JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA DE UNA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 444/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 28 DE NOVIEMBRE DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: FAUSTO GORBEA ORTIZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia administrativa, en la que se encuentra especializada esta Sala.
No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción. Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción; ..."
De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como acontece en el presente asunto.
Sin embargo, esta Segunda Sala considera que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y el interés social.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que la formuló **********, quejoso dentro del juicio de amparo indirecto ********** del registro del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato; del que emana la sentencia recurrida en el recurso de revisión administrativo ********** del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, cuya ejecutoria constituye una de las que se estimaron en oposición con las emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en las mismas materias y jurisdicción, en los amparos en revisión **********.
TERCERO. Para determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es preciso conocer los antecedentes más relevantes del caso.
De las constancias que integran el amparo en revisión ********** del registro del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, se desprende lo siguiente:
********** promovió demanda de amparo indirecto, en la que señaló como acto reclamado el acuerdo dictado por el Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, en el que declaró que esa Sala era incompetente para conocer de la demanda de nulidad que planteó; y declinó esa competencia a favor del Juzgado Administrativo Municipal con sede en Salamanca, Guanajuato, al estimar que era en éste en quien recaía la competencia para allegarse en el conocimiento del asunto.
El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, al que correspondió conocer de la demanda, la registró con el número **********, y la desechó por improcedente, en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, al considerar que se actualizaba de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, ambos de la citada legislación, pues en opinión del Juez, el acuerdo reclamado no es un acto que conlleve una ejecución de imposible reparación, ya que por sí solo no vulnera de manera inmediata y directa algún derecho sustantivo de la parte quejosa, habida cuenta que no puede considerarse que tenga el carácter de definitivo, y cuyos efectos son meramente procesales.
Inconforme con tal desechamiento, el quejoso ********** interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, quien lo registró con el número **********.
En su oportunidad, ese cuerpo colegiado pronunció sentencia en la que revocó el auto desechatorio de demanda emitido por el Juez de Distrito, a efecto de que proveyera de nueva cuenta lo conducente sobre la demanda de amparo presentada por **********.
Lo anterior, al tenor de las siguientes consideraciones:
"CUARTO. Es fundado el agravio transcrito.
"Para mayor claridad resulta conveniente destacar que de las constancias del expediente de amparo se desprende que el ahora recurrente acudió al juicio constitucional señalando como acto reclamado el acuerdo de catorce de mayo de dos mil diez donde la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, se declaró incompetente para conocer de la demanda por él promovida en contra del tesorero municipal de Salamanca, Guanajuato, e hizo recaer dicha competencia en el Juzgado Administrativo Municipal de aquella ciudad, al estimar que el acto administrativo materia de inconformidad no encuadraba en la competencia de los asuntos cuyo conocimiento corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo ni en primera ni en segunda instancias.
"Por su parte, en el auto materia de este recurso, el Juez de Distrito desechó la demanda de garantías, en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, al considerar que se actualizaba de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, ambos de la citada legislación, pues el acuerdo combatido no es de aquellos que conlleven una ejecución de imposible reparación ya que por sí no vulnera de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo de la parte quejosa, habida cuenta que no puede considerarse que tenga el carácter de definitivo, y cuyos efectos son meramente procesales.
"Al respecto, la parte revisionista alega sustancialmente ...
"Resultan fundados los sintetizados argumentos de inconformidad.
"En principio, cabe señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado sobre el tema en comento, destacando que la cuestión de competencia representa una ejecución irreparable, cuando genera la aplicación de normatividades distintas, siendo por ello que se ha considerado tal aspecto como el caso excepcional que motiva de manera inmediata el estudio constitucional de la determinación en comento.
"Por tanto, como se puntualiza en el acuerdo que por esta vía se recurre, la procedencia del juicio de amparo indirecto depende de que los actos en él reclamados, tengan una ejecución de imposible reparación, de conformidad con el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, situación que sólo se actualiza cuando se afectan de forma directa e inmediata derechos sustantivos consagrados en la Constitución o, en su caso, cuando las posibles violaciones cometidas afecten a las partes en grado predominante o superior.
"En la especie, el acuerdo reclamado en la demanda de garantías, mediante el cual el Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, se declaró incompetente para conocer de la demanda de nulidad intentada por el aquí quejoso y ordenó su remisión a un Juzgado Administrativo Municipal, debe entenderse que actualiza el supuesto de una afectación directa e inmediata, de ejecución irreparable, aun al tratarse de autoridades reguladas con similar legislación, dado que la ley expresamente autoriza la opción para accionar ante cualquiera de las autoridades involucradas, que son, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y el Juez Administrativo Municipal.
"En efecto, con base en los antecedentes que ya han sido sintetizados, al declararse incompetente la Sala responsable, ello tiene como consecuencia el desconocimiento del derecho del gobernado a optar por una instancia o la otra, así como el retraso en la impartición de justicia, lo que contraviene la garantía constitucional de una correcta y exacta impartición de justicia, pronta y expedita, contemplada en el artículo 17 constitucional, conforme a la opción que establece la ley para entablar la demanda ante las señaladas autoridades, Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado o el Juez Administrativo Municipal, atento al texto del numeral 206-A de la Ley Orgánica Municipal que dice: ...
"A tal conclusión se llega, si se toman en cuenta los argumentos vertidos en la demanda de garantías, y que ahora se insiste, debieron tomarse en cuenta al momento de dictarse la admisión correspondiente, pues en ellos se hace referencia a la opción de promover ante cualquiera de esas autoridades, por lo que la determinación de incompetencia combatida genera una afectación irreparable al impetrante de garantías, siendo que en ese sentido no consta pronunciamiento alguno en el acuerdo emitido por el Juzgado de Distrito.
"En efecto, se alega en la demanda de amparo, que en el acuerdo dictado por la Sala responsable se omitió tomar en consideración el precepto transcrito, con lo que se le impide el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución, al no respetarle su elección en cuanto a la optatividad del medio de defensa respecto a la autoridad que debía conocer del mismo, con lo que se irroga agravio a la parte quejosa, ahora recurrente, pues ello denotaría un retardo en la impartición de justicia que ya no podría repararse.
"Luego, aun cuando no se esté en el supuesto de aplicación de normatividades distintas, o de un conflicto de competencia, lo cierto es que de no atender en este momento el estudio de legalidad de los actos reclamados, podría generar en la quejosa la consecuencia de retardar la impartición de justicia, en contravención a la expeditez con que debe administrarse.
"Sirve de orientación a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 55/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XVIII, septiembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es como sigue:
"‘AMPARO INDIRECTO, RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA.’
"Por tanto, debe estimarse que los actos reclamados en ese sentido, sí pueden generar una afectación superior o predominante al quejoso, dado que aun obteniendo resolución favorable, no se estaría en posibilidad de reparar el derecho sustantivo aludido que le otorga la Constitución Federal.
"En los términos expuestos, se pone de manifiesto que en la especie el acto impugnado no entraña en sí un conflicto de competencia, sino del reconocimiento o desconocimiento de una optatividad consagrada en la ley a favor de los gobernados y del acceso a la justicia, así que conlleva una afectación de los derechos sustantivos y no sólo la posible infracción de derechos adjetivos, por lo que la procedencia del amparo directo no es viable en la especie, dado que se insiste, los posibles perjuicios que se ocasionen, no podrían repararse en esa vía.
"Al caso, resulta aplicable la tesis número P. LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 9, Tomo XX, octubre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto (sic) es como sigue:
"‘ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’
"Lo anterior por la violación de lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, por el retardo en la resolución del juicio administrativo, lo que le genera la contravención de sus garantías individuales, como lo adujo la parte impetrante de garantías en su demanda.
"En esas condiciones, debe estimarse que la causa de improcedencia que invocó la autoridad federal para desestimar la demanda de amparo, no resultaba notoria e indudable, por lo que debió admitirse la demanda de amparo promovida y no desecharla de plano, pero al no haberse hecho así, causó agravio a la ahora recurrente.
"Sirve de orientación a lo antes expuesto, la tesis número 2a. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente:
"‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.’."
Por lo que respecta al amparo en revisión ********** del registro del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, se tiene lo siguiente:
********** promovió demanda de amparo indirecto, en la que señaló como acto reclamado el acuerdo dictado por el Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, en el que declaró que esa Sala era incompetente para conocer de la demanda de nulidad interpuesta por el actor quejoso y declinó esa competencia a favor del Juzgado Administrativo Municipal con sede en Salamanca, Guanajuato, al estimar que era en éste en quien recaía la competencia para allegarse en el conocimiento del asunto.
El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, al que correspondió conocer de la demanda de amparo indirecto, la registró con el número **********, y la desechó por improcedente, en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, al considerar que se actualizaba de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, ambos de la citada legislación, pues en opinión del Juez, el acuerdo reclamado no es un acto que conlleve una ejecución de imposible reparación, ya que por sí solo no vulnera de manera inmediata y directa algún derecho sustantivo de la parte quejosa, habida cuenta que no puede considerarse que tenga el carácter de definitivo.
Inconforme con tal desechamiento, el nombrado quejoso interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, quien lo registró con el número **********.
En su oportunidad, ese órgano jurisdiccional pronunció sentencia en la que ordenó revocar el auto desechatorio de demanda, emitido por el Juez de Distrito, a efecto de que proveyera de nueva cuenta lo conducente sobre la demanda de amparo presentada por **********.
Cabe señalar que las consideraciones en las que descansa la ejecutoria que ahora nos ocupa, son prácticamente las mismas que dan sustento a la emitida por el propio Tribunal Colegiado en el amparo en revisión **********, previamente transcrita. Por tal motivo, en obvio de innecesarias repeticiones, no se reproducen en este apartado las consideraciones que sustentan la ejecutoria ********** que ahora nos ocupa, en tanto que se insiste, son casi idénticas a las que plasmó el tribunal del conocimiento en la transcrita ejecutoria **********.
Por lo que respecta al amparo en revisión ********** del registro del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, se informa lo siguiente:
********** promovió demanda de amparo indirecto, en la que señaló como acto reclamado el acuerdo dictado por el Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, en el que declaró que esa Sala era incompetente para conocer de la demanda de nulidad promovida por aquél, y declinó esa competencia a favor del Juzgado Administrativo Municipal, con sede en Salamanca, Guanajuato, al estimar que era en éste en quien recaía la competencia para allegarse en el conocimiento del asunto.
El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, al que correspondió conocer de la demanda de amparo indirecto, la registró con el número **********, y la desechó por improcedente, en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, al considerar que se actualizaba de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, ambos de la citada legislación, pues en opinión del Juez, el acuerdo reclamado no es un acto que conlleve una ejecución de imposible reparación, ya que por sí solo no vulnera de manera inmediata y directa algún derecho sustantivo de la parte quejosa, habida cuenta que no puede considerarse que tenga el carácter de definitivo.
Inconforme con tal desechamiento, el quejoso ********** interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, quien lo registró con el número **********.
En su oportunidad, ese órgano jurisdiccional pronunció sentencia en la que ordenó revocar el auto desechatorio de demanda, emitido por el Juez de Distrito, a efecto de que proveyera de nueva cuenta lo conducente sobre la demanda de amparo presentada por **********.
Cabe señalar que las consideraciones en las que descansa la ejecutoria que ahora nos ocupa, son prácticamente las mismas que dan sustento a la emitida por el propio Tribunal Colegiado en el amparo en revisión **********, previamente transcrita. Por tal motivo, en obvio de innecesarias repeticiones, no se reproducen en este apartado las consideraciones que sustentan la ejecutoria ********** que ahora nos ocupa, en tanto que se insiste, son casi idénticas a las que plasmó el tribunal del conocimiento en la transcrita ejecutoria **********.
Por último, de las constancias que integran el amparo en revisión ********** del registro del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, se desprende lo siguiente:
********** promovieron demanda de amparo indirecto, en la que señalaron como acto reclamado el acuerdo dictado por el Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, en el que declaró que esa Sala era incompetente para conocer de la demanda de nulidad interpuesta por aquéllos y declinó esa competencia a favor del Juzgado Administrativo Municipal con sede en Irapuato, Guanajuato, al estimar que era en éste en quien recaía la competencia para allegarse en el conocimiento del asunto.
El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, al que correspondió conocer de la demanda de amparo indirecto, la registró con el número **********, y la desechó por improcedente, en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, al considerar que se actualizaba de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, ambos de la citada legislación, pues en opinión del Juez, el acuerdo reclamado no es un acto que conlleve una ejecución de imposible reparación, ya que por sí solo no vulnera de manera inmediata y directa algún derecho sustantivo de la parte quejosa, habida cuenta que no puede considerarse que tenga el carácter de definitivo.
Inconforme con tal desechamiento, los nombrados quejosos interpusieron recurso de revisión, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, quien lo registró con el número **********.
En su oportunidad, ese órgano jurisdiccional pronunció sentencia en la que ordenó revocar el auto desechatorio de demanda, emitido por el Juez de Distrito, a efecto de que proveyera de nueva cuenta lo conducente sobre la demanda de amparo presentada por **********.
De la misma manera, es importante indicar que las consideraciones en las que descansa la ejecutoria que ahora nos ocupa, son prácticamente las mismas que dan sustento a la emitida por el propio Tribunal Colegiado en el amparo en revisión **********, previamente transcrita. Por tal motivo, en obvio de innecesarias repeticiones, no se reproducen en este apartado las consideraciones que sustentan la ejecutoria ********** que nos ocupa, en tanto que se insiste, son casi idénticas a las que plasmó el tribunal del conocimiento en la transcrita ejecutoria **********.
Por otra parte, de las constancias que integran el diverso amparo en revisión administrativo **********, del registro del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, se desprenden los siguientes antecedentes.
********** interpuso demanda de amparo indirecto en la que señaló como acto reclamado el acuerdo emitido por el Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato en el que declaró que esa Sala era incompetente para conocer de la demanda de nulidad interpuesta por aquél; y declinó esa competencia a favor del Juzgado Administrativo Municipal con sede en Salamanca, Guanajuato, al estimar que era en éste en quien recaía la competencia para conocer de la demanda de nulidad.
El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, a quien correspondió conocer de la demanda la registró con el número **********, la desechó por improcedente, en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, al considerar que se actualizaba de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, ambos de la citada legislación, pues el acuerdo reclamado no es un acto que conlleve una ejecución de imposible reparación, ya que por sí solo no vulnera de manera inmediata y directa algún derecho sustantivo de la parte quejosa, habida cuenta que no puede considerarse que tenga el carácter de definitivo.
Inconforme con tal desechamiento, el quejoso ********** interpuso recurso de revisión del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, quien lo registró con el número **********.
En su oportunidad ese cuerpo colegiado pronunció sentencia en la que confirmó el acuerdo dictado por el Juez de Distrito, a través del cual desechó la demanda de amparo indirecto promovida por **********.
Lo anterior se sustentó en las siguientes consideraciones:
"CUARTO. En síntesis, el auto recurrido se sustenta en las consideraciones siguientes:
"El Juez de Distrito adujo que, de conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, previo a admitir la demanda de garantías debe examinarse en su integridad a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
"Precisó que el acto reclamado se hizo consistir en la resolución emitida por el Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, dentro de la promoción de la nulidad ‘sin número’, mediante la cual se declaró incompetente para conocer del proceso administrativo y se ordenó su remisión al Juzgado Municipal de Salamanca, Guanajuato, al estimar que ese órgano era al que le correspondía la competencia.
"Agregó que el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone la procedencia del juicio en la vía biinstancial contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.
"Que el criterio de irreparabilidad sustentado originalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, implica que en cada caso debe analizarse si los efectos que produce el acto reclamado pueden subsanarse al obtener sentencia o resolución definitiva favorable; que los actos de imposible reparación son aquellos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, los que no se reparan al obtener sentencia favorable.
"Citó, en relación a la noción de irreparabilidad de los actos dentro del juicio, la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala del Alto Tribunal, de rubro: ‘EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B) CONSTITUCIONAL.’
"Precisó que recientes reflexiones condujeron al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a abandonar parcialmente el criterio que definía de manera absoluta a los actos dentro del juicio con ejecución irreparable, para considerar también de manera excepcional, tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales; que tales violaciones pueden ser impugnadas en juicio de amparo indirecto, cuando la afectación a las partes sea en grado predominante o superior, definiendo además que esa afectación exorbitante debe determinarse de manera objetiva, teniendo en cuenta la institución procesal relativa y la trascendencia de la violación. En apoyo a lo anterior, anotó la jurisprudencia de rubro: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’
"Arguyó que el acto reclamado no es uno que tenga una ejecución de imposible reparación, pues éste se traduce en una declaración de incompetencia del tribunal ante quien se planteó la controversia, con la consabida remisión al Juzgado Administrativo Municipal de Salamanca, Guanajuato, órgano de quien estimó que recae su competencia; afirmó que ese acto en modo alguno es susceptible de afectar algún derecho fundamental, además de que no puede considerarse que tenga el carácter de definitivo.
"En esa virtud, consideró incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario y, por ende, procedía desechar la demanda promovida por el quejoso.
"Sustentó esa determinación, en la jurisprudencia de la extinta Cuarta Sala del Máximo Tribunal de Justicia, de rubro: ‘INCOMPETENCIA, DECLARACIÓN DE. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO.’
"QUINTO. Los agravios esgrimidos por el recurrente son los siguientes: ...
"SEXTO. Los agravios son infundados.
"El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, dispone lo siguiente:
"‘Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:
"‘...
"‘IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; ...’
"De lo transcrito se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados en el juicio, siempre y cuando sean de imposible reparación.
"Respecto al concepto de ‘imposible reparación’ cabe realizar las siguientes consideraciones.
"El alcance del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indica la procedencia del amparo indirecto ‘Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ...’, consiste en que los actos procesales tienen esa característica, siempre que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24281-eb6e51ca/juicio-de-amparo-indirecto-es-improcedente-contra-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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