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Modo: Corpus Pro

EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO. EL DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN Y EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS, AMBOS DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO SON LOS SUPERIORES JERÁRQUICOS INMEDIATOS DEL ADMINISTRADOR FISCAL DE LA ENTIDAD, A LOS QUE DEBE REQUERIRSE PARA QUE LO CONMINEN AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2016. · Registro digital (IUS): 27002
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-03-10
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo III, Pág. 2059.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FERNANDO RODRÍGUEZ ESCÁRCEGA, JOSÉ LUIS GARCÍA VASCO, JERÓNIMO JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ROBERTO DIONISIO PÉREZ MARTÍNEZ Y GUILLERMO NÚÑEZ LOYO. PONENTE: FERNANDO RODRÍGUEZ ESCÁRCEGA. SECRETARIO: ABEL ABARCA VARGAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. El Pleno del Vigésimo Primer Circuito es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Quáter 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en términos del considerando cuarto del Acuerdo General 8/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en atención a que los asuntos de los que deriva el posible punto de contradicción son materia de la competencia del Pleno del Vigésimo Primer Circuito.

SEGUNDO.-Criterios contendientes. En primer lugar, es conveniente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción expusieron, en las ejecutorias de las que derivaron los criterios que los denunciantes estiman divergentes.

Así, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al fallar el incidente de inejecución de sentencia **********, sostuvo, en lo conducente, lo que a continuación se transcribe:

"SEGUNDO.-Análisis sobre la procedencia del incidente de inejecución de sentencia planteado. Este Tribunal Colegiado estima que debe reponerse el procedimiento de ejecución de sentencia, atendiendo a las consideraciones que enseguida se exponen:

"Ello es así, toda vez que, en el caso concreto, antes de enviar los autos a este tribunal federal para la sustanciación del incidente de inejecución de sentencia planteado, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero omitió requerir el cumplimiento de la sentencia de amparo a los servidores públicos que, orgánicamente, en realidad tienen el carácter de superiores jerárquicos inmediatos de la autoridad responsable vinculada al cumplimiento del fallo protector, es decir, del administrador fiscal estatal número ‘uno’.

"Para robustecer la decisión anterior, resulta necesario transcribir, a continuación, lo que disponen los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, mismos que literalmente prescriben lo siguiente:

"‘Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito, si se trata de amparo indirecto, o el Tribunal Colegiado de Circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes.-En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.-Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico.-El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga.’

"‘Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma.-La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo.’

"De conformidad con lo dispuesto en los preceptos legales anteriormente transcritos, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria y el órgano jurisdiccional ordena la notificación de esa determinación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata.

"En el mismo auto en el que se ordena la mencionada notificación, debe requerirse a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual se determinará conforme a lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo.

"Además, si la responsable o diversa autoridad vinculada con el cumplimiento del fallo protector, cuenta con superior jerárquico, en el propio acuerdo se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, con el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad que resulte omisa.

"Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de garantías deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, así como esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia protectora antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito; ahora bien, una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento de la ejecutoria de amparo, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; hecho lo anterior, revisará el trámite efectuado por el Juez de Distrito y, finalmente, turnará los autos para que se dicte la resolución que corresponda.

"Ahora bien, si el procedimiento de ejecución de sentencia se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez de amparo para que reponga el procedimiento relativo; ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable, o bien, su superior jerárquico.

"En el supuesto de que la autoridad responsable vinculada al cumplimiento del fallo protector omita acatarlo, el juzgador de amparo debe requerir al superior jerárquico inmediato de dicha autoridad para que lo obligue a cumplir, sin demora, la sentencia amparadora, y si dicho funcionario a su vez fuera omiso en atender el requerimiento y tuviera superior, también habrá de requerirse a este último.

"De lo antes expuesto se obtiene que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el procedimiento establecido para lograr el cabal acatamiento de las ejecutorias de amparo, debe requerirse tanto a la autoridad vinculada con dicho cumplimiento, como a su superior jerárquico inmediato.

"En el caso concreto, como quedó relatado en el resultando quinto de esta ejecutoria, a través de diversos acuerdos, el Juez Segundo de Distrito en el Estado requirió al administrador fiscal estatal número ‘uno’ -con el carácter de autoridad vinculada al cumplimiento del fallo amparador-, el cabal acatamiento de la sentencia protectora; mientras que al director general de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado -con el carácter de superior jerárquico de la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia protectora-, lo conminó para que le dieran a aquél la orden de cumplir la ejecutoria de amparo, sin que de autos se advierta que se haya logrado el referido cumplimiento, no obstante de habérseles efectuado los apercibimientos de ley conducentes.

"Ahora bien, en el sumario que se revisa, se advierten deficiencias en el procedimiento instaurado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, con el objeto de lograr el cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que en los diversos acuerdos, la autoridad que fue requerida para que conminara al administrador fiscal estatal número ‘uno’, a fin de que éste diera cabal acatamiento al fallo amparador, lo fue únicamente el director general de Recaudación de la citada Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero; sin embargo, la citada autoridad responsable tiene otro superior jerárquico inmediato.

"Tal circunstancia puede desprenderse del contenido del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, ordenamiento que en el capítulo II, artículo 5o., apartados 1.1. y 1.1.3., así como en el capítulo VII, artículos 14 y 15, fracción III, dispone lo siguiente:

"Capítulo II.-De la organización de la secretaría. ... ‘Artículo 5o. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, la secretaría contará con un secretario, quien para el desahogo de los asuntos, contará con las siguientes unidades administrativas: ... 1.1. Subsecretaría de Ingresos. ... 1.1.3. Dirección General de Recaudación.’

"Capítulo VII.-De la Subsecretaría de Ingresos y de las direcciones generales a su cargo. ... ‘Artículo 14. La Subsecretaría de Ingresos para el desempeño de sus funciones, tiene bajo su responsabilidad la Coordinación General de Catastro, la Procuraduría Fiscal y las Direcciones Generales de Recaudación, Fiscalización y la de Estudios Hacendarios y Difusión.’

"‘Artículo 15. La Subsecretaría de Ingresos contará para su ejercicio con las atribuciones siguientes: ... III. Recaudar directamente, a través de las administraciones y agencias fiscales, los ingresos del Estado por impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y demás contribuciones, que establezcan las leyes del Estado; así como de los que se deriven de los convenios que celebre el Estado con la Federación o los Municipios; y los ingresos que, por otros conceptos, señalen los ordenamientos legales.’ (énfasis añadido)

"e (sic) los dispositivos antes transcritos, se desprende que en el organigrama de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, existen diversas subsecretarías, entre las cuales está la Subsecretaría de Ingresos, misma que a su vez, cuenta con diversas dependencias, como lo es la Dirección General de Recaudación, quien entre sus funciones tiene encomendado recaudar directamente, a través de las administraciones y agencias fiscales, los ingresos del Estado provenientes de las contribuciones que entera la población.

"En esa tesitura, si en el juicio de amparo de origen, el Juez Segundo de Distrito en el Estado requirió al administrador fiscal estatal número ‘uno’, para que cumplimentara directamente la ejecutoria de amparo, queda de manifiesto que a quienes corresponde el carácter de superiores jerárquicos inmediatos de dicha autoridad, en su orden, son:

"1. El director general de Recaudación dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado; y,

"2. El subsecretario de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado.

"En consecuencia, los superiores jerárquicos directos de la autoridad responsable son el director general de Recaudación y el subsecretario de Ingresos, ambos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, y en el caso, el juzgador federal únicamente requirió al director general de Recaudación, no así al subsecretario de Ingresos, ambos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, por tanto, se impone la necesidad de reponer el procedimiento de ejecución para que el Juez Segundo de Distrito en el Estado, requiera al citado subsecretario, a quien orgánicamente le corresponde el carácter de superior jerárquico inmediato de la autoridad responsable, administrador fiscal estatal número 1, precisando la forma y términos en que debe acatar el fallo protector y, en su caso, imponiéndole las multas respectivas en caso de no cumplir la ejecutoria de amparo.

"Por las consideraciones que en ellas se contienen, en el presente asunto es pertinente citar, enseguida, las jurisprudencias siguientes:

"‘Época: Décima Época

"‘Registro: 2007918

"‘Instancia: Pleno

"‘Tipo de tesis: jurisprudencia

"‘Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"‘Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014

"‘Materia: común

"‘Tesis: P./J. 54/2014 (10a.)

"‘Página: 19

"‘PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.

"‘Incidente de inejecución de sentencia 1618/2013. 5 de agosto de 2014. Unanimidad de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Carmen Vergara López y Gabino González Santos.

"‘Incidente de inejecución de sentencia 55/2014. 5 de agosto de 2014. Unanimidad de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Gabino González Santos.

"‘Incidente de inejecución de sentencia 1262/2013. 5 de agosto de 2014. Unanimidad de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Jonathan Bass Herrera.

"‘Incidente de inejecución de sentencia 1858/2013. 11 de agosto de 2014. Mayoría de siete votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza en relación con el sentido de la resolución; votaron en contra: José Fernando Franco González Salas y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Unanimidad de nueve votos respecto del criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.

"‘Incidente de inejecución de sentencia 1566/2013. 11 de agosto de 2014. Mayoría de siete votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza en relación con el sentido de la resolución; votaron en contra: José Fernando Franco González Salas y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Unanimidad de nueve votos respecto del criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Gabino González Santos.

"‘El Tribunal Pleno, el seis de noviembre en curso, aprobó, con el número 54/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de noviembre de dos mil catorce.

"‘Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 09:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 18 de noviembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.’

"‘Época: Décima Época

"‘Registro: 2007911

"‘Instancia: Pleno

"‘Tipo de tesis: jurisprudencia

"‘Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"‘Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014

"‘Materia: común

"‘Tesis: P./J. 59/2014 (10a.)

"‘Página: 5

"‘CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el Juez Penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo.

"‘Incidente de inejecución de sentencia 1618/2013. 5 de agosto de 2014. Unanimidad de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Carmen Vergara López y Gabino González Santos.

"‘Incidente de inejecución de sentencia 55/2014. 5 de agosto de 2014. Unanimidad de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Gabino González Santos.

"‘Incidente de inejecución de sentencia 1262/2013. 5 de agosto de 2014. Unanimidad de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Jonathan Bass Herrera.

"‘Incidente de inejecución de sentencia 1858/2013. 11 de agosto de 2014. Mayoría de siete votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza en relación con el sentido de la resolución; votaron en contra: José Fernando Franco González Salas y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Unanimidad de nueve votos respecto del criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.

"‘Incidente de inejecución de sentencia 1566/2013. 11 de agosto de 2014. Mayoría de siete votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza en relación con el sentido de la resolución; votaron en contra: José Fernando Franco González Salas y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Unanimidad de nueve votos respecto del criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Gabino González Santos.

"‘El Tribunal Pleno, el seis de noviembre en curso, aprobó, con el número 59/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de noviembre de dos mil catorce.

"‘Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 09:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 18 de noviembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.’

"‘Época: Novena Época

"‘Registro: 165242

"‘Instancia: Primera Sala

"‘Tipo de tesis: jurisprudencia

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo XXXI, febrero de 2010

"‘Materia: común

"‘Tesis: 1a./J. 1/2010

"‘Página: 39

"‘INCIDENTE DE INEJECUCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBEN DEVOLVERSE LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO SI ÉSTE NO AGOTÓ EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 DE LA LEY DE AMPARO.-Conforme a los citados artículos, luego de que cause ejecutoria la sentencia en que se concedió el amparo, el Juez de Distrito la comunicará por oficio a las autoridades responsables para su cumplimiento; si dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación no quedare cumplida, requerirá de oficio o a instancia de parte al superior inmediato de la autoridad responsable para que la obligue a cumplir, y en caso de que no se obedeciere la ejecutoria deberá remitir el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, previo a declarar el incumplimiento de la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27002-a5e56ad6/ejecucion-de-sentencia-de-amparo-el-director-general · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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