CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LE ASISTE DE ORIGEN LA ATRIBUCIÓN DE OTORGAR EL VISTO BUENO PARA EJERCER RECURSOS ECONÓMICOS (ARTÍCULO 24 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA LOCALIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011). CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ACUERDO EN VIRTUD DEL CUAL LA AUTORIDAD VINCULADA DELEGA SUS ATRIBUCIONES A UN INFERIOR JERÁRQUICO NO DESINCORPORA DE SU ESFERA COMPETENCIAL LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTIVA. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL HECHO DE QUE MEDIANTE ACUERDO DEL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 8 DE FEBRERO DE 2011, SE HAYA DELEGADO AL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LA ATRIBUCIÓN QUE ORIGINALMENTE OTORGÓ EL ARTÍCULO 24 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS LOCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, AL TITULAR DE DICHA CONSEJERÍA, NO RELEVA A ÉSTE DE EJERCERLA EN OBSERVANCIA DE SU RESPONSABILIDAD CONSTITUCIONAL.
INCIDENTE DE INEJECUCIÓN 323/2011. 3 DE OCTUBRE DE 2011. UNANIMIDAD DE ONCE VOTOS. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver este incidente de inejecución de sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XVI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 de la Ley de Amparo; 10, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales Plenarios Números 5/2001 y 12/2009, de veintiuno de junio de dos mil uno y veintitrés de noviembre de dos mil nueve, respectivamente; pues se trata del incumplimiento de una sentencia pronunciada por un Juez Federal en un juicio de amparo y en la especie se valorará la excusabilidad del incumplimiento aducido respecto de las autoridades vinculadas y se precisará cuáles son las que gozan de atribuciones para dar cumplimiento a dicho fallo, señalando los plazos para tal fin.
SEGUNDO. Procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo. Conforme a lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución General, así como en lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo y en los Acuerdos Generales Números 5/2001 y 12/2009, emitidos por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, actualmente en vigor, el procedimiento para lograr el cumplimiento de una sentencia de amparo se divide en dos etapas:
La primera comprende las gestiones que de manera oficiosa debe realizar el tribunal que conoció del juicio de garantías para obtener el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, conforme a las disposiciones legales aplicables y a la jurisprudencia de este Alto Tribunal. La segunda etapa inicia con la apertura del incidente de inejecución, la cual se sustancia en dos fases tratándose de juicios de amparo indirecto, la primera por un Tribunal Colegiado de Circuito en competencia delegada y la segunda por este Alto Tribunal. En el caso de juicios de amparo directo, la segunda fase se sustancia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En términos generales, el procedimiento para el cumplimiento de las sentencias dictadas en un juicio de amparo indirecto -como la que nos ocupa-, se desarrolla conforme a lo siguiente:
Primera Etapa. Una vez que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria, el Juez de Distrito debe requerir su cumplimiento a las autoridades responsables y, en su caso, a las que por virtud de sus funciones deban intervenir para conseguirlo,(10) para que dentro de las veinticuatro horas siguientes informen sobre los actos realizados para acatar los deberes impuestos en la misma.
Cabe señalar que tratándose de ejecutorias que conllevan el deber de restituir a la parte quejosa una cantidad de dinero, previo a requerir su cumplimiento en este aspecto, el Juez Federal debe allegarse de los elementos necesarios para precisar el monto de la devolución.(11)
En caso de que las autoridades vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo omitan informar sobre los actos realizados para tal fin, el Juez de Distrito deberá requerir a su superior jerárquico inmediato a efecto de que las conmine a cumplir sin demora. Si éste no atendiera el requerimiento, se requerirá en los mismos términos a su superior jerárquico, en caso de que lo tuviere. De continuar la omisión, deberá remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito en turno.
Lo anterior, sin menoscabo de que, en el supuesto de que el respectivo incidente de inejecución de sentencia resultara fundado, si el segundo superior jerárquico tuviere a su vez un superior jerárquico, además de requerir a los servidores públicos que sustituyan a los destituidos, se deberá vincular a este último para que ejerza sus atribuciones para lograr el cumplimiento del fallo respectivo, en aras de tutelar el cabal acatamiento de la ejecutoria de amparo.(12)
Segunda Etapa. Recibidos los autos del juicio de garantías, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá requerir nuevamente a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia de amparo y a sus dos superiores jerárquicos inmediatos, para que en un plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación del requerimiento, demuestren ante el Juzgado de Distrito y ante el propio tribunal el acatamiento de la ejecutoria o expongan las razones que tengan en relación con el incumplimiento de la sentencia.
Realizado lo anterior, los autos se remitirán al Magistrado correspondiente, el cual contará con quince días hábiles para presentar proyecto de dictamen. Si el Tribunal Colegiado estima que existe desacato a la ejecutoria de amparo, deberá remitir el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que determinará si es o no excusable el incumplimiento advertido y, en su caso, si se deben aplicar las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 constitucional.
Es importante señalar, que en virtud de la reforma al citado precepto constitucional mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, la cual entrará en vigor a partir del cuatro de octubre del presente año,(13) el cumplimiento de la sentencia de amparo debe requerirse, en principio, a las autoridades directamente vinculadas a su cumplimiento y a "su superior jerárquico inmediato", por lo que no será necesario requerir al superior jerárquico de éste durante el procedimiento oficioso de ejecución del fallo protector.
En esas condiciones, para que este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación válidamente pueda pronunciarse sobre la aplicación de las sanciones que prevé la fracción XVI del artículo 107 constitucional, es necesario analizar si el Juez de Distrito y el Tribunal Colegiado del conocimiento agotaron el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo conforme a los lineamientos antes precisados y, en su caso, si el incumplimiento advertido es o no excusable.
En el presente caso debe tenerse en cuenta que conforme a los antecedentes que informan el presente asunto, si bien los efectos del amparo se traducen en que los integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal acreditaran el cumplimiento de las sentencias de nulidad y queja dictadas por la Tercera Sala y la Sala Superior, ambas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en el expediente **********, de treinta y uno de enero de dos mil ocho y nueve de junio de dos mil diez, respectivamente. Para lograrlo se debe acreditar con documentales fehacientes que se realizó el pago al quejoso de los emolumentos que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo separado de su cargo con motivo de la tramitación del procedimiento administrativo tramitado en su contra.
Asimismo, cabe destacar que en cuanto al citado pago, por acuerdo de treinta de noviembre de dos mil diez, la Juez de Distrito que conoció del asunto, después de haber requerido al quejoso y a la autoridad responsable que informaran el monto que debía ser pagado por concepto de salarios caídos, determinó que la cantidad a cubrir al quejoso asciende a **********.
De lo anterior se concluye que en el presente caso sólo es necesario precisar cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para dar cumplimiento a la sentencia de amparo en relación con el pago de la cantidad que le corresponde al quejoso por concepto de salarios caídos.
Para ello, únicamente se atenderán las disposiciones legales y reglamentarias que regulan las atribuciones de las autoridades respectivas, sin comprender otras disposiciones de menor jerarquía a través de las cuales se delegan o distribuyen las facultades conferidas a las autoridades responsables como lo pueden ser, entre otras, los manuales de organización interna, acuerdos, oficios y circulares, ya que estas disposiciones no siempre se publican a través de medios oficiales o de consulta pública, habida cuenta que es un hecho notorio para este Tribunal en Pleno que, en algunos casos, tales disposiciones se reforman periódicamente para trasladar las facultades de una autoridad a otra ya existente o de nueva creación con el único fin de retrasar la ejecución del fallo protector.
En ese tenor, del análisis de lo dispuesto en los artículos 15, fracción X y último párrafo y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, en relación con lo previsto en los artículos 3o., numeral 1, fracción I, inciso a) y numeral 7, fracción I, inciso a), 19, fracción IX, 42, fracciones III, V y IX y 45, fracciones I a V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, se desprende que en principio las autoridades de esta secretaría que deben intervenir para lograr el cumplimiento de la sentencia de amparo en el aspecto que se analiza (pago de salarios caídos), son las siguientes:
• En su carácter de autoridad directamente obligada, el director general de Administración de Personal (antes de recursos humanos), en tanto le compete dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por las autoridades jurisdiccionales respecto del personal al servicio de la secretaría, así como "vigilar el cumplimiento de las disposiciones laborales" y establecer los mecanismos para las adscripciones, readscripciones, licencias y demás asuntos relacionados con dicho personal.
• En su carácter de autoridad vinculada, el director general de Asuntos Jurídicos, toda vez que le corresponde coordinar las acciones para la debida cumplimentación de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales que obliguen a la secretaría.
• En su carácter de autoridad vinculada, el director general de Recursos Financieros, toda vez que le corresponde coordinar la integración, operación y seguimiento del ejercicio del presupuesto asignado a la secretaría, así como la elaboración y aplicación de las ampliaciones, reducciones y adiciones presupuestales y la ejecución de los procedimientos para otorgar la suficiencia presupuestal respectiva.
• En su carácter de superiores jerárquicos, el oficial mayor respecto de los directores general de Administración de Personal y de Recursos Financieros y el titular de la secretaría respecto del director general de Asuntos Jurídicos.
En abono a lo anterior, en relación con el procedimiento que debe seguirse para que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal cubra la cantidad que le corresponde al quejoso, de especial relevancia resulta lo establecido en el artículo 24 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de dos mil once, publicado en la Gaceta Oficial el treinta y uno de diciembre de dos mil diez que a la letra dice:
"Artículo 24. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades previo al ejercicio de los recursos autorizados para cubrir los gastos por conciliaciones de juicios en trámite promovidos en contra de la administración pública o por liquidaciones de laudos emitidos o sentencias definitivas dictados por autoridad competente favorables a los trabajadores al servicio de la administración pública, deberán contar con el visto bueno de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales."
De la lectura del anterior precepto se desprende que para el pago al quejoso de los recursos respectivos la referida secretaría debe contar con el visto bueno de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, dado que en términos de lo previsto en un acto formal y materialmente legislativo expedido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el ejercicio de los recursos autorizados para cubrir los gastos por liquidaciones de laudos o sentencias favorables a los trabajadores al servicio de la administración pública está condicionado al referido visto bueno.
Ante ello, conforme a los argumentos que a continuación se desarrollan debe precisarse que el titular de la referida consejería tiene el carácter de autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo en el presente juicio, en atención a las atribuciones que le asisten en relación con el procedimiento que se sigue para realizar el pago de los salarios caídos que le corresponden al quejoso conforme al fallo protector.(14)
En relación con la mencionada atribución debe tomarse en cuenta lo previsto en el acuerdo publicado el ocho de febrero de dos mil once en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el cual indica:
"Acuerdo por el que se delega en el director general de Servicios Legales, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la facultad de otorgar el visto bueno para cubrir los gastos por conciliaciones de juicios en trámite promovidos en contra de la administración pública del Distrito Federal o por liquidaciones de laudos emitidos o sentencias definitivas dictados por autoridad competente, favorables a los trabajadores al servicio de la administración pública del Distrito Federal, previo al ejercicio de los recursos autorizados y se constituye la mesa de asuntos laborales de la Comisión de Estudios Jurídicos del Distrito Federal.
"Marcelo Luis Ebrard Casaubón, jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122, apartado C, base segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8o., fracción II, 12, fracciones I, II, IV y VI, 52, 67, fracción II y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5o., 7o., 14, párrafo tercero y 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 24 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2011; y 15, 114, fracción VIII, 115 y 116 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y
"Considerando
"Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, es facultad y obligación del jefe de Gobierno promulgar, publicar y ejecutar las leyes y decretos que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos.
"Que en los actos y procedimientos a cargo de la administración pública del Distrito Federal deberá atenderse los principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad.
"Que al jefe de Gobierno como titular de la administración pública local, corresponde originalmente todas las facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos relativos al Distrito Federal, que podrán ser delegadas a los servidores públicos subalternos mediante acuerdos, excepto aquellas que por disposición jurídica sean indelegables.
"Que el artículo 24 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, prevé que las dependencias, órganos descentralizados, delegaciones y entidades previo al ejercicio de los recursos autorizados para cubrir los gastos por conciliaciones de juicios en trámite promovidos en contra de la administración pública del Distrito Federal o por liquidaciones de laudos emitidos o sentencias definitivas dictados por autoridad competente favorables a los trabajadores al servicio de la administración pública, deberán contar con el visto bueno de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.
"Que en virtud de las facultades que se atribuyen a la Comisión de Estudios Jurídicos, como órgano colegiado a cargo de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, para preparar y en su caso expedir las interpretaciones y homologación de criterios jurídicos que permitan la adecuada protección de los intereses generales y del patrimonio de la Ciudad de México, ha tenido a bien expedir el siguiente:
"Acuerdo por el que se delega en el director general de Servicios Legales, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la facultad de otorgar el visto bueno para cubrir los gastos por conciliaciones de juicios en trámite promovidos en contra de la administración pública del Distrito Federal o por liquidaciones de laudos emitidos o sentencias definitivas dictados por autoridad competente, favorables a los trabajadores al servicio de la administración pública del Distrito Federal, previo al ejercicio de los recursos autorizados, y se constituye la mesa de asuntos laborales de la Comisión de Estudios Jurídicos del Distrito Federal.
"Primero. Se delega en el director general de Servicios Legales la facultad de otorgar a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades el visto bueno previo al ejercicio de los recursos autorizados para cubrir los gastos por conciliaciones de juicios en trámite promovidos contra la administración pública del Distrito Federal o por liquidaciones de laudos emitidos o por sentencias definitivas dictadas por autoridad competente favorables a los trabajadores al servicio de la administración pública del Distrito Federal.
"Segundo. Se constituye la mesa de asuntos laborales de la Comisión de Estudios Jurídicos del Distrito Federal, con el objeto de que se homologuen los criterios jurídicos en materia de conciliaciones y laudos laborales para una adecuada protección de los intereses generales y del patrimonio de la Ciudad de México.
"Tercero. La mesa de asuntos laborales se integra de la siguiente forma:
"I. Un representante de la Secretaría de Gobierno;
"II. Un representante de la Secretaría de Finanzas;
"III. Un representante de la Oficialía Mayor, y,
"IV. Un representante de la Contraloría General.
"...
"Cuarto. El director general de Servicios Legales se auxiliará por los integrantes de la mesa de asuntos laborales para la revisión de la documentación presentada por las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la administración pública del Distrito Federal.
"Quinto. Los titulares de las dependencias, órganos «desconcentrados», delegaciones y entidades de la administración pública del Distrito Federal, a través de sus áreas competentes, serán los responsables directos de dar cumplimiento a los laudos y sentencias definitivas dictados por autoridad competentes favorable a los trabajadores al servicio de la administración pública del Distrito Federal.
"Así también, serán responsables directos de negociar, cuando así lo consideren necesario en beneficio de los intereses de la dependencia, órgano «desconcentrado», delegación o entidad al que se encuentren adscritos, para lograr la conciliación con los actores por los juicios en trámite promovidos en contra de la administración pública del Distrito Federal.
"Al solicitar el visto bueno, en ambos casos, deberán demostrar que cuentan con la suficiencia presupuestal para cumplir con el compromiso económico y cumplir irrestrictamente con los lineamientos, procedimientos y requisitos que se dicten en la materia, en caso contrario se dará vista al órgano de control interno correspondiente.
"Sexto. La mesa de asuntos laborales reportará trimestralmente a los secretarios de Gobierno y Finanzas, oficial mayor, contralor general y consejera jurídica y de servicios legales, el avance en el cumplimiento de las acciones a que se refiere el presente acuerdo.
"Transitorios
"Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
"Segundo. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
"Tercero. Se dejan sin efectos aquellas disposiciones administrativas que se opongan al presente acuerdo.
"Cuarto. El presente acuerdo estará vigente durante el ejercicio fiscal de 2011.
"Dado en la residencia del jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil once."
De lo previsto en este acuerdo se advierte que la facultad otorgada en el artículo 24 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de dos mil once a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales se delegó al director general de Servicios Legales de la propia consejería durante el ejercicio fiscal de dos mil once, por lo que resulta necesario precisar cuál es el servidor público de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, al que de origen le corresponde la atribución en comento, pues no debe perderse de vista que un acto administrativo de esa naturaleza no permite desconocer cuál es la autoridad a la que legalmente le corresponden las atribuciones para emitir los actos necesarios para dar cumplimiento a la sentencia concesoria, en virtud de que el acuerdo delegatorio en comento si bien es un instrumento jurídico cuya finalidad es la de optimizar las funciones que tiene encomendada en ley la citada consejería, de ninguna manera debe dar lugar a desconocer cuál es la autoridad específica que tiene legalmente encomendadas las atribuciones para dar cumplimiento a una sentencia concesoria, ya que un acuerdo delegatorio de facultades de ninguna manera desincorpora de la esfera competencial de la autoridad titular de las atribuciones delegadas la responsabilidad constitucional que le asiste para acatar el fallo respectivo.
Lo anterior sin menoscabo de que, excepcionalmente, con motivo de una reforma a la norma expedida por el órgano legislativo que la rija o incluso de la prevista en un reglamento, dicho deber pueda transferirse a una diversa autoridad, lo que jurisprudencialmente ha dado lugar a las llamadas autoridades sustitutas.(15)
Cabe agregar que dicha sustitución no puede operar válidamente cuando a un inferior jerárquico de la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo se le delega mediante un acuerdo administrativo la atribución necesaria para acatar la sentencia concesoria, ya que en ese supuesto legalmente la responsabilidad de la autoridad vinculada se mantendrá en su esfera competencial por ser una atribución que de origen le corresponde y si bien podrá auxiliarse de sus inferiores jerárquicos para su cumplimiento, ello acontecerá bajo su más estricta responsabilidad, por lo que el retraso en el cumplimiento de una sentencia de amparo le será atribuible a la autoridad a la que asiste originalmente la atribución respectiva y no al inferior al que le fue delegada.
Ante ello, destaca lo establecido en los artículos 2o., 3o., fracciones I y VIII, 16, fracciones I y IV, 17 y 35, fracción XXIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, así como 3, fracción I, 7, fracción XV, 8, 15, párrafo primero y 29, fracción XIX, del reglamento interior de la referida administración, los cuales indican:
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal
"Artículo 2o. La administración pública del Distrito Federal será central, desconcentrada y paraestatal.
"La jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las secretarías, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General del Distrito Federal y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, son las dependencias que integran la administración pública centralizada.
"En las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal, la administración pública central contará con órganos político administrativos desconcentrados con autonomía funcional en acciones de gobierno, a los que genéricamente se les denominará Delegación del Distrito Federal.
"Para atender de manera eficiente el despacho de los asuntos de su competencia, la administración centralizada del Distrito Federal contará con órganos administrativos desconcentrados, considerando los términos establecidos en el Estatuto de Gobierno, los que estarán jerárquicamente subordinados al propio jefe de Gobierno o bien, a la dependencia que éste determine.
"Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, son las entidades que componen la administración pública paraestatal."
"Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por:
"I. Administración pública centralizada. Las dependencias y los órganos desconcentrados;
"...
"VIII. Dependencias. Las secretarías, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales."
"Artículo 16. Los titulares de las secretarías, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de la Oficialía Mayor, de la Contraloría General del Distrito Federal y de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales tendrán las siguientes atribuciones generales:
"I. Acordar con el jefe de Gobierno el despacho de los asuntos encomendados a las dependencias adscritas a su ámbito, así como recibir en acuerdo a los servidores públicos que les estén subordinados, conforme a los reglamentos interiores, manuales administrativos, circulares y demás disposiciones que expida el Jefe de gobierno;
"...
"IV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como celebrar, otorgar y suscribir los contratos, convenios, escrituras públicas y demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia, necesarios para el ejercicio de sus funciones y en su caso de las unidades administrativas y órganos desconcentrados que les estén adscritos. También podrán suscribir aquellos que les sean señalados por delegación o les correspondan por suplencia. El jefe de Gobierno podrá ampliar o limitar el ejercicio de las facultades a que se refiere esta fracción."
"Artículo 17. Al frente de cada secretaría, de la Oficialía Mayor, de la Contraloría General del Distrito Federal y de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales habrá un titular, quien para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará en su caso, por los subsecretarios, directores generales, directores de área, subdirectores y jefes de unidad departamental, así como por los demás servidores públicos que se establezcan en el reglamento interior y los manuales administrativos."
"Artículo 35. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el despacho de las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial, y coordinación de asuntos jurídicos; revisión y elaboración de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que presente el jefe de Gobierno a la Asamblea Legislativa; revisión y elaboración de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a consideración del jefe de Gobierno de los servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y del Archivo General de Notarías.
"Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
"...
"XXIX. Las demás que le atribuyen expresamente las leyes y reglamentos."
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal
"Artículo 3o. Además de los conceptos que expresamente señala el artículo 3o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, para efectos de este reglamento, se entiende por:
"I. Unidades administrativas: las dotadas de atribuciones de decisión y ejecución, que además de las dependencias y los órganos político administrativos son las subsecretarías, la Tesorería del Distrito Federal, la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, las Coordinaciones Generales, las direcciones generales, las subprocuradurías, las subtesorerías, los órganos desconcentrados, las direcciones ejecutivas, las contralorías internas, así como cualquier otra que realice este tipo de atribuciones conforme a lo previsto en este reglamento."
"Artículo 7o. Para el despacho de los asuntos que competan a las dependencias de la administración pública, se les adscriben las unidades administrativas, las unidades administrativas de apoyo técnico-operativo, los órganos político-administrativos y los órganos desconcentrados siguientes:
"...
"XV. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales:
"1. Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos;
"2. Dirección General de Servicios Legales;
"3. Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio;
"4. Dirección General del Registro Civil del Distrito Federal; y
"5. Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica."
"Artículo 8o. Las atribuciones genéricas y específicas señaladas para las unidades administrativas, órganos político-administrativos, órganos desconcentrados y unidades administrativas de apoyo técnico-operativo, podrán ser ejercidas de manera directa por los titulares de las dependencias en el ámbito de su competencia, cuando así lo estimen conveniente."
"Artículo 15. Los titulares de las dependencias, de las unidades administrativas, de los órganos político-administrativos y de los órganos desconcentrados pueden encomendar el ejercicio de sus funciones a servidores públicos de nivel jerárquico inferior adscritos a ellos, mediante acuerdo del jefe de Gobierno, que se publique en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, sin que pierdan por ello la facultad de su ejercicio directo cuando lo juzguen necesario. ..."
"Artículo 29. El titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales tiene las siguientes atribuciones:
"...
"XIX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos; las que le sean conferidas por el jefe de Gobierno y las que les correspondan a las unidades administrativas, órganos desconcentrados, unidades administrativas de apoyo técnico-operativo y entidades a él adscritas."
Como se advierte de los preceptos antes transcritos la Consejería Jurídica y de Servicios Legales constituye una dependencia de la administración pública centralizada del Distrito Federal; además, conforme a lo previsto en los artículos 5o., párrafo primero, de la ley orgánica referida y 15 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, preceptos que sirvieron de fundamento al acuerdo delegatorio
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24213-e21ec3c1/cumplimiento-de-sentencias-de-amparo-al-titular-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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