RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA UNA RECLAMACIÓN FORMULADA EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE NULIDAD, POR LO QUE ES INNECESARIO PROMOVERLO PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE UN MISMO CIRCUITO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN LEGITIMADOS PARA DENUNCIARLA. CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE UN MISMO CIRCUITO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN LEGITIMADOS PARA DENUNCIARLA ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA UNA RECLAMACIÓN FORMULADA EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE NULIDAD, POR LO QUE ES INNECESARIO PROMOVERLO PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 266/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, CUARTO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y DÉCIMO PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 22 DE AGOSTO DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos tercero, quinto y octavo, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, toda vez que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia son del orden administrativo, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.
No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución General, cuyo contenido es:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de distinto o mismo circuito, como acontece en el presente asunto.
No obstante lo anterior, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de esta contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente, en claro perjuicio del orden público y del interés social.
Es aplicable al caso, la tesis del Tribunal Pleno número P. I/2012 (10a.), que enseguida se reproduce:
"Registro: 2000331
"Décima Época
"Instancia: Pleno
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012
"Materia: común
"Tesis: P. I/2012 (10a.)
"Página: 9
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito.
"Contradicción de tesis **********. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de octubre de 2011. Mayoría de diez votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: **********.
"Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, porque no resuelve el tema de la contradicción planteada.
"El Tribunal Pleno, el veintisiete de febrero en curso, aprobó, con el número I/2012 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil doce."
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis fue formulada por la Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene legitimación para ello.
Sin que obste a lo anterior que en los párrafos primero y segundo de la referida fracción XIII, se señale que los Jueces de Distrito pueden denunciar ante los Plenos de Circuito las contradicciones entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados del mismo circuito; y ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, las suscitadas entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, pues atendiendo al principio de seguridad jurídica que se pretende regular a través de la disposición constitucional de que se trata, y siendo que aún no se encuentran en funciones los Plenos de Circuito, se estima que los Jueces de Distrito están legitimados para denunciar contradicciones de tesis ante este Alto Tribunal, incluso respecto de los criterios sustentados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito.
TERCERO. Precisado lo anterior, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que la Juez de Distrito denunciante considera contradictorios.
En ese sentido, se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el primero de marzo de dos mil doce el amparo en revisión número **********, sostuvo, en lo que al caso importa, lo siguiente:
"TERCERO. Con el propósito de resolver los agravios que plantea la parte quejosa, conviene informar respecto de las consideraciones que dan sustento al auto recurrido. ... Para dar solución a los argumentos planteados, es necesario determinar si, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la quejosa debió promover los medios ordinarios previstos contra ese acto. Inicialmente, se precisa que, aun cuando la juzgadora determinó que, contrario a lo resuelto por la autoridad administrativa, el acto reclamado no era de naturaleza laboral sino administrativa y, con base en ello, lo ubicó en el supuesto de la fracción XI del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo cierto es que el escrito de veintinueve de agosto de dos mil once, en que se reclamó la indemnización por responsabilidad atribuida al Estado, fue promovido por la inconforme, con fundamento en la ley reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113 constitucional, tan es así, que la misma autoridad, al responder a su solicitud, argumentó que no se encuentra en el supuesto contenido en el artículo 1 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Por tanto, para determinar si la vía idónea para combatir esa resolución es el juicio de nulidad o, en su caso, el juicio de garantías, es necesario remitirse a la ley aplicable al acto reclamado, por lo que se invoca el contenido del artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que dispone: ‘Artículo 24.’ (se transcribió). El precepto transcrito establece que el juicio contencioso administrativo procede en contra de las resoluciones de las autoridades administrativas que nieguen la indemnización, o que, por su monto, no satisfagan al interesado, pero nada dice en relación con el desechamiento de la reclamación. Asimismo, de su literalidad no se desprende expresamente que el juicio anulatorio proceda contra la resolución que desecha por improcedente la reclamación referida; sin embargo, implícitamente, sí está prevista dicha hipótesis pues, por un lado, es clara la intención del legislador de permitir la impugnación en la vía jurisdiccional de las resoluciones en que se niegue o modifique del (sic) monto de las indemnizaciones solicitadas y, por el otro, en virtud de que el desechamiento implica, necesariamente, el rechazo de la petición formulada, es decir, la negativa a la concesión del pago de la compensación económica solicitada por el reclamante. En la especie, mediante la resolución de trece de diciembre de dos mil once, la autoridad administrativa desechó por improcedente la reclamación formulada por la hoy recurrente sobre la consideración de que la actividad irregular que se le reclama, a saber, la omisión de descontar y enterar correctamente el importe de las cuotas y aportaciones de seguridad social por parte de la Comisión Nacional del Agua para la cual laboró, no cumplía con los presupuestos de procedencia que una reclamación de daño patrimonial debe cubrir, que no se colmaba el supuesto de actividad administrativa irregular contenido en la ley reglamentaria y que la omisión reclamada es resultado de la relación laboral burocrática que sostuvo con ese órgano y, por ende, dejaba a salvo sus derechos para que acudiera a la vía correspondiente. Por tanto, si bien es cierto que el artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, no prevé expresamente que el juicio de nulidad proceda en contra de la resolución que deseche por improcedente la reclamación, también lo es que dicha determinación implica, invariablemente, la negativa de conceder aquélla, ya que, como consecuencia de ello, no se resolvió si efectivamente la promovente tiene o no el derecho a que se le pague la indemnización que reclama, razón por la cual, en contra de dicha determinación, resulta procedente el medio de defensa mencionado. Bastan las explicaciones anteriores para evidenciar que, contrario a lo que expone la quejosa, existe un medio de defensa ordinario a través del cual la resolución reclamada puede ser revocada, modificada o nulificada; de ahí que, al no haber respetado lo previsto en el artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, hay desacato al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, por lo que es correcto desechar la demanda al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el diverso 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. ... No pasa inadvertido para este tribunal, la existencia de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 216/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, enero 2010, página 312, de rubro: ‘RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. NO PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY RELATIVA, CUANDO SE IMPUGNA UNA RESOLUCIÓN QUE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO O CUANDO EL MAGISTRADO INSTRUCTOR DESECHA DE PLANO LA SOLICITUD DE RECLAMACIÓN PRESENTADA.’; sin embargo, dicho criterio no resulta aplicable al caso en virtud de las siguientes consideraciones: a) En los asuntos que contendieron en la contradicción de tesis que le dio origen se aplicó el artículo 24 de la anterior Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, cuyo texto es distinto al vigente; y, b) En la legislación materia de interpretación por parte del Máximo Tribunal, se refería a las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que negaran la indemnización o no satisficieran, por su monto, al interesado, en tanto que en la redacción actual de dicho dispositivo se hace referencia a las resoluciones de la autoridad administrativa. Ante lo ineficaz de los agravios propuestos, lo procedente es confirmar el auto recurrido. ..."
El mismo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los días ocho y veintidós de marzo de dos mil doce, los amparos en revisión números ********** y **********, señaló lo siguiente:
Amparo en revisión número **********
"TERCERO. Con el propósito de resolver los agravios que plantea la parte quejosa, conviene informar respecto de las consideraciones que dan sustento al auto recurrido. ... Para dar solución a los argumentos planteados, es necesario determinar si, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, el quejoso debió promover los medios ordinarios previstos contra ese acto. Inicialmente, se precisa que aun cuando la juzgadora determinó que, contrario a lo resuelto por la autoridad administrativa, el acto reclamado no era de naturaleza laboral sino administrativa y, con base en ello, lo ubicó en el supuesto de la fracción XI del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo cierto es que el escrito de tres de noviembre de dos mil once, en que se reclamó la indemnización por responsabilidad atribuida al Estado, fue promovido por el inconforme con fundamento en la ley reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113 constitucional, tan es así, que la misma autoridad, al responder a su solicitud, argumentó que no se encuentra en el supuesto contenido en el artículo 1 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Por tanto, para determinar si la vía idónea para combatir esa resolución es el juicio de nulidad o, en su caso, el juicio de garantías, es necesario remitirse a la ley aplicable al acto reclamado, por lo que se invoca el contenido del artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que dispone: ‘Artículo 24.’ (se transcribió). El precepto transcrito establece que el juicio contencioso administrativo procede en contra de las resoluciones de las autoridades administrativas que nieguen la indemnización, o que, por su monto, no satisfagan al interesado, pero nada dice en relación con el desechamiento de la reclamación. Asimismo, de su literalidad no se desprende expresamente que el juicio anulatorio proceda contra la resolución que desecha por improcedente la reclamación referida; sin embargo, implícitamente, sí está prevista dicha hipótesis pues, por un lado, es clara la intención del legislador de permitir la impugnación en la vía jurisdiccional de las resoluciones en que se niegue o modifique del (sic) monto de las indemnizaciones solicitadas y, por el otro, en virtud de que el desechamiento implica, necesariamente, el rechazo de la petición formulada, es decir, la negativa a la concesión del pago de la compensación económica solicitada por el reclamante. En la especie, mediante la resolución de trece de diciembre de dos mil once, la autoridad administrativa desechó por improcedente la reclamación formulada por el hoy recurrente sobre la consideración de que la actividad irregular que se le reclama, a saber, la omisión de descontar y enterar correctamente el importe de las cuotas y aportaciones de seguridad social por parte de la Comisión Nacional del Agua para la cual laboró, no cumplía con los presupuestos de procedencia que una reclamación de daño patrimonial debe cubrir, que no se colmaba el supuesto de actividad administrativa irregular contenido en la ley reglamentaria y que la omisión reclamada es resultado de la relación laboral burocrática que sostuvo con ese órgano y, por ende, dejaba a salvo sus derechos para que acudiera a la vía correspondiente. Por tanto, si bien es cierto que el artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado no prevé expresamente que el juicio de nulidad proceda en contra de la resolución que deseche por improcedente la reclamación, también lo es que dicha determinación implica, invariablemente, la negativa de conceder aquélla, ya que, como consecuencia de ello, no se resolvió si efectivamente el promovente tiene o no el derecho a que se le pague la indemnización que reclama, razón por la cual, en contra de dicha determinación, resulta procedente el medio de defensa mencionado. Bastan las explicaciones anteriores para evidenciar que, contrario a lo que expone el quejoso, existe un medio de defensa ordinario a través del cual la resolución reclamada puede ser revocada, modificada o nulificada; de ahí que, al no haber respetado lo previsto en el artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, hay desacato al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, por lo que es correcto desechar la demanda al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el diverso 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. ... No pasa inadvertido para este tribunal, la existencia de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 216/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, enero de 2010, página 312, de rubro: ‘RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. NO PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY RELATIVA, CUANDO SE IMPUGNA UNA RESOLUCIÓN QUE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO O CUANDO EL MAGISTRADO INSTRUCTOR DESECHA DE PLANO LA SOLICITUD DE RECLAMACIÓN PRESENTADA.’; sin embargo, dicho criterio no resulta aplicable al caso, en virtud de las siguientes consideraciones: a) En los asuntos que contendieron en la contradicción de tesis que le dio origen se aplicó el artículo 24 en su redacción anterior de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, cuyo texto es distinto al vigente; y, b) En la legislación materia de interpretación por parte del Máximo Tribunal se refería a las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que negaran la indemnización o no satisficieran, por su monto, al interesado, en tanto que en la redacción actual de dicho dispositivo se hace referencia a las resoluciones de la autoridad administrativa. Ante lo ineficaz de los agravios propuestos, lo procedente es confirmar el auto recurrido. ..."
Amparo en revisión número **********
"QUINTO. Como primer punto, es necesario establecer que la procedencia de la acción constitucional es de orden público y su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, con fundamento en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. ... En ese contexto, en relación con el acto reclamado del coordinador general jurídico de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, consistente en la resolución contenida en el oficio **********, de nueve de diciembre de dos mil once, pronunciada en el expediente varios **********, en que fue desechada de plano la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado formulada por el quejoso, este Tribunal Colegiado advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, que dispone: ‘Artículo 73. ... XV. ...’ (se transcribió). El precepto transcrito regula el principio de definitividad que se reconoce respecto de actos materialmente administrativos en la fracción IV del artículo 107 constitucional, en tanto prevé que contra tales actos procede el amparo siempre y cuando el agravio que causen no sea reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal, sin que sea necesario agotarlos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión, mayores requisitos que los que la ley reglamentaria del juicio de garantías requiera como condición para decretar esa medida cautelar. ... En tales condiciones, del análisis de las constancias de autos, se arriba a la conclusión de que la causa de improcedencia en estudio, se actualiza por cuanto se refiere al oficio combatido. Lo anterior es así, en razón de que, previamente a instar la acción constitucional, el quejoso debió agotar el medio ordinario de defensa procedente contra el acto que reclama, esto es, el juicio de nulidad, en términos del artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que, en la parte que interesa, establece: ‘Artículo 14. ... XI. ...’ (se transcribió). De la norma reproducida se advierte que el juicio contencioso administrativo federal procede, entre otros casos, en contra de las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento, a una instancia o que resuelvan un expediente en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Luego, si se toma en consideración que el acto reclamado es el oficio **********, de nueve de diciembre de dos mil once, dictado en el expediente varios **********, en que fue desechada de plano la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado elevada por el agraviado, resulta entonces, que el juicio de nulidad es procedente contra dicha determinación, pues se trata de una resolución emitida por una autoridad de la administración pública federal que causa agravio al demandante, al resolver un procedimiento administrativo instado por él, en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, aunado a que, de conformidad con el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es factible obtener la paralización de ese acto en la vía anulatoria. En efecto, el artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado dispone: ‘Artículo 24.’ (se transcribió). El precepto transcrito establece que el juicio contencioso administrativo procede en contra de las resoluciones de las autoridades administrativas que nieguen la indemnización, o que, por su monto, no satisfagan al interesado, pero nada dice en relación con el desechamiento de la reclamación. Asimismo, de su literalidad no se desprende expresamente que el juicio de nulidad proceda contra la resolución que desecha por improcedente la reclamación referida; sin embargo, implícitamente, sí está prevista dicha hipótesis pues, por un lado, es clara la intención del legislador de permitir la impugnación en la vía jurisdiccional de las resoluciones en que se niegue o modifique el monto de las indemnizaciones solicitadas y, por el otro, en virtud de que el desechamiento implica, necesariamente, el rechazo de la petición formulada, es decir, la negativa a la concesión del pago de la compensación económica solicitada por el reclamante. En la especie, mediante la resolución de nueve de diciembre de dos mil once, la autoridad administrativa desechó por improcedente la reclamación formulada por el hoy recurrente sobre la consideración de que la actividad irregular que le fue imputada, a saber, la omisión de descontar y enterar correctamente el importe de las cuotas y aportaciones de seguridad social por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para la cual laboró, no cumplía con los presupuestos de procedencia que una reclamación de daño patrimonial debe cubrir, que no se colmaba el supuesto de actividad administrativa irregular contenido en la ley reglamentaria y que la omisión atribuida es resultado de la relación laboral burocrática que sostuvo con dicha dependencia y, por ende, dejaba a salvo sus derechos para que acudiera a la vía correspondiente. Por tanto, si bien es cierto que el artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, no prevé expresamente que el juicio de nulidad proceda en contra de la resolución que deseche por improcedente la reclamación, también lo es que dicha determinación implica, invariablemente, la negativa de conceder la indemnización ya que, como consecuencia de ello, no se resolvió si efectivamente el promovente tiene o no el derecho a que se le pague el resarcimiento que solicita, razón por la cual, en contra de dicha determinación, resulta procedente el medio de defensa mencionado. Cabe precisar que no se actualiza en la especie alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad, tal como se explicará a continuación: ... De ahí que al materializarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se impone, en la materia del recurso, revocar la sentencia recurrida y decretar el sobreseimiento en el juicio. En mérito de las anteriores consideraciones, lo procedente es sobreseer en el juicio en relación con el oficio **********, de nueve de diciembre de dos mil once, suscrito por el coordinador general jurídico de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con fundamento en la fracción III del diverso 74 del ordenamiento invocado. ..."
A su vez, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24141-a97c9445/responsabilidad-patrimonial-del-estado-contra-la-resolucion-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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