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Modo: Corpus Pro

SEGURIDAD SOCIAL. CORRESPONDE AL ÓRGANO ESTATAL EMPLEADOR CUBRIR EL CAPITAL CONSTITUTIVO QUE RESULTE POR LA INCORPORACIÓN DEL TRABAJADOR, COMO CONSECUENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE SU ANTIGÜEDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 122/2011. · Registro digital (IUS): 23199
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, QUINTO, TERCERO Y CUARTO, TODOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1, Pág. 413.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 122/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, QUINTO, TERCERO Y CUARTO, TODOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 24 DE AGOSTO DE 2011. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: ILEANA MORENO RAMÍREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General número 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal y el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el presente asunto se ocupa sobre la posible contradicción de tesis sustentadas por diversos Tribunales Colegiados en asuntos que versan sobre la materia laboral, que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, según lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo,(2) puesto que fue formulada por **********, fungiendo como apoderado del Poder Judicial del Estado de Baja California. Éste fue parte quejosa en el juicio de amparo ********** del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito,(3) ejecutoria que contiene uno de los criterios en contienda. Además, al mencionado representante legal se le reconoció tal carácter en el juicio de amparo, por lo que se concluye que la presente contradicción de tesis fue denunciada por persona legitimada para ello.

TERCERO. A continuación, conviene reseñar los antecedentes de los asuntos que dieron lugar a las ejecutorias en probable conflicto, así como las consideraciones formuladas por los respectivos Tribunales Colegiados de Circuito.

Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito

Amparo directo **********

Una trabajadora demandó, en la vía laboral, al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, a la Secretaría de Educación y Bienestar Social de la misma entidad federativa y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI). Entre otras prestaciones, pidió que se le reconociera la antigüedad correspondiente al periodo del 27 de septiembre de 1996 al 1o. de enero de 2005, así como el pago de cuotas y aportaciones relativas a ese periodo y de los recargos y actualizaciones que se hubieran generado.

El Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, órgano que conoció del juicio laboral, emitió un laudo donde se reconocieron la antigüedad solicitada por la trabajadora demandante y sus derechos como asegurada y beneficiaria del ISSSTECALI "previo pago de las cuotas y aportaciones que tanto la patronal como la trabajadora deberán pagar".

Inconforme con este laudo, la parte actora promovió juicio de amparo directo en su contra. Correspondió conocer del asunto al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, órgano que no concedió la protección constitucional solicitada, por los motivos que, en la parte que interesa, a continuación se transcriben:

"CUARTO. Son infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso (sic).

"...

"En el segundo y tercero de los conceptos de violación formulados, la quejosa alega que la Junta responsable no realiza un análisis de forma precisa de las pruebas aportadas en el juicio y que a pesar de ello la condena a cubrir las cuotas y aportaciones al ISSSTECALI en términos de los artículos 16, 21 y 64 Bis de la ley de esa institución, toda vez que precisamente en términos de los preceptos invocados por la autoridad responsable, la obligación de cubrir las cuotas y aportaciones al ISSSTECALI, es recíproca, tanto de la actora como de la patronal, ya que con respecto al trabajador, el artículo 16 de la Ley del ISSSTECALI, textualmente señala: ‘Todo trabajador comprendido en el artículo 1o. de este ordenamiento, deberá aportar al instituto una cuota obligatoria del 12% del sueldo o sueldos básicos integrados que disfrute, definido en el primer párrafo del artículo anterior. Dicho porcentaje se aplicará en la forma siguiente: I. 3% para cubrir el seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad; II. 9% para tener derechos a las prestaciones señaladas en las fracciones III a XI y XIII a XIV del artículo 4o. Los profesionistas cubrirán al instituto, previo descuento que se realice, el 1% de la pensión que disfrute destinada a constituir la reserva técnica prevista en el artículo 129 para el régimen de pensiones y jubilaciones.’

"En tales condiciones, se estima correcto que en el laudo impugnado se estableciera que el pago de las cuotas y aportaciones al ISSSTECALI se debería realizar tanto, por el patrón, como por la trabajadora, en la proporción que se señala en el artículo 16 de la Ley del ISSSTECALI, pues como ya se dejó establecido, ésta es una prestación compartida que debe realizar, tanto la parte patronal, como la trabajadora, por lo que al así haberse considerado en el laudo reclamado, debe concluirse que esa determinación se encuentra ajustada a los lineamientos señalados en los preceptos invocados por la Junta responsable al pronunciarse sobre esa reclamación.

"En consecuencia, y no advirtiéndose datos que lleven a suplir la deficiencia de la queja, procede negar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal."

Amparo directo **********

Este asunto también deriva de un juicio laboral, donde un trabajador demandó al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California y al ISSSTECALI. Las prestaciones solicitadas también fueron el reconocimiento de antigüedad y el otorgamiento de prestaciones de seguridad social, incluyendo la inscripción al instituto correspondiente.

El Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California dictó un laudo donde se reconocieron la antigüedad solicitada por la trabajadora demandante y sus derechos como asegurada y beneficiaria del ISSSTECALI, "previo pago de las cuotas y aportaciones que tanto la patronal como la trabajadora deberán pagar".

En contra de este laudo, el trabajador promovió juicio de amparo directo, en cuya porción relevante se determinó:

"SEXTO. Son infundados por una parte y fundados por otra, los conceptos de violación expresados por el trabajador ...

"En otro aspecto, el quejoso alega en el inciso c) de los conceptos de violación que el tribunal laboral responsable al determinar en el considerando séptimo y quinto punto resolutivo del laudo impugnado, que el actor trabajador ... deberá de cubrir a favor de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Baja California, las cuotas que le corresponden para tener derecho a las prestaciones de seguridad social que reclama, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo (sic) 16 y 21 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Baja California; a estimación del quejoso, dicha determinación, viola en su perjuicio las garantías de legalidad y de seguridad jurídica, contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que aplica inexactamente los artículos 16 y 64 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Baja California), pues en forma implícita condena a la parte actora a cubrir al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Baja California, las cuotas generadas en el periodo comprendido del uno de septiembre de mil novecientos setenta y seis, al quince de agosto de mil novecientos ochenta y siete, ya que en todo caso la omisión del enteramiento de cuotas por parte de el actor no le es imputable a ésta, sino que se deriva del incumplimiento que hace el patrón equiparado, por lo que en todo caso debió condenar a dicha parte demandada a enterar tanto las cuotas y aportaciones correspondientes a ella, como las correspondientes a la parte actora, pues fue la parte demandada referida la que incumplió con su obligación de dar de alta a la parte actora ante la mencionada institución de seguridad social, así como la consistente en que en enero de cada año debe remitir al mencionado Instituto una relación del personal sujeto al pago de cuotas y hacer los enteramientos correspondientes, de conformidad con lo establecido por el artículo 6 (sic) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para (sic) los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Baja California), de allí que se concrete el supuesto contemplado por el artículo 64 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (sic) del Estado de Baja California.

"De igual forma, alega que es incorrecta la determinación a la que arriba el tribunal responsable en el citado considerando séptimo en que además de establecer que la parte actora debe cubrir las cuotas que establece el citado artículo 16 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (sic) del Estado de Baja California, también implícitamente determina que dichas cuotas deben ser calculadas en un estudio actuarial llevado a cabo por el instituto codemandado, ya que deja de observar que el citado artículo 64 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (sic) del Estado de Baja California, fue adicionado a la citada ley del quince de junio de mil novecientos noventa y cuatro; por lo que está aplicando el tribunal responsable la citada disposición legal en forma retroactiva y en perjuicio de la parte actora, ya que está afectando derechos que surgieron bajo el imperio de la referida ley de seguridad social que ya existía pero que no contemplaba dicha disposición, sobre todo si tomamos en cuenta que el periodo respecto del cual el enteramiento de cuotas y aportaciones es el comprendido del uno de septiembre de mil novecientos setenta y ocho, al quince de agosto de mil novecientos ochenta y siete, por lo que evidentemente no se puede aplicar el citado artículo 64 Bis, ya que el mismo no existía en el mencionado periodo, por lo que al resolver en forma contraria, el tribunal responsable aplica retroactivamente dicha disposición legal y en perjuicio de la parte actora, lo anterior en contravención a la garantía individual contenida en el artículo 14 de la Constitución Federal.

"Los anteriores argumentos son infundados.

"Lo anterior es así, toda vez que el tribunal responsable interpretó de manera correcta la ley del régimen de seguridad social de que se trata, pues efectivamente conforme al artículo 16 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Baja California, corresponde al trabajador aportar una cuota de su salario o sueldo básico, para cubrir el aspecto de seguridad social, a su vez, corresponde al patrón retener las citadas aportaciones (artículo 18 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (sic) del Estado de Baja California), supuesto normativo que se actualiza al momento de realizar el pago del salario al trabajador.

"Ahora bien, el artículo 64 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Baja California, establece que las autoridades públicas u organismos incorporados al reconocer la antigüedad de los años de servicio a un trabajador, que implique su reconocimiento de derechos al régimen de pensiones y jubilaciones del instituto, procederán a cubrir el capital para solventar dicha prestación.

"Asimismo, el artículo 18 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, establece que es obligación de las autoridades del Estado efectuar los descuentos a que se refiere el artículo 16 (cuotas); a enviar al instituto las nóminas y recibos que figuren los descuentos dentro de los cinco días a la fecha en que se realizan; a expedir los certificados e información que le sea solicitada; y culmina con la aclaración de que los pagadores y encargados de cubrir sueldos serán responsables, en los términos de esta ley y sus reglamentos, de los actos y omisiones que realicen con perjuicio del instituto o de los trabajadores independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa que proceda.

"De lo antes transcrito se puede observar, que no existe dispositivo legal en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, que establezca como sanción que en caso de incumplimiento por parte de la patronal de retener las cuotas al trabajador, sea esta quien deba pagarlas, aun cuando por disposición del artículo 16 de la referida ley, corresponde a los trabajadores cubrirlas, ya que este numeral textualmente señala:

"...

"Ahora, si bien es cierto que conforme a los artículos 6 y 18 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California, se establece la obligación del Estado y los organismos públicos, de efectuar los descuentos de las cuotas de seguridad social e informar las altas y bajas de sus trabajadores, también es cierto que dichos preceptos legales no contemplan como sanción, que en caso de incumplir con dichas obligaciones por parte de las personas morales citadas, le paguen esas cuotas a sus trabajadores, y aun cuando el artículo 18 establezca una responsabilidad a cargo de los pagadores y encargados de cubrir los sueldos por los actos y omisiones que realicen con perjuicio del instituto o de los trabajadores, lo cierto es que esa responsabilidad sólo es en términos de lo que establezca la propia ley y su reglamento, por tanto, es dable remitirnos al capítulo decimoquinto de la mencionada ley que prevé la responsabilidades y sanciones y en el cual se contempla el artículo 135 que textualmente señala lo siguiente:

"‘Artículo 135. Los servidores públicos encargados de cubrir salarios y no efectúen los descuentos que procedan en términos de esta ley, serán sancionados con una multa equivalente al 20% de las cantidades no descontadas, independientemente de la responsabilidad (civil, penal o administrativa en que incurran sin perjuicio de regularizar situación en los términos del artículo 120.’

"Lo anterior indica que tal responsabilidad está debidamente prevista en la ley que nos ocupa, por lo que no es dable llevar a cabo una interpretación distinta a la que requiere la propia ley, de ahí que si en el caso no se prevé como sanción por parte de la patronal el pago de las cuota, que corresponde hacerlas a sus trabajadores, es evidente que lo pretendido por el impetrante de garantías resulta infundado y carente de sustento jurídico, ya que es principio general de derecho que, donde el legislador no distingue, el juzgador no tiene por qué hacerlo.

"No pasa desapercibido para los que resuelven el hecho que el artículo 20 del ordenamiento legal antes anotado, establece que cuando no se hubieren hecho a los trabajadores los descuentos conforme a esta ley, el instituto mandará descontar hasta un treinta por ciento del sueldo mientras el adeudo no esté cubierto, al menos de que el trabajador solicite y obtenga mayores facilidades para el pago, ya que este punto, no puede ser abordado tomando en consideración, lo atinente a la prescripción que establece el artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que prescribe en un mes, entre otras acciones, la de los patrones para efectuar descuentos en los salarios; pues en el presente caso la relación de trabajo se encuentra comprendida en el apartado B del artículo 123 constitucional, al darse entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California con sus trabajadores, por tanto, no le son aplicables la disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, de ahí que subsista su obligación de contribuir con las cuotas correspondientes.

"Con base en lo anterior, este Tribunal Colegiado se aparta del criterio que se sostuvo en el amparo directo **********, sesionado en fecha ocho de diciembre de dos mil diez, en donde se estableció que el pago de las cuotas y aportaciones debían realizarse por el patrón, cuando éste hubiera omitido llevar a cabo los descuentos en términos del artículo 18 de la ley especial que nos ocupa, sin embargo este nuevo criterio obedece al análisis que de manera integral se hace a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, en donde aparece claramente que la omisión aludida sólo tiene como consecuencia la responsabilidad que la propia ley y su reglamento establece y es precisamente el artículo 135 de ese mismo ordenamiento legal, el que prevé la sanción a que se hacen acreedores los servidores públicos encargados de cubrir salarios y que no efectúen los descuentos que procedan en los términos de la propia ley, estableciendo sólo una multa para tal actuación, de ahí que, aun cuando resulte cierto la existencia de la omisión ocasionada por el patrón, lo anterior no libera al trabajador de cumplir con la obligación que le impone el artículo 16 de la multicitada ley, es decir, el de aportar al instituto una cuota obligatoria de 12% (doce por ciento) del sueldo o sueldos básicos integrados que disfrute, lo anterior como una potestad para tener derecho a las prestaciones señaladas en las fracciones III a XI y XIII a XIV del artículo 40 de la misma ley, dentro de las que se comprende tanto la jubilación, como la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios."

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito

Amparo directo **********

En este caso, varias trabajadoras demandaron, en la vía laboral, al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Desarrollo Económico y al ISSSTECALI. Solicitaron, entre otras cosas, que se les reconociera determinada antigüedad y que se les inscribiera en el instituto de seguridad social, pagándose las cuotas respectivas.

También aquí el Tribunal de Arbitraje de Baja California resolvió que procedía tanto el reconocimiento de antigüedad como la inscripción en el ISSSTECALI, y determinó que las cuotas y aportaciones debían ser cubiertas tanto por el empleador como por las trabajadoras (incluso se condicionó la procedencia del reconocimiento de derechos como aseguradas y beneficiarias al previo pago de las cuotas y aportaciones).

Éstas promovieron juicio de amparo directo contra el laudo, donde se resolvió no concederles la protección solicitada, por diversos motivos. Para efectos del presente asunto, importan las siguientes consideraciones:

"Por otra parte, resulta incongruente lo alegado por las impetrantes en el segundo concepto de violación, ya que por un lado aducen que el tribunal de arbitraje responsable no condenó ni absolvió al ISSSTECALI respecto de las prestaciones consistentes en el acreditamiento a favor de las actoras de las cuotas y aportaciones omitidas por las patronales demandadas, generadas en los periodos establecidos en la demanda respectiva, así como al reconocimiento de los derechos que como aseguradas y beneficiarias les otorga la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Públicos de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; en tanto que por otro lado alegan que si bien es cierto el tribunal responsable condenó a las patronales demandadas al pago de las cuotas y aportaciones generadas en los periodos indicados por las actoras en su escrito de demanda, así como al reconocimiento a favor de éstas de todos y cada uno de los derechos que como aseguradas y beneficiarias les otorga la ley de dicho instituto, tal condena sólo la hizo para el efecto de que tanto las patronales demandadas como las trabajadoras paguen tales cuotas y aportaciones obligatorias, es decir, para que cubran el capital constitutivo que se calculará actuarialmente por el ISSSTECALI para solventar esa prestación. De ahí que resulta evidente la incongruencia aludida, dado que primeramente se duelen las quejosas de la supuesta omisión en que incurrió el tribunal responsable al no pronunciarse sobre las prestaciones que refieren, y seguidamente reconocen que sí efectuó la condena a dichas prestaciones, pero que ésta la efectuó en forma indebida porque condenó a las patronales y a las trabajadoras al pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social; sin embargo, sólo para el efecto de esclarecer este último argumento, debe precisarse que conforme a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, corresponde a los trabajadores pagar las cuotas de seguridad social y a los patrones las aportaciones respectivas, mediante el descuento que sus pagadores y encargados de cubrir sueldos efectúen a cargo de los empleados. De ahí que como tal obligación deriva de la propia ley, la determinación del tribunal responsable sobre el particular se encuentra ajustada a derecho. Además, los artículos 6 y 18 de la ley en comento que establecen la obligación a cargo del Estado y de los organismos públicos de efectuar el descuento de las cuotas aludidas e informar las altas y bajas de sus trabajadores, los cuales invocan las amparistas, no contemplan como sanción que en caso de incumplimiento de tales preceptos por parte de las personas morales oficiales mencionadas, se les pague a sus trabajadoras las cuotas de seguridad social, como infundadamente éstas lo pretenden."

Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito

Este órgano colegiado emitió tres resoluciones relativas a la presente contradicción de tesis, que son los amparos directos ********** , ********** y **********. Vale la pena tener presentes las consideraciones del primero y del último de los asuntos mencionados, ya que en el amparo directo ********** prácticamente se reiteraron las consideraciones del amparo directo **********.

Amparo directo **********

Varios trabajadores demandaron ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California al Ayuntamiento de Mexicali, solicitando que se les reconociera su antigüedad y se les pagaran las aportaciones de seguridad social omitidas. Si bien es cierto que el tribunal laboral condenó a la parte demandada a que otorgara esas prestaciones, también lo es que se ordenó que los trabajadores pagaran las cuotas y el empleador las aportaciones que les correspondían.

En contra de esta determinación, los trabajadores promovieron juicio de amparo directo, en cuya parte relevante el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito resolvió:

"Como se desprende de lo transcrito, la demandada también introdujo a la litis natural el razonamiento de que los trabajadores (aquí quejosos) tenían la obligación de cubrir al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) las cuotas que le correspondían y que no fueron cubiertas por ésta.

"Por ello, puede afirmarse que la resolución impugnada en esta vía constitucional sí es congruente con la demanda y su contestación, y la falta de exhaustividad detectada no trasciende de manera alguna al resultado del fallo, ya que el tribunal responsable acertadamente consideró procedente la defensa opuesta por la parte demandada en ese aspecto.

"En ese orden de ideas, se sostiene que la omisión en que incurrió la autoridad responsable al no dar respuesta a todos los argumentos que expuso la parte actora en su demanda no le irroga perjuicio alguno, porque además su determinación es apegada a derecho, pues de conformidad con los artículos 16 y 21 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, las aportaciones que por concepto de cuotas de seguridad social deben enterarse al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California corren a cargo tanto de la parte trabajadora como de la empleadora.

"En efecto, las aportaciones de seguridad social se componen por las contribuciones que tanto el trabajador como el Estado hacen al organismo encargado de ministrar a los empleados los servicios relativos, pues así lo disponen categóricamente los artículos 16 y 21 de la señalada ley, al señalar en esencia que el empleado debe aportar un porcentaje preciso y determinado de su sueldo básico que, según el numeral 15 del propio ordenamiento, se integra por el sueldo presupuestal y demás emolumentos de carácter permanente que el trabajador obtenga por disposición expresa de las leyes respectivas con motivo de su trabajo y, por su parte, el Estado debe aportar al Instituto de Seguridad Social otro porcentaje del sueldo básico ya definido que corresponda al empleado.

"Por tanto, se insiste, no se aprecia que la conclusión a la que arribó la autoridad responsable en el laudo reclamado, en cuanto a condenar a los ahora inconformes a realizar las aportaciones correspondientes por los periodos de que se trata, sea contraria a lo señalado al efecto por la ley aplicable, independientemente de que el Ayuntamiento demandado hubiera omitido inscribir a los quejosos ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (sic) del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California.

"Por otra parte, resultan infundadas las manifestaciones de los quejosos en el sentido de que los artículos 517 de la Ley Federal del Trabajo, así como los diversos numerales 16, primer párrafo, 18, 22 y 64 bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California los relevan del pago de las cuotas al señalado instituto y, en contrapartida, que tales numerales imponen dicha carga económica únicamente a la parte patronal, por haber sido omisa en enterarlas al mencionado instituto.

"Lo anterior porque dichos preceptos legales, en su orden, establecen lo siguiente:

"...

"De la lectura integral de los numerales transcritos, no se advierte, como lo sugieren los quejosos, que el incumplimiento por parte del Ayuntamiento demandado de su obligación de cubrir las cuotas respectivas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) provoque que éste deba enterar tanto las cuotas a cargo del trabajador, como las aportaciones que le corresponden en su carácter de patrón; y en cuanto al artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo, éste se refiere a la prescripción de las acciones intentadas por los patrones en contra de los trabajadores, pero de él tampoco se desprende que prescriba la facultad del organismo estatal para descontar a los trabajadores las cuotas de seguridad social.

"Incluso, cabe destacar que el diverso numeral 134 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California tampoco sanciona el incumplimiento aludido, en los términos indicados por los impetrantes del amparo, pues en el particular señala que los servidores públicos que incumplan con las obligaciones que les impone la propia ley y afecten los derechos de los asegurados y sus derechohabientes, el patrimonio del instituto o las prestación (sic) de los servicios, serán sancionados con multa de 100 a 1000 salarios mínimos diarios vigentes a la fecha en que esto ocurra, independientemente de la responsabilidad civil, penal y administrativa en que incurran.

"En cambio, como se destacó con antelación, del artículo 16 del ordenamiento jurídico recién mencionado, se advierte con claridad que corresponde a la parte trabajadora (aquí quejosa) aportar las cuotas respectivas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), lo que además, se constata con el contenido del numeral 20 del mismo texto jurídico, cuyo tenor es el siguiente:

"‘Artículo 20. Cuando no se hubieren hecho a los trabajadores los descuentos procedentes conforme a esta ley, el instituto mandará descontar hasta un treinta por ciento del sueldo mientras el adeudo no esté cubierto, a menos que el trabajador solicite y obtenga mayores facilidades para el pago.’

"De ahí lo infundado de los argumentos al efecto formulados por la parte quejosa, por lo que puede afirmarse que la omisión en que incurrió la responsable al no dar respuesta a tales planteamientos, no trascendió de manera alguna al resultado del fallo reclamado.

"En abundamiento a lo anterior, cabe señalar que ante la omisión relativa de los patrones, el artículo 7o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California establece que los trabajadores tienen el derecho, en su caso, de solicitar al instituto su inscripción y exigir al Estado y organismos incorporados correspondientes, el estricto cumplimiento de las obligaciones que les impone el artículo 6o. de la ley; los numerales mencionados son del tenor siguiente:

"‘Artículo 7o. Los trabajadores están obligados a proporcionar al instituto y al Estado y organismos públicos incorporados en que presten sus servicios: ...’

"‘Artículo 6o. El Estado y organismos públicos incorporados deberán remitir al instituto en enero de cada año, una relación del pe

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23199-446d44f6/seguridad-social-corresponde-al-organo-estatal-empleador-cubrir · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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