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Modo: Corpus Pro

TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA INCORPORADOS AL RÉGIMEN INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL, DEBEN APORTAR LA CUOTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 391/2012. · Registro digital (IUS): 24210
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEXTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Pág. 1586.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 391/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEXTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 21 DE NOVIEMBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS; VOTÓ CON SALVEDAD LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por **********, apoderado legal del Poder Judicial de Baja California, quejoso en los juicios de amparo ********** y ********** en los que se sustentan los criterios denunciados como opositores.

TERCERO. El Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Sexta Región, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, al resolver el juicio de amparo directo número ********** (relacionado con el amparo directo **********) en sesión de **********, donde figuró como quejoso el **********, en lo que interesa, consideró:

"SÉPTIMO. ...

"Los motivos de disenso que anteceden devienen infundados.

"Importa destacar que en la especie no opera la suplencia de la queja deficiente, dado que quien promueve el amparo tiene la calidad de patrón demandado en el juicio de origen, en cuyo caso la aludida suplencia sólo aplica cuando el acto reclamado se sustenta en una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo previsto en el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, lo cual no acontece en la especie.

"Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 42/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 305, que impone: ‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA.’ (se transcribe).

"Así pues, devienen infundados los motivos de disenso que expresa el quejoso en el inciso 1) y respectivos subincisos, en los cuales el solicitante de la tutela constitucional se duele básicamente de que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California transgredió los arábigos 14 y 16 constitucionales, al inobservar el artículo 1o. de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, ya que dicho ordenamiento sólo es aplicable a los trabajadores de base considerados así por la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, por lo que, al parecer del impetrante, el hecho de que se le condenara al pago de aportaciones de seguridad social en el periodo que la actora no tenían aquella calidad, resulta contrario al precepto legal citado.

"A ese respecto, del laudo reclamado se aprecia que el responsable condenó al peticionario del amparo a que cubriera las aportaciones de seguridad social, con fundamento en el artículo 21 de la ley del referido instituto, dispositivo que establece la obligación de las autoridades públicas y organismos incorporados de cubrir a dicho instituto como aportaciones el 19% sobre los equivalentes al sueldo o sueldos básicos integrados de los trabajadores.

"No obstante, dicha normatividad hace la aclaración que los trabajadores a que se refiere son los indicados en su artículo 1o., que establece:

"‘Artículo 1o. La presente ley se aplicará:

"‘I. A los trabajadores de base considerados así por la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California;

"‘II. A los trabajadores y empleados de organismos que por ley o por acuerdo del Ejecutivo del Estado, sean incorporados a su régimen;

"‘III. A los pensionistas del Estado y de organismos públicos a que se refieren las fracciones anteriores;

"‘IV. A los familiares derechohabientes, tanto de los trabajadores como de los pensionistas mencionados;

"‘V. Al Estado y organismos públicos que se mencionan en este artículo.’

"Asimismo, el responsable invocó en el laudo materia de estudio el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el precepto constitucional en el que se hace referencia a las prestaciones de seguridad social.

"Desde esa perspectiva, el laudo que se impugna por esta vía constitucional no viola los derechos fundamentales que invoca el quejoso en su demanda de amparo.

"Se estima lo anterior, puesto que el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, de modo que cuando el trabajador reclama el reconocimiento de derechos de esa naturaleza, como en el particular que se demanda el reconocimiento de la antigüedad y en consecuencia, las correspondientes cuotas y aportaciones para cotizar ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, dichas prestaciones resultan procedentes, ya que es obligación del titular de la dependencia en términos de los artículos 6o., 16, 18 y 21 de la ley que rige a dicho instituto, enterar las cuotas y aportaciones que en este rubro dispone tal ordenamiento, con el objeto de que sus trabajadores reciban los beneficios a que tengan derecho y que hayan generado por el transcurso del tiempo laborado.

"Por ello, la determinación del tribunal responsable se apega a derecho, puesto que si bien es cierto que el artículo 1o. de la ley del mencionado instituto refiere que tal ordenamiento se aplicará: ‘A los trabajadores de base considerados así por la Ley del Servicio Civil ...’, el numeral 123, apartado B, fracciones XI y XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el principio de seguridad social que dignifica a la clase trabajadora, incluyendo en tal ámbito de protección a los trabajadores que desempeñan puestos de confianza.

"Al respecto, es conviene transcribir los artículos 40 y 133 de la Carta Magna, que dicen: (se transcriben)

"Tales preceptos consagran a la Constitución como la ley fundamental o suprema, naturaleza que niega posibilidad de que esté sometida a otro cuerpo normativo superior y en cambio, requiere que todo le sea inferior y que cada acto de autoridad esté de acuerdo con ella.

"Por tanto, en términos generales, las autoridades están obligadas a su aplicación, particularmente, cuando se está en presencia de derechos fundamentales (principio de supremacía constitucional).

"Esto es así, porque si los tribunales ordinarios han de tutelar los derechos fundamentales en la forma que los ha delineado la Constitución Federal, ésta será la norma que se debe aplicar.

"A su vez, si los tribunales constitucionales han de amparar esos derechos, quiere decir que la norma material del juicio de garantías será la propia Carta Magna.

"Ahora, el artículo 123, apartado B, fracciones XI y XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que los trabajadores, sin importar su condición laboral, gozarán de beneficios de seguridad social, por lo que esos derechos tienen que ser respetados desde el inicio de la relación de trabajo, tal y como se observa enseguida de su transcripción: (se transcribe)

"También conviene puntualizar que si bien la Constitución Federal otorga tratamiento distinto a los trabajadores de base respecto de los de confianza, ubicándolos en categorías diferentes, en virtud de que a estos últimos no se les otorgan derechos de sindicalización ni de estabilidad en el empleo como los primeros; sin embargo, la fracción XIV del multicitado apartado B, no deja lugar a duda respecto a que los de confianza tienen derecho a los beneficios de seguridad social; esto es, todo trabajador sin importar su condición (de base o de confianza), constitucionalmente tiene derecho a gozar de dichos beneficios.

"En ese contexto, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California se ajustó a la norma suprema al condenar al aquí quejoso a enterar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, las aportaciones de seguridad social a favor de la actora por el periodo reclamado; ya que el hecho de que tuviera el carácter de ********** no impedía que fuera incorporada al régimen de seguridad social, acorde a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que: ‘... La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social’; por lo que, en tales condiciones, es evidente que el responsable no transgredió en perjuicio del impetrante los principios de seguridad y certeza jurídica previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales.

"Lo anterior, máxime que con relación al tópico que nos ocupa, existe la jurisprudencia temática emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se identifica con el número de tesis 2a./J. 204/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, noviembre de 2007, página 205, que dice: ‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. AUNQUE NO GOZAN DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LES OTORGA DERECHOS DE PROTECCIÓN AL SALARIO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. El artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en sus diversas fracciones, los derechos que tienen los trabajadores al servicio del Estado, así como las normas básicas aplicables a las relaciones de trabajo que serán materia de regulación pormenorizada a través de la ley reglamentaria correspondiente. Asimismo, clasifica a dichos trabajadores en dos sectores: de base y de confianza. Ahora bien, la fracción XIV del referido artículo constitucional, al prever expresamente que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza y que quienes los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y de seguridad social, limita algunos de sus derechos como el relativo a la estabilidad o inamovilidad en el empleo previsto en la fracción IX, los cuales reserva para los trabajadores de base. Sin embargo, tales limitaciones son excepcionales, pues los trabajadores de confianza tienen reconocidos sus derechos laborales en la aludida fracción XIV, conforme a la cual gozarán de los derechos derivados de los servicios que prestan en los cargos que ocupan, esto es, de la protección al salario, que no puede restringirse, así como la prerrogativa de obtener el pago de prestaciones como aguinaldo y quinquenio, además de todos los derivados de su afiliación al régimen de seguridad social, dentro de los cuales se incluyen, entre otros, seguros de enfermedades y maternidad, de riesgos de trabajo, de jubilación, de retiro, por invalidez, servicios de rehabilitación, préstamos para adquisición de casa, entre otros.’

"Criterio jurisprudencial que en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, resultaba obligatorio para el tribunal de trabajo responsable, por lo que si bien es cierto que en el cuerpo del fallo reclamado no se invocó como sustento de la determinación correspondiente; empero, no menos cierto resulta, que la postura jurídica que sostiene coincide con la sustentada por tal autoridad, según se ha puntualizado con antelación.

"Por lo que con base en lo anterior, es dable estimar que en el caso, ante la obligatoriedad de dicho criterio de interpretación, fue correcta la decisión del responsable al preferir la norma constitucional, esto es, el artículo 123, apartado B, fracción XIV, de la Carta Magna, sobre lo dispuesto por el artículo 1o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California.

"No representa obstáculo a lo expuesto lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 122/2011, de cuya ejecutoria se advierte en lo que interesa lo siguiente:

"‘CUARTO. A continuación, es necesario determinar si existe o no la contradicción de tesis.

"‘Según este lineamiento, se puede concluir que en el caso presente hay contradicción de tesis. Esto se debe a que todos los Tribunales Colegiados involucrados se pronunciaron sobre el mismo tema jurídico, pues resolvieron asuntos donde un tribunal laboral reconoció la antigüedad de algún trabajador y, consecuentemente, su derecho a la seguridad social. Por ello, en todos los asuntos analizados se condenó a distintos órganos del Estado de Baja California a pagar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California las aportaciones que se debieron haber cubierto durante el tiempo equivalente a la antigüedad que les fue reconocida, pero también se condicionó el derecho a que los trabajadores pagaran las cuotas relativas al mismo lapso.

"‘Ante este problema jurídico, los tribunales adoptaron criterios jurídicos discrepantes. Por un lado, los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Quinto del Décimo Quinto Circuito consideraron que fue correcto que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California resolviera que el trabajador debía pagar las cuotas y la entidad de gobierno condenada las aportaciones correspondientes al periodo de la antigüedad reconocida. Esencialmente, para llegar a esta conclusión, los órganos colegiados estimaron que tanto el trabajador como el patrón están obligados por la ley a contribuir para la seguridad social, y no hay precepto alguno en la Ley del ISSSTECALI que establezca una sanción aplicable al patrón, cuando incumpla con la obligación de retener las cuotas que le corresponde pagar al trabajador, consistente en cubrir la totalidad de las que se omitieron.

"‘Por el otro lado, los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto del mismo circuito estimaron que sólo se debía condenar al empleador al pago tanto de las cuotas como de las aportaciones relativas al periodo de cotización que se reconoció en el laudo. A decir de estos tribunales, la falta de inscripción en el ISSSTECALI no fue imputable al trabajador, por lo cual no se debe condicionar el otorgamiento de las prestaciones de seguridad social a que el trabajador pague las cuotas que no cubrió en su momento por una causa atribuible al empleador.

"‘Entonces, resulta que hay contradicción de tesis, ya que los Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron sobre el mismo tema jurídico (el reconocimiento de derechos a la seguridad social y el pago al ISSSTECALI de las cantidades correspondientes a determinado periodo reconocido) y dieron soluciones opuestas al problema (ya que unos tribunales consideraron que tanto el patrón como el trabajador debían pagar sus aportaciones y cuotas, mientras que otros resolvieron que sólo el patrón era responsable por el pago tanto de las aportaciones como de las cuotas).

"‘En este orden de ideas, la presente contradicción de tesis tiene como fin resolver de qué forma se deben pagar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California las cantidades correspondientes a la seguridad social de los trabajadores a los que se les ha reconocido determinada antigüedad en un procedimiento laboral, para determinar quién debe realizar el pago correspondiente.

"‘QUINTO. Para resolver el presente asunto, debe tenerse presente que la regulación relativa a la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado en Baja California es la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, ley emitida en mil novecientos setenta. A continuación, se describirá el contenido de algunos artículos relevantes al caso.

"‘En primer lugar, se establece quiénes son sujetos de ese ordenamiento, es decir, a quiénes aplica (artículo 1o.) También se define qué se entiende por trabajador, por pensionista y por familiares derechohabientes (artículo 2o.), y se establece cuáles son los servicios y prestaciones obligatorios (artículo 4o.).

"‘En el artículo 6o. se ordena al Estado y a los organismos públicos incorporados que remitan al instituto una relación del personal, así como diversos movimientos y datos, como las altas y bajas, las modificaciones al salario o la información relativa a los familiares del trabajador. Asimismo, se hace responsable a ciertos funcionarios en caso de incumplimiento de estas obligaciones, así como por los daños y perjuicios que causen por sus omisiones. También se establece una obligación a cargo de los trabajadores en el artículo siguiente; es decir, el artículo 7o. consistente en proporcionar al instituto ciertos datos e información.

"‘Por su parte, el artículo 10 indica que los trabajadores que no perciban íntegramente su sueldo sólo podrán continuar disfrutando de los beneficios otorgados por la ley, si pagan la totalidad de las cuotas que les correspondan.

"‘Más adelante, en el capítulo correspondiente a los sueldos, cuotas y aportaciones, el artículo 15 de la ley indica cuál es el sueldo básico que se tomará como base. El artículo 16, de gran relevancia para efectos de este asunto, establece la obligación, a cargo del trabajador, de aportar al instituto una cuota obligatoria, que corresponde al doce por ciento del sueldo básico integrado, y se precisa la forma en que se aplicará.

"‘Luego, la fracción I del artículo 18 obliga al Estado y a los organismos públicos incorporados a efectuar los descuentos de las cuotas a que se refiere el artículo 16, entre otras cosas. En este mismo precepto se prevé que los pagadores y encargados de cubrir sueldos de las dependencias serán responsables de los actos y omisiones que realicen en perjuicio del instituto o de los trabajadores.

"‘Enseguida, el artículo 19 especifica los casos excepcionales en que la separación por licencia sin goce de salario, por suspensión o por terminación de los efectos del nombramiento, se computará como tiempo de servicio. En estos casos, el reconocimiento del cómputo se condiciona a que el trabajador pague la totalidad de cuotas y aportaciones a que se refieren los artículos 16 y 21 de la ley (salvo en un caso que ahí mismo se precisa).

"‘Posteriormente, el artículo 20 faculta al instituto para mandar descontar hasta un treinta por ciento del sueldo del trabajador, cuando no se le hubieran hecho los descuentos procedentes, hasta que se cubra el adeudo. También se prevé la posibilidad de que el trabajador solicite y obtenga mayores facilidades para el pago.

"‘A continuación, la ley en su artículo 21 establece que las autoridades públicas y organismos incorporados deben cubrir al instituto aportaciones, que equivalen al diecinueve por ciento sobre el sueldo de los trabajadores, e indica cómo se debe aplicar ese porcentaje. El artículo 22 por su parte, señala el plazo que tienen las mencionadas autoridades para efectuar el pago, tanto de las cuotas como de las aportaciones, que es de diez días naturales posteriores a la fecha de pago de los salarios. El mismo plazo se prevé para el caso en que se deban enterar los descuentos que se ordenen a los trabajadores por otros adeudos. Además, cuando éstas no sean enteradas, se aplicarán recargos.

"‘Finalmente, vale la pena destacar el contenido de los artículos 64 y 64 Bis de la ley en estudio. El primero de ellos establece una condición, pues dispone que para que un trabajador pueda disfrutar de una pensión, debe cubrir previamente al instituto los adeudos que tuviera por concepto de cuotas. El segundo, es decir, el artículo 64 Bis dispone:

"‘«Artículo 64 Bis. Cuando las autoridades públicas y organismos incorporados reconozcan antigüedades de servicios a un trabajador, que implique el reconocimiento de derechos en el régimen de pensiones y jubilaciones del instituto, para que esto proceda deberán cubrir el capital constitutivo calculado actuarialmente por el instituto para solventar dicha prestación.»

"‘A partir de la anterior reseña de los preceptos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, se pueden extraer diversas conclusiones en relación con el régimen de seguridad social ahí establecido.

"‘En Baja California se encomienda la prestación de servicios y el otorgamiento de prestaciones de seguridad social al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. Este organismo descentralizado tiene el deber de proporcionar a los trabajadores estatales (y en algunos casos a sus derechohabientes) seguros (como el de enfermedad o el de accidentes de trabajo), préstamos, créditos, arrendamientos, jubilaciones, pensiones (como de retiro o invalidez) y otras diversas prestaciones.

"‘Para que el instituto pueda llevar a cabo su labor, recibe, por un lado, cuotas que cubren los propios trabajadores, equivalentes al doce por ciento de su sueldo; y por el otro, aportaciones que la entidad de gobierno empleadora debe pagar, correspondientes al diecinueve por ciento del sueldo de cada empleado. La ley es clara al señalar que tanto el trabajador como la entidad de gobierno para la que labore deben hacer pagos al instituto, para que aquél tenga derecho a gozar de las prestaciones de seguridad social.

"‘Incluso, el artículo 10 establece que los trabajadores que no perciban íntegramente su sueldo por cualquier motivo, sólo pueden continuar gozando de los beneficios establecidos en la ley si pagan las cuotas que les correspondan. En el mismo sentido, el artículo 19 dispone que, cuando algún trabajador goce de licencia sin goce de sueldo en determinados casos, es posible que el instituto le reconozca el periodo como cotizado, siempre y cuando pague la totalidad de las cuotas y aportaciones previstas en los artículos 16 y 21 de la ley en estudio. Por su parte, el artículo 64 se refiere al caso específico de la pensión, en cuyo caso el trabajador también debe cubrir los adeudos que tenga con el instituto para tener derecho a gozar de ella.

"‘Es decir, tanto el empleado como la entidad para la cual trabaja deben pagar ciertas cantidades para que aquél tenga derecho a las prestaciones legales de seguridad social. Hay varios supuestos en la ley donde además, se condiciona el ejercicio del derecho a la seguridad social del trabajador a que éste cubra las cuotas que le corresponden (y a veces hasta las aportaciones, como es el caso del artículo 19).

"‘La ley que se analiza también prevé diversas obligaciones a cargo de la dependencia de gobierno empleadora. Las que interesan para efectos de este asunto consisten en: 1) pagar aportaciones correspondientes al diecinueve por ciento del sueldo de cada trabajador al instituto; y, 2) descontar al empleado las cuotas que debe pagar, y enterarlas al instituto. Sin embargo, la ley también toma en cuenta el caso en que por algún motivo no se hubieran hecho los descuentos correspondientes al trabajador. Por ello, dispone la posibilidad de que se le descuente hasta el treinta por ciento de su sueldo, hasta cubrir la totalidad del adeudo (salvo que pacte condiciones más favorables para el pago).

"‘De lo anterior se concluye, que normalmente, conforme a lo dispuesto en el régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, la obligación de hacer pagos al instituto recae tanto en el trabajador como en el patrón. Lo anterior, sin perjuicio de que se reconoce que en ocasiones, por algún motivo, puede ser que no se realicen los descuentos al trabajador, en cuyo caso se le podrán hacer posteriormente dichas deducciones al salario.

"‘Sin embargo, el caso que ocupa a esta Segunda Sala no es el común y corriente, sino que se trata de un caso excepcional. Tiene esta naturaleza debido a que el reconocimiento de derechos de seguridad social no derivó de la inscripción voluntaria al régimen del instituto por parte del patrón, sino de una resolución de un órgano jurisdiccional. En las resoluciones de los Tribunales Colegiados en contienda se resolvieron asuntos donde el tribunal de arbitraje local reconoció la antigüedad de algunos trabajadores y, como consecuencia de este reconocimiento, se ordenó la inscripción al instituto y el pago de las cantidades que se debieron haber enterado durante el periodo laboral reconocido. Es decir, se trata de la regularización de una situación anómala, pues estos trabajadores no eran considerados sujetos de aseguramiento previamente a la resolución del tribunal laboral.

"‘Cabe aclarar que en las ejecutorias de las cuales proviene la presente contradicción de tesis se resolvieron asuntos con diversos antecedentes, e incluso en algunos casos no se especifica por qué se dio el reconocimiento de antigüedad. Consecuentemente, la resolución del presente asunto se circunscribe únicamente a los casos de los trabajadores previstos en el artículo 1o. del mencionado ordenamiento, a partir del momento en que adquieren o se les reconoce cualquiera de las categorías comprendidas en el numeral citado.

"‘Ahora bien, el supuesto excepcional a que se hizo referencia anteriormente es el que está previsto en el artículo 64 Bis de la ley en estudio, que a continuación se vuelve a reproducir:

"‘«Artículo 64 Bis. Cuando las autoridades públicas y organismos incorporados reconozcan antigüedades de servicios a un trabajador, que implique el reconocimiento de derechos en el régimen de pensiones y jubilaciones del instituto, para que esto proceda deberán cubrir el capital constitutivo calculado actuarialmente por el instituto para solventar dicha prestación.»

"‘Aquí se prevé cómo se debe proceder cuando las autoridades públicas y organismos incorporados reconozcan antigüedades de servicios a un trabajador, y el artículo ordena que, para el reconocimiento de derechos en el régimen de pensiones y jubilaciones «deberán cubrir el capital constitutivo calculado actuarialmente por el instituto para solventar dicha prestación». Se debe entender que el verbo «deben» se refiere a las autoridades públicas y organismos incorporados (o sea, al empleador), pues es a éstos a quienes califica.

"‘Nótese que este artículo no se refiere a cuotas a cargo del trabajador ni a aportaciones a cargo del patrón, como sí lo hacen otros artículos de la ley. Incluso, hay un supuesto previsto en el artículo 19, en que el trabajador debe pagar no sólo las cuotas, sino también las aportaciones, por haber gozado de una licencia sin goce de sueldo.

"‘Entonces, el concepto a que hace referencia el artículo 64 Bis no es el de «cuota» ni el de «aportación», sino el de «capital constitutivo». Es necesario comprender cuál es el significado de este último término para determinar si el legislador impuso al patrón la obligación de pagar las cantidades que se deben enterar al instituto para que el trabajador pueda gozar de las prestaciones de seguridad social, o si aun en el caso del reconocimiento de antigüedad esa carga debe repartirse entre el trabajador y el patrón.

"‘La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California no define qué se entiende por «capital constitutivo». Sin embargo, se advierte que este concepto aparecía ya desde la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, empleado en diversos artículos, entre los cuales destacan el 84, 85, 86, 181 y 277.

"‘A partir de estos artículos, se desprende que los capitales constitutivos son un concepto específico, y en este contexto, se empleaban como el monto necesario para cubrir el costo de un seguro o de una prestación. Adicionalmente, en estos preceptos la obligación de cubrir el monto del capital constitutivo recae en el patrón, ya que se prevé, primero, de manera específica en el caso de los accidentes de trabajo y, segundo, de manera general como parte de la responsabilidad que tiene el patrón de responder por los daños y perjuicios que se causen al trabajador si omite inscribirlo o avisar acerca de su salario real o sus cambios (artículo 181).

"‘En este mismo sentido, la doctrina define al capital constitutivo de la siguiente forma:

"‘«En el seguro por riesgos de trabajo, es la responsabilidad patronal de pago, en el supuesto de que estando obligado el patrón a asegurar a los trabajadores no lo hiciere, o los asegurare en forma tal, que disminuyeran sus prestaciones, tanto en dinero como en especie.

"‘« ...

"‘«La naturaleza jurídica del capital constitutivo, en el seguro de riesgos de trabajo, es una consecuencia de la llamada responsabilidad objetiva, que se origina en toda relación de trabajo, la cual impone al patrón por disposición expresa de la fracción XIV del apartado A del artículo 123 constitucional: <Los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridos con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente.>

"‘«Esta responsabilidad es aplicada al ramo de los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte (aa. 112 y 152 LSS).

"‘«Dicha responsabilidad del pat

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24210-aa05f83e/trabajadores-de-confianza-del-estado-de-baja-california · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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