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Modo: Corpus Pro

VIOLACIONES PROCESALES. ESTÁN SUBORDINADAS AL ESTUDIO DE FONDO CUANDO ÉSTE REDUNDA EN MAYOR BENEFICIO PARA EL QUEJOSO, AUN CUANDO SEAN ADVERTIDAS EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE O SE HAGAN VALER VÍA CONCEPTOS DE VIOLACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 189 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 1444/2013 (CUADERNO AUXILIAR 254/2014) DEL ÍNDICE DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, CON APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CI · Registro digital (IUS): 25100
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-06-20
Promovente: FIDEL SALAZAR RODRÍGUEZ.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Pág. 1468.

AMPARO DIRECTO 1444/2013 (CUADERNO AUXILIAR 254/2014) DEL ÍNDICE DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, CON APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ. FIDEL SALAZAR RODRÍGUEZ. 3 DE ABRIL DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: SOFÍA VIRGEN AVENDAÑO. SECRETARIA: LORENA GARCÍA VASCO REBOLLEDO.

CONSIDERANDO:

QUINTO. No se transcribirán íntegramente las consideraciones que sustentan el acto reclamado, ni los conceptos de violación expresados en su contra pues, por una parte, no existe ninguna disposición legal que obligue a que obren formalmente en la sentencia, inclusive, el artículo 74 de la Ley de Amparo no dispone nada respecto de su transcripción siempre y cuando contenga su análisis sistemático; y, por otra parte, porque junto con esta resolución se ha entregado, a los Magistrados integrantes de este cuerpo colegiado y al secretario en funciones de Magistrado, copia certificada del acto reclamado, de los conceptos de violación y, en su caso, de los alegatos correspondientes como se acordó en sesión extraordinaria de veintitrés de septiembre de dos mil trece.

Sirve de apoyo a lo expuesto el criterio que este Tribunal Colegiado Auxiliar comparte, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en la tesis aislada publicada en la página 406, Tomo IX, abril de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que dice:

"ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y motivos que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, que obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal transcripción y, además, tal omisión en nada agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías."

También es aplicable al caso el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, publicada en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas Generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente hayan hecho valer."

SEXTO. Previamente al estudio de los conceptos de violación que expresó el apoderado del quejoso, es conveniente relatar las constancias que obran en el juicio laboral ********** que se tramitó y resolvió de conformidad con la anterior Ley Federal del Trabajo y la Junta responsable tomó en cuenta para dictar el acto reclamado.

Mediante escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil diez en la Oficialía de Partes de la Junta Especial Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ********** demandó al ********** con domicilio en el tercer piso del ********** en esa ciudad y le reclamó las prestaciones siguientes.

"a) El otorgamiento de mi pensión de vejez en términos de los artículos 138 de la Ley del Seguro Social de 1973 (mil novecientos setenta y tres), a la cual me acojo desde este momento a los beneficios de la misma, así como también acogiéndome al artículo 150 de la Ley del IMSS vigente, pero única y exclusivamente al beneficio de la conservación de derechos, por así convenir a los intereses del suscrito y porque la propia Constitución Política concede ese derecho.

"b) El otorgamiento de asistencia médica reclamando un 15% (quince) por ciento más de la pensión que reclamo en concepto de ayuda asistencial en términos del artículo 164, fracción IV, de la Ley del IMSS de 1973 (mil novecientos setenta y tres).

"c) El pago de los aguinaldos desde la fecha en que surgió mi derecho a la pensión de vejez y hasta que se dé cumplimiento al laudo dictado por esta autoridad, lo anterior, con fundamento en el artículo 167 de la Ley del IMSS de 1963 (mil novecientos sesenta y tres) (sic)."

El actor fundó sus pretensiones en los siguientes hechos:

"El suscrito con número de afiliación ********** he estado inscrito con diversos patrones con los que he estado laborando desde 1963 (mil novecientos sesenta y tres); por tal razón, tengo más de 670 (seiscientas setenta) semanas de cotización reconocidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, habiendo iniciado a laborar en julio de mil novecientos sesenta y tres con mi patrón la ********** hasta septiembre de mil novecientos setenta y seis. Ahora bien, debido a que cuento con los requisitos que establece la Ley del Seguro Social como son las semanas cotizadas, las cuales cuento en exceso, pues tengo más de 670 (seiscientas setenta) semanas cotizadas y a la fecha de hoy cuento con 68 (sesenta y ocho) años de edad, razón por la cual reclamo el pago de la pensión a que tengo derecho desde el día en que nació mi derecho, es decir, desde el veintitrés de marzo de dos mil siete, fecha en que cumplí los 65 (sesenta y cinco) años de edad y quedé privado de trabajo hasta la fecha en que se dicte el laudo correspondiente y que me sea otorgada mi pensión de vejez, requisitos éstos que, en su momento procesal oportuno acreditaré, reclamándose también el otorgamiento de asistencia médica, reclamando un 15% (quince) por ciento más de la pensión que reclamo en concepto de ayuda asistencial en términos del artículo 164, fracción IV, de la Ley del IMSS de 1973 (mil novecientos setenta y tres), así como los aguinaldos a partir de la fecha en que surgió el derecho de la pensión que se reclama hasta la fecha en que se cumplimente el laudo dictado por esta autoridad. Expresando que mi salario era de ********** diarios; lo anterior, para los efectos a que haya lugar ..." (foja 1).

En proveído de trece de diciembre de dos mil diez, los integrantes de la Junta Especial Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas radicaron el juicio laboral **********, señalaron hora y fecha para celebrar la audiencia de ley y ordenaron emplazar a juicio al instituto demandado (foja 2).

A las 9:00 (nueve) horas del veintisiete de mayo de dos mil once, se llevó a cabo la audiencia de ley en la cual se tuvo a la parte actora por inconforme con todo arreglo conciliatorio con base en que no compareció personalmente a la audiencia; enseguida, el actor ratificó su escrito inicial de demanda; por su parte, el instituto demandado exhibió y ratificó su escrito de contestación de demanda, ambos, por conducto de sus respectivos apoderados (fojas 21 y 22).

Enseguida, en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, el actor ********** ofreció y se le admitieron:

I) Las documentales consistentes en:

a) Acta de nacimiento expedida por la oficial del Registro Civil de Ciudad Victoria, Tamaulipas a su nombre (foja 17).

b) Copia fotostática simple de la tarjeta de afiliación expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social a nombre del actor (foja 18).

II) La instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana.

El demandado **********, por conducto de su apoderado, ofreció y se le admitieron:

I) La inspección ocular a practicarse en el Sistema Electrónico S.I.N.D.O. que se controla en los sistemas de cómputo en el Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos y/o Prestaciones Económicas, sobre la pantalla de la terminal computarizada en el número de seguridad social ********** a nombre de **********, por el periodo comprendido de enero de mil novecientos sesenta y tres a noviembre de dos mil diez y se señaló el catorce de noviembre de dos mil once para su desahogo, sin que se hubiera hecho (foja 28).

II) La instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana.

En audiencia de veintitrés de noviembre de dos mil once, la Junta responsable declaró cerrada la instrucción sin verificar la etapa de alegatos (foja 29).

El veintiséis de junio de dos mil trece se levantó el acta de discusión y votación del proyecto de resolución que se elevó a categoría de laudo (foja 39).

La Junta responsable dictó el laudo el veintiséis de junio de dos mil trece, en el cual determinó que el actor acreditó sus acciones y el instituto demandado no justificó sus excepciones ni defensas.

Por tal motivo, condenó al ********** a otorgar a ********** la pensión de vejez en términos de la Ley del Seguro Social de 1973 (mil novecientos setenta y tres), con todas las prerrogativas y derechos que establece dicha legislación como son asistencia médica y ayuda asistencial en 15% (quince) por ciento de la cuantía de la pensión, así como a pagarle aguinaldo anual.

Asimismo, ordenó la apertura del incidente de liquidación para la cuantificación de la condena.

Por último, concedió al instituto demandado el plazo de 72 (setenta y dos) horas para dar cumplimiento a dicho laudo que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional.

SÉPTIMO. Este Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar advierte, de oficio, que durante la tramitación del juicio laboral la Junta responsable incurrió en una violación procesal en términos de lo previsto por el artículo 172, fracción VI, de la Ley de Amparo.

Se afirma lo anterior, ya que de la revisión de las constancias que obran agregadas en el expediente laboral ********** y del relato de los antecedentes que se hizo en el considerando sexto de esta ejecutoria se advierte que la Junta responsable omitió abrir el periodo de alegatos antes de dictar el laudo pues el veintitrés de noviembre de dos mil once, el secretario de acuerdos certificó que ya no había pruebas pendientes por desahogar; luego, la Junta responsable declaró cerrada la instrucción y turnó los autos para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo.

El veinte de junio de dos mil trece se entregó el proyecto de resolución a cada uno de los integrantes de la Junta responsable y se les citó a la audiencia de discusión y votación (foja 40).

El veintiséis de junio de dos mil trece se levantó el acta de discusión y votación de la resolución y se elevó a categoría de laudo ese mismo día.

Sin embargo, no procede conceder la protección constitucional para el efecto de que se deje insubsistente el laudo reclamado y se reponga el procedimiento para que la Junta laboral otorgue a las partes el plazo necesario para formular alegatos; lo anterior es así, ya que, en términos de lo previsto por el artículo 189 de la Ley de Amparo, el estudio de los conceptos de violación formulados debe hacerse atendiendo su prelación lógica y privilegiando el estudio de los que redunden en el mayor beneficio para el quejoso; en este caso, ello significa que debe privilegiarse el estudio de los conceptos de violación de fondo por encima de los de procedimiento y forma, porque invertir el orden no redundaría en un mayor beneficio para el quejoso.

En el caso concreto, aun cuando se repusiera el procedimiento para el efecto de que se concediera el plazo legal a las partes para formular sus respectivos alegatos, ello no mejoraría lo que ya alcanzó el ahora quejoso, pues ya tiene a su favor un laudo condenatorio en el que se declaró que acreditó la acción ejercida y se condenó al instituto demandado a pagarle las prestaciones que le reclamó en el juicio laboral de origen; por tanto, resulta de mayor beneficio que se realice el estudio de fondo del laudo reclamado y el concepto de violación planteado respecto de la fecha en que debe otorgársele la pensión pues, de resultar fundado, mejoraría lo ya alcanzado; en caso contrario, se estará en condiciones de iniciar el periodo de ejecución del laudo en términos del artículo 946 de la Ley Federal del Trabajo.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado Auxiliar en la tesis aislada TC (IV)1.10 LA.016.1, pendiente de publicación, con el rubro y texto siguientes:

"VIOLACIONES PROCESALES. QUEDAN SUBORDINADAS AL ESTUDIO DE FONDO CUANDO ÉSTE PROVOCA MAYOR BENEFICIO A LA PARTE QUEJOSA AUN BAJO EL ESCENARIO DEL PRINCIPIO DE SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. INTERPRETACIÓN LITERAL O GRAMATICAL DEL ARTÍCULO 189 DE LA LEY DE AMPARO (EN VIGOR A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El referido precepto legal establece que el órgano jurisdiccional federal, por regla general, estudiará los conceptos de violación atendiendo a su prelación lógica y privilegiando en todo caso el estudio de aquellos que, de resultar fundados, redunden en el mayor beneficio para la parte quejosa. Además, precisa que en todas las materias se privilegiará el análisis de los de fondo por encima de los de procedimiento y forma, a menos que invertir ese orden provoque el efecto ya destacado. De conformidad con lo antes apuntado, se colige que si la parte quejosa formula conceptos de violación encaminados a denunciar, tanto violaciones procesales, como de fondo, o bien, en los casos en que procede la suplencia de la queja el tribunal de amparo advierte la existencia de aquéllas que pudiesen ameritar la concesión de la protección constitucional para reponer el procedimiento y, paralelamente, se observa que la parte quejosa obtendrá un mayor beneficio en un aspecto de fondo; entonces, el estudio de las violaciones procesales en ambos supuestos, ya sea que se hagan valer vía conceptos de violación o se adviertan en suplencia de la queja deficiente, debe subordinarse al de fondo del asunto en tanto en esta temática subyace el mayor beneficio a que alude el numeral en cita."

OCTAVO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil trece, resolvió la contradicción de tesis 162/2013 y determinó que para que las actuaciones judiciales sean válidas deben contener la firma autógrafa, el cargo, nombre y apellidos de los servidores que en ellas intervengan y del secretario que las autoriza y da fe; tal criterio dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 151/2013 (10a.), publicada en la página 573, Libro XXVI, Tomo 1, noviembre de 2013, materia administrativa, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyos rubro y texto son:

"ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA. Conforme al principio de legalidad y seguridad jurídica contenido en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las actuaciones judiciales y las de autoridades formalmente administrativas, pero materialmente jurisdiccionales, para ser válidas requieren que, además de contener la firma autógrafa, expresen el cargo, nombre y apellidos de los servidores que en ellas intervengan y del secretario que las autoriza y da fe, ya que con el nombre se establece la identificación de quien firma; de modo que ante la omisión del nombre y apellidos del titular o de los integrantes del órgano jurisdiccional o del secretario que autoriza y da fe en dichas actuaciones, no existe certeza de su autenticidad y, por ende, se produce su invalidez; además, la falta del nombre del servidor público que actuó como titular o como integrante del órgano jurisdiccional deja en estado de indefensión a las partes, al no poder formular, en un momento dado, recusación contra quien fungió con ese carácter, o bien, alegar que está impedido legalmente para intervenir en esas actuaciones."

De las constancias que integran el expediente laboral del que deriva el presente juicio de amparo directo se advierte que el laudo reclamado carece del nombre de la persona que firmó con el cargo de secretario de acuerdos que dio fe de su emisión; sin embargo, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que dicha omisión no impide su análisis en esta vía.

Como se precisó en apartados precedentes de esta ejecutoria, el presente sumario constitucional se tramita conforme a las reglas de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, pues la demanda se presentó con posterioridad a esa fecha y su artículo 217 establece:

La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

"La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente.

"La jurisprudencia que establezcan los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás Tribunales Colegiados de Circuito.

"La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna."

El último párrafo del precepto legal transcrito establece que no debe aplicarse la jurisprudencia retroactivamente en perjuicio de ninguna persona; por consiguiente, no puede surgir la obligatoriedad de observar el criterio sostenido en la tesis jurisprudencial 2a./J. 151/2013 (10a.) con posterioridad a la emisión del laudo reclamado, pues ello conllevaría su aplicación retroactiva en perjuicio de las partes.

Se afirma lo anterior, porque en el criterio jurisprudencial de referencia se determina que las formalidades que en él se precisan deben observarse en todas las actuaciones judiciales, lo que implica que no sólo incidiría en las resoluciones que definen la controversia respectiva (laudos, sentencias o resoluciones que pongan fin al juicio). Entonces, si para los integrantes de este órgano es un hecho notorio que en los acuerdos y diligencias trascendentes en el procedimiento laboral se omitió especificar los cargos y nombres de todos los funcionarios o de alguno de ellos, de aplicarse la jurisprudencia en cita tendrían que dejarse sin efectos, en principio, el laudo por no contener el nombre y apellidos del secretario que autorizó y dio fe de su emisión; y, en muchos otros casos, también deberán declararse insubsistentes todas las diligencias y proveídos que se hubieran dictado durante el trámite del juicio cuyo litigio ha comprendido varios años, con lo cual se sujetaría a las partes actora y demandada a que de nueva cuenta conformen la controversia, ofrezcan pruebas e intervengan en su desahogo a pesar de que el juicio laboral ya fue resuelto y se impugnó mediante un medio extraordinario como lo es la vía de amparo directo.

Aunado a lo anterior, el criterio que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 151/2013 (10a.) no trasciende a ningún aspecto de fondo de la acción laboral o de las excepciones opuestas, lo que sí originaría consecuencias trascendentales a las partes, sino que se trata de un requisito formal del documento en el que consta el laudo materia de impugnación respecto del cual no existe indicio de que la parte quejosa o el tercero interesado plantearan inconformidad por la falta de identidad del secretario que dio fe de su dictado, de ahí que no se generó ninguna duda acerca de la existencia del fallo.

En esas circunstancias, de atender al contenido de dicha jurisprudencia, publicada en noviembre de dos mil trece en un asunto que se resolvió el veintiséis de junio anterior, tendría como consecuencia su aplicación retroactiva en perjuicio de las partes, porque les generaría incertidumbre jurídica en torno a su resolución sin bases objetivas justificadas, pues se afectaría de manera preponderante el derecho fundamental tutelado por el artículo 17 constitucional, consistente en que se les administre justicia en los plazos y términos que fijen las leyes.

Además, porque en la tesis jurisprudencial 2a./J. 151/2013 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no declaró la inconstitucionalidad de la ley en que se funda el laudo reclamado, ni sostuvo expresamente que el análisis relativo tenga que hacerse de oficio para decretar la nulidad del laudo sin necesidad de concepto de violación al respecto y con independencia de quien promoviera la demanda de amparo directo pues, de haber sido esa la intención, así se habría hecho constar en tal criterio, como ocurrió en otro supuesto similar en la jurisprudencia 2a./J.147/2007, de rubro: "LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DE UN TRIBUNAL DE TRABAJO, CUANDO FUNCIONA EN JUNTA ESPECIAL O EN SALA, O DEL SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE, CONDUCE A DECLARAR DE OFICIO SU NULIDAD Y CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SEA SUBSANADA TAL OMISIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA."

Lo anterior no implica soslayar la importancia de que las autoridades, al emitir sus actos, cumplan con las formalidades que exige la ley y aquellas que se determinan conforme a la jurisprudencia, como sucede en este caso, sino que la determinación a la que arriba este Tribunal Colegiado deriva del análisis realizado bajo la perspectiva de las partes, pues de aplicar el referido criterio sin mayor estudio del impacto que generaría en el sistema de justicia procesal conllevaría a reponer el procedimiento en cientos de juicios con el evidente retraso, por ende, en el dictado del nuevo laudo, lo cual ocasionaría grave repercusión en la expeditez de la impartición de justicia laboral con lo que se vulneraría el principio constitucional señalado.

Por consiguiente, se concluye que no procede aplicar retroactivamente la jurisprudencia 2a./J. 151/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque el laudo reclamado se dictó en una fecha previa a la publicación de tal criterio de carácter obligatorio.

Sin embargo, se previene a la Junta responsable para que precise el cargo, nombre y apellidos de los servidores públicos que lo emitan, así como del secretario que lo autoriza y da fe.

NOVENO. Como al quejoso le asiste el carácter de trabajador, se analizarán de oficio las condenas decretadas en su favor como son: a) el otorgamiento de la pensión de vejez; b) el otorgamiento de asistencia médica, ayuda asistencial y el equivalente al 15% (quince) por ciento de la cuantía de la pensión a partir del cinco de noviembre de dos mil diez (fecha de presentación de la demanda); y, c) el pago de aguinaldo anual de conformidad con el artículo 167 de la Ley del Seguro Social de 1973 (mil novecientos setenta y tres); por tanto, se analizarán en suplencia de la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.

Es aplicable, en este aspecto del caso que se analiza, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 26/2008, publicada en la página 242, Tomo XXVII, marzo de 2008, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente."

También resulta aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia por contradicción de tesis 610, publicada en la página 496, Tomo V, Materia del Trabajo, Jurisprudencia SCJN, Novena Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATÁNDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA.’, establece que para la operancia de la suplencia de la queja en materia laboral a favor del trabajador es necesario que se expresen conceptos de violación o agravios deficientes en relación con el tema del asunto a tratar, criterio que responde a una interpretación rigurosamente literal del artículo 76 bis de la Ley de Amparo para negar al amparo promovido por el trabajador el mismo tratamiento que la norma establece para el amparo penal, a través de comparar palabra a palabra la redacción de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la evolución legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garantías lleva a concluir que la diversa redacción de una y otra fracciones obedeció sencillamente a una cuestión de técnica jurídica para recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia reiterada tratándose del reo, lo que no se hizo en otras materias quizá por no existir una jurisprudencia tan clara y reiterada como aquélla, pero de ello no se sigue que la intención del legislador haya sido la de establecer principios diferentes para uno y otro caso. Por ello, se estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, considerando no sólo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino también su posición debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones."

Fue correcto que la Junta responsable condenara al Instituto Mexicano del Seguro Social a otorgar al actor pensión de vejez pues éste cumplió con los requisitos que establece el artículo 138 de la Ley del Seguro Social de 1973 (mil novecientos setenta y tres) que dice:

"Artículo 138. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez se requiere que el asegurado haya cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidas por el instituto un mínimo de quinientas cotizaciones semanales."

Se afirma lo anterior, pues el ahora quejoso logró acreditar los siguientes requisitos: a) 65 (sesenta y cinco) años de edad cumplidos; y, b) reconocidas 500 (quinientas) semanas de cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

El actor ofreció como prueba el acta de su nacimiento, expedida por la oficial del Registro Civil de Ciudad Victoria, Tamaulipas, de la que se advierte que ********** nació el veintitrés de marzo de mil novecientos cuarenta y dos (foja 17); por lo que a la fecha de presentación de la demanda (cinco de noviembre de dos mil diez) tenía sesenta y ocho años, siete meses, trece días; con lo que quedó acreditado el primer requisito previsto por el artículo 138 de la Ley del Seguro Social de 1973 (mil novecientos setenta y tres).

El segundo requisito consistente en justificar que el trabajador tiene por lo menos 500 (quinientas) semanas de cotización correspondía al instituto demandado acreditarlo pues, al contestar la demanda lo controvirtió; es dec

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25100-a75882ec/violaciones-procesales-estan-subordinadas-al-estudio-de-fondo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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