SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE JALISCO. SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NO TIENE FACULTAD PARA AUTORIZAR AL DIRECTOR GENERAL PARA QUE ÉSTE DELEGUE PODERES DE REPRESENTACIÓN EN FAVOR DE TERCEROS. SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE JALISCO. SU DIRECTOR GENERAL CARECE DE FACULTADES PARA DELEGAR SU PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS A FAVOR DE TERCEROS.
AMPARO EN REVISIÓN 11/2012. 23 DE NOVIEMBRE DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ARMANDO ERNESTO PÉREZ HURTADO. PONENTE: JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ ARIAS. SECRETARIO: JUAN CARLOS LÓPEZ SANTILLANES.
CONSIDERANDO:
SEXTO. En virtud de lo anterior y en atención a lo previsto en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, se continúa con el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso y omitidos por el Juez Federal, aclarando que, por tratarse del trabajador, se procederá supliendo en todo momento la deficiencia de la queja.
Dicho criterio jurídico se encuentra contenido en la jurisprudencia con número de registro IUS: 200727,(1) cuyos rubro y texto dicen:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La Jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATÁNDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA.’, establece que para la operancia de la suplencia de la queja en materia laboral a favor del trabajador es necesario que se expresen conceptos de violación o agravios deficientes en relación con el tema del asunto a tratar, criterio que responde a una interpretación rigurosamente literal del artículo 76 bis de la Ley de Amparo para negar al amparo promovido por el trabajador el mismo tratamiento que la norma establece para el amparo penal, a través de comparar palabra a palabra la redacción de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la evolución legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garantías lleva a concluir que la diversa redacción de una y otra fracciones obedeció sencillamente a una cuestión de técnica jurídica para recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia reiterada tratándose del reo, lo que no se hizo en otras materias quizá por no existir una jurisprudencia tan clara y reiterada como aquélla, pero de ello no se sigue que la intención del legislador haya sido la de establecer principios diferentes para uno y otro caso. Por ello, se estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, considerando no sólo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino también su posición debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones."
Los conceptos de violación resultan fundados según se pondrá de manifiesto enseguida, analizándolos de manera conjunta por combatir, en esencia, la misma cuestión.
En primer término, el quejoso sostiene que el consejo de administración del tercero perjudicado no está legitimado para delegar al director general del **********, la facultad de otorgar poderes suficientes para la representación legal de dicho organismo público descentralizado a un tercero indeterminado.
Quien se ostentó como apoderado de la parte demandada en el proceso laboral de origen, presentó para acreditar su legitimación, carta poder firmada por dos testigos expedida por el director del organismo demandado, además, copia certificada de la escritura pública **********, pasada ante la fe del licenciado **********, notario público número ********** de **********, Jalisco.
La escritura exhibida por quien en el proceso laboral de origen se ostentó como apoderado del **********, refiere como facultades del mencionado consejo, las que se describen en la cláusula décima del Convenio de Asociación Intermunicipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales, a través del organismo público descentralizado intermunicipal denominado ********** (**********), que celebraron los Municipios de Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque, misma que refiere lo siguiente:
"Décima. El consejo de administración tendrá las siguientes atribuciones: I. Formular, justificar y autorizar su presupuesto de egresos; II. Proponer a los Ayuntamientos que integran el organismo, antes del 15 de julio de cada año, las tarifas y lineamientos para el cobro de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales, así como la determinación individualizada del costo de los servicios, en los términos de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, a fin de que éstos los sometan para su aprobación definitiva al Congreso del Estado; III. Determinar los casos en que los servicios deban de cobrarse a cuota fija o a base de medidor o bien, calcularse por medio de la estimación presuntiva, de conformidad con la legislación aplicable; IV. Nombrar y remover al director general del organismo; V. La creación, asignación y redistribución de facultades administrativas de las gerencias, los departamentos o dependencias, que sean convenientes para la realización de los objetivos del organismo; VI. Formular, aprobar y modificar en su caso, el reglamento interior de trabajo y los que fueren necesarios para el funcionamiento del organismo; VII. Formular, aprobar y modificar, en su caso, los sistemas de recaudación y manejo de los fondos derivados del organismo, de acuerdo con las tarifas y presupuestos relativos, llevando la contabilidad correspondiente, a través de las dependencias que al efecto se autoricen; VIII. Celebrar mensualmente como mínimo, una sesión ordinaria y las extraordinarias que solicite cualquier miembro del consejo de administración del organismo y tomar los acuerdos que correspondan. Los miembros del consejo, tendrán derecho a incluir en la orden del día los asuntos que estimen convenientes; IX. Vigilar que los bienes propiedad del organismo se encuentren debidamente inventariados a través de la gerencia administrativa; X. Ejercer la vigilancia general que los servicios demanden y tomar las medidas necesarias, para su conservación y reparación, resolviendo lo relativo a sus mejoras y ampliaciones; XI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y su reglamento, por parte de los usuarios de los servicios, a través de su director general y las dependencias correspondientes; XII. Administrar los bienes y negocios del organismo con plenas facultades de gestión, representación y dominio, salvo que el patrimonio inmobiliario no podrá ser enajenado, sino con autorización previa de los Ayuntamientos que lo integran; concertar las bases para la contratación de créditos financieros y suscribir, por conducto de su director general, los contratos, títulos de crédito y demás documentos que se requieran, con la firma mancomunada del titular o encargado de la dependencia correspondiente; y XIII. Proponer a los Ayuntamientos involucrados, de conformidad con los ordenamientos legales respectivos, las sanciones a que se hagan acreedores los usuarios por la ilícita utilización de los servicios que preste el organismo o por conexiones sin licencia a los mismos. Para preparar las propuestas de tarifas que corresponde efectuar al consejo de administración y revisar la aplicación de las mismas, se establecerá un consejo consultivo tarifario integrado por representantes de los propios Ayuntamientos que integran el organismo. Las atribuciones del consejo de administración señaladas en las fracciones III y VII requerirán previa consulta a los Ayuntamientos que integren al Ayuntamiento. Los Municipios que formen parte del organismo, por conducto de sus Ayuntamientos podrán establecer políticas tendientes a beneficiar a ciertos sectores de la población, ya sea subsidiando las tarifas a pagar, en la cancelación de adeudos o de accesorios fiscales, las cuales se propondrán al consejo de administración, para que de aprobarlas beneficien a los usuarios del sistema. De no aprobarse por el consejo, dichas políticas sólo tendrán aplicación en el Municipio que las haya propuesto y aprobado por su órgano de gobierno. En ambos casos, en función de los costos que implique la aplicación de las políticas fiscales, los Municipios de que se trate, por los montos que deje de percibir el organismo derivados de beneficios otorgados a usuarios de los servicios de su circunscripción territorial, cubrirán al organismo una cantidad equivalente a aquella que resulte de la aplicación del beneficio o subsidio, salvo que se trate de la aplicación de una política general de reducciones en los accesorios fiscales (multas o gastos de ejecución) que acuerde el consejo."
De la lectura de la transcripción anterior, no se advierte que entre las facultades del consejo de administración del **********, estén la de otorgar poderes en favor del director de dicha institución, para que éste, a su vez, los delegue en terceras personas, lo que torna inidónea la escritura pública en mención para el efecto de otorgar la representación del compareciente ante la autoridad responsable, ya que si el consejo de administración no tiene facultades para delegar la sustitución de poderes, entonces la carta poder signada por el director general no es legítima porque quien lo facultó para ello no era el órgano o la persona idónea para el efecto.
Para resolver el punto jurídico, se hace necesario analizar a detalle el contenido del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, que señala una serie de requisitos que se deben cumplir para que los poderes otorgados por las partes en el proceso laboral sean válidos.
Así, a efecto de dejar en claro que el requisito consistente en la comprobación de los estatutos sociales que otorgan facultades al órgano que acordó el otorgamiento del poder, es exigible únicamente cuando el otorgante es una persona moral, se hace necesario reproducir el mencionado artículo 692 de la ley de la materia, que a la letra dice:
"Artículo 692. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado.
"Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas:
"I. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la Junta;
"II. Cuando el apoderado actúe como representante legal de persona moral, deberá exhibir el testimonio notarial respectivo que así lo acredite;
"III. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello; y
"IV. Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación que les extienda la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de haber quedado registrada la directiva del sindicato."
(Lo subrayado es propio)
Del precepto anterior, en su fracción III, se advierte como requisito de las cartas poder otorgadas por personas morales, que las facultades para otorgarlas de quien las suscribe, deben comprobarse.
En el presente caso, del análisis realizado a la escritura pública con la que compareció al juicio laboral quien se ostentó como apoderado de la recurrente, no se advierte que en el texto de la misma se encuentre inserta la facultad que tiene el consejo de administración del **********, para delegar en el director general de dicha institución la facultad de otorgar poderes a terceras personas.
En razón de lo anterior, ante tal defecto del instrumento notarial referido, no existe certeza que la persona que se ostenta como apoderado legal de la hoy recurrente en el proceso de origen, tiene capacidad para ello, en virtud de que no se demostró que la persona que le otorgó la carta poder tuviese facultades para ello, por el motivo que quien a su vez facultó al director general, no se desprende del instrumento notarial referido que tenía facultades para ello.
Así pues, en el entendido que la representación en el proceso laboral debe demostrarse de manera fehaciente de conformidad con el artículo 692, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, luego entonces, no puede considerarse al compareciente como apoderado de la demandada en el proceso laboral de origen.
No escapa al análisis de este Tribunal Colegiado el Convenio de Asociación Intermunicipal para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales, por el cual se modificaron las atribuciones y organización interna del **********,(2) publicado en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el seis de junio de dos mil dos, que por estar publicado en el referido órgano de difusión oficial, es un documento del dominio público, y del mismo tampoco se advierte que el consejo de administración de dicho organismo público descentralizado tenga capacidad para delegar en el director general del mismo, la facultad de designar apoderados.
En tal sentido, se insiste que no puede reconocerse el carácter de apoderado de la patronal, a la persona que acudió con ese carácter en el proceso laboral de origen.
A mayor abundamiento, tampoco pasa desapercibida para este órgano colegiado la cláusula décimo tercera, fracciones I y II, del referido convenio intermunicipal, la cual establece como atribución y obligación del director general del hoy recurrente lo siguiente:
"Décimo tercera. El director general del organismo será el ejecutor de los acuerdos del consejo y el superior jerárquico de todas las dependencias. Será atribución del director general nombrar a los gerentes, superintendentes, jefes y subjefes de departamento, oficinas y secciones, auditores, contadores y ayudantes, y demás personal; y tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones:
"I. Ejecutar los acuerdos del consejo;
"II. Representar al organismo como apoderado general para pleitos y cobranzas y para actos de administración, con todas las facultades generales y las que requieran cláusula especial de acuerdo con la ley; sin perjuicio de que se otorguen otros poderes, cuando lo determine el consejo de administración. Ejercerá las facultades de dominio en representación del consejo, salvo en el caso de la excepción contenida en el artículo 6, fracción XI."
Empero, se dice que lo anterior no es suficiente para que el director general pudiera delegar el poder con que cuenta en diversa persona, ya que, para ello, debe contarse con facultades expresas para ese efecto y no inferirse de interpretaciones, ya que el hecho que se diga que es quien ejecuta los acuerdos del consejo y que funge como apoderado con todas la facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley para que se entienda conferido sin limitación alguna, ya que esta circunstancia debe entenderse circunscrita al ámbito de las facultades relacionadas exclusivamente con pleitos y cobranzas, ya que la referida fracción III del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que la autorización de la persona que otorga el poder debe ser legal, lo que debe entenderse como explícito.
Sustenta lo anterior, la jurisprudencia aplicable por identidad jurídica sustancial de criterio, con número de registro IUS 183234,(3) cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:
"PERSONALIDAD. EL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS REQUIERE CLÁUSULA ESPECIAL PARA DELEGARLO. Del texto de los artículos 2554 y 2587 del Código Civil para el Distrito Federal, que comúnmente se invoca en el poder general para pleitos y cobranzas, no se desprende la facultad de que el apoderado lo puede delegar, a pesar de que en el párrafo primero del precepto legal citado inicialmente se establezca que en tal poder bastará que se diga que se otorga con todas la facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley para que se entienda conferido sin limitación alguna, ya que esta circunstancia debe entenderse circunscrita al ámbito de las facultades relacionadas exclusivamente con pleitos y cobranzas. Lo anterior se corrobora conforme a lo que dispone el artículo 2574 de la referida codificación civil, por cuanto que el mandatario puede encomendar a un tercero el desempeño de un mandato si tiene facultades expresas para ello; así como con lo que establece el artículo 692, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, esto es, que cuando el compareciente a juicio actúe como apoderado de persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello."
Asimismo, de las cláusulas sexta; décima, fracciones IV y V; y, décima primera, del referido convenio de Asociación Intermunicipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales, tampoco se advierten facultades para que el consejo de administración del citado organismo, pueda autorizar a su director general que delegue poderes en favor de terceros.
De dichas cláusulas, su texto es el siguiente:
"Sexta. La administración del organismo estará a cargo de un consejo de administración, de un director general designado por el propio consejo y las dependencias que se estimen convenientes para cumplir sus objetivos. El consejo de administración se integrará por:
"I. Un presidente; que será designado de entre los miembros de consejo;
"II. Un secretario; designado por el consejo;
"III. El director general del organismo;
"IV. Dos representantes por cada Ayuntamiento de los que suscriben el presente convenio; y
"V. Tres representantes del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.
"El consejo de administración, podrá invitar a participar a sus sesiones a funcionarios del gobierno estatal relacionados con el cumplimiento de sus funciones, así como a expertos en la materia, quienes tendrán únicamente derecho de voz."
"Décima. El consejo de administración tendrá las siguientes atribuciones:
"...
"IV. Nombrar y remover al director general del organismo;
"V. La creación, asignación y redistribución de facultades administrativas de las gerencias, los departamentos o dependencias, que sean convenientes para la realización de los objetivos del organismo.
"Décima primera. Son facultades del presidente del consejo de administración:
"I. Presidir las sesiones del consejo;
"II. Convocar al consejo a sesiones; y
"III. Autorizar con su firma las actas del consejo."
De la cláusula sexta se desprenden quiénes serán los administradores del citado organismo, pero de ninguna forma se advierte que de ella emane dicha facultad, ya que la misma dispone que será administrado por un consejo de administración y por su director general, mas no expresa que alguno de ellos pueda legítimamente realizar la función de referencia.
La cláusula décima, en sus fracciones IV y V, prevé las facultades del consejo de administración de nombrar y remover al director general y de crear, asignar y redistribuir las facultades administrativas de las gerencias, los departamentos o dependencias, que sean convenientes para la realización de los objetivos del organismo; sin embargo, ello no implica la facultad de autorizar al director general la delegación de poderes porque las facultades que prevé se entiende que son para la cuestión orgánica del organismo a fin de realizar las funciones sustantivas para las que fue creado, no así, cuestiones de representación hacia el exterior del mismo, mucho menos la legitimación para litigar en su nombre.
De lo descrito en el párrafo anterior, se entiende que las facultades de administración otorgadas al referido consejo de administración, relativas a la creación, asignación y redistribución de facultades administrativas, son para ser ejercidas hacia el interior del organismo a fin de cumplimentar los objetivos para los que fue creado, que es la prestación de los servicios relacionados con el agua potable, alcantarillado y disposición y tratamiento de aguas residuales y, en razón que dicho organismo no fue creado con el objetivo de otorgar poderes para litigios, entonces dicha facultad no debe interpretarse en el sentido que dicho consejo puede autorizar a su director general la delegación de poderes en favor de terceros.
Tampoco la cláusula décimo primera se infiere la facultad de dicho consejo de administración para autorizar la delegación de poderes, ya que la misma se refiere a las facultades del presidente del consejo de administración, sin que se desprenda de alguna de ellas que por su conducto el consejo de administración pudiese autorizar a su director general la delegación de poderes en favor de terceros.
Por último, del análisis en conjunto de las facultades enumeradas en las cláusulas de dicho convenio que se han analizado en la presente resolución, no se desprende que expresamente se encuentre facultado el consejo de administración a autorizar a su director general la delegación de poderes en favor de terceros, ya que ni siquiera entrelazando unas con otras se puede arribar a dicha conclusión por el motivo que, tal como se refirió anteriormente, la facultad en mención debe contenerse expresamente en favor de la persona que la va a ejercer, máxime que en el presente caso, el referido consejo actúa en representación del organismo, y como su representante, sus facultades se encuentran limitadas a las que le han sido otorgadas mediante los instrumentos jurídicos analizados, de ahí que el concepto de violación en estudio se considere fundado.
En consecuencia, resulta procedente conceder el amparo impetrado, a fin de que la autoridad responsable deje insubsistente la interlocutoria combatida y dicte otra, con plenitud de jurisdicción, en la que tome en consideración que el consejo de administración del **********, carece de legitimación para delegar en el director general de éste, la facultad de otorgar poder general para pleitos y cobranzas a terceras personas y, por tanto, dicho director carece de facultades para nombrar apoderados en juicios laborales.
Al haber resultado fundados y suficientes los conceptos de violación analizados de manera conjunta en este considerando, es innecesario abordar el estudio y decisión de los restantes que se desprenden del análisis integral de la demanda de garantías, relacionados con el fondo de la controversia, debido a que su análisis a nada práctico conduciría ante la concesión decretada.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte, identificada bajo el número 683, página 459, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguientes:
"CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO, HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS.-Cuando el amparo se va a conceder al considerarse fundado uno de los conceptos de violación, lo que va a traer como consecuencia que quede sin efecto la resolución que constituye el acto reclamado, es innecesario hacer el estudio de los demás conceptos de violación expresados por la quejosa y que tienden al fondo de la cuestión propuesta, porque los mismos serán objeto del estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de la ejecutoria, ya que de hacerlo la potestad federal, se sustituiría a la responsable, siendo que dicho análisis corresponde a la misma al haber reasumido jurisdicción."
En esa tesitura, ante lo fundado de los agravios en trato, lo procedente será confirmar la sentencia recurrida, por diversos motivos expuestos en la presente resolución.
Por todo lo anteriormente expuesto y, fundado y, con apoyo, además, en lo contemplado por los artículos 83, 85, 87, 91 y 192 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma por diversos motivos el fallo recurrido.
SEGUNDO.-La justicia de la unión ampara y protege a ********** contra el acto reclamado a la autoridad señalada en el resultando primero de esta sentencia, en virtud de los argumentos vertidos en el considerando sexto de ésta.
Notifíquese, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, devuélvanse los autos del juicio de amparo indirecto 1713/2012 al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido, el cual se clasifica como depurable, según lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 2/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
Así lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados José de Jesús López Arias y Miguel Lobato Martínez, con el voto en contra del Magistrado Armando Ernesto Pérez Hurtado, siendo presidente y ponente el primero de ellos.
En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. Jurisprudencia 2a./J. 39/95, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 333, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 1995, Novena Época.
2. Consultado en el localizador de recurso uniforme (url por sus siglas en inglés) www.periodicooficial.jalisco.gob.mx
3. Jurisprudencia I.1o.T. J/46, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, página 1258, Tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2003, Novena Época.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24297-8cc1ec81/sistema-intermunicipal-para-los-servicios-de-agua-potable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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