JURISPRUDENCIA. SU EMISIÓN Y PUBLICACIÓN NO CONSTITUYEN UN HECHO SUPERVENIENTE PARA EFECTOS DE MODIFICAR O REVOCAR EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO EN QUE RESUELVA SOBRE LA SUSPENSIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 368/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 10 DE OCTUBRE DE 2012. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JONATHAN BASS HERRERA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima de conformidad con el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual es del tenor siguiente:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
Lo anterior es así, ya que de conformidad con el artículo referido los Jueces de Distrito pueden denunciar la contradicción de tesis correspondiente, sin que sea óbice a lo anterior que el oficio de denuncia haya sido suscrito por el secretario encargado del despacho por vacaciones del titular, ya que éste lo hizo en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(2) esto es, dicho secretario sustituía en sus funciones al titular del juzgado con autorización del Consejo de la Judicatura Federal, siendo atribuible, durante ese periodo, las facultades inherentes en su carácter de sustituto del titular del órgano jurisdiccional, como son la resolución de los juicios de amparo cuyas audiencias se hubiesen fijado durante ese lapso e incluso podría pronunciar sentencia definitiva en procedimientos diversos a los de la materia de amparo, es decir, contaba con todas las funciones jurisdiccionales del Juez de Distrito que se encontraba de vacaciones; lo anterior con el objeto de observar la garantía de la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal,(3) amén de que se estima que sí cuenta con las facultades aludidas durante dicho lapso pues lo que se resuelve en una contradicción de tesis permite establecer criterios jurídicos que servirán para resolver y brindar certeza jurídica respecto de aspectos jurisdiccionales, lo que corrobora la facultad de hacer la denuncia respectiva, además de que de no hacerlo dejaría de cumplir con la función inherente al cargo.
TERCERO. -Con el fin de verificar la posible existencia de las contradicciones de criterios denunciados, es menester señalar las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.
I. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver en sesión de treinta de septiembre de dos mil cuatro, el recurso de revisión interpuesto en contra de la interlocutoria dictada en el incidente de modificación a la suspensión definitiva, registrado bajo el número **********, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"QUINTO. El agravio propuesto es infundado, atento a las siguientes consideraciones:
"La autoridad recurrente aduce en síntesis, que es inexacta la resolución que se recurre, toda vez que la concesión o negación de la suspensión definitiva del acto reclamado al estar temporalmente limitada y permitir la posibilidad de que sea revocada aun cuando haya sido otorgada en segunda instancia no puede considerarse como una ‘situación jurídica concreta derivada de un juicio’ en términos del segundo párrafo del artículo 197-A de la Ley de Amparo, ya que tal precepto está referido a situaciones de fondo en las que se analiza la constitucionalidad del acto reclamado y no contempla la simple paralización de la ejecución del acto reclamado con motivo del otorgamiento de una suspensión definitiva, es decir, que es una cuestión propia del juicio de amparo y no del cuaderno incidental, ya que este último no es cosa juzgada pues es susceptible de ser modificada hasta en tanto no se resuelva en definitiva el cuaderno principal.
"Aduce que, por tanto, la concesión de una suspensión definitiva no genera derechos a la quejosa pues no existe un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del acto reclamado que culmine con una sentencia definitiva que revista el carácter de cosa juzgada.
"Asevera que existe violación al artículo 192 de la Ley de Amparo, ya que el juzgador estaba obligado a observar la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis CT. 116/2003-SS y considerarlo como un hecho superveniente.
"Los anteriores argumentos resultan inexactos, pues como bien lo consideró el Juez Federal, la referida jurisprudencia del Alto Tribunal al dirimir la contradicción de tesis número 116/2003-SS no es un hecho superveniente a través del cual se pueda, en su caso, modificar o revocar la suspensión definitiva dictada en el cuaderno incidental que nos ocupa.
"En efecto, se dice lo anterior, toda vez que si un Tribunal Colegiado al emitir una resolución funda la misma en un criterio que ulteriormente resulta invalidado con motivo de la jurisprudencia establecida al conocer de la contradicción con otro criterio, no puede invocar dicha jurisprudencia la parte a quien favorece, con la pretensión de invalidar a su vez el fallo que habiendo aplicado el criterio perdedor le resultó desfavorable; puesto que la jurisprudencia no es un hecho que motive la modificación de dicha resolución, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo, que dispone: ‘La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias’; precepto éste que por igualdad de razón resulta aplicable, aun cuando la resolución específica no haya suscitado la contradicción pero sustente el criterio rechazado por la Suprema Corte.
"Ello es así, ya que la finalidad de esta disposición consiste en preservar la unidad de interpretación de las normas que integran el orden jurídico nacional, y no constituir una instancia más para el caso concreto, pues por mandato de las fracciones VIII, último párrafo y IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las resoluciones que en materia de amparo indirecto pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, no admiten recurso alguno, es inconcuso que no puede pretenderse que, con motivo de la denuncia y resolución de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, se haga declaratoria alguna respecto de cuál de esas resoluciones debe prevalecer, ya que la materia de esta clase de fallos sólo consiste en determinar cuál es la tesis que debe regir en el futuro con carácter de jurisprudencia, en términos del último párrafo del artículo 192 de la ley citada, sin afectar las sentencias de amparo en cuanto a la solución de las cuestiones jurídicas en conflicto.
"Por tanto, no es lógico ni jurídico pretender variar el sentido de las sentencias en las que se aplicó el criterio desestimado por nuestro Máximo Tribunal, emitidas con anterioridad a la fecha de la resolución que determinó el criterio a seguir, aun cuando esos asuntos no hubiesen sido los que materialmente fueron tomados en consideración por la Suprema Corte, pues ya no es posible analizarlos, ya que se podría afectar una situación jurídica que constituye una determinación ya tomada y revisada, lo cual lo prohíbe expresamente el referido artículo 197, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.
"Por lo que las decisiones emitidas en las contradicciones de tesis, determinarán el criterio que en lo sucesivo debe adoptarse para lograr uniformidad en la solución de iguales problemas jurídicos sometidos a tribunales del Poder Judicial de la Federación, pero sin afectar las situaciones jurídicas concretas, como ocurre en el caso.
"Por lo que si un hecho superveniente es aquel acaecido en relación con el propio acto reclamado, por ello, no lo puede constituir una jurisprudencia.
"Sin que le asista la razón a la autoridad recurrente, en cuanto aduce que en el presente asunto no es aplicable lo preceptuado en el citado artículo 197 de la Ley de Amparo, ya que el mismo sólo se refiere a cuestiones de fondo en las que se analiza la constitucionalidad del acto reclamado y no contempla la simple paralización de la ejecución del acto reclamado con motivo del otorgamiento de una suspensión definitiva.
"En efecto, contrario a lo que afirma la recurrente, sí resulta aplicable al presente asunto, lo que señala el referido artículo 197 de la Ley de Amparo, toda vez que si bien ese precepto no se refiere en forma específica a los incidentes de suspensión, también lo es, que al señalar que no se afectaran las situaciones jurídicas concretas que se hayan derivado de los juicios, es evidente que con ello se refiere a los juicios de garantías en los que se haya suscitado la contradicción de tesis, por lo que si dentro del juicio de amparo se tramitan los incidentes de suspensión, respecto de los cuales, en cuanto a su trámite y resolución, también pueden suscitarse contradicción de criterios, es evidente entonces que al referirse el artículo 197 de la ley en cita a ‘juicios’, dentro de ello quedan incluidos los incidentes de suspensión que se tramitan en dichos juicios, sin que sea correcto considerar que el precepto en mención limita su aplicación a lo concerniente al juicio de amparo en lo principal, es decir, en cuanto al fondo del asunto, y no por lo que respecta al cuaderno incidental en el que se decide lo referente a la medida cautelar que se solicita, ya que, como se dijo, al referirse a juicios, en ello queda incluido todo lo relacionado con los mismos, como es el fondo de la cuestión planteada, los recursos que se tramiten dentro de esos juicios e incluso los incidentes, como es el de suspensión, atento al principio general del derecho que reza ‘en donde la ley no distingue el juzgador no debe distinguir’.
"En lo tocante a que, aun cuando lo relativo a la suspensión del acto reclamado, se decida en segunda instancia al resolver el correspondiente recurso de revisión que se haga valer en contra de la interlocutoria respectiva, a juicio de la autoridad recurrente, no constituye cosa juzgada, pues según afirma se está en presencia de esa figura hasta que se resuelva el juicio de amparo en lo principal, se estima que tampoco asiste razón a la autoridad, pues si bien, la resolución que resuelve lo concerniente a la suspensión definitiva no se trata de cosa juzgada, pues la misma es susceptible de ser modificada, lo cierto es que, no obstante ello, las características a las que se alude para la modificación no son aptas porque fueron emitidas con posterioridad a la jurisprudencia, y como ya se dijo con antelación, un hecho superveniente no lo puede constituir una jurisprudencia.
"No son aplicables las tesis a que alude la recurrente, bajo los rubros: ‘COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL. DISTINCIÓN Y EFECTOS.’, ‘JUICIO CONCLUIDO. NULIDAD DEL. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTOR INTERVINO EN ESE PROCESO.’ y ‘SUSPENSIÓN. NO PROCEDE CONTRA ACTOS NEGATIVOS CON EFECTOS POSITIVOS (LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA).’; pues la primera, hace referencia a la clasificación de cosa juzgada material y formal, explicando la distinción entre ambas; la segunda, señala que quien fue en un juicio y compareció al mismo a defenderse, no está legitimado para alegar la nulidad de ese juicio bajo el argumento de que era nulo el acto que dio origen al documento base de la acción, y que el proceso fue fraudulento; y la restante, tampoco es aplicable, porque se refiere a que no es procedente conceder la suspensión del acto reclamado cuando es un acto negativo con efectos positivos.
"Tampoco existe violación al artículo 192 de la Ley de Amparo, como incorrectamente lo refiere la autoridad recurrente, ya que el juzgador no estaba obligado a observar la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis CT 116/2003-SS y considerarlo como un hecho superveniente, pues como se dijo, dicho criterio jurisprudencial es aplicable a casos futuros y no a los ya resueltos con anterioridad a la emisión del mismo.
"Es así que, al resultar ineficaces los agravios analizados, lo procedente es, confirmar la resolución que se recurre y negar la modificación a la suspensión definitiva solicitada."
La ejecutoria antes referida dio origen a la tesis I.5o.A.2 K (bajo el número de registro 179282), cuyos rubro y texto son los siguientes:
"JURISPRUDENCIA. NO CONSTITUYE HECHO SUPERVENIENTE PARA EFECTOS DE MODIFICAR O REVOCAR UNA RESOLUCIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la jurisprudencia es obligatoria en cuanto se integra y que sólo puede exigirse de los tribunales su aplicación a partir de su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, o antes si tuvieron conocimiento de ella por otros medios. Por tanto, no constituye un hecho de carácter superveniente a que se refiere el artículo 140 de la Ley de Amparo, y no puede invocarse para efectos de revocar o modificar una resolución sobre la suspensión de los actos reclamados pronunciada con anterioridad a la fijación de tal criterio."
II. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión del veinticinco de marzo de dos mil doce el incidente en revisión, derivado de la interlocutoria que resolvió el incidente de revocación de la suspensión, registrado bajo el número **********, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"... Es en contra de la anterior determinación, sustentada en ambas interlocutorias, en contra de las cuales se inconforman las aquí recurrentes.
"Sentado lo anterior, debe precisarse que el artículo 140 de la Ley de Amparo, que autoriza la modificación o revocación de la suspensión, provisional o definitiva, dispone lo que se reproduce a continuación: (se transcribe).
"En relación con dicho precepto, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado diversos criterios, conviene señalar la interpretación que realizó el Pleno de ese Alto Tribunal, al resolver el veintidós de febrero de dos mil uno, la contradicción de tesis 23/99-PL, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la que derivó la tesis de jurisprudencia P./J. 31/2001 publicada en la página 236 del Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica:
"‘SUSPENSIÓN POR HECHO SUPERVENIENTE. LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 140 DE LA LEY DE AMPARO PROCEDE TANTO EN LA PROVISIONAL COMO EN LA DEFINITIVA.’ (se transcribe)
"De la ejecutoria de la que informa la tesis transcrita, en lo conducente, se aprecian las consideraciones que, por su importancia para la resolución del presente asunto, se reproducen a continuación: (se transcribe).
"La lectura de las consideraciones transcritas revelan que el Más Alto Tribunal del País, determinó que si bien la redacción del artículo 140 de la Ley de Amparo, resultaba escueta, lo que daba lugar a diversos cuestionamientos, entre ellos, qué debe entenderse por hecho notorio, lo cierto es que dilucidó ese tópico, para efectos del numeral mencionado, para lo cual, estableció que:
"Un hecho superveniente es aquel que viene a alterar los requisitos legales de procedencia de la suspensión.
"Al respecto, es conveniente precisar que los requisitos establecidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, son los siguientes:
"Que lo solicite el quejoso;
"Que no se contravengan disposiciones de orden público o de interés social; y,
"Que con su negativa se causen daños de difícil o imposible reparación al quejoso.
"En ese sentido, la alteración de los mencionados requisitos puede suceder de dos formas distintas, a saber:
"i) La ausencia de los requisitos de otorgamiento, con posterioridad a la concesión de la medida suspensiva, o
"ii) La presencia de dichos requisitos después de que se hubiera negado la suspensión del acto reclamado.
"Debe precisarse que a través de la resolución de una contradicción de tesis, se define el criterio que debe prevalecer a partir de su integración y se clarifica cuál es el que debe aplicarse en el sistema jurídico respectivo, a efecto de brindar seguridad jurídica a los gobernados; tal como se aprecia de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 47/97 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 241 del Tomo VI, diciembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica:
"‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU NATURALEZA JURÍDICA.’ (se transcribe)
"Ahora bien, si se parte de la base de que los criterios así emitidos, buscan definir el sistema jurídico aplicable a un caso concreto, entonces es claro que las definiciones que realiza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueden ser consideradas como hechos que modifican las circunstancias que se tomaron en consideración para decretar la suspensión, pues, se introduce al sistema jurídico una definición jurisprudencial obligatoria que puede ser considerada para efectos de la suspensión en el juicio de amparo, pues lo que ahí se resuelve puede ser modificado.
"Por otra parte, la aplicación de un criterio jurisprudencial, no implicaría una afectación retroactiva en perjuicio de la quejosa o que se le estuviera dando un alcance de esa naturaleza al criterio jurisprudencial mencionado, pues, por un lado, las situaciones que se suscitaron durante el tiempo en que se encuentre vigente la medida cautelar, no se ven afectadas, sino, en todo caso, a partir de que se determina su revocación o modificación.
"De esta forma, se armoniza la aplicación hacia el futuro del criterio jurisprudencial en comento, en el caso de la suspensión, precisamente porque de ser procedente su revocación, será a partir de ese momento, en que aquélla dejará de surtir efectos, sin afectar las consecuencias que se suscitaron durante su vigencia.
"Finalmente, debe precisarse que, como lo sostienen las recurrentes, la interpretación del artículo 197-A de la Ley de Amparo que realiza el a quo, fue incorrecta, precisamente porque, como se aprecia de la tesis jurisprudencial recientemente reproducida, a lo que hace referencia la prohibición de alterar las determinaciones que originaron la contradicción de criterios, es a que el trámite de mérito, se convierta en un recurso de aclaración de sentencia o de revisión de las determinaciones ahí adoptadas, pero, desde luego, ello no significa que exista impedimento alguno para la aplicación en asuntos no resueltos.
"Al respecto, es conveniente apuntar que el concepto ‘asuntos no resueltos’ recientemente mencionado, puede aplicarse a la interlocutoria que se pretende modificar, pues, debe recordarse que por virtud de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de Amparo, las determinaciones adoptadas en el incidente de suspensión, pueden alterarse mientras no cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el principal, es decir, esta clase de resoluciones no causan ejecutoria.
"Por ello, la aplicación de una jurisprudencia, se refiere a la determinación que se emita en el incidente de revocación a la suspensión y será hasta ese momento, en el que se estimará que deja de surtir sus efectos la medida otorgada previamente.
"Debe precisarse que no es obstáculo a lo anterior, la tesis invocada por el a quo, pues al tratarse de un criterio sustentado por otro Tribunal Colegiado de Circuito, no es de aplicación obligatoria a este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo, máxime que no se comparte lo ahí sustentado, por las razones expuestas con antelación.
"Atento a lo expresado, es claro que una tesis de jurisprudencia que incida en alguno de los requisitos para otorgar la suspensión, es susceptible de ser considerada como hecho superveniente en los términos apuntados; de ahí que los agravios esgrimidos resulten esencialmente fundados, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, aplicada por analogía, procede analizar si por virtud de la tesis de jurisprudencia P./J. 10/2011, invocada por las recurrentes, se impone revocar la suspensión definitiva otorgada en el incidente de suspensión de origen.
"En el caso, las inconformes plantearon ante el a quo que la medida cautelar otorgada en definitiva, debía ser revocada, precisamente porque, por virtud de la emisión de la tesis señalada, se demostraba la afectación al orden público y, por ende, se imponía revocar tal determinación; el criterio de referencia fue publicado en la página 5 del Tomo XXXIV, julio de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, e indica lo siguiente:
"‘TELECOMUNICACIONES. ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES QUE FIJAN ASPECTOS NO ACORDADOS POR LAS PARTES SOBRE LAS CONDICIONES DE INTERCONEXIÓN, OBLIGACIÓN DE INTERCONECTAR Y FIJACIÓN DE TARIFAS.’ (se transcribe)
"De la ejecutoria de la que deriva la tesis transcrita y a efecto de determinar el alcance del criterio en cuestión, se transcriben las consideraciones siguientes: (se transcriben).
"De la ejecutoria reproducida anteriormente, se aprecia que el Alto Tribunal estimó que el tema relativo a la interconexión es de orden público, pero, lo que resalta, al menos para los efectos del presente asunto, es que no basta con que se logre la interconexión, sino que, en todo caso, que ésta se haga de manera óptima, atendiendo a que el usuario final es quien se ve beneficiado por las mejores condiciones en que se pueda brindar el servicio; de ahí que resulte prioritario para el desarrollo del país y, por ende, que adquiera una connotación de orden público e interés social.
"En esa medida, es inconcuso que la tesis en cuestión, sí incide en un aspecto relacionado con los requisitos para el otorgamiento de la medida cautelar, esto es, el atinente a la afectación del orden público, a que hace referencia el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo y que este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito tomó en consideración al otorgar la suspensión en definitiva, pues, debe recordarse que el efecto de tal determinación fue que no se aplicara el programa de tarifas de interconexión, en aquellos supuestos en los que ya se hubieran logrado convenios entre las partes.
"Para arribar a la aludida conclusión, se estimó que en el artículo primero transitorio del programa reclamado, se estableció que ‘cualquier concesionario podrá solicitar que sus convenios de interconexión se ajusten a lo previsto en el presente plan.’
"Disposición con la cual, se autoriza a las partes a que, con posterioridad a la celebración de los convenios de interconexión y en el caso de que estimen que el pacto alcanzado no se ajusta a los términos del plan, soliciten su adecuación; lo cual, se dijo en dicha ocasión, no necesariamente tiene como objetivo la correcta interconexión, pues, atendiendo a que la ley dispone la libre concurrencia de las partes para pactar las condiciones que estimen son más benéficas para ellos y a que se habían verificado diversos convenios, según el dicho de la quejosa, la concesión no afectaba al interés social ni controvertía disposiciones de orden público, ya que la interconexión, en las ‘condiciones que mejor se ajusten a los intereses de las partes concertantes’, ya se logró, a pesar de que pudiera pensarse que los convenios actualmente celebrados no generan las condiciones óptimas para tales efectos.
"En ese sentido, es inconcuso que la tesis de jurisprudencia que invocan las partes para solicitar la revocación de la medida cautelar, es un hecho superveniente que tiene como consecuencia la alteración del sistema de cosas o estado jurídico que se tuvo en consideración al momento de dictar la medida cautelar, pues, precisamente, el Pleno del Más Alto Tribunal del País resolvió en sentido contrario al sustentado por este órgano colegiado, ya que no basta que se logre la interconexión, sino que ésta se realice en condiciones óptimas, con lo cual resulta beneficiado el usuario final, lo que no se lograría si se preserva la suspensión que aquí se pretende revocar.
"Efectivamente, la medida otorgada mencionada, implica la imposibilidad legal para que los contratantes puedan ajustar las condiciones de interconexión previamente pactadas, al programa reclamado; lo cual, evidentemente significa que una de las partes considera que las establecidas en el programa resultan más favorables o generan las mejores condiciones para la prestación del servicio, en comparación con las originalmente convenidas.
"De prevalecer tal determinación, se impediría la posibilidad de obtener las mejores condiciones para la interconexión, pues no resultaría lógico que si los convenios previamente concertados ofrecieran las mejores condiciones, alguna de las partes procurara su ajuste al programa; ello, desde luego, sólo se intentaría, si se considera que éstas, son más benéficas que aquéllas.
"Así, atento a lo expresado, es inconcuso que la tesis jurisprudencial de mérito, sí constituye un hecho superveniente que altera el sistema jurídico considerado para otorgar la medida cautelar otorgada en definitiva; por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el diverso 124, fracción II, del propio ordenamiento legal, aplicado en sentido contrario, se impone revocar las interlocutorias recurridas, para en su lugar, declarar fundados los incidentes de origen y, como consecuencia de ello, negar la suspensión definitiva otorgada a la quejosa ********** en dicho asunto.
"Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción II, inciso b); 85, fracción I, de la Ley de Amparo y 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ..."
CUARTO. Con el propósito de determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, es menester destacar que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar, en la jurisprudencia P./J. 72/2010, los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, estableció que para que se actualice la contradicción de tesis basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales. El citado criterio establece lo siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(4)
De la jurisprudencia transcrita se pone de manifiesto que la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por el Tribunal Colegiado de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
En tal virtud, si las cuestiones fácticas aun siendo parecidas influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría a una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis -mediante aclaraciones-, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
En virtud de lo anterior, debe decirse que, en la especie, sí existe contradicción de tesis, ya que de las ejecutorias transcritas se evidencia que el Quinto y el Séptimo Tribunales Colegiados ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito examinaron una misma cuestión jurídica, consistente en determinar si la jurisprudencia constituye un hecho superveniente para efecto de modificar o revocar la resolución dictada en un incidente de suspensión.
Lo anterior es así, en virtud de que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que la jurisprudencia no puede considerarse un hecho superveniente para efecto de modificar o revocar la suspensión, ya que solamente puede ser calificado como hecho superveniente aquel acaecido en relación con el propio acto reclamado, además de que la jurisprudencia emitida con motivo de lo resuelto
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24183-81678a7c/jurisprudencia-su-emision-y-publicacion-no-constituyen-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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