectivo la especificación de las partes que están obligadas a observarlo, como en el caso sería ‘TRABAJADORES DE BASE’, ‘PERSONAL SINDICALIZADO’, ‘TRABAJADORES SINDICALIZADOS’ y ‘autoridad pública’, pues con ello no se hace alusión alguna directa en relación con los trabajadores de confianza.
"Al efecto, el artículo 396 de la Ley Federal del Trabajo señala que las estipulaciones del contrato colectivo se extienden a todas las personas que trabajen en la misma empresa o establecimiento, aunque no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado, con la única limitación consignada en el numeral 184 del propio ordenamiento, que dispone: ‘Las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que rija en la empresa o establecimiento se extenderán a los trabajadores de confianza, salvo disposición en contrario consignada en el mismo contrato colectivo.’
"Por tanto, para tener por actualizada la apuntada excepción, es decir, para saber si existe una disposición en contrario, es menester que dentro del contrato colectivo se establezca la correspondiente prohibición, esto es, la expresión de voluntad de los contratantes en forma clara, precisa y manifiesta, en el sentido de que las condiciones de trabajo no podrán hacerse extensivas a los trabajadores de confianza pues, de lo contrario, será aplicable la regla general establecida en el referido artículo 184, para lo cual deberá atenderse principalmente a la interpretación que de las estipulaciones del contrato colectivo se realice bajo la óptica del principio de la preeminencia de la voluntad de las partes sobre la ley, pues en materia de contratos, la ley suprema es la voluntad de las partes.
"Cierto, bajo tal tenor contractual, se reitera, no se impide de ninguna manera al trabajador de confianza gozar de los beneficios que pudiere otorgarle el contrato colectivo de trabajo que rige a los trabajadores sindicalizados, habida cuenta de que el dispositivo 396 de la Ley Federal del Trabajo, con claridad meridiana, señala que las estipulaciones del contrato colectivo se extienden a todas las personas que trabajen en la misma empresa o establecimiento, aunque no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado, con la única limitación, se insiste, consignada en el numeral 184 del propio ordenamiento, que dispone: ‘Las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que rija en la empresa o establecimiento, se extenderán a los trabajadores de confianza, salvo disposición en contrario, consignada en el mismo contrato colectivo.’, misma que, como ya se analizó, no se considera actualizada en el presente caso.
"Lo así colegido atiende, principalmente, como se anunció, a la interpretación que del clausulado de mérito se realiza bajo la óptica del principio de la preeminencia de la voluntad de las partes sobre la ley.
"Efectivamente, en materia de contratos, la ley suprema es la voluntad de las partes, es la que elige la regla jurídica por la cual se van a regir él o los vínculos que se crean; es la libre facultad de los particulares para celebrar el contrato que les plazca y determinar sus efectos, contenido y duración, en virtud del principio los particulares son libres para celebrar los contratos que más convengan a sus intereses, sean o no previstos por la ley.
"Resultando entonces que lo sí pactado por las partes contratantes en las Condiciones Generales de Trabajo que rigen entre las demandadas y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, fue que el contratante denominado ‘autoridad pública’, les ‘CONCEDERÁ’, ‘otorgará’ y ‘entregará’ a los diversos pactantes ‘TRABAJADORES DE BASE’, ‘PERSONAL SINDICALIZADO’ y ‘TRABAJADORES SINDICALIZADOS’, variadas prestaciones extralegales -canasta básica, previsión social múltiple, bono de transporte, bono de buena disposición y bono de eficiencia-, sin que se advierta, como ya se puntualizó, que entre dichas partes contratantes hayan acordado voluntariamente de forma clara, precisa y manifiesta que las aludidas prestaciones no se pueden hacer extensivas a los trabajadores de confianza de la patronal, es decir, la refutada acotación contractual no fue voluntad de las partes sobre la ley en el pacto colectivo que se analiza.
"Interpretar lo contrario, traería como resultado que se afectara a la clase trabajadora al imponerle una prohibición a gozar u obtener ciertas prestaciones extralegales pactadas por su patrón en favor de los diversos obreros denominados ‘TRABAJADORES DE BASE’, ‘PERSONAL SINDICALIZADO’ y ‘TRABAJADORES SINDICALIZADOS’, siendo que la propia Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, se las hace extensivas a los trabajadores de confianza, como lo fue la tercero perjudicada antes de obtener su basificación, siempre y cuando no se pacte en contrario, esto es, que encuentre su fuente en la voluntad de las partes, lo cual, se insiste, no se desprende se haya pactado así en el caso concreto.
"Así pues, en aras de no trastocar el referido principio alterando o modificando la voluntad de las partes, máxime que en el caso sería en perjuicio de la clase obrera, si en el propio pacto colectivo no se prevé la exclusión de los trabajadores de confianza en su aplicación, el mismo les surte efecto en todas sus disposiciones.
"Ilustra al respecto, la tesis VII.2o.A.T.79 L, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible a página 1654, Tomo XXV, marzo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto:
"‘CONTRATOS EN MATERIA LABORAL. EL PRINCIPIO DE LA PREEMINENCIA DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES SOBRE LA LEY, SÓLO OPERA EN BENEFICIO DE LA CLASE TRABAJADORA, MAS NUNCA EN SU PERJUICIO.’ (se transcribe)
"Por lo cual, aun cuando la actora tenía un cargo de confianza, tal situación resulta irrelevante, toda vez que como lo consignan los preceptos legales antes mencionados, el citado contrato produce efectos para todos los trabajadores que laboren en la empresa, salvo pacto en contrario, esto es, que en juicio laboral se compruebe que en el referido pacto colectivo se hubieran excluido a los trabajadores de confianza de los beneficios en él regulados, lo cual sólo podrá acaecer si se estipula en el mismo, de una manera expresa, la exclusión de los empleados de confianza, para que se puedan considerar excluidos de él, lo cual, se reitera, no se advierte categóricamente del transcrito clausulado de las Condiciones Generales de Trabajo que rigen entre las demandadas y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, atinente, precisamente, al pago de las prestaciones canasta básica -cláusula vigésima séptima-; previsión social múltiple -vigésima novena-; bono de transporte -trigésima-; bono de buena disposición -trigésima tercera-; y, bono de eficiencia -trigésima cuarta-.
"En apoyo a lo antes considerado, se citan los siguientes criterios que este órgano colegiado comparte, los cuales se leen:
"‘CONTRATOS COLECTIVOS. SUS CONDICIONES DE TRABAJO SON EXTENSIVAS A LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA, SALVO QUE EN ELLOS SE ESTABLEZCA PROHIBICIÓN EXPRESA EN ESE SENTIDO.’ (se transcribe)
"‘TRABAJADORES NO SINDICALIZADOS. AL RESULTARLES APLICABLE EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, PROCEDE LA CONDENA AL PAGO DE PRESTACIONES RECLAMADAS POR AQUÉLLOS CON BASE EN DICHO PACTO CONTRACTUAL.’ (se transcribe)
"No pasa desapercibido, que en sesión de ocho de septiembre de dos mil once, este órgano colegiado resolvió el juicio de amparo directo **********, determinando que en las condiciones generales de trabajo está pactado que las prestaciones consistentes en canasta básica; previsión social múltiple; bono de transporte; bono de fomento educativo; bono de buena disposición; bono de eficiencia; y, quinquenio, sólo corresponden a los trabajadores de base o sindicalizados, pues así está pactado en las mismas y deben interpretarse de forma estricta, de conformidad con los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, así como el artículo 51 de la Ley del Servicio Civil para los Trabajadores del Estado, así como la jurisprudencia 128/2010, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: ‘CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. LAS CLÁUSULAS QUE CONTIENEN PRESTACIONES EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES, QUE EXCEDEN LAS ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SON DE INTERPRETACIÓN ESTRICTA.’
"Ahora bien, en una nueva reflexión, ante la nueva integración de este órgano colegiado, es pertinente apartarse del anterior criterio.
"En efecto, el artículo 51 de la Ley del Servicio Civil aplicable dispone:
"‘Artículo 51.’ (se transcribe)
"De la literalidad del precepto antes transcrito, se desprenden las obligaciones de las autoridades públicas tratándose de nombramientos y remoción de trabajadores de base y confianza, en los cuales deberán anteponer los conocimientos, aptitudes y antigüedad, así como los derechos escalafonarios. Igualmente, establece que los trabajadores de base podrán ser ascendidos a puestos de confianza, lapso durante el cual quedaran en suspensión todos los derechos y prerrogativas que tuviere por ley como sindicalizado.
"Lo antes resaltado, se traduce en el supuesto que un trabajador de base ocupe temporalmente un puesto de confianza, no podrá sumar los días que labore en este puesto de confianza, a la antigüedad que como trabajador de planta sindicalizado haya acumulado o llegue a acumular para fines escalafonarios de base, sin que lo anterior implique la pérdida de sus prestaciones, incentivos, estímulos y subsidios.
"Ahora bien, en lo tocante a la jurisprudencia 128/2010, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la misma se apoyó en las siguientes consideraciones:
"...
"De lo anterior, puede concluirse que el punto de divergencia a resolver radicó en determinar la forma de interpretar el artículo 4o., tabla C), del Régimen de Jubilaciones y Pensiones anexo al contrato colectivo de trabajo aplicable a los trabajadores que laboran en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para establecer el mecanismo para fijar el monto de la pensión por incapacidad parcial permanente.
"Por tanto, la misma no resulta aplicable al caso en concreto, al ocuparse sobre la interpretación estricta que debe regir sobre cláusulas de los contratos colectivos, respecto al monto de prestaciones concedidas a los trabajadores y, en el caso en cuestión, se dilucidó que las cláusulas de las condiciones de trabajo son extensivas a los trabajadores de confianza, al no existir prohibición expresa en ese sentido.
"Por tanto, ante lo fundado y suficiente del concepto de violación analizado, se impone conceder el amparo y la protección solicitada para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente el laudo que aquí se reclama y, en su lugar, dicte uno nuevo en el que reitere las cuestiones que han quedado definidas e intocadas y siguiendo los lineamientos de esta resolución considere que de las Condiciones Generales de Trabajo que rigen entre las demandadas y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, no se estipula de manera expresa la exclusión de los empleados de confianza respecto al pago de las prestaciones canasta básica -cláusula vigésima séptima-; previsión social múltiple -vigésima novena-, bono de transporte -trigésima-; bono de buena disposición -trigésima tercera-; y, bono de eficiencia -trigésima cuarta-, resolviendo lo que conforme a derecho corresponda.
"No pasa desapercibido para este tribunal, que entre sus reclamos, el quejoso incluye la prestación reclamada con el inciso j), denominada ‘Fomento educativo’, sin embargo, la misma no será materia de estudio, en virtud de haberle sido favorable.
"Por otra parte, y toda vez que este órgano colegiado no comparte el criterio emitido en sesión de ocho de octubre de dos mil ocho por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el amparo directo laboral **********, procédase a denunciar la contradicción de tesis correspondiente."
17. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, en sesión de ocho de octubre de dos mil ocho, en la parte que interesa para el presente asunto, sostuvo lo siguiente: (fojas 191 vuelta a 198 del presente toca).
"CUARTO. Resultan infundados los conceptos de violación transcritos con anterioridad.
"...
"En el laudo reclamado en el presente juicio de amparo directo laboral, el Tribunal de Arbitraje responsable condenó a los demandados Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Secretaría de Desarrollo Económico, a pagarle a las trabajadoras actoras, aquí quejosas, todas las prestaciones que éstas demandaron, con excepción del pago que resulte por concepto de bono de transporte, canasta básica, previsión social múltiple, fomento educativo, bono por buena disposición, bono por eficiencia, fondo de ahorro, quinquenio y fomento deportivo, así como al pago de los recargos y actualizaciones que se generen por la omisión de cubrir las cuotas y aportaciones para el efecto de ser enteradas al Issstecali; prestaciones respecto de las cuales absolvió a los demandados. Además, respecto a la condena que hizo el tribunal de arbitraje responsable al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Secretaría de Desarrollo Económico, referente a acreditarles a todas y cada una de las actoras las cuotas y aportaciones de seguridad social omitidas y a reconocerles los derechos que como aseguradas y beneficiarias les otorga la Ley del Issstecali, condicionó su procedencia al previo pago que tanto las patronales aludidas como las trabajadoras demandantes realicen de tales cuotas y aportaciones a que se refieren los artículos 16 y 21 de la Ley del Issstecali, capital constitutivo que será calculado actuarialmente por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, en los términos del artículo 64 Bis de la Ley del Issstecali.
"En contra de tal absolución en favor de las demandadas, como de la manera en que se efectuó la condena al pago de la cuotas y aportaciones omitidas de seguridad social, las actoras promovieron el presente juicio de amparo, argumentando, en el primero de sus conceptos de violación, que el Tribunal de Arbitraje responsable indebidamente absolvió a las patronales demandadas del pago de la cantidad que resulte por concepto de bono de transporte, canasta básica, previsión social múltiple, fomento educativo, bono por buena disposición, bono por eficiencia, fondo de ahorro, quinquenio y fomento deportivo, ya que claramente se desprende de los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria al presente asunto, que las condiciones generales de trabajo, derechos, prerrogativas y, en general, las estipulaciones que se establezcan en los contratos colectivos de trabajo, los cuales tienen precisamente la misma naturaleza jurídica que las condiciones generales de trabajo, deben de aplicarse para todos los empleados de una fuente de trabajo determinada, por lo que resulta totalmente contrario a derecho estimar que dichas condiciones de trabajo corresponden únicamente a los trabajadores que tienen su plaza de base. Además, aducen las impetrantes, el tribunal responsable condenó a las personas morales oficiales a considerar a las trabajadoras actoras como trabajadoras de base en el siguiente ejercicio fiscal, precisamente porque de autos se desprende que la naturaleza de las funciones que realizan no son las inherentes a un trabajador de confianza sino, por lo contrario, son las que corresponden a un trabajador de base; por lo que, en opinión de las amparistas, desde el momento en que cumplieron seis meses desempeñando funciones de trabajadoras de base, debieron haber empezado a percibir el pago de tales prestaciones, ya que desde ese momento reunieron los requisitos que establece la Ley del Servicio Civil para ser consideradas trabajadoras de base y, por consiguiente, tenían derecho de acceder a los beneficios que otorgan las condiciones generales de trabajo; invocando las quejosas, en apoyo de sus anteriores argumentaciones, la tesis jurisprudencial del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, intitulada: ‘CONVENIOS. APLICACIÓN RESPECTO DE TRABAJADORES NO SINDICALIZADOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’
"Lo infundado de las disertaciones planteadas con antelación emerge de considerar, en primer término, que no se puede pasar por alto para determinar la procedencia o improcedencia del pago de las prestaciones consistentes en bono de transporte, canasta básica, previsión social múltiple, fomento educativo, bono por buena disposición, bono por eficiencia, fondo de ahorro, quinquenio y fomento deportivo, lo estipulado sobre el particular, precisamente, por las Condiciones Generales de Trabajo pactadas entre el Gobierno del Estado de Baja California y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, de fecha quince de marzo de dos mil cuatro, en cuyas cláusulas vigésima séptima, vigésima octava, vigésima novena, trigésima, trigésima segunda, trigésima tercera, trigésima cuarta, trigésima sexta y trigésima octava, comprendidas dentro del capítulo denominado: ‘PRESTACIONES, INCENTIVOS, ESTÍMULOS Y SUBSIDIOS’, establece que las prestaciones aludidas se concederán a los ‘trabajadores de base’ o ‘sindicalizados’, calidades que aún no tienen las ahora promoventes del amparo, motivo por el cual no pueden acceder al derecho de exigir el pago de dichas prestaciones.
"En segundo orden, en congruencia con lo anterior, no basta que las ahora quejosas hayan desempeñado funciones de trabajadoras de base durante seis meses, para acceder a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24170-5d828d81/condiciones-generales-de-trabajo-fijadas-por-el-poder · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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