CAPITAL CONSTITUTIVO. LA CONDENA A SU PAGO CON MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD A LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, RESPECTO DE PERIODOS ANTERIORES AL INICIO DE LA VIGENCIA DEL ARTÍCULO 64-BIS DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DE DICHA ENTIDAD, NO INFRINGE EL PRINCIPIO DE APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, EN APOYO DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 25 DE AGOSTO DE 2014. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JULIO RAMOS SALAS, GERARDO MANUEL VILLAR CASTILLO E ISABEL ILIANA REYES MUÑIZ. DISIDENTES: SALVADOR TAPIA GARCÍA Y JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ TORRES. PONENTE: ISABEL ILIANA REYES MUÑIZ. SECRETARIO: MIGUEL ÁVALOS MENDOZA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno del Decimoquinto Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en los artículos 1, 3, 18, 39, 40 y demás relativos del Acuerdo General 14/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veinticuatro de abril de dos mil trece, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio del citado año, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito de esta jurisdicción.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ya que la formula el Magistrado presidente del Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, en apoyo del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.
TERCERO. Criterio del Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, en apoyo del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. Dicho Tribunal, al resolver el expediente auxiliar 280/2013, relacionado con el amparo directo laboral 248/2013, en sesión de tres de mayo de dos mil trece, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:
"Empero, en el caso que nos ocupa, el quince de junio de mil novecientos noventa y cuatro, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el Decreto Número Ochenta y Ocho, por el que el Poder Legislativo Estatal de dicha entidad, reformó y adicionó diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California, en particular, el ordinal 64-Bis a estudio, que refiere textualmente lo siguiente:
"‘Artículo 64-Bis. Cuando las autoridades públicas y organismos incorporados reconozcan antigüedades de servicios a un trabajador, que implique el reconocimiento de derechos en el régimen de pensiones y jubilaciones del instituto, para que esto proceda deberán cubrir el capital constitutivo calculado actuarialmente por el instituto para solventar dicha prestación.’
"Del precepto legal transcrito, resulta claro que, tratándose de reconocimiento de antigüedad en favor de un trabajador (sea voluntariamente o por decisión jurisdiccional) posterior a su fecha de ingreso a laborar, la intención del legislador ordinario local de Baja California, fue que el capital constitutivo corriera a cargo del empleador, como se confirma a partir de la lectura del dictamen emitido por las Comisiones Unidas de la Legislación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Administración, al adicionar este artículo en examen:
"‘Se adiciona un artículo 64-Bis a la ley en mención, para establecer que cuando las autoridades públicas acrediten antigüedades de servicios a un trabajador y, ello implique el reconocimiento de los derechos a que se refiere esta ley, estarán obligadas a cubrir el capital constitutivo calculado actuarialmente por el instituto para tales efectos.’
"Ahora bien, la expresión ‘capital constitutivo’ contenida en el artículo transcrito, que puede definirse como el monto necesario para cubrir el costo de los servicios y prestaciones contenidas en el artículo 4o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California, constituye un concepto distinto al de cuota (a cargo del trabajador) o al de ‘aportación’ (a cargo del empleador); luego, como lo argumentan los disconformes en sus conceptos violatorios, ante el reconocimiento de la antigüedad de los trabajadores actores en el juicio laboral de origen, derivado de la decisión jurisdiccional reclamada, corresponde exclusivamente a la patronal pagar el capital constitutivo en este caso, de ahí que, al no estimarlo así la Junta responsable, sino que, consideró que correspondía tanto a la parte trabajadora como la empleadora, realizar el pago de las cuotas y aportaciones omitidas, resulta que el laudo reclamado es violatorio del derecho fundamental a la seguridad social en perjuicio de los aquí quejosos.
"En ese mismo sentido, cabe invocar el análisis que respecto al reconocimiento de la antigüedad laboral, a que alude el artículo 64-Bis del citado ordenamiento local, plasmó en la jurisprudencia 2a./J. 172/2011 (sic), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe para mayor claridad, originada de la contradicción de tesis 122/2011 y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, Libro II, Tomo 1, noviembre de 2011, visible a página 458, que depone:
"‘SEGURIDAD SOCIAL. CORRESPONDE AL ÓRGANO ESTATAL EMPLEADOR CUBRIR EL CAPITAL CONSTITUTIVO QUE RESULTE POR LA INCORPORACIÓN DEL TRABAJADOR, COMO CONSECUENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE SU ANTIGÜEDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).’
"No es óbice a lo anterior, que en el caso concreto, se hubiere reconocido por la Junta responsable el derecho humano a la seguridad social que asiste a los trabajadores actores, aquí quejosos, por un periodo cuya antigüedad es anterior a la vigencia del artículo 64-Bis del citado cuerpo de leyes (16 de junio de 1994), habida cuenta que la aplicación de dicha norma y su interpretación contenida en la jurisprudencia de previa transcripción, no significaría contravención alguna al principio de no retroactividad de la ley, contenido en el artículo 14 de la Constitución General de la República, dado que, por principio de cuentas, el derecho a la seguridad social está reconocido como uno de los derechos humanos de eficacia internacional, que participa de las demás características de universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, en cuanto contribuye a que las personas alcancen una vida plena y digna, cuyo reconocimiento a nivel constitucional y convencional, impone a los operadores de las normas que los consagran, de utilizar el principio pro homine en su interpretación.
"En ese mismo orden de ideas, debe tenerse presente que tratándose de los derechos catalogados o elevados al rango de ‘sociales’, las normas nacionales e internacionales aplicables, esperan de los operadores del derecho que amplíen su eficacia, preponderamente (sic), en la medida en que lo permitan las circunstancias particulares del caso concreto.
"De otra forma, considerar que solamente es aplicable el contenido del artículo 64-Bis y su interpretación jurisprudencial en cita, cuando el periodo cuya antigüedad se reconoce a los trabajadores al servicio del instituto demandado, aquí tercero perjudicado, sea posterior a la entrada en vigor del citado precepto legal (16 de junio de 1994), sería no sólo desnaturalizar el aludido derecho humano y hacer nugatorio los fines perseguidos por el legislador ordinario local, sino quebrantar además, las características de indivisibilidad y progresividad que resultan inherentes al derecho fundamental a la seguridad social, reconocidas por los pactos internacionales en la materia, suscritos y ratificados por nuestro país.
"Sin que pase desapercibido para este órgano colegiado, la única restricción establecida al respecto, en la jurisprudencia 2a./J. 186/2012 (sic), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, visible a página 1653, de rubro: ‘TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA INCORPORADOS AL RÉGIMEN INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL, DEBEN APORTAR LA CUOTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA.’, en razón de que dicho criterio jurisprudencial no es aplicable al presente caso, pues, por una parte, del análisis del laudo reclamado se advierte que la Junta responsable no está incorporando al régimen de seguridad social a un trabajador de confianza, sino muy distinto, ordenando el reconocimiento de la antigüedad a un trabajador conforme a lo previsto en la fracción II del artículo 1o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; además, en el juicio laboral de origen para nada se controvierte si los trabajadores actores, hoy quejosos, son de confianza o eventuales, sino el reconocimiento de su antigüedad se debió a que son trabajadores de un organismo incorporado que les reconoció su base, puesto y sueldo que dijeron devengar aquellos, que fue en lo que se centró la materia de la litis en el juicio laboral, sin haber controversia de si dichos trabajadores, en el periodo del reconocimiento de su antigüedad ocuparon o no un puesto de base o basificable, es decir, sobre este tema no hubo oposición en tal sentido por parte del instituto patronal demandado, aquí tercero perjudicado.
"Máxime, porque si los trabajadores, aquí quejosos, ejercieron la acción de reconocimiento de antigüedad de la relación laboral como trabajadores de base, con el organismo incorporado demandado en el juicio de origen, hoy tercero perjudicado, y la Junta responsable la tuvo por reconocida; entonces, también debe condenarse retroactivamente a la demandada al pago del capital constitutivo de mérito, necesario para cubrir los servicios y prestaciones a que se refiere el artículo 4o. de la multicitada ley, por ser una consecuencia directa e inmediata de la referida acción de reconocimiento, pues, para que se retrotraigan los efectos de dicho reconocimiento, es decir, de las prestaciones de seguridad social, precisamente se necesita el pago de los capitales constitutivos durante esos periodos de reconocimiento de su antigüedad en el empleo.
"Tiene aplicación analógica al caso concreto, la jurisprudencia I.3o.T. J/29 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, Libro VI, Tomo 2, marzo de 2012, visible en la página 999, que depone:
"‘SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO Y FONDO DE LA VIVIENDA. CUANDO SE CONDENA A UNA DEPENDENCIA PÚBLICA AL RECONOCIMIENTO DE LA RELACIÓN LABORAL, TAMBIÉN PROCEDE RETROACTIVAMENTE RESPECTO DE LAS APORTACIONES RELATIVAS A DICHOS FONDOS, AUN CUANDO NO HAYAN SIDO RECLAMADAS.’
"Por otro lado, la aplicación del artículo 64-Bis a estudio también se justifica en el caso concreto, porque las prestaciones reclamadas son de tracto sucesivo y se han ido actualizando de momento, de ahí que, deban operar y tener la eficacia que permite el contexto y orden jurídico local que prevalece en la actualidad, esto, porque el derecho controvertido en el juicio de origen, se adquirió y materializó a través del reconocimiento de la antigüedad ordenado por una decisión jurisdiccional, de tal manera que el acto concreto se llevó a cabo dentro de su ámbito temporal de validez del artículo citado.
"Máxime, porque en el periodo, cuyo reconocimiento de antigüedad se demandó en el juicio laboral de origen, no existía la justificación que a manera de defensa expuso el Instituto de Cultura demandado, puesto que no pasa desapercibido para este órgano colegiado que la imposibilidad que dijo tener el hoy tercero perjudicado, para dar de alta a los trabajadores actores, hoy quejosos, estriba en que no eran trabajadores de base y aún no se había actualizado tal supuesto en aquel tiempo, a que alude la fracción I del artículo 1o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, puesto que como se apuntó, derivado de las disposiciones transitorias examinadas por la responsable, se colige que el caso concreto descansa en la hipótesis a que alude la fracción II del citado precepto legal.
"Además, lejos de desconocer las situaciones de derecho pretéritas en materia de seguridad social, la finalidad del legislador ordinario local al adicionar el artículo 64-Bis a estudio, fue ampliar el ‘núcleo duro’ del derecho humano de mérito, dotándole de contenido material, ello ante la omisión de los empleadores a reconocer voluntariamente la antigüedad real de la relación laboral con sus trabajadores.
"A mayor abundamiento, conforme a la teoría de los componentes de la norma, si el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato (pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo), para resolver sobre la aplicación retroactiva o irretroactiva de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto, cabe señalar que puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición no deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley, pero sí podrá ampliar los supuestos que habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior, ampliando la eficacia y los derechos adquiridos.
"Por lo mismo, por mayoría de razón, si el reconocimiento del periodo de antigüedad laboral ocurrió con motivo del laudo reclamado, es inconcuso que hasta ese momento se materializó el derecho controvertido y se actualizó el supuesto a que alude el artículo 64-Bis de la multicitada ley, por lo que no se trata de una situación acaecida, derecho adquirido u otorgado voluntariamente por la patronal demandada, con anterioridad a su vigencia, sino de una expectativa de derecho, aun de tracto sucesivo, que se adquirió en virtud del laudo combatido, que reconoció la continuación o continuidad del vínculo laboral (como patrón sustituto) que les otorgó a los trabajadores actores, hoy quejosos, diversa categoría y distinta regulación jurídica, porque los derechos y obligaciones de los contratantes se modificaron al amparo de la última legislación.
"Tiene aplicación al caso concreto, por analogía, la tesis aislada II.T.190 L, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, visible a página 1807, que establece:
"‘TRABAJADORES DE CONFIANZA. CUÁNDO NO EXISTE APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’
"Robustece el aserto anterior, por analogía, la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-2, enero-junio de 1989, visible a página 682, que depone:
"‘RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL CUANDO ESTA TIENE MÁS DE VEINTE AÑOS DE DURACIÓN. APLICACIÓN NO RETROACTIVA DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’
"En efecto, debe tenerse en cuenta que tanto la jubilación como la pensión, son expectativas de derecho, en tanto están condicionadas a la satisfacción de determinados requisitos, de lo que se sigue que aun cuando un nuevo sistema implementado para la actualización de las pensiones pueda generar que los trabajadores que se pensionen con posterioridad a la fecha en que entró determinada norma en vigor, reciban un trato menos benéfico al que hubieran obtenido conforme a la ley derogada, no provoca una violación a la garantía de irretroactividad de la ley, habida cuenta que dicho sistema no afecta los supuestos parciales acontecidos con anterioridad, de ahí que, por mayoría de razón, cuando se amplíe la eficacia del derecho relativo y, por tanto, el trabajador sea acreedor a un trato más benéfico, lejos de conculcar la garantía aludida, pueda aplicarse plenamente a su favor la nueva disposición legal como debió haberlo hecho la responsable.
"Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 125/2008, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, Tomo XXX, septiembre de 2009, visible en la página 35, que depone:
"‘ISSSTE. LAS MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).’
"De este modo, es evidente que, se insiste, era jurídicamente posible aplicar a la situación jurídica adquirida en virtud del laudo reclamado, en favor de los trabajadores actores, hoy quejosos, el supuesto a que alude el artículo 64-Bis en cita, por lo que al no haberlo considerado así la Junta responsable, es incuestionable que el laudo combatido es violatorio de los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución Federal.
"Sin que se soslaye la tesis aislada XV.4o.1 L (sic), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, emitida, al resolver el amparo directo laboral **********, cuyo criterio no se comparte por las razones precedentes ya expuestas, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Tomo 3, visible a página 2259, que establece:
"‘CAPITAL CONSTITUTIVO. ES INAPLICABLE DICHO CONCEPTO CUANDO EL PERIODO CUYA ANTIGÜEDAD SE RECONOCE A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SUS MUNICIPIOS, ES ANTERIOR A LA VIGENCIA DEL ARTÍCULO 64-BIS DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL RELATIVA (16 DE JUNIO DE 1994).’."
CUARTO. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. Dicho tribunal, al resolver el amparo directo 591/2011, en sesión de diez de noviembre de dos mil once, en lo que interesa al caso, sostuvo lo siguiente:
"Empero, dicha jurisprudencia interpreta el concepto de capital constitutivo contenido en el artículo 64-Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y éste es inaplicable al caso particular en relación con los quejosos **********, **********, ********** y **********, pues aplicarlo significaría quebrantar el principio de no aplicación retroactiva de la ley, contenido en el artículo 14 de la Constitución Federal, dado que se trata de una norma sustantiva, en virtud de que impone derechos y obligaciones.
"En efecto, la aplicación retroactiva de una ley no involucra el análisis de las consecuencias de ésta sobre lo sucedido en el pasado, sino que implica constatar si la aplicación precisa de un precepto legal se efectúa dentro de su ámbito temporal de validez, es decir, sin afectar situaciones jurídicas concretas o derechos adquiridos por el particular antes de la entrada en vigor de la norma empleada.
"Ilustra lo anterior, el siguiente criterio:
"‘Registro No. 181024
"‘Localización: Novena Época
"‘Instancia: Segunda Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo: XX, julio de 2004
"‘Página: 415
"‘Tesis: 2a./J. 87/2004
"‘Jurisprudencia
"‘Materia: común
"‘RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA.’
"La razón por la que se sostiene que no es factible aplicar a la situación jurídica de los quejosos **********, **********, ********** y ********** el concepto de capital constitutivo contenido en el artículo 64-Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California [interpretado en la jurisprudencia 2a./J. 172/2011 (sic)] estriba en que éstos reclamaron ante la responsable el reconocimiento de antigüedad y, por ende, el pago de las obligaciones en materia de seguridad social por parte de su empleador por los periodos siguientes:
"• Para **********, desde el uno de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, al dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y ocho.
"• Para **********, desde el treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, al dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y siete.
"• Para **********, desde el uno de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, al uno de julio de mil novecientos ochenta y nueve.
"• Para **********, desde el uno de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, al dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta y ocho.
"Lo antes expuesto pone de relieve que los cuatro periodos señalados son anteriores al quince de junio de mil novecientos noventa y cuatro, esto es, a la fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado del decreto mediante el cual se adicionó el artículo 64-Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, que conforme al artículo transitorio respectivo entró en vigor al día siguiente de su publicación.
"De este modo, es evidente que, se insiste, no es jurídicamente posible aplicar a la situación jurídica de los quejosos **********, **********, ********** y ********** el concepto de capital constitutivo contenido en el artículo 64-Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California [interpretado en la jurisprudencia 2a./J. 172/2011 (sic)], pues ello equivaldría a quebrantar el principio de no aplicación retroactiva de la ley, contenido en el artículo 14 de la Constitución Federal, dado que aquélla es un precepto legal de naturaleza sustantiva, en la medida en que impone derechos y obligaciones.
"Lo anterior se robustece, al tomar en consideración que en el caso particular el demandado en el juicio natural ********** (aquí tercero perjudicado) se le reclaman prestaciones en su calidad de patrón equiparado, esto es, su responsabilidad de cubrir prestaciones vinculadas con el derecho a la seguridad social derivadas de una relación laboral, de manera que se trata de una situación jurídica en la que el ********** se vincula con los particulares en un plano de coordinación, y no de supra a subordinación.
"Al respecto, son aplicables por las razones que las rigen, las siguientes jurisprudencia y tesis aislada (énfasis añadido):
"‘No. Registro: 165782
"‘Jurisprudencia
"‘Materia: administrativa
"‘Novena Época
"‘Instancia: Segunda Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo: XXX, diciembre de 2009
"‘Tesis: 2a./J. 211/2009
"‘Página: 303
"‘INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR.’
"‘No. Registro: 916489
"‘Tesis aislada
"‘Materia: laboral
"‘Novena Época
"‘Instancia: Pleno
"‘Fuente: Apéndice 2000
"‘Tomo V, Trabajo, P.R. SCJN
"‘Tesis: 51
"‘Página: 28
"‘Genealogía: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 119, Pleno, tesis P. XXVIII/97;
"‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACIÓN LABORAL.’
"Además, como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria relativa al amparo directo en revisión 1057/2010, si bien el artículo 14 de la Constitución Federal establece el derecho fundamental de ‘no aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna’; sin embargo, no instituye lo contrario; esto es, que cuando la nueva ley es más benéfica para alguien se le deba aplicar en lugar de la que estaba vigente con anterioridad. Es verdad que en materia penal este principio sí se ha admitido, pero eso por disposición expresa de la ley secundaria y no por imperativo constitucional; en cambio, en otros ámbitos jurídicos, tal aplicación benéfica para una de las partes resulta contraria al orden constitucional, en la medida que se genera un desequilibrio procesal entre los contendientes, pues, por regla general, tales beneficios que resultan de la nueva ley, implican favorecer a una de las partes y al mismo tiempo constituyen un perjuicio para la parte contraria y esto es, precisamente, lo que no puede hacerse.
"Se arriba lo anterior, tal como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria mencionada, sin que implique obstáculo alguno el hecho de que dicho Alto Tribunal haya establecido, a través de jurisprudencia, casos de excepción a la regla contenida en el primer párrafo del artículo 14 constitucional (irretroactividad de la ley en perjuicio del gobernado), tales como cuando se trata de la libertad de una persona y cuando se utilizan criterios propios del derecho penal respecto de multas fiscales, entre otros, pues como se dijo dichos supuestos se establecieron atendiendo lo previsto en la ley secundaria y la naturaleza de los derechos controvertidos; sin embargo, dicha excepción no puede operar en el caso en particular, ya que de acuerdo a lo establecido en párrafos precedentes, con ello resultarían afectados derechos de terceros, en este caso del **********, que, se insiste, en el caso particular actúa en un plano de coordinación respecto de los aquí quejosos, dado que se trata de derechos que derivan de una relación laboral.
"Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la rigen, la siguiente tesis (pendiente de publicar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta):
"‘APLICACIÓN RETROACTIVA DE UNA LEY EN BENEFICIO. NO OPERA EN CONTIENDAS DE NATURALEZA CIVIL.’."
QUINTO. Existencia de la contradicción de tesis. Con el propósito de dilucidar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, se debe tener presente el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia P./J. 72/2010, que establece lo siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de cont
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25289-ad3fc5be/capital-constitutivo-la-condena-a-su-pago-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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