RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA RECLAMACIÓN RELATIVA SUSTENTADA EN LA INCORRECTA RETENCIÓN Y ENTERO DE LAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DE UN ENTE PÚBLICO EN SU CARÁCTER DE PATRÓN. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LOS ENTES PÚBLICOS SUJETOS A LA LEY FEDERAL RELATIVA ESTÁN FACULTADOS PARA DESECHAR DE PLANO UNA RECLAMACIÓN SI ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE UN MISMO CIRCUITO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN LEGITIMADOS PARA DENUNCIARLA ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA RECLAMACIÓN RELATIVA SUSTENTADA EN LA INCORRECTA RETENCIÓN Y ENTERO DE LAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DE UN ENTE PÚBLICO EN SU CARÁCTER DE PATRÓN.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LOS ENTES PÚBLICOS SUJETOS A LA LEY FEDERAL RELATIVA ESTÁN FACULTADOS PARA DESECHAR DE PLANO UNA RECLAMACIÓN SI ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 538/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, NOVENO, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO OCTAVO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, CUARTO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA Y EL SÉPTIMO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 30 DE ENERO DE 2013. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos tercero, quinto y octavo, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, toda vez que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia son del orden administrativo, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.
No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución General, cuyo contenido es:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de distinto o el mismo circuito, como acontece en el presente asunto.
No obstante lo anterior, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de esta contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente caso, en claro perjuicio del orden público y del interés social.
En la especie, es aplicable la tesis P. I/2012 (10a.), del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se reproduce:
"Registro: 2000331
"Décima Época
"Instancia: Pleno
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012
"Materia: común
"Tesis: P. I/2012 (10a.)
"Página: 9
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito.
"Contradicción de tesis **********. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de octubre de 2011. Mayoría de diez votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: **********
"Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, porque no resuelve el tema de la contradicción planteada.
"El Tribunal Pleno, el veintisiete de febrero en curso, aprobó, con el número I/2012 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil doce."
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis fue formulada por el Juez Cuarto de Distrito Materia Administrativa en el Distrito Federal quien, conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene legitimación para ello.
Sin que obste a lo anterior que en los párrafos primero y segundo de la fracción XIII del artículo 107 citado, se señale que los Jueces de Distrito pueden denunciar ante los Plenos de Circuito las contradicciones entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados del mismo circuito, y ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, las suscitadas entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, pues atendiendo al principio de seguridad jurídica que se pretende regular a través de la disposición constitucional de que se trata, y siendo que aún no se encuentran en funciones los Plenos de Circuito, se estima que los Jueces de Distrito están legitimados para denunciar contradicciones de tesis ante este Alto Tribunal, incluso respecto de los criterios sustentados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito.
TERCERO. Precisado lo anterior, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que el Juez de Distrito denunciante considera contradictorios.
En ese sentido, cabe señalar que el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el catorce de junio de dos mil doce el amparo en revisión **********, determinó, en lo que al caso importa, lo siguiente:
"SÉPTIMO. En el primer agravio aduce la recurrente que la Jueza Federal concedió el amparo, pese a que procedía sobreseer en el juicio, porque el quejoso no agotó el principio de definitividad, ya que el acto impugnado debe ser impugnado (sic) vía juicio de nulidad, en términos del numeral 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, actualizándose la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. El agravio resumido es infundado, atento a las siguientes consideraciones. ... En un argumento del segundo agravio aduce la recurrente que la Jueza Federal viola los principios de congruencia y exhaustividad al conceder la protección constitucional, con base en que el acto reclamado infringió el numeral 17 constitucional, porque no se dirimió la pretensión planteada; sin embargo, señala la agraviada que mediante el acto reclamado se emitió la respuesta a la solicitud del quejoso, en forma pronta, expedita, completa e imparcial, exponiendo las razones con base en las cuales se consideró que era notoriamente improcedente la solicitud de reclamación; agrega, que se cumplieron los principios de legalidad y seguridad jurídica, dado que el acto reclamado se apoyó en lo establecido en los numerales 1, 9, 17, 18 y 19 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado; 1 y 2 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; además, se motivó debidamente, ya que se apoyó en las afirmaciones del solicitante. El anterior planteamiento es inoperante, porque con el mismo no se combate la consideración toral con base en la cual, la Jueza Federal concedió la protección constitucional que, en esencia, fue que al emitir el desechamiento de la reclamación presentada por el quejoso, la autoridad no se ajustó a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, dado que para considerar que no se acreditó el elemento relativo a la actividad administrativa irregular del Estado, era necesario que se permitiera al demandante de amparo comparecer al procedimiento administrativo para ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho conviniera. Por ende, si la recurrente, vía agravio, se limita a justificar que fundó y motivó debidamente la resolución impugnada, lógico resulta asumir que tal planteamiento carece de operancia, porque el mismo no fue emitido en la sentencia reclama (sic), es decir, en ésta no se adujo que el acto impugnado no estaba debidamente fundado, ni motivado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página sesenta y nueve, Tomo XII, octubre de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: ‘AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE.’ (se transcribió). En diverso argumento señalan las recurrentes, que el desechamiento obedeció a que se encontraron motivos manifiestos de improcedencia, porque no se cumplió un presupuesto procesal, dado que se estimó que la vía no fue la correcta, por lo cual se dejaron a salvo los derechos del quejoso para que los ejerciera; añade que el acto reclamado no constituye una violación manifiesta de la ley, ya que el hecho de que se presente un escrito ante una autoridad, no implica que ésta esté obligada a iniciar el procedimiento correspondiente o que la determinación que se emita deba ser favorable a los intereses del solicitante, motivo por el cual, el desechamiento emitido no implica la privación de un derecho. Así mismo (sic), exponen las recurrentes que al emitirse el acto reclamado se dirimió la pretensión del quejoso, ya que se expresaron las razones y motivos por los cuales se determinó que la vía intentada no era la idónea, al ser de naturaleza laboral y no administrativa, dado que la autoridad no actuó con ese carácter, sino con la calidad de patrón, de modo que se observaron los principios de legalidad y seguridad jurídica, de modo (sic) que el acto reclamado no trastocó la esfera jurídica del demandante de amparo. También aducen las agraviadas que de tomar en cuenta lo señalado por la Jueza Federal, se retardaría la impartición de justicia, porque se arribaría a la misma conclusión emitida en el acto reclamado, máxime que conforme a la normatividad aplicable, la responsable está impedida para desahogar el procedimiento administrativo pretendido, dado que la cuestión reclamada por el quejoso deriva de un conflicto con motivo de una relación de trabajo, al referirse a la forma en que las cantidades cotizadas en calidad de aportaciones para la prestación del servicio de pensiones fueron enteradas, lo cual no puede constituir una actuación administrativa. Los planteamientos resumidos son infundados, atento a las siguientes consideraciones. Por su parte (sic), la Jueza Federal concedió la protección constitucional, al considerar que al emitir el desechamiento de la reclamación presentada por el quejoso, la autoridad no se ajustó a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, dado que para considerar que no se acreditó el elemento relativo a la actividad administrativa irregular del Estado, era necesario que se permitiera al demandante de amparo comparecer al procedimiento administrativo para ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho conviniera. Lo anterior, porque sólo de esa forma se estará en aptitud de determinar si ha existido una actividad administrativa irregular, con la cual el quejoso pudiera acreditar la existencia de un daño y, en su caso, la relación causal entre tales actividades administrativas y el daño causado, siendo que de no demostrarse tales extremos, el Estado no tiene la obligación de indemnizarlo. Además, consideró la Jueza Federal, que para demostrar el derecho al cobro de la indemnización, no es necesario probar el dolo por parte del causante, pues basta con que se acredite la existencia de la actividad irregular del Estado, que se causó un daño al gobernado y que existe relación causal entre ambos, lo cual sólo se demostrará mediante la tramitación del referido procedimiento administrativo. Pues bien, se dice que son infundados los argumentos que nos ocupan porque, como lo señalado (sic) la Jueza Federal, y como es criterio del Alto Tribunal del País, en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, el legislador determinó que las reclamaciones de responsabilidad deben hacerse por la vía administrativa (artículo 18). Por lo que, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la necesidad de reclamarla por la vía administrativa -en contraposición a la vía civil- no desnaturaliza el derecho a recibir una indemnización integral por los daños sufridos por actividad administrativa irregular. Además, señaló el Alto Tribunal, que el hecho de tener que acudir en primera instancia a la propia administración pública no es algo que redunde en un perjuicio definitivo para el particular o que deje al Estado en una posición equivalente a erigirlo, simultáneamente, en Juez y parte en el conflicto; porque las reclamaciones en la vía administrativa benefician a los ciudadanos, en la medida en que (sic) les dan la oportunidad de reclamar por los daños sufridos sin necesidad de iniciar un procedimiento jurisdiccional de naturaleza más larga. Además, determinó el Máximo Tribunal, que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece reglas más beneficiosas respecto de la acreditación del actuar estatal, el daño y el nexo causal, que los estándares clásicos de responsabilidad civil extracontractual; aunado que (sic) después de la resolución administrativa queda abierta la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, la cual si bien es una entidad estatal, será típicamente distinta a aquella a la cual se imputa el daño. Por último, señaló el Alto Tribunal, que siempre queda abierta la vía de los tribunales federales de amparo, lo cual refuerza la inexactitud de sostener que la obligación de reclamar la responsabilidad del Estado por la vía administrativa desnaturaliza el derecho a ser indemnizado, consagrado en el artículo 113 de la Constitución, de ahí lo infundado del argumento en el que se aduce que la vía intentada por el quejoso no era la administrativa, siendo que, como lo señaló la Jueza Federal, debe otorgarse la oportunidad al demandante de amparo para que durante la sustanciación del procedimiento administrativo acredite su derecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis CXLVI/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos veintiocho, Tomo XXXIV, de agosto de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro y texto siguientes: ‘RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑOS DERIVADOS DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR. DEBE RECLAMARSE POR LA VÍA ADMINISTRATIVA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, OBLIGACIÓN QUE NO DESNATURALIZA EL DERECHO CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 113 CONSTITUCIONAL.’ (se transcribió). En las relatadas condiciones y al haber resultado, por una parte, infundado y, por otra, inoperantes los agravios formulados por las autoridades, lo que procede es, en la materia de la revisión, confirmar la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional solicitada ..."
El mismo Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veintiuno de junio de dos mil doce el amparo en revisión **********, sostuvo, en lo conducente, lo siguiente:
"NOVENO. Por otro lado, al inicio del agravio segundo, la autoridad recurrente aduce que la sentencia de que se trata viola los artículos 76, 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, en virtud de que indebidamente la Juez de Distrito señaló que el acto reclamado no está debidamente motivado. Lo anterior lo considera así la recurrente, porque la quejosa en ningún momento sostuvo que el acto reclamado contenía una motivación insuficiente, por tanto, no era procedente suplir la deficiencia de la queja a favor del quejosa (sic). El argumento en estudio es esencialmente fundado, tal como se demostrará a continuación. ... Atento a lo fundado del agravio en estudio, a continuación este Tribunal Colegiado, con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, analizará los conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo. DÉCIMO. Por razón de técnica jurídica se analizan de manera conjunta el primero y tercer conceptos de violación, a través de los cuales el quejoso hizo valer los argumentos que a continuación se indican. ... Los argumentos antes sintetizados son infundados, tal como se demostrará a continuación. En primer lugar, y tal como quedó precisado en líneas anteriores, el acto reclamado en el juicio de amparo es el oficio **********, de dos de enero de dos mil doce, emitido por el coordinador general jurídico de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del cual dio contestación al escrito de reclamación que le fue formulado en el sentido de desecharlo de plano por improcedente, y cuyo esencialmente (sic) es el siguiente: (fojas 20 a la 29 del juicio de amparo) (se transcribió). Una vez precisado lo anterior y con la finalidad de dar contestación a los argumentos propuestos por la parte quejosa, resulta necesario tomar en cuenta el artículo 113, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido es el siguiente: (se transcribió). De la lectura anterior se aprecia que el referido precepto constitucional establece un sistema de responsabilidad objetiva y directa del Estado con motivo de su actividad administrativa irregular y los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las leyes reglamentarias que se expidan al respecto y en las que se determinarán las bases, límites y procedimientos. La disposición constitucional reseñada fue una adición que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio del dos mil dos, y del procedimiento legislativo que culminó con la adición mencionada, se observa, en lo que interesa, lo siguiente: En la exposición de motivos de la reforma relativa al artículo 113 de la Constitución Federal, se indicó, en lo que interesa, lo siguiente: (se transcribió). En el dictamen de origen se expuso, en lo conducente, lo siguiente: (se transcribió). En el dictamen de la cámara revisora se expuso, en lo que interesa, lo siguiente: (se transcribió). De la lectura anterior se aprecia el establecimiento de un sistema de responsabilidad directa y objetiva del Estado, en mérito del cual se reconocería la obligación de resarcir los daños y perjuicios que cause a los particulares con motivo del poder público del Estado, cuando éstos no tengan la obligación jurídica de soportarlos y, al mismo tiempo, impulsar la eficiencia y el control de las actividades estatales en su conjunto, además se entiende a la actividad administrativa irregular del Estado como la afectación o daño que se causa a los mencionados particulares, aunado a ello, el contenido de la responsabilidad se circunscribirá a la responsabilidad de carácter extracontractual, sin abarcar otros tipos de responsabilidad como la disciplinaria, civil, penal, laboral o la propia de las personas que materialmente pueden ser responsables; y, finalmente, la ley determinará los supuestos de procedencia y procedimientos correspondientes. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 42/2008, dictada en la acción de inconstitucionalidad número **********, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 722 del Tomo XXVII, junio de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se cita: ‘RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO OBJETIVA Y DIRECTA. SU SIGNIFICADO EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’ (se transcribió). Asimismo, se debe tomar en cuenta que el treinta y uno de diciembre del dos mil cuatro se publicó la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en la que en su artículo 1 establece lo siguiente: ‘Artículo 1.’ (se transcribió). De la lectura anterior se aprecia que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, asimismo, la responsabilidad extracontractual a cargo del Estado es objetiva y directa; y, finalmente, se entenderá por actividad administrativa irregular, aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate. En el procedimiento legislativo de la citada Ley Federal de Responsabilidades Patrimoniales (sic) del Estado, específicamente en la exposición de motivos, se expuso, en lo que interesa, lo siguiente: (se transcribió). Por su parte, en el dictamen de origen se adujo lo siguiente: (se transcribió). De lo anterior se obtiene el establecimiento de la garantía que protege la integridad y salvaguarda patrimonial de los individuos respecto de la actividad administrativa del Estado y establece el deber del Estado de reparar las lesiones antijurídicas que con su actividad cause en el patrimonio de todo individuo que goce de dicha garantía, asimismo, la incorporación del instituto de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado a nuestra Ley Suprema constituye la base para establecer la obligación del Estado de indemnizar al particular que haya sufrido una lesión en su patrimonio, que no tenga la obligación legal de soportar. Asimismo, que cuando el Texto Constitucional hace referencia a la voz ‘actividad irregular’, no es con el propósito de vincularlo con el término ‘actividad ilícita’, sino con la obligación esencial de reparar los daños que el Estado haya causado a un particular que no tenga la obligación jurídica de soportar, por ende, se supone que siempre que la actividad del Estado cause daño a los particulares, se estará en presencia de una actividad administrativa irregular; porque lo irregular, en materia de responsabilidad objetiva, es la producción del daño en sí mismo. Así también, de la exposición de motivos se obtiene que el artículo 1 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado establece expresamente que la responsabilidad a cargo del Estado será extracontractual, debiéndose entender por ésta, la que tiene su origen en un hecho o un acto jurídico, sin que exista vínculo previo entre las partes, situación distinta a la responsabilidad contractual que resulta del incumplimiento de obligaciones que tienen como origen un convenio o acuerdo de voluntades; y, finalmente, la responsabilidad a cargo el (sic) Estado será extracontractual, debiéndose entender por ésta, la que tiene su origen en un hecho o un acto jurídico, sin que exista un vínculo previo entre las partes. El régimen de responsabilidad contractual continuará en base a las convenciones recíprocas y en lo no previsto a la ley de la materia. Es importante señalar que la responsabilidad patrimonial del Estado, se vincula necesariamente a un acto de un órgano de poder público que dañe o afecte a una persona particular sin que ésta tenga obligación de soportarlo y sin que exista vínculo o relación jurídica alguna; esto es, el sistema de responsabilidad se encuentra diseñado para todas las personas que sin tener relación alguna se vean afectadas sorpresivamente por el poder público que en ocasiones, con motivo de su actividad, pudiera llegar a causar un daño. En esa tesitura, en relación con la manifestación de la quejosa consistente en que existe un acto de autoridad administrativo que la causa (sic) un daño al no haberse enterado y aportado correctamente por parte de su entonces patrón, las cuotas correspondientes del régimen de jubilaciones y pensiones derivado de la Ley del Instituto de Seguridad Social (sic), lo que se traduce en acti
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24360-685df15c/responsabilidad-patrimonial-del-estado-es-notoriamente-improcedente-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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