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Modo: Corpus Pro

RENUNCIA O CONVENIO FINIQUITO FIRMADO BAJO COACCIÓN O ENGAÑO. CORRESPONDE AL TRABAJADOR ACREDITAR LOS HECHOS EN QUE LO SUSTENTA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 1262/2012. · Registro digital (IUS): 24290
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: LUIS ENRIQUE TORRES SALAZAR.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Pág. 1780.

AMPARO DIRECTO 1262/2012. LUIS ENRIQUE TORRES SALAZAR. 22 DE NOVIEMBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: CAROLINA PICHARDO BLAKE. SECRETARIA: NORMA NELIA FIGUEROA SALMORÁN.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-El estudio del único concepto de violación que formula el quejoso, conduce a determinar lo siguiente:

Aduce en esencia el impetrante de amparo que la responsable viola en su perjuicio las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que no tomó en consideración que la renuncia de treinta y uno de agosto de dos mil ocho carece de valor probatorio alguno, por haber sido obligado a firmar en contra de su voluntad y que la misma no fue exhibida en original, sino en copia certificada, por lo que no tiene valor alguno.

Asimismo, agrega que las actividades que realizaba eran de índole administrativo, y que carecía de poder de decisión, por lo que era trabajador de base y no de confianza como lo adujo la demandada.

Los argumentos antes sintetizados, son infundados.

Ello es así, en virtud de que el actor reclamó como acción principal la reinstalación en el puesto que venía desempeñando, porque fue objeto de un despido injustificado, ya que su jefe inmediato le informó de manera verbal el día veintinueve de agosto de dos mil ocho, que su último día de trabajo sería el treinta y uno de ese mes y año; asimismo, reclamó la basificación del puesto que venía ocupando, porque afirma tenía asignadas funciones administrativas, propias de un trabajador de base, puesto en el que tenía un año y diez meses de antigüedad.

Por su parte, la demandada negó acción y derecho al actor, y afirmó que éste renunció mediante carta renuncia de treinta y uno de agosto de dos mil ocho, y que en esa misma fecha le fueron cubiertas todas las prestaciones a que tuvo derecho; además, se excepcionó en el sentido de que era trabajador de confianza.

Para acreditar lo anterior ofreció, entre otras pruebas: copia certificada de su nombramiento, del escrito de renuncia de treinta y uno de agosto de dos mil, así como el respectivo recibo finiquito y cheque de póliza de veinticuatro de octubre de dos mil ocho, en el que consta la cantidad que se le cubrió por las prestaciones a que tuvo derecho con motivo de su renuncia, ofreciendo como medio de perfeccionamiento para el caso de ser objetado, su cotejo con el original, y la confesional a cargo del actor.(1)

Al respecto, la Sala responsable determinó, que como la delegación demandada, si bien acreditó que el actor se desempeñó como jefe de unidad departamental "A", pero no había probado sus actividades, y que la sola denominación del puesto no era suficiente para considerarlo como de confianza, debía entonces considerarse como trabajador de base; sin embargo, del contenido del escrito de renuncia de treinta y uno de agosto de dos mil ocho, que si bien había sido ofrecido en copia certificada, pero que adminiculado con el desahogo de la prueba confesional a cargo del actor, en audiencia de veintinueve de octubre de dos mil nueve, de la que se desprendía que éste reconoció la firma y contenido del escrito de renuncia de treinta y uno de agosto de dos mil ocho, al puesto de jefe de unidad departamental "A", que venía desempeñando, adscrito a la jefatura delegacional de la Delegación Magdalena Contreras, y que tiene conocimiento que su relación laboral feneció el treinta y uno de agosto de dos mil ocho, por haber renunciado y que si bien manifestó que fue obligado a hacerlo, pero al no haber demostrado la coacción que alegó, la Sala concluyó que fue legal la aludida renuncia y surtió sus efectos legales.

Dicha determinación de la responsable es conforme a derecho.

Se afirma lo anterior, habida cuenta que del desahogo de la prueba confesional a cargo del actor, se desprende que contestó afirmativamente a las posiciones que bajo los incisos 7, 8, 9 y 12, se le formularon en los siguientes términos:

"... 7. Que usted presentó por escrito su renuncia ante la demandada Delegación Magdalena Conteras, el día 31 de agosto del año 2008 ante la jefatura delegacional. 8. Que usted manifestó en su escrito de fecha 31 de agosto del año 2008, que presentaba su renuncia de manera irrevocable al cargo de jefe de la unidad departamental, que venía desempeñando a partir de la fecha, siendo ésta su voluntad física y moral. 9. Que usted quedó separado en forma definitiva del nombramiento de puesto de confianza denominado jefe de unidad departamental ‘A’, por renuncia al empleo, el treinta y uno de agosto de dos mil ocho ... 12. Que usted tiene conocimiento que su relación laboral con la demandada Delegación Magdalena Contreras feneció el día treinta y uno de agosto de dos mil ocho, por renuncia al empleo por parte del absolvente ..." (fojas 178 y 179 del expediente laboral).

A lo que contestó:

"... 7. Sí aclarando que la renuncia que se presentó se realizó mediante presiones de la demandada ya que el día 30 de octubre de 2006, día en que realizaron el primer pago de mi sueldo, condicionaron la entrega de éste contra la firma de la renuncia citada, la cual en ese momento no poseía fecha ni cargo alguno haciéndose énfasis de que esos espacios estaban en blanco." (foja 181 del expediente laboral).

Y en los mismos términos contestó las otras posiciones.

De lo antes expuesto, se advierte que el actor, ahora quejoso, confesó expresamente que, contra su voluntad, con engaños y presionado por las circunstancias, tuvo que firmar el escrito de renuncia, el que no contenía fecha ni cargo al momento en que estampó su firma.

Precisado lo anterior, en el caso debe tenerse por cierto que el actor presentó su escrito de renuncia el treinta y uno de agosto de dos mil ocho, y que la coacción para firmar dicho escrito, le corresponde probar a quien aduce haber sido objeto de ella.

En este orden de ideas, debe destacarse que como el actor, al reconocer que renunció el treinta y uno de agosto de dos mil ocho, pero que lo realizó mediante presiones de la demandada, ya que el día treinta de octubre de dos mil seis, día en que realizaron el primer pago de su sueldo, condicionaron la entrega de éste contra la firma de la renuncia citada, y atendiendo a las definiciones de coacción que proporciona la Real Academia Española en el Diccionario de la Lengua Española, en su vigésima segunda edición, el término "coacción" se define como: "fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo", de ahí que, coacción se refiere que se utiliza la violencia para obtener algo, y que en el presente caso es la renuncia del trabajador; lo que le impone la obligación de demostrar que la renuncia aportada a juicio fue obtenida a través de la coacción.

En efecto, la Sala correctamente determinó que a la parte actora correspondía demostrar que lo habían obligado a renunciar; decisión que se apoya en el criterio de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia que aparece publicada con el número 506, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen 1, página 414, que dice:

"RENUNCIA. NEGATIVA DE LA COACCIÓN PARA OBTENERLA. CARGA DE LA PRUEBA.-Al trabajador que afirme que lo obligaron mediante coacciones a presentar su renuncia al trabajo que desempeñaba, corresponde demostrar tal aseveración, si es negada por su contraparte."

Así como la tesis de este órgano colegiado, identificada con el registro I.6o.T.288 L, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 2098, que tiene el siguiente contenido:

"RENUNCIA BAJO COACCIÓN O ENGAÑO. CORRESPONDE AL TRABAJADOR ACREDITAR LOS HECHOS EN QUE LA SUSTENTA.-Cuando el trabajador manifiesta que firmó la renuncia al trabajo mediante coacción o engaño, bajo la promesa de que lo liquidarían al cien por ciento de las prestaciones que percibía, a él corresponde demostrar tales circunstancias, siendo insuficiente para acreditar lo aseverado las documentales en las que aparece que fue separado por reajuste de personal o reestructuración, en virtud de que con ellas no se acredita plenamente el hecho en el que se sustentó el engaño para obtener la renuncia."

Por tanto, al trabajador le correspondía acreditar que la renuncia se obtuvo mediante coacción; sin embargo, de las pruebas aportadas en el juicio laboral, no se desprende alguna con la que se demostrasen las referidas presiones a las que estuvo sujeto para firmar el escrito de renuncia, pues no se ofreció ninguna prueba para probar la aludida coacción.

Consecuentemente, debe establecerse que resultan ineficaces los señalamientos que formula el actor, hoy quejoso, por medio de los cuales pretende que se le reste valor probatorio al escrito de renuncia que exhibió el demandado, por haberse presentado en copia certificada; sin embargo, como ya se precisó con antelación, del desahogo de la prueba confesional ofrecida a cargo del accionante, se desprende que éste sí reconoció que renunció el treinta y uno de agosto de dos mil ocho, aunque haya referido que lo hizo presionado por el demandado, lo cual no probó; de ahí que las objeciones que realiza con la intención de restar valor a la renuncia de mérito resultan intrascendentes, habida cuenta que no acreditó que dicho escrito de renuncia haya sido elaborado contra su voluntad, con engaños y presionado por las circunstancias, esto es, que se obtuvo mediante coacción; pues lo cierto, es que el quejoso no ofreció ninguna prueba con la que acreditara la coacción por la que se obtuvo su renuncia, ya que si el trabajador afirma que fue contra su voluntad, ello implica que le corresponde demostrar tal aseveración, si es negada por su contraparte.

En virtud de lo expuesto, se concluye que no existen suficientes elementos para presumir que el actor fue coaccionado para firmar su escrito de renuncia el día treinta y uno de agosto de dos mil ocho; por lo que, al haberlo considerado así la responsable, esto es, que se acreditó que el actor renunció voluntariamente el día treinta y uno de agosto de dos mil ocho, es evidente que el laudo reclamado no es violatorio de las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia sustentada por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 37, Tomo XLV, Quinta Parte del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, del tenor literal siguiente:

"RENUNCIA POR COACCIÓN, NECESIDAD DE PROBAR LA.-Al no haber demostrado el quejoso que se ejerció violencia para hacerle firmar su renuncia al puesto que reclamó y para declarar haber recibido el importe total de los salarios caídos que le correspondían, es indiscutible que careció de elementos para llegar a una conclusión favorable."

Así como lo sustentado por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 574, Tomo CXXXI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro y texto siguientes:

"RENUNCIA DEL TRABAJADOR, VALOR DE LA.-El hecho de que el trabajador demandante en el juicio laboral no demuestre que la renuncia la hubiese firmado obligado por coacción moral o amenazas, es evidente que tiene plena validez, aunque no reconozca el contenido de la misma el firmante, si la Junta, dentro de sus facultades, le concede valor probatorio, no constituyendo esto último violación legal, por no haberse acreditado la falsedad de dicha renuncia."

De lo antes expuesto, puede válidamente concluirse, que fue correcto que la responsable absolviera del pago de las prestaciones principales reclamadas por el quejoso al demandado, pues quedó demostrado que renunció el treinta y uno de agosto de dos mil ocho y, por tanto, el laudo no fue violatorio de garantías.

Además, cabe precisar que el vocablo "renuncia" del trabajador a seguir prestando sus servicios, es una forma de terminación de la relación laboral, al ser un acto unilateral del trabajador que por sí solo surte efectos, con fundamento en el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En razón de lo expuesto, debe concluirse que la renuncia a seguir prestando servicios representa, simplemente, el libre ejercicio del derecho del trabajador a hacerlo, ya que la renuncia a seguir prestando servicios representa el libre ejercicio de un derecho del trabajador y es un acto unilateral que por sí solo surte efectos, produciendo la terminación de la relación laboral. Dicha renuncia sea oral o por escrito no necesita del cumplimiento de posteriores formalidades o requisitos y, por lo mismo, para su validez no requiere de ratificación ni de aprobación ni del patrón ni de la autoridad laboral.

Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia número 508, sustentada por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 415 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, Jurisprudencia SCJN, del tenor siguiente:

"RENUNCIA VERBAL. VALIDEZ LEGAL DE LA.-La renuncia a seguir prestando servicios representa el libre ejercicio de un derecho del trabajador y es un acto unilateral que por sí sólo surte efectos, produciendo la terminación de la relación laboral. Dicha renuncia sea oral o por escrito no necesita del cumplimiento de posteriores formalidades o requisitos y, por lo mismo, para su validez no requiere de ratificación ni de aprobación por la autoridad laboral, puesto que no constituye un convenio de aquellos a los que alude el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo."

Consecuentemente, la renuncia de un trabajador a seguir prestando sus servicios, resultante del libre ejercicio de un derecho constitucional, produce la terminación del vínculo contractual laboral, por lo que si se prueba tal decisión del actor, y en esa misma fecha es aceptada por el patrón, es evidente que se configura la cesación de los efectos del nombramiento del actor, sin ninguna responsabilidad para el patrón, en términos de lo establecido en el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; de ahí que lo que alega no se justifica.

En esa tesitura, al resultar infundados los conceptos de violación, sin que exista deficiencia de la queja que suplir, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada.

Por lo expuesto y fundado y, con apoyo, además, en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 46, 158, 188 y 190 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis Enrique Torres Salazar, contra el laudo dictado por la Cuarta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el veintiséis de marzo de dos mil doce, dentro del juicio laboral número 5947/08, seguido por el quejoso en contra de la Delegación Magdalena Contreras y otro.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, integrado por los Magistrados: presidente, Genaro Rivera, Carolina Pichardo Blake y Marco Antonio Bello Sánchez, siendo relatora la segunda de los nombrados.

_______________

1. Fojas 70 y 71 del expediente laboral.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24290-441f4852/renuncia-o-convenio-finiquito-firmado-bajo-coaccion-o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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