CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO.
QUEJA 188/2013. SUBTESORERO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL. 30 DE ENERO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: SERGIO URZÚA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: ANTONIO PRATS GARCÍA.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. En su único agravio, la recurrente alega que la Juez de Distrito indebidamente le impone la multa recurrida, ya que atendió en tiempo y forma el requerimiento que se le formuló, ya que la directora de Servicios al Contribuyente informó las gestiones que estaba llevando a cabo en acatamiento a sus instrucciones.
A su decir, demuestra tal afirmación con los oficios DSC/15691/2013, de quince de julio de dos mil trece, DSC/16648/2013, de veintinueve de julio de dos mil trece, DSC/17271/2013, de trece de agosto de dos mil trece, DSC/19825/2013, de cinco de septiembre de dos mil trece, DSC/21439/2013, de veintitrés de septiembre de dos mil trece y DSC/15707/2013, de quince de julio de dos mil trece.
Agrega que es ilegal el auto recurrido, ya que por conducto de su subalterno realizó todas las gestiones necesarias para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo.
En apoyo a sus consideraciones, cita las tesis de rubros: "SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA.", "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 222 Y 349 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. ES NECESARIO APLICARLO EN TODA RESOLUCIÓN." y "AUTORIDADES."
El tópico sintetizado es infundado.
Para demostrar el aserto que antecede, en principio, se acude al contenido de la exposición de motivos de la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con el artículo tercero transitorio del propio ordenamiento, donde se establece, de manera contundente, la preocupación por el legislador de que las autoridades responsables den estricto cumplimiento a las sentencias dictadas en el juicio de garantías, ya que se consideró que un aspecto trascendental de la reforma lo constituye una protección amplia y eficaz de los derechos humanos, a que se refiere el artículo 1o. constitucional, en relación con las garantías reconocidas en la Carta Magna y en los tratados internacionales, procurando el pleno ejercicio de los ciudadanos a la impartición de justicia pronta y expedita, estableciendo también su intención de implementar preceptos que obliguen a las autoridades responsables a dar cumplimiento puntual de las sentencias dictadas en los juicios de control constitucional, pues al efecto, el legislador, en su exposición de motivos, estableció puntualmente lo que a continuación se transcribe:
"Ejecución de las sentencias. La ejecución de sentencias es, sin duda, uno de los temas más complejos e importantes del juicio de amparo. Su relevancia estriba en que la falta de materialización rápida de las sentencias hace que el juicio de amparo no tenga sentido, pues en los hechos se podría hacer de reparación irreparable el derecho que resulte protegido y resguardado por una sentencia de amparo. Es claro que la ausencia de un desarrollo claro y sencillo de esta materia ha propiciado situaciones de indefensión y, en ciertos casos, de impunidad. Con el propósito de solucionar estas deficiencias, se ha buscado establecer una estructura nueva para, por una parte, unificar todas las cuestiones relacionadas dentro de un título y, por la otra, darle una denominación específica a cada uno de los supuestos de ejecución que de manera innominada prevé la ley en vigor o que se han creado por las tesis jurisprudenciales. En específico, la sentencia que otorga el amparo y protección de la justifica federal, pierde su objetivo cuando se incumple o deja de observarse por los servidores públicos a quienes va dirigida. Por ello, sancionar a dichos servidores públicos no es trivial si se busca que las sentencias de amparo tengan realmente eficacia. Sin ser un punto de acuerdo generalizado, se estima que la interpretación correcta del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de Distrito a la autoridad remisa, con el propósito de que este órgano individualice la pena que le corresponde. De esta forma, la solución que se propone es en el sentido de que, con pleno respeto a la garantía de audiencia del sujeto involucrado, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo esa individualización."
Como se ve, la intención del legislador al emitir la nueva Ley de Amparo fue, por una parte, sujetar a las autoridades responsables a un riguroso y estricto control a efecto de que cumplimenten las decisiones de los Jueces Federales, inclusive, atrayendo la ejecución de las sentencias concesorias en los amparos tramitados conforme a la Ley de Amparo anterior, en términos del artículo tercero transitorio, cuyo texto es del tenor siguiente:
"TERCERO. Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo."
Lo que revela la preocupación del legislador por lograr el cumplimiento eficaz de las sentencias de amparo.
Así, el marco normativo establecido en materia de ejecución de sentencias por la Ley de Amparo vigente, se contiene en sus artículos 192, 193, 194, 195 y 197, que disponen:
"Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito, si se trata de amparo indirecto, o el Tribunal Colegiado de Circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes.
"En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
"Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico.
"El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga."
"Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo.
"Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.
"En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo.
"En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto.
"Al remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria.
"El Tribunal Colegiado de Circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos.
"Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el Tribunal Colegiado de Circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico."
"Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma.
"La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo."
"Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal."
"Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés.
"Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.
"La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.
"Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente.
"Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta ley."
"Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo."
El primero de los artículos reproducidos establece que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas, para lo cual, una vez que causen ejecutoria, se notificará sin demora a las partes; acto en el que se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
En ese mismo acuerdo, se ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. En estos casos, el presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico.
En el mismo numeral se establece la atribución del órgano jurisdiccional de ampliar el plazo de cumplimiento, tomando en cuenta su complejidad o dificultad, debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado, además de que, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga.
El diverso numeral 193 establece que si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; en su segundo párrafo aclara que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo.
En cambio, si se demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las sanciones señaladas.
El precepto legal en mención también dispone que para el caso de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto.
Asimismo, el numeral en cita establece que, una vez iniciado el incidente de inejecución, debe continuarse con el procedimiento de cumplimiento de la ejecutoria, y precisa que en aquel supuesto, el Tribunal Colegiado de Circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda. En caso de que reitere que hay incumplimiento, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos; también se indica que si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el Tribunal Colegiado de Circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores, y llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico.
El numeral 194 determina qué se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, así como su marco de responsabilidades; por su parte, el siguiente precepto normativo (195) dispone que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal.
Por otra parte, el artículo 196 señala el procedimiento que debe seguirse para el caso de que la autoridad responsable presente informe de que ya cumplió la ejecutoria, para lo cual, se dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga; una vez que transcurra, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Este precepto aclara que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.
En estos casos, es decir, si existe un informe de la autoridad de cumplimiento, si el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente, pero, si no lo está, no está cumplida totalmente o no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de la ley de la materia.
Por su parte, el artículo 197 indica que todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, y estarán sujetas a las mismas responsabilidades a que aluden los numerales mencionados.
El artículo 198 señala que una vez que se reciban los autos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta dictará a la brevedad posible la resolución que corresponda; además de que, cuando sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación devolverá los autos al órgano judicial de amparo, a efecto de que desahogue el incidente a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 193 de dicha ley.
Si el Máximo Tribunal del País determina que el retraso en el cumplimiento es justificado, dará un plazo razonable a la autoridad responsable para que cumpla, que podrá ampliarse a solicitud fundada de la autoridad; pero, cuando considere que es inexcusable o hubiere transcurrido el plazo anterior sin que se hubiese cumplido, tomará en cuenta el proyecto del Tribunal Colegiado de Circuito y procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hayan incumplido la ejecutoria y ordenará que se devuelvan los autos al órgano jurisdiccional de amparo a efecto de que reinicie el trámite de cumplimiento ante los nuevos titulares, sin perjuicio de la consignación que proceda contra los anteriores titulares que hayan sido considerados responsables del incumplimiento de la ejecutoria de amparo.
Por último, debe señalarse que el artículo 258 establece los montos que pueden imponerse como multas, de conformidad con lo dispuesto en los diversos 192 y 193 mencionados anteriormente.
Por otra parte, entendiéndose que es superior jerárquico de la autoridad responsable el que ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, es evidente que la ahora recurrente, subtesorero de Administración Tributaria, como superior jerárquico de una de las autoridades vinculadas con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, a saber, directora de Servicios al Contribuyente, ambas de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, tiene imperio para imponer medidas a sus subordinados para el cumplimiento de sentencias.
Expresado lo anterior, y ya que la recurrente afirma, en esencia, que fue ilegal que la Juez de Distrito hiciera efectivo el apercibimiento ordenado en auto de once de julio de dos mil trece y, por ende, le impusiera multa, este tribunal analizará si la determinación de la Juez Federal fue correcta, al imponerle la multa de que se trata, por considerar que no demostró haber dado cumplimiento a lo que se le requirió.
Ahora, la recurrente refiere que con los oficios DSC/15691/2013, DSC/16648/2013, DSC/17271/2013, DSC/19825/2013, DSC/ 21439/2013 y DSC/15707/2013 que exhibe, demuestra que por conducto de su subalterna, directora de Servicios al Contribuyente, realizó todas las gestiones necesarias para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo.
La afirmación que antecede es infundada, porque contrario a lo que aduce la recurrente, con las documentales que refiere, en específico, el oficio DSC/21439/2013, lo que evidencia es la contumacia de dicha autoridad para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, pues a través de éste informó que por diverso oficio DSO/17295/2013, devolvió el expediente y dictamen respectivos al administrador tributario Cien Metros, para que, entre otras cosas, corrigiera el dictamen en cuanto al importe a pagar a la quejosa, cuando la cantidad a devolver ya estaba determinada por la Juez de Distrito; por ende, lo que restaba era que autorizara la devolución de la cantidad que se le proponía en éste, y sólo si la cantidad que se indicaba en el último dictamen en mención no correspondía a aquella que la a quo había determinado, lo único que tenía que hacer era indicarle al administrador tributario referido, que su dictamen debía apegarse a lo determinado por ella y no negarse a autorizar el pago, bajo el pretexto de que debía seguirse un incidente para determinar una cantidad que, se reitera, ya estaba debidamente establecida.
En esa virtud, es indiscutible que la directora de Servicios al Contribuyente evadió su responsabilidad, al cuestionar la cantidad que la Juez de Distrito fijó se debía pagar al quejoso en vía de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y con ello obstaculizó su cumplimiento, al condicionar su autorización a que el administrador tributario Cien Metros, solicitara al juzgado de origen que aperturara un incidente para determinar la cantidad a devolver y, obviamente, a que éste se tramitara, cuando ya no era posible, en razón de que la cantidad a devolver se encontraba debidamente determinada.
En esa guisa, resulta patente que, contrario a lo que sostiene la recurrente, su subalterno no sólo no dio cumplimiento a la sentencia de amparo, sino que obstaculizó su debido cumplimiento.
En esa virtud, este órgano colegiado considera que debe prevalecer la imposición de la multa contenida en el auto once de julio de dos mil trece, ya que los actos con los cuales la autoridad ahora recurrente pretende que se deje insubsistente la imposición de la multa decretada por falta de cumplimiento de la sentencia de amparo, como se vio en líneas anteriores, son ineficaces para tal efecto.
Además, si bien es cierto que del oficio DSC/15707/2013, se infiere que instruyó a la directora de Servicios al Contribuyente a dar cumplimiento a la sentencia de amparo, también lo es que con ello no demuestra de manera alguna que la haya hecho con una manifestación del ejercicio de medidas coercitivas necesarias como lo serían prevenciones e imposición de sanciones concretas a efecto de obtener el cumplimiento de la sentencia, y que implique el involucramiento al respecto del superior jerárquico en relación con su subalterno; esto es, no es suficiente con girar instrucciones para que acate la ejecutoria de amparo, sino que es necesario que se expresen razones que evidencien el ejercicio de acciones trascendentes de vigilancia por competencia legal hacia el órgano inferior para que acate esa ejecutoria.
En efecto, no se aprecia que el ahora recurrente, subtesorero de Administración Tributaria, emitiera comunicación a su inferior, como autoridad vinculada con el cumplimiento, ya sea para imponer una sanción por incumplimiento de la ejecutoria o para requerirle u ordenarle el informe sobre las gestiones realizadas al respecto, sino que su actuar se limitó a instruirle para que diera cumplimiento al fallo protector.
Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que en tratándose del cumplimiento de sentencias el superior jerárquico de la responsable debe hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer para conseguir ese cumplimiento; criterio que es visible en la tesis P. CLXXV/2000, visible en la página 5 del Tomo XII, noviembre de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:
"INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN SE REQUIERE SU INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO CUMPLE, DEBE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA CONSEGUIRLO, ENCONTRÁNDOSE SUJETO A QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE SU CARGO Y CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO.-Conforme a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y en el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias de la Ley de Amparo, existe un sistema riguroso que debe seguirse cuando se otorga la protección constitucional al quejoso, conforme al cual no sólo se encuentra vinculada al cumplimiento de la sentencia la autoridad directamente responsable, sino todas las autoridades que lleguen a estar relacionadas con ese acatamiento y también, y de modo fundamental, los superiores jerárquicos de ellas. Esta vinculación no sólo se sigue del requerimiento que debe hacerle el Juez de Distrito cuando la autoridad directamente responsable no cumple con la sentencia, sino de la clara prevención del artículo 107 de la Ley de Amparo, de que ‘las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo’. De esta disposición se sigue que el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin que el mismo se entere de que uno de sus subordinados no cumple con una sentencia de amparo y, cuando mucho, le envíe una comunicación en la que le pida que obedezca el fallo federal. El requerimiento de que se trata tiene el efecto de vincular a tal grado al superior que si la sentencia no se cumple, también procederá aplicar a éste la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y 105 y 107 de la Ley de Amparo, a saber, separarlo de su cargo y consignarlo ante un Juez de Distrito. De ahí que ante un requerimiento de esa naturaleza, el superior jerárquico deba hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del Juez. Es obvio, por otra parte, que si el subordinado se resiste a cumplir con la sentencia la deberá cumplir directamente el superior, independientemente de las sanciones que le pudiera imponer."
La ejecutoria que le dio origen, expresa lo siguiente en lo que interesa:
"... En lo que concierne al cumplimiento del fallo protector por todas las autoridades que por razón de sus funciones intervengan en la ejecución respectiva, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido los siguientes criterios:
"‘Sexta Época
"‘Instancia: Segunda Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"‘Volumen: Tercera Parte, CXXVIII
"‘Página: 17
"‘EJECUTORIA DE AMPARO. AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. TIENEN OBLIGACIÓN DE REALIZAR LOS ACTOS QUE REQUIERA SU EFICACIA.-Todas las autoridades, aunque no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, si tienen o deben tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora y para que el fallo constitucional logre vigencia real y eficacia práctica.’
"‘Sexta Época
"‘Instancia: Tercera Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"‘Volumen: Cuarta Parte, LXXX
"‘Página: 58
"‘SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS.-Al acatar las autoridades una ejecutoria de amparo no deben limitarse a pronunciar nueva sentencia que se ajuste a los términos del fallo constitucional, sino que deben vigilar que aquélla se cumpla por sus inferiores, ya que desobedecerla sería desconocer la verdadera cosa juzgada establecida en el juicio de garantías. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y si consintió en haberse desposeído al quejoso de un inmueble para darle posesión a otro, el amparo debe traducirse en la entrega y posesión del inmueble al quejoso. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que por razón de sus funciones deba de intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del artículo 107 de la Ley de Amparo, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la ejecutoria de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de ese fal
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24904-3911d32d/cumplimiento-de-ejecutorias-de-amparo-conforme-al-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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