Corpus
Modo: Corpus Pro

APORTACIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. ES IMPROCEDENTE CONDENAR AL PATRÓN EQUIPARADO A SU PAGO RETROACTIVO POR EL PERIODO ANTERIOR A LA INSTAURACIÓN DEL JUICIO EN QUE EL TRABAJADOR ACTOR NO CONTABA CON EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. RESULTA IMPROCEDENTE CONDENAR AL PATRÓN AL PAGO DE AMBOS CONCEPTOS RETROACTIVAMENTE, CUANDO MEDIANTE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL SE RECONOZCA LA ANTIGÜEDAD DEL TRABAJADOR [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA PC.XV. J/3 L (10a.)].

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2015. · Registro digital (IUS): 26257
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-04-29
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Pág. 1395.

APORTACIONES Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. ES IMPROCEDENTE CONDENAR AL PATRÓN EQUIPARADO A SU PAGO RETROACTIVO POR EL PERIODO ANTERIOR A LA INSTAURACIÓN DEL JUICIO EN QUE EL TRABAJADOR ACTOR NO CONTABA CON EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. RESULTA IMPROCEDENTE CONDENAR AL PATRÓN AL PAGO DE AMBOS CONCEPTOS RETROACTIVAMENTE, CUANDO MEDIANTE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL SE RECONOZCA LA ANTIGÜEDAD DEL TRABAJADOR [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA PC.XV. J/3 L (10a.)].

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN. 23 DE FEBRERO DE 2016. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE SALAZAR CADENA, JAIME RUIZ RUBIO, GERARDO MANUEL VILLAR CASTILLO, JOSÉ LUIS DELGADO GAYTÁN, FAUSTINO CERVANTES LEÓN Y JOSÉ AVALOS COTA. PONENTE: GERARDO MANUEL VILLAR CASTILLO. SECRETARIO: FELIPE YAORFE RANGEL CONDE.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Pleno del Decimoquinto Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en los artículos 3, 44, 45, 50 y demás relativos del Acuerdo General 8/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el dieciocho de febrero de dos mil quince y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete siguiente, por tratarse de una contradicción de tesis entre las sustentadas por dos Tribunales Colegiados de este circuito y un Tribunal Colegiado Auxiliar que emitió sentencia en apoyo de un Tribunal Colegiado de este circuito; lugar donde este Pleno de Circuito ejerce jurisdicción.

Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1656 del Libro 15, Tomo II, correspondiente al mes de febrero de dos mil quince, de la Gaceta del Semanario judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro digital: 2008428, y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de febrero de 2015 a las 9:00 horas, de título, subtítulo y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los Tribunales Auxiliares apoyan a órganos de distintos circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes corresponden a un mismo circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito únicos en un circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción."

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, según lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, el cual dispone que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada entre los Tribunales Colegiados del circuito correspondiente, ante los Plenos de Circuito, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.

En el caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que fue formulada por el Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y dicho órgano colegiado resolvió los juicios de amparo directo laboral ********** y **********, que contienden en la presente contradicción de tesis.

TERCERO.-En principio, se debe precisar la materia de la presente contradicción de tesis, para lo cual, resulta necesario reseñar brevemente las posturas sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

1. El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver los amparos directos ********** y ********** de su índice estadístico, sostuvo, esencialmente, el criterio de que tratándose de trabajadores burócratas de confianza, no procede condenar al patrón a pagar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, retroactivamente, las cuotas a cargo del trabajador, ni las aportaciones que le corresponden al propio patrón; sino que es a partir del dictado del laudo cuando el patrón está obligado a pagar las aportaciones y el trabajador sus cuotas al referido instituto.

Asimismo, dicho tribunal refirió que la jurisprudencia 2a./J. 186/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue tajante en señalar que es a partir de la emisión del laudo que se actualiza la obligación obrera-patronal de pagar las cuotas y aportaciones, así como realizar las retenciones respectivas y no antes, y que dicha conclusión no se opone a lo resuelto en la contradicción de tesis 5/2013, del Pleno de este circuito, de la que derivó la tesis de jurisprudencia PC.XV. J/3 L (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Tomo II, octubre de 2014, página 1290, de registro digital: 2007740 y Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de octubre de 2014 a las 9:35 horas, de título y subtítulo: "CAPITAL CONSTITUTIVO. LA CONDENA A SU PAGO CON MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD A LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, RESPECTO A PERIODOS ANTERIORES AL INICIO DE LA VIGENCIA DEL ARTÍCULO 64-BIS DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DE DICHA ENTIDAD, NO INFRINGE EL PRINCIPIO DE APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY."; toda vez que ésta se refiere a trabajadores de base y no de confianza, como acontecía en la especie, donde la parte trabajadora reclamaba el pago de capital constitutivo por el periodo en que se desempeñó como empleada de confianza.

2. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo laboral **********, determinó que procede condenar al patrón al pago retroactivo de aportaciones desde la fecha de ingreso del trabajador, ya que si bien es cierto, durante el periodo reclamado la actora era trabajadora de confianza, ello no impedía que en el laudo se le incorporara al régimen de seguridad social, de conformidad con lo establecido en el artículo 123 constitucional, apartado B, fracciones XI y XIV, porque el derecho para gozar de tales beneficios es inherente a la existencia de la relación laboral; por tanto, al inaplicarse en el laudo reclamado, el artículo 1o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (abrogada por Decreto No. 204, publicado en el Periódico Oficial de 17 de febrero de 2015), y condenar al patrón al pago de las aportaciones correspondientes a ese periodo, el tribunal responsable no retrotrajo los efectos de esa inaplicación, toda vez que constitucionalmente era un derecho desde el momento del inicio de la relación laboral, por tanto, deben reconocerse los derechos sociales de la trabajadora durante el periodo reclamado y cubrirse las aportaciones correspondientes durante el periodo que no estuvo inscrita, para su abono y reconocimiento de antigüedad y pensión, pues tales derechos no pueden ser suprimidos por el solo hecho de haber laborado como trabajadora de confianza.

Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al fallar el amparo directo laboral **********, sostuvo que fue ilegal que el tribunal responsable hubiere condenado a la patronal al pago de aportaciones, de conformidad con el artículo 64-Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (abrogada por Decreto No. 204, publicado en el Periódico Oficial de 17 de febrero de 2015), pues dicho precepto no resultaba aplicable, ya que la actora obtuvo mediante laudo su incorporación al régimen de seguridad social, durante el periodo en el que laboró como trabajadora de confianza, con motivo de la inaplicación del artículo 1o. de la referida ley, pero no porque se le hubiere incorporado como trabajadora de base o en alguna de las categorías previstas en dicho precepto.

En ese orden de ideas, el citado Tribunal Colegiado de Circuito concluyó que las aportaciones a cuyo pago se condenó a la parte patronal quejosa no debían relacionarse con el artículo 64-Bis de la ley en cita, ya que el concepto de capital constitutivo al que hace referencia dicho precepto constituye un concepto distinto al de aportaciones a cargo del empleador; por tanto, en lo relativo a ese tema, concedió el amparo para el efecto de que al condenar al demandado al pago de las aportaciones que dejó de cubrir desde la fecha de ingreso de la trabajadora, prescindiera de hacerlo en términos del artículo 64-Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (abrogada por Decreto No. 204, publicado en el Periódico Oficial de 17 de febrero de 2015).

3. El Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, al resolver el amparo directo **********, expediente auxiliar **********, en auxilio del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, sostuvo, esencialmente, lo siguiente:

a) Si durante el periodo reclamado, la actora en el juicio de origen era trabajadora de confianza, ello no era un obstáculo para que la dependencia correspondiente la incorporara al régimen de seguridad social, por lo que debían reconocerse sus derechos sociales, así como las consecuencias que de ello derivan, desde el inicio de la relación laboral, lo cual implicaba el pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social durante el periodo en el que la actora fue trabajadora de confianza, para su abono y reconocimiento de antigüedad y pensión, pues tales derechos no pueden ser suprimidos por el solo hecho de haber laborado como trabajadora de confianza.

b) Concluyó que el laudo sólo precisa el momento a partir del cual, el empleado de confianza queda incorporado al régimen de seguridad social; pero ello no significa que sea a partir de su dictado cuando empiece la obligación de efectuar el pago de cuotas y aportaciones de seguridad social, habida cuenta que constitucionalmente el actor tenía ese derecho desde el momento en que fue contratado, por lo que consideró que era procedente declarar fundadas las pretensiones de la actora en cuanto al derecho a gozar de los beneficios de la seguridad social de manera integral desde la fecha en que inició a prestar sus servicios, ya que al reconocerle la antigüedad y no concederle los beneficios de seguridad social a partir de su ingreso como trabajador, implica negarle el derecho que al mismo tiempo le reconoce.

Sentado lo anterior, se concluye que la materia de la presente contradicción de tesis consiste en determinar, si en los casos de trabajadores burócratas de confianza, a los que se les incorpora al régimen de seguridad social integral mediante una resolución jurisdiccional, en la que también se les reconoce antigüedad, procede o no condenar al patrón a pagar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, retroactivamente, las cuotas que originalmente le corresponden al trabajador, así como las aportaciones a cargo del propio patrón.

CUARTO.-Mediante oficio **********, el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito informó que en el juicio de amparo directo laboral **********, dicho órgano colegiado no emitió pronunciamiento alguno sobre el tema materia de la presente contradicción de tesis.

El análisis de dicho planteamiento resulta preferente, pues tiene que ver con la existencia de la contradicción de tesis denunciada.

En efecto, para determinar si existe o no una contradicción de tesis, se debe atender a lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo abrogada, en la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010, publicada en la página 7 del Tomo XXXII, correspondiente al mes de agosto de dos mil diez del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital: 164120, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de tesis está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Así como en la tesis aislada P. XLVII/2009, publicada en la página 67 del Tomo XXX, correspondiente al mes de julio de dos mil nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital: 166996, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.-El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."

Conforme a dichos criterios, para que exista una contradicción de tesis, se debe atender a lo siguiente:

a) En las resoluciones respectivas debe existir un pronunciamiento respecto de situaciones jurídicas esencialmente iguales; es decir, que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho y que lo afirmado en una se haya negado en la otra, o viceversa.

b) No se requiere que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas.

c) Es necesario que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resuelvan alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que sea.

d) En los ejercicios interpretativos respectivos debe encontrarse al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

e) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

f) Aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

Sentado lo anterior, se concluye que en el caso no existe la contradicción de tesis, por lo que hace al criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de este circuito, al resolver el amparo directo **********, por las razones que a continuación se exponen:

En la citada ejecutoria, el Primer Tribunal Colegiado de este circuito no abordó el tema materia de la presente contradicción de tesis, pues examinó cuestiones relacionados con diversas prestaciones laborales, así como la condena al pago de cuotas y aportaciones, en términos de lo previsto en los artículos 16 y 21 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (abrogada por Decreto No. 204, publicado en el Periódico Oficial de 17 de febrero de 2015); así como lo relativo a las cuotas a cargo del trabajador y las aportaciones a cargo del patrón, en términos del artículo 64-Bis de la ley en cita.

El mencionado Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo que fue ilegal que el tribunal responsable hubiere condenado a la patronal al pago de aportaciones, de conformidad con el artículo 64-Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (abrogada por Decreto No. 204, publicado en el Periódico Oficial de 17 de febrero de 2015), pues dicho precepto no resultaba aplicable, ya que la actora obtuvo mediante laudo su incorporación al régimen de seguridad social, durante el periodo en el que laboró como trabajadora de confianza, con motivo de la inaplicación del artículo 1o. de la referida ley, pero no porque se le hubiere incorporado como trabajadora de base o en alguna de las categorías previstas en dicho precepto.

En ese orden de ideas, dicho tribunal concluyó que las aportaciones a cuyo pago se condenó a la parte patronal quejosa no debían relacionarse con el artículo 64-Bis de la ley en cita, ya que el concepto de capital constitutivo, al que hace referencia dicho precepto, constituye un concepto distinto al de aportaciones a cargo del empleador; por tanto, en lo relativo a ese tema, concedió el amparo para el efecto de que al condenar al demandado al pago de las aportaciones que dejó de cubrir desde la fecha de ingreso de la trabajadora, prescindiera de hacerlo en términos del artículo 64-Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (abrogada por Decreto No. 204, publicado en el Periódico Oficial de 17 de febrero de 2015).

Lo anterior revela que, como lo refirió el Primer Tribunal Colegiado de este circuito, en la ejecutoria de amparo **********, no se examinó el tema materia de la presente contradicción de tesis, pues el mencionado órgano colegiado se limitó a analizar lo relativo a si procede o no condenar a la parte patronal quejosa al pago de aportaciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 64-Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (abrogada por Decreto No. 204, publicado en el Periódico Oficial de 17 de febrero de 2015), y en relación con dicho tópico concedió el amparo para el efecto de que, al condenar al demandado al pago de las aportaciones que dejó de cubrir desde la fecha de ingreso de la trabajadora, prescindiera de hacerlo en términos del artículo 64-Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (abrogada por Decreto No. 204, publicado en el Periódico Oficial de 17 de febrero de 2015).

En consecuencia, la contradicción de tesis, por lo que hace a la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado de este circuito, al resolver el amparo directo laboral **********, se debe declarar inexistente, ya que en dicha resolución no existe un pronunciamiento discrepante con las demás ejecutorias que contienden en esta contradicción de tesis, ya que aborda aspectos distintos.

QUINTO.-La presente contradicción de tesis resulta improcedente, por lo que hace a la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado de este circuito, al resolver el amparo directo laboral **********, por las razones que a continuación se exponen:

En la ejecutoria dictada en el citado juicio, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito determinó que procede condenar al patrón al pago retroactivo de aportaciones y capital constitutivo, desde la fecha de ingreso del trabajador, hasta un día antes de que se le otorgó la base, ya que, constitucionalmente, tiene derecho a la seguridad social integral.

Dicho criterio fue abandonado por el citado tribunal, en sesión de nueve de julio de dos mil quince, al fallar los amparos directos laborales **********, ********** y **********; en los que, como preámbulo, argumentó que su decisión la emitiría atendiendo al criterio sustentado por el Pleno de este circuito, al resolver las contradicciones de tesis 4/2014 y 9/2014, en sesión celebrada el treinta de junio de dos mil quince.

Ahora bien, al resolver los amparos directos laborales **********, ********** y **********, el Primer Tribunal Colegiado de este circuito sostuvo, esencialmente, que no procedía imponer al patrón la obligación de pagar el capital constitutivo y las aportaciones por el periodo en el que la parte actora prestó sus servicios para la demandada, con la categoría de trabajadora de confianza, toda vez que la obligación se generaba hasta el dictado del laudo respectivo, ya que es en virtud de su emisión cuando la trabajadora de confianza se incorpora al régimen de seguridad social y no antes.

Lo expuesto revela que, al fallar dichos asuntos, el Primer Tribunal Colegiado de este circuito abandonó el criterio inicialmente sustentado en el amparo directo laboral **********; sin embargo, para emitir la decisión correspondiente, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

a) El Primer Tribunal Colegiado de este circuito abandonó su criterio en sesión celebrada el nueve de julio de dos mil quince;

b) El Quinto Tribunal Colegiado de este circuito, al resolver los amparos directos laborales ********** y **********, también en sesión de nueve de julio de dos mil quince, ordenó que se formulara la denuncia de contradicción de tesis que dio origen a este asunto; y,

c) Dicha denuncia se presentó formalmente hasta el diecisiete de agosto de dos mil quince.

Por tanto, el Primer Tribunal Colegiado de este circuito abandonó su criterio antes de que se presentara la denuncia que dio origen a este asunto y, siendo así, la presente contradicción de tesis se debe declarar improcedente.

Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 84/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y publicada en la página 160 del Tomo XXVIII, correspondiente al mes de septiembre de dos mil ocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital: 168966, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBE DECLARARSE IMPROCEDENTE SI ANTES DE SU DENUNCIA UNO DE ELLOS SE APARTA DE SU CRITERIO Y ADECUA SU POSTURA A LA DEL OTRO.-Cuando con anterioridad a la denu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26257-8176d396/aportaciones-y-cuotas-de-seguridad-social-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.